Abr 182017
 
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El Palacio Negro. Archivo: Objetivo7.

El Palacio Negro. Archivo: Objetivo7.

Kevyn Simon Delgado*

A mediados de enero, las y los investigadores registrados con el Archivo General de la Nación (AGN), lugar donde se resguarda la memoria documental de México –ubicado en la excárcel de Lecumberri en la capital del país desde principios de la década de los ochenta del siglo pasado–, fuimos informados por correo electrónico que a partir del 16 de enero del presente año, la consulta de los fondos documentales se harían por medio de una cita, anunciando previamente qué material es el que se desea revisar. Lo que podría verse como una medida que únicamente busque hacer más eficiente la consulta del material, y con el pretexto de que los fondos se van a trasladar a un edificio contiguo construido exprofeso, esconde una extraña situación.

Desde inicios del 2015, una serie de reformas a la Ley General de Archivos han venido limitando el modo de acceso a la información de los archivos estatales, pasando a ser rectoría de la Secretaría de Gobernación, sin explicar del todo el por qué. Historiadores de renombre como Enrique Florescano, Lorenzo Meyer, Andrés Lira y Mauricio Tenorio, entre otros, han considerado que las más recientes modificaciones realizadas por el Senado de la República al respecto, equivalían a legalizar la censura de los archivos, amenazando drásticamente la libertad de expresión, donde se incluye la libertad de investigación y el derecho que tenemos todas y todos de conocer nuestra historia lejana y presente.

Si bien la medida parece que se aplicará en todos los fondos, lo que por supuesto afectará en distintos modos a las y los investigadores, hay uno en especial que, de censurarse, tendría un impacto en particular: el fondo de la Dirección Federal de Seguridad. Resguardado en las galerías 1 y 2 del otrora “palacio negro”, fue abierto a su consulta desde los primeros años del siglo XXI tras la presión social de diversas organizaciones sociales que aprovecharon la coyuntura política de transición electoral a nivel ejecutivo, en demanda de conocer la verdad y hacer justicia.

Dicho fondo contiene informes y reportes de una de las etapas más oscuras de nuestra historia contemporánea, la llamada “guerra sucia” que se vivió en México durante los sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado, en la que estuvo claramente implicada el extinto cuerpo gubernamental, la DFS, en cientos de crímenes como espionajes, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos. Crímenes que han permanecido impunes. De ahí su importancia, de ahí su peligrosidad y, se presume, de ahí el control y la censura que quiere imponerle el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desde que el fondo fue abierto.

La mano del Cisen en esas dos galerías se dejó sentir desde un principio: ellos clasificaron el fondo, ellos han dictado qué sí y qué no se puede consultar e, incluso mantiene agentes especiales en las salas de consulta. Si bien ha habido breves momentos de “apertura democrática”, al más puro estilo del viejo PRI, éstos se vuelven a cerrar. Esta situación tiene que terminar, garantizándose el libre acceso a los archivos y a la libre investigación de nuestra historia, que forma parte fundamental de la construcción de una verdadera democracia

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