Oct 102017
 

Río Doce.- Esta semana Jesús Padilla, líder de la COPARMEX en la Ciudad de México, dio a conocer un comunicado donde declara que ante la corrupción galopante que se vive en el país, es necesario que se promulgue una “ley de muerte política”, es decir, que se les separe de los cargos públicos a todos aquellos personajes que estando en posiciones de poder hayan incurrido en delitos de corrupción. La iniciativa no es nueva, tiene como fuente de inspiración y contenido la “ley de muerte civil” existente en la legislación de Perú, que ha llevado a prisión incluso a ex presidentes del país andino.

Como se sabe, la corrupción tiene un alto costo para el país. Simplemente Forbes no hace mucho tiempo calculó que la corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos anuales, lo que significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras en el índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional ocupamos el lugar 95 entre 168 países, lo que nos ubica como uno de los países más corruptos del mundo.

Tenemos una legislación muy laxa, hecha a modo, en lo que se refiere a la prevención de este tipo de delitos y peor estamos en la persecución de quienes estando en posiciones de poder cometen delitos contra el patrimonio público.

Cierto, puede decirse que hoy varios ex gobernadores y ex funcionarios públicos se encuentran encauzados penalmente y que está en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, este antídoto institucional está dejando mucho que desear por los diseños estatales que buscan que el Ejecutivo mantenga el control de su operación.

Está el caso de Sinaloa, donde el gobernador, de una terna seleccionó a su “rooming” de estudios como Fiscal General del Estado, nuestro “fiscal carnal”, diría el senador Manuel Cárdenas, y este ha sido incapaz de resolver la mayoría de casos, pero en especial el de nuestro compañero Javier Valdez, y este funcionario tendrá bajo su tutela a quien resulte fiscal anticorrupción pero, así como lo tendrá a su alcance bajo ciertas circunstancias puede quitarlo, y no hay que dar mucho vuelta para sospechar que sería en los casos donde su acción rebase ciertos límites de manera que alcance a “intocables”.

Lo mismo sucede con los académicos que integrarán una comisión para seleccionar al Comité de Participación Ciudadana. El PAS, perdón la UAS, como máxima institución de educación pública del estado rápidamente se apresuró para proponer a seis de sus miembros, entre ellos un militante utility que en la pasada elección local, fue en la lista de regidores del PAS en Mazatlán.

Así no se puede, un Sistema Estatal Anticorrupción debe estar al margen de los intereses políticos porque eso perfila lo que la sociedad ha criticado, que es el sistema de cuotas que termina siempre por echar a perder las buenas iniciativas, que dicho de paso, este Sistema no es producto nuestro, es una idea surgida en el centro político luego de los escándalos políticos que han sacudido al país y que busca ser un dique contra la corrupción en la función pública.

Pero volviendo al punto inicial, la corrupción en nuestro país es un problema estructural y más en la política, quienes se acercan a ella, está por demás demostrado que lo hacen por las regalías que reciben: altos salarios, privilegios, negocios, compensaciones, viajes.

Entonces, no hay incentivos para realmente combatir este cáncer que vive la República y lo que tenemos es una pieza teatral donde los corruptos terminan vistiéndose de fiscales anticorrupción.

Para no ir muy lejos, los sismos del 9 y 19 de septiembre evidenciaron que muchas de las obras que fueron construidas en los últimos 30 años y que debieron haber considerado esta variable dura, simplemente no se tomó en cuenta con el subsecuente costo de cientos de víctimas mortales.

Vidas útiles que se perdieron en un tris porque un constructor se “arregló” con quien autoriza los permisos de construcción y con él o los supervisores de obra.

Y el problema es que tanto los responsables políticos, como los operativos, es probable que no reciban castigo y se pierda en la madeja mediática y burocrática, cuando en las complicidades.

No hay ley que castigue a este tipo de personajes y es por eso que la COPARMEX exige certeramente que se legisle y al menos se inhabilite de por vida a los políticos que por acción u omisión estén detrás de estos delitos y que hayan estado “vinculados a proceso o hayan sido sentenciados”.

Claro, esto a los patrones podría salpicarles, pues han sido y son parte de esa madeja de traiciones y complicidades.