May 312018
 

El lugar sin límites
29 mayo, 2018 por Andrés Villarreal

Hay una violencia de alta intensidad en este proceso electoral y que extrañamente se mantiene soterrada. No acapara la agenda pública de discusión y ni siquiera es tema para los aspirantes presidenciales, pero se traduce en ataques armados y hasta mortales a candidatos en el país: casi 100 autoridades y candidatos han sido asesinados desde el inicio de las campañas. Hay también amenazas explícitas y directas que han provocado la renuncia de un millar de aspirantes a cargos públicos, principalmente alcaldes y diputados locales, pero una tercera parte de ellos son candidatos a diputaciones federales y hasta al Senado.

El crimen organizado es una variable activa en esta contienda electoral. Como en toda lucha de poder, los actores formales y fácticos también reclaman sus espacios, y las organizaciones del crimen están activas en muchos municipios del país.

Los reflectores se han fijado hasta ahora en los intentos de la élite empresarial por ser un factor de decisión en la jornada electoral, con sus desplegados públicos y sus cartas a empleados, pero las otras organizaciones de negocios, las dedicadas al robo de autos y combustibles, al trasiego de drogas y ventas al menudeo, también están influyendo con sus propias herramientas a mano: amenazas, asesinatos, reacomodos.

Hay municipios del país, distritos electorales en muchos estados y hasta senadurías, donde el resultado de la elección está decidido aunque falte un mes para que los ciudadanos vayan a las urnas. Y es que la influencia de las organizaciones delictivas que controlan estos territorios amenazaron al candidato más fuerte, atentaron contra el puntero en las encuestas, o asesinaron a quien no dejó influir. Así le abrieron el camino a otro de los contendientes y le aseguraron el triunfo en las urnas.

No existe hasta ahora un informe que proporcione claridad sobre lo que ocurre en todo el país en cuanto a la fuerte influencia que ejerce el crimen organizado en la política y cómo están ganándose espacios públicos con antelación. Debería ser de la mayor urgencia, pero los tiempos del país corren ahora por otra carretera.

Los candidatos en campaña en territorios que se sabe controlados mayoritariamente por el crimen o infiltrados en sus autoridades formales, saben mejor que nadie de los peligros. En muchos casos deciden solicitar permisos para movilizarse en zonas consideradas “calientes” y en otras mejor simplemente los eliminan de sus recorridos.

El tema sí está en las reuniones internas de todos los partidos políticos, incluso en la Mesa de Distensión que instaló el gobierno de Sinaloa, fue el punto principal en la primera de las reuniones. Sin embargo, nadie se atreve a llevarlo a la esfera pública. Obligaría a una serie de explicaciones que ninguno de los actores quieren dar, es más, que muchos ni siquiera alcanzan a comprender.

Margen de error

(El bozal) Los candidatos están en las campañas con la voz incompleta. Ninguno abandona las generalidades cuando de combate al crimen organizado se trata. No pueden ir más allá cuando hay una espada que apunta directo a su cabeza.

En la calle todos son vulnerables, no hay fuerza pública que alcance para proteger a los miles de candidatos en campaña. Peor aun cuando desde las cúpulas partidistas no se atreven a ventilar la situación.

El crimen organizado no necesita formar su propio partido político para tener alcaldes y diputados a su disposición o por decir lo menos cómodos. Basta con tener la conexión exacta con alguno de ellos para obtener los beneficios que se busquen.

No es nuevo que en muchos municipios del país al jefe de policía no lo nombra el Alcalde, sino el jefe de la plaza. Que en sindicaturas de innumerables comunidades pequeñas de México la autoridad y el capo son la misma persona. Que la filtración del crimen alcanzó a Fiscales, como el caso de Nayarit con Edgar Veytia. Que ya en una ocasión el crimen organizado asesinó a un candidato a la gubernatura en Tamaulipas.

Pero todo eso parece insuficiente.

Mirilla

(Sin Concordia) Al inicio de 2017 fue Villa Juárez, Navolato, Eldorado y Costa Rica, en Culiacán, convertidos en zona de enfrentamiento abierto. Este año, los territorios en disputa han sido El Tamarindo, Culiacancito, igualmente en la capital de Sinaloa, y unas zonas de Badiraguato, como La Majada, donde la semana pasada un grupo armado irrumpió quemando casas y carros.

Ahora el conflicto está en el municipio de Concordia, en un par de días se han presentado dos enfrentamientos armados. La explicación en todos estos casos es la misma: la disputa de territorios por grupos del crimen.

A esto hay que sumarle el asesinato del Coordinador de Investigación de Robos de la Policía Investigadora. No hay una explicación de lo ocurrido, pero en su día de descanso fue interceptado en su vehículo oficial y asesinado. Y el agente de tránsito privado de su libertad el miércoles pasado y quien también apareció asesinado.

Deatrasalante

(Desaprender) En la víspera de la sucesión gubernamental en Sinaloa en 2016, se presentaron una serie de sucesos violentos dirigidos a sembrar el miedo el día de la jornada. Camiones urbanos de distintas rutas fueron atacados, algunos de ellos con pasajeros en tránsito. Los concesionarios interrumpieron el servicio por varios días, miles no tuvieron forma de transportarse.

Nunca se logró obtener una explicación oficial de lo ocurrido, la autoridad en ningún caso intentó informar.

¿Qué se intentará en esta elección? ¿Hasta dónde llegarán? (PUNTO)

Columna publicada el 27 de mayo de 2018 en la edición 800 del semanario Ríodoce.

Medio independiente de Aguascalientes.

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