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Mar 202017
 

Alfonso Limón.

Río Doce.- Nadie calculó la capacidad de corromper de los narcotraficantes, y en un abrir y cerrar de ojos cinco importantes operadores del cártel de Sinaloa se fugaron del penal de Aguaruto. Es un fracaso del gobernador, pero también de los militares, que, se supone, tomaron el control de los penales. Un golpe al orgullo castrense, que llegó para “salvar” a Sinaloa.

El Cártel de Sinaloa recuperó a los líderes de sus principales brazos armados y operadores financieros.

Los reos fugados del penal de Culiacán son considerados hombres cercanos a las cabezas del cártel, y encargados de las células con las que hace frente a sus rivales.

Desde enero, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado tuvo sospechas de una posible fuga y solo intentó mover a los reos a otros penales, pero jueces federales lo impidieron.

Los fugados son Juan José Esparragoza Monzón, el Negro; Jesús Peña González, el 20; Rafael Félix Núñez, el Changuito Ántrax; Alfonso Limón Sánchez, el Limón; y Francisco Javier Zazueta Rosales, el Chimal.

La fuga ocurre en medio de una guerra interna del Cártel de Sinaloa, en la que Aureliano Guzmán Loera, el Guano, intenta desplazar a Dámaso López Núñez, el Licenciado.

Los delincuentes evadidos son de los grupos del Guano y del Mayo.

El 20, es ubicado como operador del Mayo Zambada; el Changuito como líder de la célula Los Ántrax; el Chimal, como cabecilla de Los Chimallis; y el Negro y el Limón como operadores financieros y de redes de trasiego de drogas.

De acuerdo con la SSP del Estado, los cinco reos salieron del penal la mañana del jueves.

Según familiares de internos que ese día se encontraban de visita y fueron desalojados, sus parientes aseguran que la fuga fue un día antes.

Según la SSP, en las imágenes captadas por las cámaras del penal momentos antes de la fuga, solo se ubicó a dos de los reos en distintas áreas de la cárcel.

Los otros tres no fueron ubicados en las imágenes de ese día.

Oficialmente la SSP no ha dado a conocer la forma en que salieron, pero fuentes de la corporación señalan que las investigaciones apuntan a dos posibles modos: que hayan salido por la puerta principal entre las visitas o escaparon ocultos en vehículos.

Para las autoridades, en ambos casos habría complicidad de los custodios.

En enero, la SSP tuvo conocimiento de que podría haber una fuga del 20, el Changuito Ántrax y el Limón, por lo que los trasladaron al penal de Goros, en Los Mochis, el 21 de enero.

Una semana después los tres estaban de vuelta en Culiacán, pues tienen en trámite juicios de amparo contra orden de trasladado y no pueden ser llevados a otro reclusorio hasta que concluyan los juicios.

Personal de la SSP dio a conocer que luego de que los internos fueron regresados, tomó protesta como director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, José Francisco Martínez Reyes, pero dos días después renunció.

En su lugar quedó como encargado del despacho de la Dirección, el subdirector Víctor Manuel Mauricio Flores Díaz Bonilla, quien fue destituido un día después de la evasión junto con 10 comandantes.

El día de la fuga, la SSP tardó horas en reaccionar después de que se enteró de la evasión por redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, alrededor de las 12:30 horas recibieron una llamada al número de emergencias 911 que reportaba disparos y una riña al interior del penal.

De la fuga, informó el Subsecretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, se enteraron por información difundida en redes sociales.

Los disparos y la riña fueron descartados en ese momento por el personal de seguridad del reclusorio.

Fue hasta después de las 15:00 horas cuando elementos policiales ingresaron al penal para realizar el pase de lista.

Castañeda Camarillo justificó que entraron hasta esa hora debido a que era día de visita y primero tuvieron que desalojar el reclusorio.

Después de la revisión la dependencia confirmó la fuga de los cinco operadores del Cártel de Sinaloa.

Los reos fugados, excepto el Chimal, tenían abiertos procedimientos de extradición a Estados Unidos.

De sangre Azul (foto azulito) JUAN JOSÉ ESPARRAGOZA. Hijo de azul, azulito.

Considerado como el reo de mayor “peso” en el penal de Culiacán, Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, logró la fuga que las autoridades en un inicio pretendieron evitar.

Detenido en enero pasado, fue recluido en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta ciudad con un fuerte dispositivo de seguridad.

Desde el día que fue internado, más de 100 elementos de la Policía Federal y Militares se apostaron en patrullas en los alrededores del penal.

La intención del operativo era evitar una posible fuga o rescate del narcotraficante.

Durante alrededor de una semana las fuerzas federales hicieron presencia en el lugar y luego se retiraron; un mes y medio después escapó.

El Negro, de 45 años, es hijo del Azul, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

El Gobierno Federal lo tenía incluido en la lista de los 122 objetivos prioritarios.

De acuerdo con autoridades federales inició en el mundo delictivo hace más de 20 años al lado de su padre, y lo señala como operador financiero del cártel y coordinador de una red de distribución de drogas.

Según la Comisión Nacional de Seguridad Pública, blanqueaba dinero para el Cártel de Sinaloa con la compra de bienes inmuebles y creación de empresas en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Querétaro y Sinaloa.

Además lo acusan de generar violencia en las ciudades de Mexicali y Tijuana.

La familia de Esparragoza Monzón está boletinada por el Gobierno de Estados Unidos como lavadores de dinero para el cártel.

En la lista aparecen su madre, Ofelia Monzón Araujo, y varios de sus medios hermanos.

El Negro fue detenido el 19 de enero junto con su escolta, Jesús Alfonso Ríos Gómez.

En el reclusorio fue internado en el módulo 21, del área de internos procesados.

El hijo del Azul es requerido por el Gobierno de Estados Unidos, en el Distrito Oeste de Texas.

El 9 de febrero, la Agencia de Investigación Criminal ejecutó la orden de detención provisional con fines de extradición y se inició el procedimiento en el Juzgado de Procedimientos Penales Federales.

Esparragoza Monzón trató de anular la orden de detención con un amparo en el Juzgado Decimosexto de Distrito pero le fue negado, debido a que cuando solicitó la protección de la justicia federal el mandamiento ya había sido ejecutado.

En un Juzgado de Culiacán mantiene un juicio de amparo contra una orden de trasladado y gozaba de un suspensión, por lo que no podía ser llevado a otro reclusorio hasta que concluyera el juicio.

JESÚS PEÑA. De vuelta al poder.
JESÚS PEÑA. De vuelta al poder.

El brazo derecho del Mayo

La Procuraduría General de la República (PGR) ubica a Jesús Peña González, el 20, como uno de los hombres más allegados y de confianza de Ismael el Mayo Zambada.

De acuerdo con la PGR, junto con Rodrigo Aréchiga Gamboa, fundó la célula Los Ántrax para protección de la familia Zambada y atacar a rivales del Mayo.

Originario de Nayarit, era ubicado por la PGR como encargado de la seguridad del Mayo.

Peña González fue detenido el 19 febrero de 2014 en el fraccionamiento Villa del Real en Culiacán durante los operativos previos a la captura del Chapo Guzmán.

Fue capturado con armas y con alrededor de 3 mil kilos de cocaína oculta en pepinos y plátanos de plástico.

El narcotraficante fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 3 Noreste, en Matamoros, Tamaulipas, durante dos años.

En 2016, un Juez de Distrito concedió un amparo para que lo trasladaran al penal de Culiacán y fue recluido en el módulo 5.

Enfrentó un proceso penal por la presunta comisión de los delitos delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El año pasado un Juez lo absolvió, pero la PGR apeló la sentencia absolutoria.

El Tercer Tribunal Unitario concedió una orden de reaprehensión y lo encontró penalmente responsable de los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de cocaína y mariguana y portación arma de fuego y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo.

Por el delito de delincuencia organizada fue absuelto debido a que la fiscalía de la nación no presentó pruebas suficientes para acusarlo.

El Juez lo condenó a 13 años ocho meses de prisión y a una multa de 14 mil 348 pesos con 25 centavos y negó los beneficios de la condena condicional.

El líder Ántrax

A Rafael Guadalupe Félix Núñez, públicamente se le conoció más por su vínculo con el ex director de la Policía Ministerial del Estado (PME), Martiniano Vizcarra Burgos, que por sus actividades delictivas.

El Changuito Ántrax estaba casado con una hija de Vizcarra Burgos, mando de la PME hasta el 31 de diciembre de 2016.

Félix Núñez empezó como sicario junto con Alfredo Vizcarra Vega, hijo del comandante Martiniano, asesinado en 2008.

El Changuito formó parte del grupo Los Ántrax bajo el mando de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, el Chino Ántrax.

Según la PGR, tras la detención del Chino, en el aeropuerto de Ámsterdam, en diciembre de 2013, quedó al frente del brazo armado del Mayo Zambada.

El Changuito fue detenido en noviembre de 2014, en la colonia 10 de mayo, junto con Miguel Arano Montoya, el Monkey.

Agentes federales les aseguraron un fusil AK 47 con 29 cartuchos, un cargador con 30 tiros y aproximadamente un kilo de cocaína.

El delincuente tenía un procedimiento de extradición abierto en el Juzgado Segundo de Procedimientos Penales Federales.

Félix Núñez es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de California por la misma causa penal abierta contra Jesús Quiñonez Flores, el Chiquillo Antrax, asesinado a balazos en diciembre de 2014.

El Gobierno de Estados Unidos lo acusa de traficar grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y mariguana.

En México estaba acusado de los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio, portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y portación de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Pie: ALFONSO LIMÓN. Libre de la extradición.
ALFONSO LIMÓN. Libre de la extradición.

El proveedor de coca de EU

Alfonso Limón Sánchez, el Chubas, operaba el trasiego de drogas del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos.

El Limón, como también es conocido, ya tenía un pie en aquel país pues un Juzgado ya había autorizado su extradición en 2015, pero por un amparo contra cualquier orden de traslado estaba detenida.

Fuerzas federales lo capturaron en noviembre de 2014 y lo recluyeron en el Centro Federal de Readaptación Social Occidente 2 Puente Grande, en Jalisco y meses después trasladado al penal de Aguaruto.

Limón Sánchez es hermano de Ovidio, detenido en 2011 y extraditado.

Ovidio era señalado de operar el tráfico de cocaína y redes de compra, transporte y distribución de drogas, hacia Estados Unidos.

Luego de su captura, su hermano Alfonso quedó al frente de la red de trasiego de droga.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Alfonso es uno de los principales proveedores de droga del Cártel de Sinaloa en ese país y responsable del traslado de las ganancias a México.

Documentos oficiales señalan que el Limón coordinaba la logística y almacenamiento de drogas, y la distribución en California y otros estados.

También era el encargado de supervisar la recolección de millones de dólares de ganancias y contrabandear el efectivo a México para hacerlas llegar a los líderes del cártel.

El Limón es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de San Diego, California, donde se abrió un proceso en su contra, junto con Inés Enrique Torres Acosta, hijo de Manuel Torres Félix.

El Kiki fue detenido en mayo del año pasado y tiene un procedimiento de extradición en curso, en el Juzgado Noveno de Procedimientos Penales Federales.

En agosto de 2015, el Juez autorizó la extradición del Limón, pero éste promovió un amparo que frenó que lo enviaran a Estados Unidos.

El año pasado el Juez negó el amparo y entonces promovió un recurso de revisión en un Tribunal Colegiado y los magistrados fallaron en su contra y consideraron procedente la extradición.

Tras la negativa, el delincuente solicitó un amparo contra cualquier orden de trasladado y el Juez le concedió la suspensión por lo que no podía ser movido del penal de Culiacán.

Hasta el día de la fuga, el juicio de amparo seguía sin concluir.

FRANCISCO JAVIER ZAZUETA. A la calle.
FRANCISCO JAVIER ZAZUETA. A la calle.

El Chimal vuelve a Villa Juárez

Por segunda vez, Francisco Javier Zazueta Rosales dejó el penal.

La primera ocasión fue liberado por las autoridades meses después de haber ingresado y en esta ocasión no estuvo ni un mes internado.

El Chimal es considerado como un líder de sicarios violento.

La PGR lo acusó de ser uno de los autores de la masacre de cinco soldados para rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, el Kevin, el 30 de septiembre de 2016.

El también apodado el Panchón lo ubican como miembro del grupo de sicarios que comandaba Germán Ceniceros Ibarra, el Jaguar, quien fue coordinador operativo de la Policía Municipal de Navolato y asesinado en 2014.

Después de ser parte de ese grupo formó su propia célula Los Chimallis.

Autoridades federales ubican el campo El Diez como base del grupo.

Los Chimallis son el brazo armado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Chapito.

Con ese escuadrón Los Guzmán empezaron una sangrienta lucha contra Dámaso López Núñez, el Licenciado, en Villa Juárez y se ha extendido a la cabecera municipal de Villa Juárez.

Al Panchón lo señalan como participe de enfrentamientos desde 2008 en la zona de Navolato, cuando el Cártel de Sinaloa disputaba la plaza; y desde el año pasado es el cabecilla de la embestida de Los Guzmán al Licenciado para quitarle el control del municipio cañero.

Zazueta Rosales fue detenido el pasado 18 de febrero en el fraccionamiento Acueducto, en Culiacán, en posesión de armas, drogas y dos millones de pesos.

Según la PGR, fue uno de los sicarios que coordinó el rescate del Kevin, quien fue hallado asesinado el pasado domingo 5 de marzo en Navolato.

El Chimal ya había estado recluido en el penal de Aguaruto, tras ser detenido en noviembre de 2008 con armas y drogas, en la colonia Buenos Aires de esta ciudad, pero meses después fue puesto en libertad.

ssp

Cesan a funcionarios y custodios

Un día después de la fuga de los cinco operadores del Cártel de Sinaloa, fueron separados del cargo 11 servidores del reclusorio.

Entre las personas cesadas se encuentra el encargado del despacho de la Dirección, Víctor Manuel Mauricio Flores Díaz Bonilla.

Díaz Bonilla era subdirector del reclusorio pero el mes pasado fue nombrado encargado de la dirección.

También fueron separados del cargo 10 comandantes y custodios de la cadena de mando del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.

Los 11 ex servidores están sujetos a investigación en la Procuraduría General de la República.

El Jefe de Seguridad, José Mario Murillo Rodríguez, ya no presentó a trabajar después de la fuga.

El día de la evasión el comandante de la Policía Estatal Preventiva, fue llamado al penal para el operativo que se implementó pero no fue localizado y al día siguiente tampoco se presentó.

Jan 302017
 

La captura de Juan José Esparragoza Monzón, hijo del Azul, representa otro duro golpe al Cártel de Sinaloa, y aun cuando era uno de los 122 objetivos del gobierno de Enrique Peña Nieto, no existen documentos que muestren que el detenido sea requerido por el gobierno de Estados Unidos.

No obstante, casi toda su familia está identificada por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), como supuestos lavadores de dinero, entre ellos su madre Ofelia Monzón Araujo, y varios medios hermanos, incluyendo Brenda Guadalupe, Cristian Iván, Juan Ignacio y Nadia Patricia, todos ellos de apellido Esparragoza Gastélum.

Ni la DEA ni el FBI confirmaron si existía una averiguación en contra de Esparragoza Monzón, también conocido como el Negro, y en las cortes del Distrito Este de Texas, el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Central de California, donde su padre tiene cuentas pendientes, tampoco se pudo precisar si el detenido tenía alguna acusación en Estados Unidos.

Sin embargo, no sería la primera vez que un narcotraficante es detenido sin que se conozca si lo requiere o no el gobierno estadunidense, pues la mayor parte de las veces los casos contra extraditables se mantiene sellado hasta que se concreta la petición formal para llevarlo a que enfrente un juicio fuera de México.

La detención

Aun cuando la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que Esparragoza Monzón fue detenido en Culiacán, fuentes consultadas por Ríodoce confirmaron que el Negro, fue en realidad cercado por las fuerzas federales en las inmediaciones de las comunidades de Tacuichamona y La Laguna Colorada, dos poblaciones al sur del municipio de Culiacán y cercanas a El Salado, toda una zona controlada por Ismael el Mayo Zambada.

Según explicaron residentes de esos pueblos, desde muy temprana hora del jueves 19 de enero se pudieron observar helicópteros y vehículos Hummer con decenas de marinos y soldados que peinaban la zona en la búsqueda de otros cómplices del Negro.

Los residentes de esas zonas, la mayoría de ellos ex colaboradores de Manuel y Javier Torres, el JT, se desplazaron a otros poblados por temor a ser agredidos por los elementos castrenses, en lo que terminaba el operativo.

No fue sino hasta casi las 10 de la mañana en que los militares y los agentes de la PGR se fueron saliendo del área donde el narcotraficante fue arrestado, y que los residentes regresaron con cierta cautela a sus hogares.

Bajo perfil

Juan José Esparragoza Monzón era responsable de coordinar una red de distribución de droga y administrar los recursos financieros del Cártel de Sinaloa, particularmente la fracción controlada por el desaparecido narcotraficante.

Según la CNS, la red del Azul invertía en la compra de bienes inmuebles y en la creación de empresas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Querétaro y Sinaloa y, de acuerdo a la OFAC, miembros de su familia son o eran líderes de un grupo de empresas que se dedicaban al lavado de dinero.

Su madre, Ofelia Monzón Araujo, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente blanquear dinero del narcotráfico.

Junto con el Negro fue capturado su escolta, Jesús Alfonso Ríos Gómez, de 39 años.

De sangre Azul

Esparragoza Monzón es uno más de los varios descendientes del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno el Azul. Algunos de ellos han sido identificados por la OFAC, además de ser ubicados por la PGR y la DEA.

El Negro está casado con Gloria Beltrán Leyva, hermana de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, con quien ha hecho una familia.

Aunque el 8 de junio de 2014 Ríodoce publicó la versión de que su padre murió producto de un infarto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la PGR nunca pudo confirmar ni negar la información.

Tampoco la DEA, que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que ayudara a su captura.

El Tesoro de los Estados Unidos lo había boletinado a él y a su familia en varias ocasiones, pero nunca incluyó el nombre del joven que fue detenido la semana antepasada.

La primera acción contra Esparragoza Moreno fue el 24 de septiembre de 2012, cuando el Departamento del Tesoro designó a 10 entidades y nueve personas como enlaces del Azul para el contrabando de drogas y lavado de dinero. Se asentó así que familiares del capo le servían de fachada para lavar dinero procedente de la venta de estupefacientes en Estados Unidos.

Entre las nueve personas señaladas se destacaba María Guadalupe Gastélum Payán, una de las esposas del Azul, a quien se le atribuyó la propiedad de una empresa en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La firma, Grupo Cinjab, S.A. de C.V., junto con Grupo Impergoza, S.A. de C.V. presuntamente se encargaban de manejar el desarrollo inmobiliario Provenza Residencial, del centro comercial Provenza y del parque industrial La Tijera.

También fueron imputados cuatro hijos que el Azul procreó con Gastélum Payán: Brenda Guadalupe, Cristian Iván, Juan Ignacio y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum. Ofelia Monzón Araujo, otra presunta esposa del capo, también fue vetada por la OFAC, igual que Juvencio Ignacio González Parada, Elvira Araujo Monzón, Ulises Guzmán Ochoa y Martín Humberto Ponce Félix.

Las empresas afectadas fueron siete gasolineras ubicadas en Culiacán: Servicios Buenos Aires, Estaciones de Servicios Canarias, Gasodiesel y Servicios Ancona, Gasolinera Álamos Country, Gasolinera y Servicios Villabonita, Petrobarrancos y Servicios Chulavista. Todas ellas se encuentran actualmente fuera de servicio.

El Tesoro de los Estados Unidos boletinó nuevos nombres y empresas presuntamente fachada el 10 de octubre de 2012. Lo hizo de nuevo el 12 de diciembre de 2012, el siguiente golpe lo asestó el gobierno estadunidense el 22 de agosto de 2013 y el 30 de septiembre del mismo año. El más reciente boletín fue emitido el 10 de abril de 2014.

Nunca apareció en ellos el nombre de Juan José Esparragoza Monzón.

Jan 262017
 
Una de los lavaautos sin regulación en su agua residual, Foto: Objetivo7/Cuauhtémoc Villegas Durán.

Una de los lavaautos sin regulación en su agua residual, Foto: Objetivo7/Cuauhtémoc Villegas Durán.

Así deben andar caminado los transeuntes en la colonia Constitución, Aguascalientes, México. Foto: objetivo7/Cuauhtémoc Villegas Durán.

Así deben andar caminado los transeuntes en la colonia Constitución, Aguascalientes, México. Foto: objetivo7/Cuauhtémoc Villegas Durán.

Otros de los autolavados de la avenida Constitución sin regulación ni control de sus aguas residuales.

Otros de los autolavados de la avenida Constitución sin regulación ni control de sus aguas residuales.

La ciudad más limpia del mundo.

Jan 242017
 

Río Doce.- El dolor de perder a un hijo, padre, hermano, compañero y amigo invadió la corporación policiaca de Mazatlán.

Con los restos de Roberto Esparza Valenzuela al centro, víctima de la libertad con la que un hombre llega y libremente detona un arma a plena luz del día, se llevó a cabo un homenaje.

Conocido afectivamente como “Robertito”, el agente segundo tenía solo dos días de trabajo en Culiacán, cuando fue baleado junto con sus compañeros y su jefe Juan Antonio Murillo Rojo, ex secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, quien se dice era el blanco,

En el sentido homenaje de cuerpo presente, las lágrimas y el desconsuelo hicieron presa a los hombres y mujeres que exponen su vida las 24 horas al dedicarse a este oficio, en una entidad que no ha sido capaz de garantizar la seguridad a la población ni la de sus propios guardianes.

Con 44 años de edad, lesiones en la región frontal y cabeza, fue reportado como grave a los pocos minutos de ocurrido el atentado.

El debate entre la vida y la muerte fue breve. Y a su paso dejó múltiples afectos cultivados que se dieron cita para despedirse de él.

El policía mazatleco que nació el 16 de julio de 1972, fue dado de alta en las filas de la corporación un 27 de junio de 1997, 18 años dentro, convirtiéndose en los últimos tres, en un escolta inseparable de Murillo Rojo.

Ni la bandera de México cubrió el ataúd de madera que guardan sus restos, la fortaleza de las guardias de los hombres con el rostro cubierto, las balas de salva y la presencia de las autoridades del municipio fueron más impactantes que el llanto materno.

La mujer que veía partir a uno de sus hijos, no daba crédito al momento que vivía. No hubo ni hay palabras que consuelen. Solo dolor.

Por su parte, como panacea, el discurso respecto a la presencia de policías militares y del compromiso y esfuerzo, fue un vaivén estéril.

Jorge Luis Lugo Félix, originario de Los Mochis, también fue asesinado el mismo día y en el mismo lugar.

A la familia, al alcalde Fernando Pucheta Sánchez y al secretario de Seguridad Pública Joel Ernesto Soto, les correspondió recibir el cuerpo y encabezar la ceremonia.

El cortejo fúnebre llegó escoltado por policías, que uno a uno, fueron montando guardia de honor.

Ante sus familiares y amigos, fue descrito como un hombre amable y de trato cordial.

“De los principios y valores básicos, que él como elemento operativo y administrativo tenía presente; ser eficiente, trabajar con profesionalismo y honradez, siempre apegado a la legalidad y cumpliendo con las órdenes y obligaciones que su grado le imponía. Un desempeño íntegro, digno, con honor y lealtad fueron las características que lo definieron”.

El último pase de lista y una salva en su honor, formaron parte del protocolo póstumo. Entre aplausos inició el lento recorrido hacia la iglesia de la Santísima Trinidad, de la colonia Villa Galaxia, donde se le ofició una misa.

Después, en el panteón Renacimiento fueron depositados sus restos para el descanso eterno.

En tanto, Murillo Rojo se recupera en la ciudad de Culiacán y la Procuraduría General de Justicia del Estado dice seguir en búsqueda de los responsables del ataque.

Jan 172017
 


La Que voltem para a casa! ha organizado una marcha que recorrerá las prisiones en Madrid, Toledo y León a las que han sido dispersados los presos independentistas galegos.

Diagonal.– Esta es la undécima marcha convocada por Que voltem para a casa! / QUE VOLTEM PARA A CASA!
De Santiago de Compostela y Vigo hasta Valladolid, León, Madrid y Toledo en una marcha de más de 1.500 kilómetros. La asociación Que voltem para a casa!, formada por familiares y amigos de presos y presas independentistas gallegos, saldrán en marcha los próximos días 3 y 4 de febrero para denunciar la política de dispersión penitenciaria.

“Uno de nuestros objetivos es acabar con la dispersión penitenciaria, una medida que se aplica sistemáticamente a los presos y presas gallegas independentistas”, explica Cristina Rodríguez Ramos, miembro de la asociación que organiza esta marcha desde hace once años. Desde Que voltem para a casa! han lanzado una campaña de micromecenazgo en Verkami con el objetivo de conseguir 3.500 euros con los que financiar los gastos derivados de la marcha.

El día 3 de febrero, una columna partirá en autobús desde Santiago de Compostela hasta Lugo. De allí continuará hasta la prisión de Villanubla, en Valladolid, y después a Mansillas de las Mulas. Ahí se encontrará con otra columna que partirá desde Vigo el día 4 y que pasará también por las prisiones de Estremera (Madrid) y Ocaña). Más de 1.500 kilómetros de marcha que suponen una pequeña muestra de las largas distancias que familiares y amigos de presos se ven obligados a realizar cada fin de semana para poder ver a sus seres queridos. La asociación Que voltem para a casa! cifra en 272.892 los kilómetros recorridos durante 2016 para poder visitar a los cinco presos independentistas galegos y en cerca de 36.000 euros el gasto que supuso abarcar este recorrido

“Queremos llevarles nuestro apoyo, que vean que estamos ahí y seguimos peleando porque se cumplan sus derechos, pero también denunciar esta situación. Vamos a recorrer muchísimos kilómetros en un día, y es la distancia que tienen que recorrer cada fin de semana la familia y amigos de estas presas y presos”, continúa Cristina, quien también denuncia las violaciones de derechos sufridas durante todo el proceso seguido contra estas personas, “desde que los detienen, con detenciones incomunicadas, secreto de sumario –que limita su derecho de defensa efectiva– y el papel de la Audiencia Nacional como tribunal de excepción, hasta la dispersión y el régimen de vida al que son sometidos, en primer grado y FIES”.

En 2013, la Audiencia Nacional dictó la primera sentencia que contemplaba la existencia de un grupo armado independentista operativo en Galicia, a pesar de que nunca se ha dado un atentado o ataque que pusiera en peligro a personas. Desde entonces se cuentan al menos seis personas condenadas con penas de entre seis y 18 años de cárcel, y nueve personas más imputadas en el marco de la operación Jaro. La asociación Que voltem para a casa! denunció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la vulneración de derechos de los presos independentistas galegos durante su juicio en la Audiencia Nacional y reclamó la revisión de la condena, pero esta petición fue desestimada.

Dec 202016
 

Río Doce.- Luego del arresto de Alfredo Beltrán Leyva, en febrero de 2008, su hermano Arturo Beltrán le declaró la guerra a Joaquín el Chapo Guzmán y a Ismael el Mayo Zambada, pues el Botas blancas consideró aquella no una detención, sino una entrega.

En aquel tiempo, Alfredo Beltrán Guzmán el Mochomito, tenía apenas 16 años, pero ante la ausencia del padre, su tío Arturo le delegó una fuerte responsabilidad: asumir el control en nombre de la familia, y coordinar todo el trasiego de droga que transitaba por Sinaloa y Sonora a Estados Unidos, según revelaron archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ).

Al año siguiente, tras la ejecución de Arturo Beltrán Leyva por la Armada de México, en Cuernavaca, su tío Héctor Beltrán tomó el control del cártel, y fue éste quien ahora se coordinaba con el Mochomito, quien no sólo crecía en edad, sino que empezaba a tomar mayor control de las operaciones del Cártel de los Beltrán Leyva.

Era tanto el poder que en aquel tiempo tenía El H, que la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares para quien aportara información que condujera a su captura, pues se decía que traficaba a Estados Unidos hasta cinco toneladas de cocaína cada mes.

La PGR, sintiendo la presión de Estados Unidos para acelerar su captura, también ofreció una recompensa de 30 millones de pesos mexicanos y la cacería comenzó.

Pero el arresto se complicaba, pues el H, a diferencia de sus hermanos, mantenía un perfil muy bajo. Aun así Estados Unidos ya lo tenía en la mira, y las cortes federales de los Distritos de Columbia y del Este de Nueva York ya habían girado orden de aprehensión.

Hasta que el 1 de octubre de 2014, Héctor Beltrán el H, fue arrestado en San Miguel de Allende, Guanajuato. Su esposa Clara Elena Laborín Archuleta, se hizo cargo de la zona de Guerrero, y el Mochomito asumió el control absoluto de Sinaloa y parte de Sonora.

Sobrino del Chapo Guzmán, Alfredito Beltrán no parecía tener problema con nadie, y aunque la gente del bajo mundo sabía quién era, para nadie presentaba un peligro, pues él estaba entregado a sus negocios de coordinar el trasiego de droga hacía Estados Unidos.

Hasta que el 12 de abril de 2015, el abuelo del Mochomito, Ernesto Guzmán Hidalgo, fue asesinado a balazos por órdenes de Aureliano Guzmán Loera el Guano, hermano del Chapo. Entonces todo cambió y las rencillas salieron a flote.

El Mochomito no se pudo quedar tranquilo y empezaron las ejecuciones. Fuentes cercanas a la familia revelaron a Ríodoce que ese conflicto familiar habría sido el detonante por el cual el Chapo se fugó de la cárcel la noche del 11 de julio de 2015, “para arreglar una guerra que en ese momento parecía inevitable”.

Una vez afuera, aseguran testigos, el Chapo cuestionó muy fuerte al Guano, incluso le asestó una bofetada por haber ordenado la muerte de su propio hermano, y entonces se acercó con el Mochomito para calmarlo, y asegurarle que la muerte de su abuelo no quedaría impune.

Pero tras la reaprehensión del Chapo, cinco meses después, las rencillas renacieron, y Alfredo Beltrán Guzmán, con todo el poder de su familia y todo el capital para financiar un conflicto, le declaró la guerra al Guano y días después invadió La Tuna. Esa guerra habría terminado cuando la familia Guzmán recuperó su territorio, y el Mochomito debió refugiarse en Guadalajara, desde donde se cree que operaba.

En la mira de Estados Unidos

Con apenas 24 años, el Mochomito había asumido el control absoluto del cártel al momento de ser arrestado, el pasado 9 de diciembre, en Zapopan, Jalisco.

Apenas tres meses antes, el 12 de septiembre, su tía Clara Elena Laborín Archuleta había sido arrestada en Hermosillo, Sonora, cuyos dominios ya se extendían a Guerrero y Estado de México, y se cree que había establecido nexos con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El expediente contra el Mochomito se encuentra sellado, pero fuentes extraoficiales confirmaron que es requerido por las cortes federales del Distrito de Columbia y Este de Nueva York, que son los mismos juzgados que procesaron a su padre Alfredo Beltrán Leyva, y que requieren a su tío Héctor, actualmente preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Los cargos son tráfico de droga y asociación delictuosa, aunque ningún portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ni del USDOJ confirmó la celeridad que le habrían de dar a la solicitud de extradición.

El arresto de Beltrán Guzmán lo convierte en el capo más joven en alcanzar el poder y ser detenido, pues otros capos que habrían sido arrestados o muertos siendo aún muy jóvenes, eran Rafael Caro Quintero y Rodrigo Aréchiga Gamboa, el Chino Antrax, detenidos cuando tenían 33 años.

Lista de capos detenidos o muertos siendo aún jóvenes

Rafael Caro Quintero. Arrestado en 1985 en San José Costa Rica a los 33 años. Controlaba toda la producción y trasiego de mariguana.

Rodrigo Aréchiga Gamboa, el Chino Antrax. Arrestado el 31 de diciembre de 2013 en Amsterdam Holanda, también a los 33 años.

Vicente Zambada Niebla el Vicentillo. Detenido en la Ciudad de México en 2009, a los 34 años. Hijo del capo Ismael El Mayo Zambada, y sucesor del Cártel de Sinaloa.

Joaquín el Chapo Guzmán, arrestado en 1993 en Guatemala acusado de la muerte del cardenal Juan José Posadas Ocampo. Tenía 39 años la primera vez que fue detenido. Reaprehendido en 2014 en Mazatlán, a los 57 años.

Juan Manuel Salcido Uzeta, El Cochiloco

Muerto en Zapopan Jalisco en 1991, a los 45 años de edad.

Javier Torres Félix, arrestado en el Valle de San Lorenzo, municipio de Culiacán Sinaloa 2004, a los 44 años de edad

Amado Carrillo, muerto durante una intervención de cirugía plástica. Tenía 41 años y era el líder del Cártel de Juárez.

Arturo Beltrán Leyva, muerto a los 48 años, pero dueño de un imperio que incluía la zona de guerrero, Morelos y el Estado de México.

Alfredo Beltrán Leyva, arrestado a los 37 años en Culiacán.

Ramón Arellano Félix, muerto a los 38 años en Mazatlán Sinaloa.

Inés Calderón Quintero, muerto en 1988, en su casa de La Campiña, en Culiacán. Tenía 39 años.

Miguel Angel Félix Gallardo, arrestado en Guadalajara Jalisco en 1989, tenía 43 años de edad al momento de su arresto

Ernesto Fonseca Carrillo, arrestado en Puerto Vallarta a los 43 años de edad

Baltazar Díaz Vega, tenía 44 años cuando fue asesinado en la Ciudad de México.

Dec 152016
 

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES PRESS.- “Querían que dijera que la señora Marisela y yo trabajábamos para el cártel de Sinaloa, que éramos gente del Chapo Guzmán”, denuncia en su testimonio, Manuel García, quien ayudaba voluntariamente a la asesinada Marisela Escobedo mientras ella exigía justicia a las autoridades de Chihuahua por el crimen de su hija Rubí Marisol Frayre. El testimonio de García revela amenazas de muerte y la intención fabricar pruebas por parte de la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

Una semana después del asesinato de Marisela Escobedo perpetrado el 16 de diciembre de 2010, a través del “comandante Santacruz”, la fiscal Rosa María Sandoval, intimidaba a Manuel García para que cambiara su declaración ante el Ministerio Público e incriminara a Marisela Escobedo y a sí mismo, como miembros del cártel de Joaquín “Chapo” Guzmán. La relación la podrían fabricar, a raíz de una narcomanta aparecida la madrugada del 21 de diciembre, en Ciudad Juárez, de la supuesta autoría de este cártel en la que se solidarizaban con los familiares de Escobedo, y pedían información sobre Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol.

La negativa de García a “manchar la memoria de Marisela Escobedo” fue el motivo de la amenaza de muerte y la retirada de la protección policíaca, según confiesa. Si aceptaba cambiar su declaración, “la fiscal lo podía mandar hasta China, si quería”, dice en su testimonio, porque el comandante le insistía en que “la fiscal lo podía ayudar y darle protección, si también él la ayudaba a ella”. Fue cuando un agente de la Policía Ministerial, lo amenazó de enviarlo a “Monterrey, a Puebla o a Guadalajara, y en esos lugares, nadie lo iba a proteger”.

García tuvo que salir de Ciudad Juárez por sus propios medios para salvar su vida y con la orientación jurídica de dos organismos de derechos humanos locales que guardamos su identidad por seguridad a sus miembros. Primero, fue a Torreón buscando refugio, de donde llamó a Norma Ledezma, de la organización Justicia para nuestras hijas, pidiendo ayuda. Ledezma respondió que sólo podía enviarle mil pesos para “rentar un lugar y comer”, pero que ya no lo podía ayudar más.

Después de varios meses, la esperanza de encontrar un apoyo más sólido volvió a Manuel García. El 9 de junio de 2011, la marcha ciudadana de Javier Sicilia, activista por la muerte de su hijo, tenía lugar en Ciudad Juárez. Manuel sabía de la lucha de Sicilia, por lo que comentaba Marisela Escobedo. Sin embargo, su esperanza no logró concretarse en apoyo, porque “en medio de tanta gente, no había posibilidades de contarle mi problema”, dice.

Con la ayuda de los organismos de derechos humanos locales pudo viajar a Ciudad de México y mantenerse bajo protección. Pero el acoso no cesaba, y pese a que varias veces le ayudaron a cambiar su número de celular, la Policía Ministerial de Chihuahua volvió a llamarle, intimidándolo para que aceptara involucrar a Marisela Escobedo con el narcotráfico.

Manuel García afirma que junto con Marisela Escobedo, antes de ser asesinada, y el hermano de ella, entregaron toda la información investigada a la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, incluyendo un CD con tres canciones grabadas por el asesino Sergio Rafael Barraza. La letra de estas canciones narraba cómo había asesinado a Rubí Marisol, “y todo lo que le había hecho”, afirmó García, quien él mismo llegó a escucharlas. Pero a la fiscal Sandoval, eso no le interesó, ni la nueva evidencia ni la investigación que Escobedo realizaba con sus propios esfuerzos. Así que, frente al comandante mencionado, según el testimonio, decidió destruir el CD, junto con otras dos copias.

La investigación de las ahora víctimas también incluía evidencias de que el asesino Sergio Rafael Barraza se encontraba en Fresnillo, Zacatecas; y precisaron, ante la fiscal, el domicilio. La información fue desestimada de inmediato por Sandoval, porque dijo que ella estaba en comunicación con la madre de Barraza, y le había dicho que su hijo se encontraba en Estados Unidos.

El 22 de agosto de 2011, la funcionaria de la fiscalía responsable de investigar los feminicidios insistió todavía en crear falsas pistas de investigación en el caso de Marisela Escobedo. Declaró a la prensa mexicana, a través de un comunicado conjunto con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, dirigido por Emma Saldaña, que algunos de los casos “podrían estar relacionados con el crimen organizado”.

En aquel momento, enfatizó Sandoval que “el modus operandi con que se perpetraron algunos feminicidios, como el uso de armas de grueso calibre, tortura y mensajes de grupos criminales”, podrían ser evidencias de esta relación. Y con una afirmación contundente, que hoy podríamos interpretar como demagógica, concluyó la funcionaria que “la Fiscalía está investigando esos y todos los casos de homicidios de mujeres para esclarecer las causas, así como detener y procesar a los responsables”.

Testimonio de Manuel García

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Otros testimonios

La responsable legal de uno de los organismos de derechos humanos de Ciudad Juárez que apoyó a Manuel García confirmó a Los Ángeles Press que sí tenía conocimiento de las amenazas directas por parte de la fiscal al joven. “Un muchacho muy humilde, que necesitaba mucha ayuda y nadie lo escuchaba”, dijo, por lo que se decidió solicitar el apoyo de otra organización y actuar con rapidez para salvar la vida de García, enviándolo a la Ciudad de México.

Al entrevistarlo sobre el hostigamiento del que era víctima, García confesó a la responsable de esta organización de la que nos reservamos su identidad, “que querían que dijera que Marisela Escobedo traficaba droga, y que si testificaba le conseguirían asilo en Estados Unidos”.

Sostiene la defensora de derechos humanos que el mayor acoso que recibió Manuel García en Ciudad Juárez fue entre abril y mayo de 2011, que fue cuando ella intervino con su gestión para poder sacarlo de la ciudad. Pero también confirmó que este acoso continuó en la Ciudad de México, por lo que tuvieron que sacarlo del país. Concluye que “Manuel sí había dado a las autoridades de la fiscalía la ubicación precisa del asesino de Rubí Marisol, y las autoridades, en todo este tiempo, no lo han detenido”.

Las irregularidades y delitos de la fiscalía Foto: entrelíneas.com.mx

En la reunión con las madres de desaparecidas en las instalaciones de la fiscalía el pasado 12 de diciembre, Rosa María Sandoval Chávez aceptó públicamente el encubrimiento de información por negligencia de las autoridades, y dijo que se debía a que eran “funcionarios nuevos”. Este encubrimiento se refería a los cadáveres retenidos por años en la morgue.

Sin embargo, no son pocas ni aisladas las irregularidades y delitos en los que ha incurrido la fiscalía del estado sobre los crímenes de niñas y jóvenes. La más frecuente es la de “perder” declaraciones para quitar líneas de investigación. Incluso se han perdido partes importantes de expedientes o no se entregan las copias completas a las madres de las víctimas.

También existe como excusa “la falta de tiempo” por parte de la fiscalía para analizar cada uno de los expedientes o para tomar declaraciones de personas que están dispuestas a aportar información valiosa para las investigaciones. Un ejemplo de ello, es el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008. El responsable de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, Ricardo Esparza Jurado, solicitó el 10 de noviembre de 2009 a la agente del Ministerio Público, Edith Acevedo Martínez, una constancia sobre la existencia de algún reporte de desaparecida que coincidiera con las características físicas que aportaba el informe forense en este caso.

El expediente de Sarmiento dice textualmente “que Edith Acevedo contesta poco después que no se ha encontrado ningún reporte con esas características”, y la fecha es del 12 de noviembre de 2009. Adriana Sarmiento fue asesinada, según el análisis forense, en noviembre de 2008, y según la fiscalía encontró el cuerpo el 5 de noviembre de 2009, mismo día en que se llevaría a la morgue de Juárez.

La desaparición de la joven Sarmiento fue publicado profusamente mediante pesquisas y medios digitales que se pueden constatar haciendo una simple búsqueda en Internet y dará los resultados por fechas. El reporte lo había puesto su madre Ernestina Enríquez desde el mismo día en que no volvió a casa. No había manera de no saber sobre su ausencia, y sin embargo, la agente Acevedo Martínez negó la existencia del reporte de la desaparecida al funcionario que lo solicitaba.

En este mismo caso de Sarmiento, fueron entregados los restos a la madre el primero de diciembre de 2011, después de que se enterara por nuestro medio que el cadáver de su hija estaba en la morgue por años. La misma fiscal, Rosa María Sandoval, todavía negó la información a la madre hasta que a la noche del día siguiente se vio obligada a entregar el cuerpo. Ernestina Enríquez declaró destrozada que “en el celular de su hija aparecieron unos números de México y que hasta allá fueron a buscarla, haciéndose pendejos”, porque a su hija ya la tenían en la morgue.

El caso de Brenda Berenice Castillo, desaparecida el 6 de enero de 2009, es contundente también en irregularidades y falta de profesionalismo y ética por parte de la fiscalía del estado. Cuando recién desapareció Brenda de 17 años, Irma Cornejo fue testigo visual y habló por teléfono a la fiscalía para avisar que había visto a la joven en el centro de Juárez, con dos hombres, y que ella iba golpeada y llorando. Pero no fue tomada su declaración en ese momento, y tiempo después, en marzo de 2009, el perito José Fernando Chávez solicitó, a través de oficio por escrito, a la funcionaria del Ministerio Público, Haydeé Guzmán, la elaboración de los retratos hablados de los presuntos agresores con la declaración de la testigo.

Los dos retratos se realizaron con el número de oficio PGJE-UEIPAE-CDJ-646/2009 y se tomó oficialmente la declaración de la testigo. Sin embargo, para principios de septiembre de 2011 que Los Ángeles Press investigaba este caso, buscó la declaración de Irma Cornejo en la Unidad de de Desaparecidas para cotejarla con la información de nuevas pistas de la víctima. A dos años y medio, ya no existía ninguna declaración de la testigo Irma Cornejo. Incluso, las autoridades confirmaron que esa parte del expediente “se había perdido”.

La omisión, la fabricación o la destrucción de evidencias han sido los delitos más frecuentes en las investigaciones sobre feminicidios por parte de los funcionarios de la fiscalía. Como lo hizo la fiscal Rosa María Sandoval con el CD de las canciones del asesino de Marisela Escobedo y su hija. Así también han desaparecido o ignorado varias de las declaraciones de algunas madres de víctimas que han recibido llamadas telefónicas presuntamente de sus hijas, y al aportar números y referencias, en declaraciones ante el Ministerio Público, la fiscalía no da seguimiento a los hechos.

El cambio de competencias entre las dependencias gubernamentales también parecería ser un juego sucio para frenar las investigaciones y no sólo en casos recientes. El caso de Silvia Arce, desaparecida el 11 de marzo de 1998, ha sido ignorado por mucho tiempo, y se ha pasado de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía del Estado, quedando paralizado por completo.

La fiscalía de Estado de Chihuahua también ha sido acusada de la fabricación de culpables, como da cuenta el testimonio de Manuel García sobre la fiscal Rosa María Sandoval. Muchos de los casos aparentemente resueltos contienen denuncias de tortura y errores judiciales, a los que difícilmente se puede tener acceso informativo, por las constantes amenazas de muerte y hostilidades a los investigadores. Amenazas que se han extendido a la responsable de esta investigación.

Los familiares de las desaparecidas también son amenazados de muerte y algunas de estas amenazas las han intentado cumplir, según pone en evidencia el reciente atentado de Norma Andrade, madre de Liliana Alejandra García, asesinada a sus 17 años en febrero de 2001. Hay otros casos que aún pueden ser contados por los dueños de estas experiencias, por ejemplo, el caso de Nora Sarahí Castillo, quien buscaba con insistencia a su hermana Brenda Berenice, y en marzo de 2009, Nora fue amenazada telefónicamente por una voz masculina que le dijo “cuídate, porque ya sé dónde vives”. Pese a que puso la denuncia ante el Ministerio Público, en la que declaró tener miedo por su vida, no le dieron seguimiento. Y Nora dejó de buscar a Brenda.

Las amenazas a Manuel García para que incriminara a Marisela Escobedo como narcotraficante, es sólo una parte de la gran madeja de corrupción, ineptitud e indiferencia de las autoridades investigadoras en los feminicidios de Juárez. Las madres están solas. Los márgenes de actuación de los defensores de derechos humanos están limitados por la hostilidad del poder. Y las desaparecidas, aún vivas, tienen muy pocas esperanzas de volver a casa.

Esta reportaje forma parte de la investigación Mujeres guardadas en la morgue, y se autoriza su reproducción citando debidamente su fuente.

Oct 202016
 

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El asesinato de un juez a plena luz del día o la amputación de las manos de siete ladrones son los sucesos más recientes

En lo que va de octubre se han hallado 600 restos humanos en una fosa en Coahuila y cuatro evangelizadores fueron torturados y asesinados en Michoacán

Expertos apuntan que hay una creciente percepción de inseguridad ciudadana y una sensación de impunidad

Afirman que la solución al corto plazo “depende de la voluntad de la clase política” y a largo, “de la educación”

El asesinato de un juez a plena luz del día o la amputación de las manos de siete ladrones son solo los más recientes episodios de una larga lista de casos violentos que en el último mes han ahondado en México la psicosis ciudadana y la descomposición social derivada de la corrupción política.

“Esto parece la parábola del sapo en la cubeta de agua: empieza a hervir y no se da cuenta de que se está cociendo; estamos dentro de algo que se está descomponiendo”, afirma el experto Roy Campos, presidente de la firma de opinión pública Consulta Mitofsky.

En la segunda mitad de septiembre dos sacerdotes fueron asesinados en Veracruz y otro en Michoacán, un periodista fue asesinado en Puebla y un convoy del Ejército que custodiaba a un detenido en una ambulancia fue emboscado por un grupo armado en Sinaloa, con un saldo de seis soldados fallecidos. Además se encontraron 10 cadáveres flotando en un río del Lago Chapala, así como los cuerpos descuartizados de una mujer de 52 años y una estudiante de 19 en una maleta en el Estado de México, vecino de la capital.

Ciudad de México fue a su vez escenario del secuestro y asesinato de María Villar Galaz, en un caso que despertó un fuerte revuelo por ser la sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y de nacionalidad extranjera. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en Veracruz se cometieron 179 homicidios dolosos durante septiembre, la cifra mensual más alta de los últimos 15 años en el estado.

En lo que va de octubre se han hallado 600 restos humanos en una fosa común en Coahuila y cuatro evangelizadores fueron torturados y asesinados en Michoacán. A esas truculentas historias se suma la creciente percepción de inseguridad ciudadana, amplificada por los medios de comunicación y las redes sociales. Así ha sucedido con la difusión de las imágenes grabadas por una cámara de seguridad del asesinato de un tiro en la cabeza del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías cerca de su domicilio en el Estado de México.

“Nos impacta mucho ver la impunidad de los que asesinan; no tienen ningún reparo en hacerlo, en huir tranquilamente”, sintetiza Campos.

Corrupción

“Tenemos un problema de descomposición política y social” por “casos de corrupción que no son atendidos, lo que lleva a que la gente esté enojada y quiera hacer justicia por propia mano”, afirma María Elena Morera, activista de la organización civil Causa en Común, que promueve la reconciliación entre Policía y sociedad.

Según Campos, antes los ciudadanos veían los problemas económicos y del crimen organizado “en forma separada” pero “de repente empezaron a aparecer los escándalos de impunidad y se juntaron todos los problemas en un solo remolino”.

Hace dos semanas se presentó una iniciativa de ley en el Senado para flexibilizar la tenencia de armas de fuego.

El experto se refiere, por ejemplo, a la situación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y del gobernador saliente de Veracruz, Javier Duarte. Sobre el primero hay una orden de captura internacional de Interpol y se le responsabiliza de un desfalco del erario público durante su gestión (2009-2015) de unos 1.600 millones de dólares.

De Duarte está en duda su paradero y su futuro sucesor, Miguel Ángel Yunes, le acusó hace meses de tener, con nombres de familiares y conocidos, 25 propiedades en México y fuera del país valoradas en unos 159 millones de dólares.

Ante la violencia y la falta de Estado de derecho surgen reacciones al calor de los acontecimientos, como una iniciativa de ley presentada en el Senado hace dos semanas para flexibilizar la tenencia de armas de fuego, una alternativa que rechaza Morera.

“La solución es que el Estado sea quien nos defienda, no que los ciudadanos tengamos la obligación de defendernos”, argumenta la activista al recordar que “en México ya hay alrededor de 15 millones de armas, la gran mayoría ilegales” y filtradas por la porosa frontera con Estados Unidos. Menos delitos pero más violentos Morera recalca que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2014 y 2015 en el país se pasó de 34 millones de delitos a 29 millones, pero el problema es que “el grado de violencia con el que se están cometiendo ahora es mucho más alto”.

Sucede así con los secuestros, que “hasta 2006 perpetraban grupos especializados y hoy en día los cometen grupos que antes se dedicaban a tráfico de armas, drogas y personas, y son muchos más violentos”, o por “grupos inexpertos”. En cualquier caso, todo “tiene que ver con la descomposición social, independientemente de los grupos de crimen organizado”, pues hay una “un desorden institucional” y una sensación de “impunidad tan grande que la gente siente que puede hacer lo que quiera”, remata. ¿La solución? Según Campos, en el corto plazo “depende de la voluntad de la clase política” y en el largo, “de la educación”.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2866283/0/larga-lista-casos-violentos-agrava-psicosis-descomposicion-social-mexico/#xtor=AD-15&xts=467263

Oct 052016
 

emboscada-principal-1La trágica emboscada: cinco militares muertos y 10 heridos en la entrada a Culiacán

Río Doce.- Los hijos de Joaquín Chapo Guzmán habrían cometido la peor embestida que ha sufrido el Ejército Mexicano en el estado, en años recientes.

Cinco soldados muertos y 10 heridos, un paramédico de la Cruz Roja lesionado y dos vehículos oficiales quemados, fue el saldo del ataque cometido la madrugada del viernes en la entrada al fraccionamiento Espacios Barcelona, por la carretera México 15.

El Ejército informó que “muy probablemente” la agresión fue ordenada por los hijos del Chapo–Alfredo e Iván Archivaldo-, para rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, el Kevin, de quien según la milicia, no se ha establecido las funciones que desarrollaba dentro del grupo delictivo.

Ortiz Vega, de 33 años cumplidos —nació en 28 de julio de 1983—, es uno de los principales operadores de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo, y fue uno de los gatilleros que entregó a quien ordenó la ejecución de Édgar Jeovani Parra Zambada, sobrino de Ismael Zambada García, el Mayo, asesinado a balazos el 26 de agosto, en el puente de la isla Musala, en Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hasta antes del viernes no se había registrado un ataque en el que murieran y resultaran lesionados esa cantidad de militares.

En los ataques anteriores, las bajas castrenses no superan los cuatro militares muertos. Desde 2006 en el estado han muerto 36 militares en enfrentamientos y emboscadas de la delincuencia organizada.

 

Los hechos del viernes

El primer enfrenamiento del viernes con agentes de la Sedena ocurrió en un puesto de control militar instalado en la carretera que conduce a Bacacoragua, donde resultó lesionado Julio Óscar Ortiz Vega, el Kevin.

Los militares trasladaron al lesionado al hospital de Badiraguato pero debido a que no contaban con el equipo para atenerlo, decidieron trasladarlo a Culiacán en la ambulancia 067 de la Cruz Roja de ese municipio.

Resguardada por dos vehículos Humvee con 17 soldados, la ambulancia tomó por la carretera Internacional México 15 hacia esta ciudad.

Las autoridades militares señalaron que “halcones” debieron reportar a los sicarios de Culiacán, que un lesionado era trasladado hacia esta ciudad en calidad de detenido.

De acuerdo con el personal castrense, alrededor de 60 hombres armados a bordo de al menos ocho camionetas, algunas de ellas blindadas, los esperaban sobre la carretera, a la altura del fraccionamiento Espacios Barcelona.

Los delincuentes dispararon contra la ambulancia y lesionaron en la cadera al paramédico que la conducía.

Los militares que viajaban en los vehículos oficiales fueron atacados a balazos y se inició un tiroteo que duró más de 40 minutos.

Los delincuentes arrojaron granadas a los vehículos militares y lograron incendiarlos.

En la refriega cayeron abatidos cinco militares, diez resultaron con heridas de gravedad y dos más salieron ilesos.

Los sicarios subieron a la ambulancia y bajaron a Ortiz Vega, para llevárselo en otro vehículo.

En la ambulancia tiroteada trasladaron al paramédico lesionado al hospital Civil.

Los militares asesinados estaban destacamentados en el Mando Especial Badiraguato, instalado en el llamado triángulo dorado desde mediados de 2014 con la misión de erradicar cultivos y destruir pistas clandestinas, pero pertenecían a la 24 Compañía de Infantería No Encuadrada, con sede en San Ignacio.

El comandante de la Tercera Región Militar, Alfonso Duarte Múgica, dijo que se presume que el ataque fue cometido por los hijos de Joaquín Chapo Guzmán.

“Hasta el momento no tenemos la certeza de estos grupos, pero es muy probable que sean de los hijos del Chapo”, indicó.

Mencionó que los militares fueron sorprendidos y superados en número y tipo de armas por los delincuentes.

“Actuaron en forma premeditada, cobarde, alevosa, y llevaron a cabo la acción con armas de fuego, con granadas, en las cuales nosotros de acuerdo a la proporcionalidad de la fuerza únicamente se cuentan con armas de carácter automático, nada más”, manifestó.

Duarte Múgica señaló que el primer enfrentamiento fue en Bacacoragua, pero se rehusó a dar a conocer detalles sobre ese tiroteo, argumentando que no tenían información precisa sobre si hubo muertos o decomisos.

Esa zona serrana de Badiraguato, reconoció, es disputada por el cartel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva.

“Ahí precisamente se encuentra el conflicto entre el Guano(Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo) y las fuerzas del Mochomito(Alfredo Beltrán, hijo de Alfredo Beltrán Leyva, elMochomo) de acuerdo con la información de inteligencia y es donde se están generando conflictos entre las comunidades de Huixiopa, Bacacoragua y sus comunidades aledañas.Todo para precisamente tener el control de los medios de producción que son los sembradíos de enervantes que quieren ellos controlar”, indicó.

Dijo que después del enfrentamiento en Badiraguato, la zona quedó en “aparente calma”.

 

Familiares y rivales

Los familiares de Joaquín Chapo Guzmán mantienen una disputa con el grupo de Alfredo Beltrán, el Mochomito, en Badiraguato.

Desde junio pasado, en la sierra de Badiraguato se recrudeció la pelea por la siembra y trasiego de enervantes entre el Cártel de Sinaloa y LosMochomitos, pero la guerra entre ambos grupos viene desde 2008 cuando fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo; y señalaron a Joaquín el Chapo Guzmán, de haberlo entregado.

La ruptura entre los Guzmán y los Beltrán desató una intensa ola de tiroteos y asesinatos en el estado en ese entonces. La violencia se trasladó incluso a otras regiones del país.

Ahora, presos el Mochomo y el Chapo, son Aureliano Guzmán Loera, el Guano; y Alfredo Beltrán Guzmán, hijo del Mochomo y sobrino del Chapo y Aureliano, los que protagonizan esa rivalidad en la zona de La Tuna , Huixiopa, La Palma, Arroyo Seco y otras comunidades ubicados en la región.

Desde junio, entre ellos se habían tenido constantes enfrentamientos en los poblados y el viernes ocurrió el primero contra el Ejército.

En julio hubo un tiroteo con elementos de la Marina que dejó un saldo de tres delincuentes muertos y ninguna baja del lado de los agentes navales.

El grupo de los Beltrán Leyva irrumpió el sábado 11 de junio en la comunidad de La Tuna, considerada hasta entonces un sitio intocable para grupos rivales al Chapo Guzmán.

El comando de alrededor de 150 hombres entró y saqueó la casa de la mamá del Chapo, Consuelo Loera, y tiroteó y quemó viviendas y vehículos.

Los hombres armados buscaban al hermano del Chapo, Aureliano Guzmán Loera.

El asalto al pueblo natal del líder del Cártel de Sinaloa dejó al menos siete muertos, pero las autoridades solo reconocieron dos decesos.

Entre 150 y 200 familias de varios poblados abandonaron sus hogares por la ola de violencia; entre los desplazados se encontraba la mamá de Guzmán Loera.

Tras los enfrentamientos, elementos del Ejército tomaron la zona y se apostaron en La Tuna y Huixiopa.

Hace aproximadamente tres semanas los militares se retiraron de Huixiopa y apenas se fueron incursionó un grupo armado a ese poblado.

En esta ocasión fueron los Guzmán quienes tomaron por asalto una comunidad controlada por los Beltrán, después de un tiroteo que duró varias horas.

Las autoridades estatales negaron la presencia del grupo armado en la comunidad pero Ríodoce confirmó con una visita al sitio que hombres del Guano tenían tomado el pueblo.

Desde el sábado 24 de agosto, elementos castrenses subieron nuevamente a Huixiopa y a unos kilómetros de ahí se encuentra Bacacoragua, donde ocurrió el tiroteo del viernes pasado y del que derivó la emboscada a militares en Culiacán.

 

Toda la fuerza del estado” contra los Chapitos

 

Apenas las balas tocaron al Ejército y anunciaron que enfocarían toda la fuerza contra los responsables de la agresión.

Horas después del ataque al convoy, la Comandancia de la Novena Zona Militar convocó a una conferencia de prensa para informar sobre lo que había ocurrido, algo inusual en una institución que únicamente suele dar información muy escueta por medio de comunicados.

Ante el Gabinete de Seguridad Estatal, el Gobernador y los medios de comunicación, el comandante de la Tercera Región Militar, Alfonso Duarte Múgica, advirtió que actuarán con toda la fuerza contra los que atacaron al Ejército.

“En esto se va poner toda la fuerza del Estado para llevar a cabo la detección de todos los elementos involucrados hasta sus últimas consecuencias, así está la instrucción y así se va actuar”, dijo.

Horas más tarde en su cuenta de Twitter, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que no quedará impune la agresión.

“El ataque a los elementos del Ejército Mexicano en Sinaloa no quedará impune. Los responsables de estos hechos responderán ante la Ley”, escribió.

Minutos después, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong secundó: “Las Fuerzas Federales no descansaremos hasta llevar a los culpables ante la Ley. Estos actos no quedarán impunes”.

Con el ataque del viernes, suman nueve elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional asesinados en este año.

Los homicidios ocurrieron en dos ataques cometidos en enero y el viernes pasado.

De acuerdo con la Sedena cuatro militares murieron en una emboscada el 30 de enero en la comunidad La Huerta, Mocorito.

En el lugar murieron dos sargentos, un subteniente y un soldado; mientras que de los delincuentes no hubo fallecidos ni detenidos.

Los otros cinco soldados asesinados en Sinaloa, fueron los que fallecieron el viernes pasado.

 

 

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La noche empieza en Bacacoragua

 

 

Los integrantes del convoy militar integrado por dos vehículos y 17 soldados no imaginaron cómo terminaría la noche del jueves cuando pernoctaron en Bacacoragua, una comunidad ubicada en los altos de Badiraguato.

A la media noche del viernes, los militares establecieron un puesto de control para revisar vehículos y evitar el paso de criminales.

A los pocos minutos observaron que bajaba una camioneta a la que le indicaron hiciera alto, pero su conductor aceleró mientras que el resto de los ocupantes empezaron a disparar en contra de los uniformados.

Los militares repelieron la agresión, al tiempo que observaron que otra fila de vehículos bajaba de la sierra, pero de otro ángulo de donde bajó la primera.

A bordo de sus vehículos, los militares iniciaron la persecución y vieron cómo un vehículo empezó a hacer movimientos extraños mientras seguía avanzando, para posteriormente detenerse y arrojar al suelo a un hombre, dos armas largas y una corta.

Los militares revisaron el sitio y observaron que había un civil herido que les solicitó ayuda, por lo que aseguraron las armas y al hombre para que recibiera atención médica y posteriormente ponerlo a disposición de las autoridades.

El hombre herido en la pierna derecha y un hombro se identificó como Julio Óscar Ortíz Vega, conocido con el alias de Kevin, y a quien se le trasladó a la Cruz Roja de Badiraguato.

Como no encontraron servicio adecuado, fue llevado a la clínica del pueblo, en la que tampoco se pudo hacer mucho por él. Fue entonces que los militares decidieron llevarlo a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja a Culiacán.

Escoltado por las dos camionetas militares, la ambulancia fue embestida al llegar a Culiacán por una camioneta blindada, que de un golpe transversal la sacó de la carpeta asfáltica.

Intempestivamente, las dos camionetas militares que iban escoltando al herido se vieron rodeadas por al menos tres vehículos blindados que eran conducidos por gatilleros, según revelaron los sobrevivientes del ataque.

Fueron 40 minutos los que duró la agresión con armas automáticas y lanzagranadas, mismo tiempo en el que las corporaciones policiacas nunca hicieron su aparición.

Fue el uso de lanzagranadas con lo que lograron incendiar los dos vehículos militares, muriendo cinco soldados, diez más heridos y dos ilesos.

Cinco de los militares heridos, los menos graves, fueron llevados al Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán, donde se recuperan, mientras que los otros cinco permanecen en los hospitales del IMSS y Civil de Culiacán, bajo un fuerte resguardo militar.

La ambulancia en la que viajaba el herido recibió 15 disparos de arma automática. Del detenido ya no se supo nada.

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Las células

Según fuentes del gobierno, las primeras investigaciones apuntan que fueron tres células las que atacaron a los militares:

La célula de René, el Rino; Los Chimales, que es comandada por el Pelón Chimal, también conocido como el 23, y la célula del Juancho, conocido como el 22.

Oct 052016
 

escuinapa-2Mazatlán y el sur del estado, cimbrados por balaceras, matanzas, “levantones” y ejecuciones

Mientras las balaceras, matanzas y privaciones ilegales de la libertad campean en el puerto de Mazatlán, en La Ciénega, ubicada en la sierra de Escuinapa, cinco hombres mueren asesinados en un presunto enfrentamiento.

Con las seis personas ejecutadas y dejadas en sendas bolsas negras, en la retaguardia de la Clínica del Mar, el convoy de la muerte había hecho su recorrido, desde el estacionamiento de la tienda Soriana hacia la colonia Adolfo López Mateos, contigua a la colonia Leopoldo Sánchez Celis, pero siempre hacia el Océano Pacífico o como dice la jerga policial: “hacia el charco”.

Desde Culiacán resonó la voz del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Marco Antonio Higuera Gómez: “se trata de la rivalidad de la célula de los Beltrán Leyva contra el Cártel del Pacífico… los que están realizando estas conductas (los asesinatos) son los Beltrán Leyva”.

El fiscal dijo que las personas asesinadas pertenecían al Cártel del Pacífico y sostuvo que los responsables de dichos crímenes ya están detenidos y pertenecen al Cártel de los Beltrán Leyva.

“Por los indicios que nos han aportado, son del Cártel del Pacífico (las personas asesinadas)… tenemos identificados a los responsables, a todos y cada uno de los que participaron, vamos a mantenerlo en reserva hasta que estemos en posibilidad de judicializar esa carpeta de investigación”, añadió.

 

Jornada violenta

El jueves 29 de septiembre, a las 20:00 horas, tres hombres que se encontraban afuera de la calle Jorge Negrete, en la colonia Constitución, fueron asesinados a balazos, por un grupo que los tomó por sorpresa.

Como Sergio y José Martín fueron identificados dos de los finados, uno de aproximadamente 45 años, y el otro de 24.

Una de las víctimas corrió para salvar su vida, pero fue alcanzado por las balas en la calle Privada del Faro, de la colonia Constitución.

El mismo jueves, otro atentado perpetrado por pistoleros dejó una persona muerta y otra herida, en las calles Hidalgo y Michoacán, en la colonia Leopoldo Sánchez Celis.

Según el reporte policial, ambas personas estaban afuera de un domicilio de la calle Hidalgo, hasta donde llegaron hombres armados en un vehículo, color blanco, de donde bajaron los gatilleros y sorpresivamente les dispararon.

En tanto que la persona occisa fue identificada como Rodolfo, el herido se llama Samuel, al parecer ambos habitantes de la colonia donde fue la balacera.

Los hechos fueron aproximadamente a las 18:00 horas, relativamente cerca de la Clínica del Mar, donde la madrugada del domingo 25, dejaron a seis personas ejecutadas en sendas bolsas de color negro.

A casi dos meses de que el gobernador del estado, Mario López Valdez, envió a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, Chuytoño,director de la Policía Ministerial del Estado, a “limpiar y espulgar” Mazatlán, las balaceras, “levantones” y los multihomicidios azotan el sur del estado.

El miércoles 28 de septiembre, aproximadamente a las 14:00 horas, cinco hombres, cuyas edades oscilan entre 30 y 35 años, fueron abatidos a balazos en un camino de terracería a un kilómetro de distancia de la comunidad de La Ciénega, ubicada al sureste en la zona serrana del municipio de Escuinapa.

Los cuerpos de las personas que murieron en el supuesto enfrentamiento tenían balazos de armas AR-15 y AK-4, así como las dos camionetas pick up, en las que aparentemente viajaban.

Tanto el multihomicidio de La Ciénega, como el de los seis cadáveres abandonados atrás de la Clínica del Mar estremecieron al sur del estado, a pesar de que en Mazatlán, el día 7 de septiembre entró en operaciones el Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción.

La madrugada del domingo 25 de septiembre, por tercera ocasión, como en el fraccionamiento Privanzas y el estacionamiento de la tienda Soriana, situada en las avenidas Rafael Buelna y La Marina, dejan abandonados seis personas ejecutadas, atrás de la Clínica del Mar.

Fue aproximadamente a las 6:00 horas cuando agentes de la Policía Municipal encontraron seis cadáveres, entre ellos el de una mujer, en bolsas negras, dejados en avenida  general Cabanillas, ubicada entre avenidas Insurgentes y Revolución, en la colonia Adolfo López Mateos.

Los cadáveres de las seis personas estaban de tres en tres, atados de pies y manos con cinta que también enredaban sus cabezas.

La PGJE, identificó a los occisos como Sotera y Alfredo Simental Villanueva, de 47 y 58 años;  Raúl Marchen Vélez, de 55; César Osuna Osuna, de 28; Miguel Ángel Sandoval  Cordero y Gilberto Páez Lizárraga, de 27 y 41 años, respectivamente.

Según datos proporcionados por la PGJE, Miguel Ángel Sandoval Cordero, Gilberto Páez Lizárraga y César Osuna Osuna, fueron privados de su libertad como a las 13:27 horas del sábado 24, por un grupo delictivo que viajaban en dos vehículos, en el estacionamiento de la tienda Soriana Insurgentes.

De acuerdo con la necropsia realizada por la Unidad del Ministerio Público Especializada en Homicidios Dolosos, las seis víctimas murieron asfixiadas.

El reporte de la PGJE asegura que Raúl Marchen Veles, Alfredo y Sotera Semental Villanueva fueron privados de su libertad a las 15:30 horas del mismo sábado 24, por hombres armados que llegaron en dos vehículos, hasta la colonia Valles del Ejido, cuando los hoy occisos estaban lavando una camioneta frente a su domicilio.

El martes 27 de septiembre, serían las 18:00 horas cuando cuatro hombres armados llegaron al autobaño Los Coyotes, ubicado en la avenida Manuel J. Clouthier, entre las calles Lirio y Flor de Mayo, en la colonia Flores Magón, buscando al dueño del negocio, con el que sostuvieron una discusión.

Según testigos, al calor del altercado, los hombres armados ordenaron a su víctima que corriera al mismo tiempo que le comenzaron a disparar, pero no llegó muy lejos en su carrera, porque las balas lo alcanzaron.

El agredido de bala fue llevado a la Clínica del Conchi, ubicada entre las avenidas Luis Donaldo Colosio y de las Torres, cercana al lugar del atentado.

El miércoles 28 de septiembre, en el Libramiento Dos y avenida Manuel J. Clouthier, está ubicado el fraccionamiento San Jorge, hasta ahí llegaron hombres armados y privaron de la libertad a una persona en su propio domicilio.

“Es muy feo ver cómo hombres armados se llevan a una persona y uno hacerse disimulado como que no vio nada para no meterse en problemas”, dijo un vecino de dicho fraccionamiento, que presenció el plagio en pleno día.

 

La emboscada de Los Beltrán Leyva en Escuinapa

 

Los cinco hombres que fueron asesinados en La Ciénega, población enclavada en la sierra de Escuinapa, sí son producto de la guerra frontal que mantiene el Cártel de Los Beltrán Leyva con el del Pacífico, para apropiarse de la producción de enervantes y su mercado.

No obstante que la PGJE informó en un principio que se trataba de gavillas con problemas familiares añejos, a partir de los eventos violentos en otros puntos de Sinaloa, la información generada dio un giro que echa abajo esta percepción.

Fuentes confirmaron que emboscar y asesinar a quienes se resistan a ceder terreno es una práctica recurrente de Los Beltrán Leyva, así como el uso de uniformes militares apócrifos para infiltrarse y hacerse pasar como elementos castrenses.

En el evento violento del pasado 28 de septiembre, las autoridades también detectaron una camioneta incinerada con impactos de bala, y otra más en la que fue encontrado un cadáver en el lugar del copiloto, estrellada contra un árbol.

Se reportaron además prácticas sanguinarias entre las víctimas, algunas de ellas degolladas y otras con cortes en el área del abdomen, de donde se les extrajo gran parte de la piel.

Se presume que habría sido para retirar tatuajes que los identificaban.

Sep 262016
 

malova-y-mario-4-768x512Alrededor de 130 familias abandonaron Huixiopa: alcalde Mario Valenzuela

Río Doce.- Al iniciar la semana y ante el problema que existe en esta zona de Badiraguato, el gobernador Mario López Valdez dijo que los puntos militares de control que había y que fueron retirados, se reinstalarían.

Sobre los hechos de violencia, explicó:

“Ahí es una pugna entre grupos, algunos hasta con parentescos muy cercanos, familiares y se había movido un puesto de control que tenía el ejército en Huixiopa, el cual va a regresar, también se había movido un punto de control en El Quelite, el cual va a regresar y estuvimos implementando algunas medidas y algunas estrategias para buscar tener control sobre eso.

El alcalde de Badiraguato, Mario Alfonso Valenzuela, se quejó que el Ejército y las policías estatales dejaron sola la zona serrana de Badiraguato y de nueva cuenta hombres armados irrumpieron en el poblado Huixiopa y casi la mayoría de las familias abandonaron sus hogares, señaló el Alcalde.

“El llamado que yo hago al Ejército, al Gobierno del Estado, respetuoso, es que vuelva el Ejército a Huixiopa, el Ejército se salió hace 15 días de Huixiopa y en cuanto se salió, los grupos armados en conflicto hicieron presencia ahí en esa cabecera de sindicatura, que no tiene que ver con el tema de Tareapa, son temas distintos”, dijo.

“A mí me preocupa que no se haya resuelto el problema de fondo, que el conflicto entre los grupos rivales aún este vigente y que el Ejército ya se haya retirado, cuando no debían retirarse si el problema es grave”.

Mencionó que tras la irrupción de nueva cuenta de gente armada a la comunidad, la mayoría de los habitantes dejaron sus casas y de alrededor de 150 familias que había, quedaron sólo 20.

El Presidente Municipal mencionó que la quema de casas el fin de semana en la comunidad de Tareapa, es un problema diferente al de Huixiopa.

En Tareapa y Cortijos de Guatenipa, manifestó, es un pleito de hace alrededor de seis años, entre familias que forman las gavillas de Los Chávez y Los Pintos.

El grupo armado que entró el viernes pasado buscaba a una persona que apodan el Güero de Tareapa y al no encontrarla quemaron las casas.

“Es un problema de gavillas ahí y algunos problemas familiares que tienen seis, siete años atrás, en donde unas muertes obligaron que se desplazara el 60 por ciento de las familias”, abundó.

Después de la irrupción del grupo armado el viernes, detalló, hubo desplazamiento de personas, y de 50 familias que había en Tareapa sólo quedaron 20 y en Cortijos de Guatenipa había 40 y quedaron 10.

Sep 262016
 

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La pugna territorial
por: Nelda Ortega/ Mazatlán en 25 septiembre, 2016

“El Cártel de Sinaloa está dividido, fraccionado y debilitado”: general Alfonso Duarte

Río Doce.- La pugna por el control del territorio de Joaquín Guzmán Loera mantiene a la sierra sinaloense en un conflicto que tiene perfectamente identificado el Ejército, sostuvo Alfonso Duarte Múgica.

El general que tiene bajo su mando a las fuerzas castrenses que operan en Sinaloa y Durango, indicó que están ante un Cártel del Pacífico que actualmente está dividido, fraccionado y debilitado.

Declaró que se está en la época propicia para sembrar enervantes, principalmente amapola y mariguana, por lo que nuevos grupos armados están tratando de tener el control de las fuerzas de producción.

“Anteriormente, antes de la detención del Chapo Guzmán, todo estaba en forma equilibrada, los que se dedicaban a sembrar y cosechar estos enervantes ya sabían a quién tenían que entregar la droga y recibir el recurso económico, ahora con toda esta desestabilización que hay, se están generando amenazas en contra de aquellos grupos que se resisten al nuevo control de estos grupos armados y por eso es que está habiendo algunas ejecuciones en ese sentido, principalmente en el área de La Tuna, en Badiraguato”, explicó.

Recientemente decenas de familias se vieron desplazadas por los altos índices de ataques violentos que se registran en esa zona.

“Sabemos perfectamente bien que hay un conflicto entre Alfredo Beltrán Guzmán, junto con el Guano, que es el hermano del Chapo Guzmán y que ahí ambos están disputando el control”, aseveró el comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán.

A Alfredo Beltrán Guzmán —hijo del Mochomo, Alfredo Beltrán Leyva— le llaman el Dos Banderas o el Dos Caras, porque precisamente su papá es medio hermano del Chapo Guzmán, dijo.

El Mochomito está identificado por las fuerzas federales como una persona aliada del grupo de los Beltrán Leyva, quienes patrullan las superficies serranas para controlar las áreas de producción que anteriormente tenían los Chapos.

El mando militar observó que el sur de Sinaloa no está exento de este tipo de reacciones entre ambos grupos.

“Ahorita, en lo que respecta al sur de Sinaloa, se pretende la plaza de Mazatlán, también está en disputa por estos grupos, es lo que se está viendo precisamente con los homicidios que están ocurriendo con personas que se dedican al narcomenudeo”, señaló.

Aquí, agregó, el grupo de los Beltrán contra gente que viene de Tepic, Nayarit, mantiene la pugna para desplazar a los grupos que se encuentran aquí del Cártel del Pacífico, que es controlado por el Chapo Guzmán.

“No es una guerra, tenemos que ver que los grupos de poder que no son legales para poderse legitimar ellos tienen que actuar de dos maneras; uno a través del “apanicamiento” de la sociedad y de las autoridades y otro a través de la corrupción; estos dos procedimientos es lo que genera impunidad para la delincuencia organizada, estas actividades aunque ellos actúan de forma innata, algunos tienen cualidades innatas para llevar a cabo estas operaciones, sin embargo, siempre están actuando al margen de la ley”, dijo.

Y lo que está ocurriendo y ha ocurrido siempre, expuso, en grupos delictivos que han crecido, los han combatido, han sido puestos a disposición o bien, han sido eliminados por parte de la misma delincuencia, entonces es un fenómeno que se recicla constantemente y que esto las autoridades, el estado tiene que llevar a cabo su intervención a fin de garantizar la seguridad del resto de la sociedad, tal como se está haciendo.

“Estamos hablando de un porcentaje mínimo del dos o tres por ciento de gente que se dedica a este tipo de actividades y que afectan las actividades de la sociedad que corresponde al 97 por ciento”, estimó.

Aunque cada vez el uso de armamento sofisticado y granadas es más común, los ataques se caracterizan por el factor sorpresa contra personas que se encuentra desarmada o en desventaja, actúan con fuerza, los levantan, los secuestran, los torturan y proceden a la eliminación, indicó.

—¿Entonces las ejecuciones que se continúan efectuando en Mazatlán y Culiacán y el resto del sur de Sinaloa, como El Rosario, obedecen a esos grupos que se están debilitando mutuamente?

—Efectivamente.

—¿Qué está haciendo la autoridad ante esto?

—Estamos llevando a cabo patrullajes constantes, igualmente las fuerzas de seguridad pública, a manera de llevar acabo la detención de todos estos elementos, cosa que se ha logrado, sin embargo todavía están sucediendo este tipo del eventos, en los cuales las labores de coordinación se lleva tiempo para poder detectar a estos grupos.

El miércoles por la mañana, el Ejército asestó un golpe a la delincuencia organizada con el aseguramiento de una avioneta procedente de Mexicali y que tenía como destino la ciudad de Culiacán.

Duarte Múgica detalló que el trabajo de inteligencia realizado por el Ejército permitió detener a la tripulación y asegurar armas, equipo de comunicación y dinero en efectivo, resultados que son parte del despliegue implementado.

Blindaje en el sur

El Ejército cuenta con información que le permite ubicar el intento de los Beltrán por ingresar a Sinaloa para apoderarse de la plaza.

“Tenemos un puesto de control militar en la carretera que une la autopista, en San Miguel de la Atarjea, donde se llevan a cabo revisiones de vehículos para detectar armas y droga con lo que se han obtenido aseguramientos”, indicó.

Se hacen patrullajes, agregó, en las inmediaciones para evitar que los grupos delictivo evadan la revisión y hasta el momento han logrado contener un poco este tipo de acción.

“Este puesto de control lo consideramos estratégico para llevar a cabo el control de todo lo que proviene del sur, principalmente de Nayarit”, explicó.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sabe que son los Beltrán Leyva quienes que están queriendo ingresar por la sierra y controlar las áreas de producción.

“Ha habido muertes, recientemente en Cacalotán, en el municipio de El Rosario se tiene ese conflicto entre los grupos armados”, expuso.

El Ejército trabaja en la observación de los conflictos familiares que históricamente se han manifestado en la sierra rosarense, de aquellos que se relacionan con grupos armados, pues éstos aprovechan esta condición para filtrarse e involucrarse, con lo que estarían ganando territorio.

En el caso de Cacalotán, precisó, se continúa la investigación.

Ante la debilidad de los grupos que anteriormente tenían el control de esas áreas, otros líderes de otras áreas quieren acrecentar sus áreas de control y es lo que está ocurriendo en estos momentos allá en San Ignacio, Dimas y San Miguel de las Cruces, Durango, sitios donde hay mayor presencia de tropa para evitar que haya más violencia.

—¿No va a parar esta situación hasta que un grupo tome el control?

—No vamos a aceptar nunca que ellos son los que ganen porque tenemos una fuerza militar suficientemente adiestrada para poder llevar a cabo el combate a todos estos grupos armados, tanto las autoridades civiles como militares han llevado a cabo acciones para debilitar a la delincuencia organizada y todo lo que está ocurriendo actualmente es producto de un proceso de debilitamiento de un Cártel del Pacífico –también llamado Cártel de Sinaloa- que actualmente está dividido, está fraccionado y está debilitado.

Definitivamente, al estar debilitándolo el que gana es la sociedad en su seguridad, consideró.

“Quieren entrar otros grupos, no los vamos a dejar y para eso contamos con el apoyo de la sociedad a través las denuncias que hacen y que ya han sido bastantes, hay mucha información porque confían en nosotros”, sostuvo.

Del Grupo de Reacción

El 6 de septiembre entró en funciones el Grupo de Reacción para brindar seguridad en dos de las ciudades que fueron calificadas entre las más violentas del país.

A la fecha, dijo, se han hecho tres reuniones, dos en Mazatlán y una en Culiacán, en las que se da seguimiento a los resultados.

Mencionó que el intercambio de información con todos los directores de seguridad pública, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la fiscalía federal, Cisen, Tercera Región Militar y Novena Zona Militar, permitió definir acciones para mantener la seguridad.

Existe el interés de que Mazatlán esté tranquilo por el desarrollo y crecimiento económico que está teniendo en el turismo, aspectos que obliga a las corporaciones garantizar la seguridad, añadió.

“Hubo un incremento de efectivos aquí en Mazatlán”, precisó.

—¿De militares?

—No, de policías principalmente, y esto de alguna manera, a partir del 6 de septiembre ha evitado que se sigan suscitando actos violentos, de homicidios dolosos como los que había anteriormente, estaban amaneciendo entre diez y ocho homicidios diarios en Mazatlán, están ocurriendo pero en menor cantidad y hay días en los que son saldos blancos”.

10 años de combate

A 10 años de la incursión del Ejército al combate contra el narcotráfico, labor que inició en el sexenio de Felipe Calderón, Duarte Múgica sostuvo que no hay guerra, sino el uso de la fuerza militar.

La acepción militar excluye del vocabulario la palabra guerra.

“En este caso, no es una guerra lo que nosotros estamos llevando a cabo, son operaciones, es una lucha contra la delincuencia organizada, y no es una guerra porque no estamos empleando armamento de mayor calibre, no estamos empleando otros equipamientos militares que se podrían emplear y que sin embargo únicamente estamos llevando a cabo nosotros la administración de la fuerza”, sostuvo.

Sinaloa, añadió, es cuna del narcotráfico y una entidad agropecuaria en la que además se desarrolla la actividad turística y de negocios, y sólo un porcentaje mínimo de la población es la que se dedica la producción de enervantes.

“Tenemos registradas en Sinaloa 917 comunidades rurales en las cuales nosotros hemos llevados a cabo destrucción de plantíos, es gente campesina que informa que no tiene otro medio para subsistir, pero también son explotados por la delincuencia organizada, les pagan por el producto un precio bajo”, señaló.

Sep 262016
 

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El bastión, ubicado en la sierra de Badiraguato, estaba bajo control de los Beltrán Leyva


Río Doce/Miguel Ángel Vega.-
La supremacía de los Guzmán se impuso en la guerra que, desde junio de este año, sostienen contra el Cártel de los Beltrán Leyva, pues pistoleros de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, tomaron por asalto la sindicatura de Huixiopa y, tras un enfrentamiento de horas, logró apoderarse del pueblo.

Huixiopa es la tierra donde nació el legendario narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, y fue de ahí que partieron los comandos que en junio pasado tomaron La Tuna y violentaron la casa de doña Consuelo Loera, madre de Joaquín, el Chapo Guzmán, hecho que desató una nueva guerra.

De acuerdo con personas entrevistadas por Ríodoce, no únicamente se tomó el pueblo que hasta ese momento era considerado el centro de operaciones de los Beltrán Leyva, también sitiaron la zona y se desconoce a cuántos asciende el número de asesinados, pues ni el gobierno municipal, ni la Procuraduría General de Justicia del Estado, han reportado muertos en Badiraguato.

“Debe haber (muertos) regados por donde quiera”, dijo un residente de La Tuna, quien desde mediados de junio pasado sacó a su familia de ese poblado, por temor a ser víctima de los enfrentamientos entre ambos grupos armados.

Una vez tomado el pueblo, los pistoleros del Guano rayaron con pintura de spray casas y el letrero de bienvenida en la entrada del pueblo, donde se alcanza a leer “Pura Gente de Guzmán, #701”.

Los caminos solos

Para llegar hasta La Tuna, tierra de Joaquín el Chapo Guzmán, se pasa por la cabecera municipal de Badiraguato, por Santiago Los Caballeros, Tameapa, hasta que termina el asfalto, en Bacacoragua. A partir de ahí todo es terracería.

Había rumores que en el próximo poblado, Huixiopa, seguían los enfrentamientos entre los Guzmán y gente de los Beltrán Leyva, y la orden era visitar la zona para corroborar la información que había llegado a la redacción de Ríodoce.

Pero luego de tres horas de recorrido, y justo llegando a Huixiopa, un grupo de al menos 12 pistoleros armados con fusiles automáticos, cerró el paso a la camioneta en que viajaban los comunicadores.

Y mientras unos sicarios apuntaban a la camioneta, según ellos para evitar cualquier tipo de “sorpresa”, otros dos se acercaron al conductor para preguntar quiénes viajaban en la camioneta, y hacia donde se dirigían.

“Somos reporteros de Ríodoce”, dijeron los ocupantes.

Los pistoleros dudaron unos minutos, pidieron gafetes de prensa que confirmaran que efectivamente eran periodistas, y luego de observar las fotos unos minutos, uno de ellos se apartó para pedir instrucciones vía radio.

Quien se quedó frente a los periodistas preguntó que hasta donde pensábamos llegar; hasta Huixiopa, se le dijo, y el pistolero sólo mostró una expresión de displicencia.

Al poco tiempo, el pistolero que se había ido para pedir instrucciones regresó, y pidió a los periodistas que bajaran de la camioneta, y que esperaran bajo una pingüica que estaba a lado del camino.

Armados hasta los dientes

Traían rifles AK47, los famosos cuernos de chivo, con cargadores de disco, chalecos antibalas, granadas, pistolas fajadas a la cintura, cargadores, y portaban gorras donde se leía #701, el número que distingue a Joaquín Guzmán.

Por si o por no se le preguntó al pistolero si eran “gente del Chapo o de los Beltrán Leyva”.

El pistolero se volvió a la distancia, como evadiendo la pregunta, pero al final dijo que todos ellos eran gente del señor Guzmán, y que estaban peleando la plaza. Entonces, quien parecía estar a cargo de los pistoleros dijo:

“Es muy peligroso que anden por aquí porque esta es zona de guerra, los cohetazos pueden tronar en cualquier momento y no deben de estar aquí”, dijo a los periodistas.

“La cosa aquí es que estamos en guerra, y no podemos hacernos responsables de ustedes”, dijo.

El motor de una camioneta de pronto se escuchó aproximarse, y los pistoleros rápido se resguardaron detrás de árboles y arbustos, mientras ordenaban los periodistas que hicieran lo mismo, pues podía tratarse de grupos enemigos, y la orden de ellos era atacar.

Pero luego de unos segundos, apareció una camioneta Ford de cuatro cilindros, con una pareja a bordo. Fueron detenidos, pero la pareja explicó que eran residentes de Arroyo Seco, y entonces se les permitió el paso.

“La guerra no es contra civiles ni contra el gobierno, sino contra gente de los Beltrán Leyva; a esos sí donde los miremos los vamos a trozar”, dijo el pistolero.

—¿Cuántos muertos se han registrado durante los enfrentamientos?, se le preguntó.

—Muchos.

—¿Qué tantos?

—Cientos. Es una guerra, y donde hay guerra hay muertos.

—¿De ellos (los Beltrán Leyva), o de ustedes?

—De ambos lados.

—¿Quién va ganando la guerra?

—Nosotros ya tenemos controlada toda la zona. Ya tomamos el pueblo que ellos controlaban. Es todo lo que le puedo decir.

—¿Sabían que veníamos?

—Desde que pasaron Bacacoragua se nos dijo que venía una camioneta negra con una mujer y un hombre. Desde allí se nos informaba de ustedes cada cinco minutos.

—¿Hay más gente en el pueblo?

No.

—¿Porqué?

—Todos se fueron. La guerra no es con la gente.

Justo en ese momento llegó una camioneta Toyota Tacoma color blanca, sin placas; uno de los ocupantes bajó, y ordenó que los periodistas se regresaran por donde llegaron “porque la zona estaba ardiendo y podían correr peligro. Todavía quedan gente de los otros por aquí, y es peligroso que estén aquí”.

—Sólo queremos tomar fotos a las casas que dicen que se quemaron, y nos vamos.

—Nos va a disculpar pero eso no se va a poder. Por su seguridad, le pedimos que se vaya —dijo el recién llegado.

Y fue todo lo que se pudo negociar. Todavía fuimos escoltados por la Tacoma Blanca hasta afuera del poblado, para asegurar que “la partida” ocurriera sin incidentes.

La histeria

Reportes de residentes que huyeron del lugar desde ya hace varios días, sugieren que los enfrentamientos han sido casi a diario, y que la guerra se está inclinando a favor de la familia Guzmán Loera.

“Es su terreno, y era difícil que los Beltrán Leyva pudieran financiar una guerra durante tanto tiempo”, dijo un familiar de los Guzmán Loera, quien solicitó no se revelara su identidad.

Otros dicen que Ismael el Mayo Zambada intervino y pidió a Alfredito Beltrán, que se calmara, y que ese habría sido el motivo real por el cual se calmó todo.

Lo cierto es que residentes de esa zona siguen sin regresar a sus casas por temor a que los enfrentamientos continúen, aunque según el general Moisés Melo García, coordinador estatal de seguridad, sería en los próximos días que se instalaría una base militar en Huixiopa para “seguridad de los residentes”.

“El problema es que no creemos en el gobierno; pero de algo han de servir”, dijo Armida Álvarez, quien tiene su domicilio en Huixiopa, pero desde junio huyó a Culiacán por temor a la violencia.

En tanto, al menos hasta la semana pasada, la presencia del gobierno fue nula en esa zona. Durante el recorrido que hizo Ríodoce para llegar a Huxiopa, no se encontró a ningún elemento que representara al Gobierno. De ningún nivel.

Sep 202016
 

sajaropolus-1Sajarópulos: mañana ponen otro.

Cambian por quinta vez al jefe policiaco en El Rosario

Río Doce.- “Yo acato órdenes y no las discuto, el cambio que se realizó aquí es normal, de manera rutinaria, me imagino, y nosotros estamos a las órdenes de los jefes”, declaró el comandante ministerial Jorge Sajarópolus Corona, el cuarto director de Seguridad Pública Municipal, el día que fue sustituido por Carlos Manuel Ruelas Rodríguez.

Con el nuevo cambio, El Rosario encabeza el ranking en la lista de municipios que más rotación de directores de Seguridad Pública ha habido en lo que va de la gestión 2014-2016.

Por órdenes de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial en Sinaloa, el martes 13 de septiembre rindió protesta Ruelas Rodríguez como director de Seguridad Pública.

—¿Con alguna consigna en especial?

—No, nada, ninguna recomendación, sólo que él se incorpora a sus funciones de la corporación estatal y yo me vengo a cubrirlo.

Ruelas Rodríguez aseguró que ya conoce el municipio pues llegó con Sajarópolus Corona cuando éste fue comisionado a brindar seguridad al municipio, luego del atentado del anterior director, Miguel España Rodríguez.

—¿En calidad de qué venía con Sajarópolus?

—De las personas que venían con Sajarópolus ya conozco la situación, además que hemos estado trabajando en la zona sur en operativos especiales de la Policía Ministerial.

El comandante descartó que en El Rosario se requiera la presencia del Grupo de Reacción Especial que opera en Mazatlán y Culiacán a partir de que ambas ciudades fueron exhibidas, entre otras, como unas de las más violentas del país.

Ruelas Rodríguez es el encargado de la ejecución de órdenes de aprehensión en Culiacán.

Es justo cuatro días después del evento violento que se registró en Cacalotán, que Sajarópolus Corona se va.

“No creo que (el cambio) sea por el evento de Cacalotán, porque situaciones como esas pasan a diario en el estado y la República, no siento que eso haya sido, porque si no cambiarían de directores todos los días, ¿no?, no creo que sea por eso, yo desconozco realmente también, por qué se dio el cambio”, declaró.

—¿Está consciente de que es el quinto director de seguridad pública que llega a El Rosario?, ¿a qué se debe?

—No sé, cada director ha tenido sus cosas buenas y quizás sus cosas no tan buenas, no soy quien para decirlo, yo sólo digo que vengo con todas las ganas, conocimiento y esfuerzo para sacar el mejor potencial de todos los recursos.

—¿Y la intención es quedarse de aquí a diciembre o de manera indefinida?

—Pues no me dieron instrucciones, estoy yo ahorita, no sé si mañana me quiten y pongan al sexto, pero el tiempo que me corresponda estar aquí, trabajaremos de la mejor manera.

Los cambios

El primer cambio de mando policiaco en el municipio, también se dio en el contexto de un ataque a balazos en un taller que está a un costado de la carretera que conduce a Cacalotán.

El ataque del 28 de abril del 2014 dejó cuatro hombres muertos. Al día siguiente, el coordinador general de Seguridad Pública Estatal, Moisés Melo García, ya le estaba tomando protesta a Miguel Ángel del Villar Rodríguez.

Heriberto Vega Guevara, quien durante diez meses se había desempeñado como el responsable de la seguridad de los rosarenses, era separado del cargo.

Melo García prometió entonces que pronto se verían resultados en seguridad. Descartó que el movimiento estuviera relacionado con el desempeño del director, ya que era una acción planeada para superar resultados.

Segundo cambio

El 15 de octubre del 2015, otro ataque en la carretera a Cacalotán dejó como saldo dos personas muertas al ser emboscadas por un grupo armado.

Apenas el 23 de septiembre del mismo año en El Rosario se había dado un nuevo cambio de directores en el sur y El Rosario no fue la excepción.

De nueva cuenta el general Melo García daba la cara… y el mismo discurso.

El Rosario, Concordia y Escuinapa viven una problemática que ya todos conocen, dijo, por lo que Del Villar Rodríguez se incorporó a la corporación Ministerial de Mazatlán y en su lugar le tomó protesta a Miguel Rodríguez España.

Poco más de un mes después, el 28 de octubre, Rodríguez España cayó herido de bala en la cabecera municipal.

Rodríguez España llegó a El Rosario procedente de Guasave, en uno de los “movimientos estratégicos” anunciados por el gobierno del estado.

Previo al ataque, era un secreto a voces dentro y fuera del municipio, que sin el apoyo suficiente, lo habían enviado prácticamente para que lo mataran.

Rodríguez España llegó sin apoyo adicional como se estila entre los comandantes Ministeriales a su llegada a una nueva plaza. A diferencia de Sajarópolus Corona, quien hizo su arribo con seis patrullas hasta la explanada municipal el día que se presentó ante el alcalde.

Modesto y de bajo perfil, el jefe policiaco de formación militar libró la agresión, pero su escolta perdió la vida.

A partir de la convalecencia de Rodríguez España, Jorge Sajarópolus Corona se incorpora a la Seguridad Pública del municipio.

Al alcalde Arturo Flores Guzmán sólo se le notificó de su llegada, luego del ataque, en un entorno reforzado por elementos del Ejército, en cuanto a personal y patrullajes.

La ausencia de Sajarópolus

En Semana Santa, Jorge Sajarópolus prácticamente abandonó la plaza.

Los policías municipales estaban a la expectativa por la llegada del nuevo jefe policiaco, pero no hubo tal. No hubo explicación, sólo que había sido concentrado a Culiacán por los mandos superiores.

En su ausencia, un enfrentamiento entre militares y civiles alertó a la población de la cabecera municipal, pues los hombres que eran perseguidos se refugiaron en una vivienda.

Ante la ausencia de un mando policiaco, los militares hicieron frente a la agresión.

El escueto informe dado a conocer por Arturo Flores reveló el aseguramiento de armas largas, cortas, granadas, una persona detenida, una herida y un evadido.

El alcalde informó a los regidores que entre los días 20 y 26 de marzo habría cambio de mando en Seguridad Pública, pero ésta no se dio.

El alcalde aseguró entonces que Sajarópolus Corona no había presentado su renuncia de manera formal.

Las seis patrullas con elementos que llegaron con el jefe policíaco aún estaban en el municipio.

Pero Sajarópolus Corona regresó, y durante su gestión hubo eventos violentos de alto impacto, entre los que se cuentan los siete hombres ejecutados y cercenados en la sierra, el asesinato de un empresario en la cabecera municipal, víctima de un asalto, y el asesinato del ex alcalde Roberto Rodríguez Ontiveros, cerca del poblado Copales, a un costado de la carretera estatal Chilillos-Matatán, también poco después de mediodía.

El semáforo delictivo arrojó números poco satisfactorios en homicidios dolosos y en el robo de vehículos, pero lo justificó por la jurisdicción del Ministerio Público para recibir las denuncias de robos ocurridos en la carretera federal en territorio rosarense.

“Me voy con la frente en alto”: Sajarópolus

Con casi 25 años de carrera, Sajarópolus Corona defiende el trabajo que asegura haber hecho durante su estancia en el municipio.

“Soy policía de carrera, acato las órdenes y no las discuto. Se hizo un enroque que así fue ordenado por la autoridad y así lo tomamos, yo me voy con la frente en alto de El Rosario, eso sí lo quiero dejar muy en claro: El Rosario mejoró”, sostuvo.

El Ministerial declaró que no está satisfecho, aunque sí se mejoró en muchos aspectos en coordinación con corporaciones de otros órdenes de gobierno.

Como los índices de abigeato, robo y asaltos que permitió un aumento en la afluencia de turistas, bajó el robo hormiga de mango, y hubo acercamiento con padres de familia.

No es por salud

Descartó que su salida haya sido por motivo de salud.

Apenas ocho días antes fue visto salir del Hospital Integral de El Rosario, donde según comentó fuera de entrevista, le habían puesto suero y sugerido la realización de estudios cardiacos.

“No me para eso, el estado de salud mío sí es delicado, pero no amerita que diga que fue a causa de eso el cambio; es una estrategia”, dijo.

El 29 de agosto un medio local exhibió a Sajarópolus Corona como uno de los policías que a base de tortura, habría inculpado a personas como autoras de delitos que supuestamente no cometieron.

El jefe policiaco no sólo se defendió, sino que dijo que quería dejar eso atrás.

“Es injusto, que yo ya me sienta casi jubilado y regresen los golpes otra vez hacia mí, la verdad… en algo que yo no participé, en ese tiempo estaba mi compadre José Luis Ibarra en el norte, yo estaba en el sur de Mazatlán, cuando se hicieron esa serie de detenciones”, dijo.

Nunca se ha practicado la tortura, no ha sido una manera de trabajar ni será, sostuvo.

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Nuevo enfrentamiento en Cacalotán

A las 14:00 horas del viernes, de nueva cuenta un movimiento inusual fue percibido por habitantes de la sindicatura de Cacalotán, quienes estuvieron retenidos en sus propias viviendas alrededor de 30 minutos.

Y no era para menos. El saldo de la refriega arrojó, de manera extraoficial, cuatro sicarios muertos.

Según testimonios de los lugareños, también la Marina sufrió por lo menos cuatro bajas, aunque oficialmente nadie informó al respecto.

A las 19:00 horas habitantes de Cacalotán empezaron a reportarse con sus familiares radicados en otras ciudades de Sinaloa para dar a conocer que se encontraban a salvo.

También reportaron que a los empleados de la funeraria en turno se les permitió el ingreso para que levantaran los cuerpos.

Sin embargo, también trascendió que otros fueron llevados a bordo de helicópteros.

El enfrentamiento entre civiles y elementos de la Marina, quienes fueron reforzados por militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se registró a tres días de que el Gobierno del Estado decidiera hacer nuevamente un cambio de mando en la dirección de Seguridad Pública.

Jorge Sajarópolus Corona dejó el cargo para que a partir del martes 13 lo asumiera Carlos Manuel Ruelas Rodríguez.

Apenas hace ocho días, en la misma sindicatura, un enfrentamiento entre civiles dejó un hombre muerto y un herido.

En esta ocasión el despliegue federal fue reforzado con dos helicópteros que mantuvo azorada a la población por varias horas.

Los marinos ordenaron a la gente no salir de sus viviendas, al tiempo que cerraron el acceso al pueblo, evitando el ingreso y salida de cualquier persona y tampoco se les permitió tomar fotos de lo que ocurría.

Y es que al igual que el homicidio violento de hace ocho días, la población teme que las autoridades maquillen el saldo que arrojó el enfrentamiento y sigan minimizando la inseguridad que se vive en el pueblo.

Hasta el cierre de esta edición, elementos de la Marina, del Ejército y corporaciones estatales se mantuvieron herméticos.

Sep 192016
 

la-senora-767x1024En el mundo del narcotráfico, dominado por hombres, Clara Elena Laborín Archuleta, conocida como la Señora, bien podría ser la excepción.

Río Doce.- Su nombre se escuchó por primera vez en la década de los 90, cuando fue coronada reina de belleza en Sonora, después se ligó al del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, el H, con quien se casó en esa época, pero su fama realmente inició en 2014 al ser incluida en la lista de los delincuentes, la mayoría hombres, que lideran los cárteles de la droga en el país.

El mando del cártel de los Beltrán Leyva, de acuerdo con las autoridades, lo asumió a partir del 10 de octubre de 2014, fecha en que fue capturado su esposo, en un restaurante de Guanajuato.

De Miss Sonora a la Señora

Laborín Archuleta había dejado atrás las pasarelas de sus años de juventud para convertirse en la Señora, una mujer considerada entre los principales objetivos del gobierno federal, y a la que se le imputa la violencia que prevalece en Acapulco, donde las autoridades aseguran financia células afines a su organización criminal para disputar el control del puerto al Cártel Independiente de Acapulco.

Al frente de la organización criminal es la primera esposa de un capo que se conoce, que lo releva como líder de un cártel. Aun cuando no es la única reina de belleza que deja las pasarelas para casarse con un narcotraficante, como es el caso de Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Antes de su abierta participación en el mundo de las drogas, se dice que participaba en actividades de blanqueo de recursos del cártel, a través de empresas ubicadas en el país y el extranjero, algunas de las cuales operó a través de Guillermo Ocaña, un representante artístico y organizador de espectáculos de Televisa, quien fue detenido bajo el cargo de lavado de dinero en 2010.

Por dichas actividades estaba en la mira de la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2005 y fue incluida en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en 2009.

La detención

A dos años de haber tomado la batuta de los Beltrán Leyva, la ex reina de belleza, también apodada “Osiris”, fue detenida en Hermosillo.

La madrugada del pasado 12 de septiembre, personal de la División de Investigación de la Policía Federal, la PGR-SEIDO, la aprehendieron sin detonar un solo disparo, según el informe oficial.

Le aseguraron dos kilógramos de cocaína y armas de fuego, junto a ella fue aprehendido Alan Contreras Sánchez, el Cha, identificado como su principal colaborador y encargado de coordinar las operaciones en Acapulco.

El operativo se realizó a partir de información que recabó el Cisen durante un año, de familiares y personas de confianza vinculadas a la ex Miss Sonora.

“Se pudo conocer el paradero de Elena ‘N’, identificada como quien encabezaba las operaciones de una organización delictiva con presencia en el estado de Sonora, así como de coordinar a grupos criminales afines que operan principalmente en el Puerto de Acapulco, Guerrero”, informó la Comisión Nacional de Seguridad.

En la rueda de prensa para informar el hecho, el comisario Omar García Harfuch, de la Policía Federal, indicó que para lograr la detención de Clara Elena se realizaron cateos en diferentes domicilios, lo que permitió realizar otras detenciones y desmantelar células de narcotraficantes en julio, en el puerto de Acapulco.

Héctor Beltrán Leyva asumió el mando del cártel que lleva sus apellidos, en 2008, luego que fuera arrestado Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo.

Secuestro y mensaje

Para la Señora, quien en la foto de su detención aparece con el cabello recogido, casi sin maquillaje, vistiendo pantalón de mezclilla, blusón floreado y botines cafés, el glamur de las pasarelas había quedado atrás.

La mujer, ahora de 52 años, observa hacia algún punto con la mirada perdida, mientras, custodiada por dos elementos, la fotografían.

Su imagen recuerda a otra publicada el 26 de abril de 2010, también en la nota roja de los diarios. En esa ocasión estaba sobre una banqueta de las calles De la Reforma y Luis Donaldo Colosio, a un lado de la Universidad de Sonora, en Hermosillo.

Fue dejada en ese lugar, atada de pies y manos, con el rostro cubierto con una venda blanca. Junto a ella se colocó una cartulina con un mensaje dirigido al H. Había transcurrido un año desde que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la incluyó en sus listas.

“Nosotros te vamos a enseñar a ser hombre y a respetar a las familias, asesino de niños, Héctor Beltrán Leyva, aquí está tu esposa, por quien no quisiste responder, te la entregamos viva y sana para que veas y aprendas que para nosotros la familia es sagrada…”, se leía en la cartulina.

Había sido liberada de un secuestro, que se prolongó más de una semana. El hecho fue atribuido a Ignacio, Nacho, Coronel.

Héctor de Mauleón, en una columna publicada en 2010, en El Universal, señaló que Coronel afirmaba que el responsable del crimen de su hijo Alejandro, era Héctor Beltrán, el H, de quien buscaba vengarse.

Ese hecho, dio a conocer a la Señora a nivel nacional, aun cuando en el pasado había buscado los reflectores de las páginas de sociales.

Un reportaje de Emeequis del 27 de julio de 2012, narra que con ayuda del representante de espectáculos y de artistas, Guillermo Ocaña, con quien mantuvo una amistad desde los 90, organizó en 1999 una fiesta en el hotel Hyatt de Acapulco, a la que asistieron personas de la nobleza de otros países, artistas, actores y funcionarios de gobierno.

Clara Elena Laborín Archuleta, tenía una gran aspiración en la vida: “figurar en sociedad”. Por eso cuando conoció en los 90 a Guillermo Ocaña, un hombre del espectáculo y de Televisa, decidió hacerlo su principal acompañante. En marzo de 1999, la mujer sonorense pidió a Guillermo encargarse de la presentación de un spa de su propiedad en el hotel Hyatt de Acapulco. Debían estar todos, urgía la mujer de “Alonso”: medios de comunicación y “gente del medio”.

En el evento, Lucila Guillén, dueña de una agencia de relaciones públicas que también colaboró, declaró a la Siedo (hoy Seido), que acudieron conocidos personajes.

“… me parece que era primero el coctel en la alberca, en donde se presentó el espectáculo de ballet acuático; al término, del hotel pasaban a la playa donde fue el espectáculo del desfile de modas de la firma del diseñador Armando Mafud y la presentación del spa, a cargo de Guillermo Ocaña”, menciona en su declaración.

Al finalizar, agregó, “se realizó un espectáculo a cargo de la hija de Lola Beltrán. Las personas que recuerdo acudieron al evento, por invitación mía, por la de Guillermo Ocaña y de Clara, pero esos eran los menos, éstos eran Eugenio Derbez, Sara Bustani, Karla Alemán y su esposo; el diseñador Héctor Terrones, me parece que el presidente municipal Manuel Añorve, entre otras personas”.

En esa fiesta, de acuerdo con el testimonio, el esposo de Clara Elena, quien se hacía llamar Alonso Rivera Muñoz y se presentaba como ingeniero, mantuvo un perfil bajo.

“Estaban la baronesa de Portanova y su marido; acudió el que era embajador de Francia, Bruno Delaye; los propietarios del hotel, los señores Saba; la señorita Lolita Ayala, la juez Margarita Sotomayor; el presidente del patronato Acasida, el señor Esteban, medios de comunicación, en total eran 650 gentes… ha sido uno de los eventos más grandes a los que he asistido en mi vida”.

La ex reina de belleza y líder del Cártel de los Beltrán Leyva, no logró llegar a las páginas de sociales, como era su intención, pero sí ha aparecido en constantes ocasiones en las notas rojas de los diarios, cuando decidió dejar el cetro y la corona, para formar parte del mundo del narcotráfico, en el que son contadas las mujeres que se vuelven cabezas o son pieza importante de grupos delictivos, como Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, y Enedina Arellano Félix, quien lideró el cártel que lleva los mismos apellidos, luego de la detención y/o muerte de sus hermanos.

Sep 192016
 

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Los vínculos criminales del diputado Óscar Félix y otros legisladores

Río Doce/Alejandro Monjardín.-
El diputado priista Óscar Félix Ochoa ha sido vinculado con un narcotraficante, sus hermanos detenidos con droga, su cuartel de campaña usado como casa de seguridad por delincuentes y ahora la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) catea sus propiedades y retiene a uno de sus hermanos.

A principios de mes, agentes de la Semar catearon una finca y la casa de su mamá en la sindicatura de Quilá.

Durante el operativo retuvieron a su hermano Mellíd Ochoa Félix, quien luego fue liberado.

Félix Ochoa ha sido diputado en tres ocasiones; en el periodo de 1998 a 2001, de 2007 a 2010 y de 2013 a la fecha por el distrito 14, que comprende las sindicaturas de El Salado, Costa Rica, Eldorado y Quilá.

En 2003 fue electo diputado federal por el distrito 7.

En enero de 2011 el gobernador Mario López Valdez lo nombró Subsecretario de Agricultura y estuvo en el cargo hasta 2013, cuando renunció para buscar la diputación por tercera ocasión.

En abril pasado, Félix Ochoa respaldó al Gobernador electo, Quirino Ordaz Coppel, en el inicio de campaña en la comunidad de Oso Viejo, Quilá, en instalaciones del poderoso agrocomercializador -también llamado “coyote”, por ser intermediario entre el productor y los industriales-, Jesús Patrón Montalvo.

El diputado estuvo entre los invitados al templete desde que Ordaz Coppel dio su primer discurso como candidato del PRI, en Culiacán.

Félix Ochoa fue sentado junto a la diputada Sandra Judith Lara, el ex diputado Crescenciano Espericueta Rodríguez y el ex Secretario de Salud, Héctor Ponce Ramos, quien enfrenta un proceso penal en libertad por desempeño irregular de la función pública.

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ÓSCAR FELIX, ÓSCAR VALDEZ Y LUCERO SÁNCHEZ. Huellas del narco.

La Marina en sus propiedades

Hace aproximadamente 10 días elementos de la Secretaría de Marina catearon un inmueble, la casa de su mamá y retuvieron a uno de sus hermanos.

Uno de los cateos fue en una finca de descanso ubicada en la comisaría de Loma de Redo, en la sindicatura de Quilá.

El inmueble está ubicado en la entrada al poblado y cuenta con una casa, amplios jardines y pavorreales y es conocido entre los pobladores como “la hacienda de Óscar”.

Habitantes de la comunidad confirmaron que la finca tenía sellos de aseguramiento en las puertas hasta el lunes pasado.

El martes los sellos ya no estaban y tampoco había rastros.

De acuerdo con los vecinos de la comisaría, el legislador acude con frecuencia a la finca acompañado de su familia.

Los agentes navales catearon esa vivienda y también la casa de la mamá del legislador.

Esa casa, que según vecinos se encuentra deshabitada, también está ubicada en Loma de Redo pero en el centro del poblado.

Según la información proporcionada, los marinos se llevaron al hermano del diputado, Mellíd Félix Ochoa, apodado el Patas Verdes, porque suele usar botas de ese color.

Horas después de su retención, Mellíd fue puesto en libertad.

Los elementos de la Semar permanecieron durante varias horas en las viviendas y se desconoce si además de los inmuebles aseguraron objetos del interior.

Personal de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que la Semar no había puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación objetos, sustancias o personas aseguradas en los operativos realizados en Quilá.

Según el personal consultado, los operativos de los elementos navales son coordinados desde la Ciudad de México y reportan a las oficinas centrales de la PGR.

Ríodoce trató de consultar al diputado pero no atendió el teléfono y en su oficina en el Congreso del Estado dijeron que durante toda la semana no había acudido al despacho.

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SANDRA LARA. Nueve años después del escándalo.

Envuelto desde 2003

La huella del narco sigue al tres veces diputado local, desde 2003.

En ese año fue designado como candidato a diputado federal por el PRI, por el Distrito 7.

Durante la contienda, su cuartel de campaña estuvo en una casa ubicada por la calle Alba de Acosta, entre Cuitláhuac y Xicoténcatl, en la colonia Las Vegas.

Cinco años después, el 26 de mayo de 2008, esa vivienda fue el escenario de la peor embestida que había sufrido la Policía Federal en el país, hasta ese momento.

La ex casa de campaña era una casa de seguridad, en la que un grupo de sicarios que eran perseguidos por agentes federales se refugió y se desató un tiroteo que se prolongó desde la noche del lunes 26 hasta la madrugada del martes 27.

Durante la refriega los sicarios detonaron armas de calibre 50, granadas de fragmentación y de humo.

El tiroteo dejó un saldo de siete agentes federales y un sicario muertos.

En ese entonces, Félix Ochoa era diputado local por el distrito 14.

Hermanos Ochoa Félix, detenidos

Días después del tiroteo en la que fue casa de campaña, detuvieron a tres hermanos del diputado en el operativo Conjunto Culiacán-Navolato.

El 10 de junio, la Vocería del Operativo informó en un comunicado que elementos del Ejército habían detenido a los hermanos Celín, Mellíd y Leopoldo Félix Ochoa.

Los hermanos de Óscar fueron capturados en una casa de la colonia Lázaro Cárdenas, en posesión de 28 mil dólares, 18 kilos de cocaína, un arma calibre .380 y cuatro vehículos.

El legislador aseguró que sus hermanos se dedicaban a la agricultura y en su declaración preparatoria los acusados dijeron lo mismo.

Cinco días después de la captura, Celín y Leopoldo fueron puestos en libertad; mientras que a Mellíd le dictaron auto de formal prisión y obtuvo su libertad años después.

En esos días, el diputado aceptó haber usado como casa de campaña la vivienda donde días antes se registró el tiroteo con agentes federales.

Cuñado del JT

Desde 2007, Óscar Félix aceptó tener un vínculo familiar con el lugarteniente del Cártel de Sinaloa, Javier Torres Félix, el JT, hoy preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

El legislador reconoció en ese entonces que una de sus hermanas, Candelaria, era pareja de Javier Torres, señalado por autoridades mexicanas y estadunidenses como uno de los principales operadores de Ismael el Mayo Zambada.

Félix Ochoa solo confirmó lo que se rumoraba desde 2004, cuando elementos del Ejército capturaron a Javier Torres, en el mes de enero.

En marzo de ese año, efectivos de la Agencia Federal de Investigación y del Ejército realizaron operativos en Culiacán y Cosalá.

Los agentes federales catearon 11 casas, entre ellas la de Candelaria Félix, hermana de Óscar, en la colonia Las Quintas de esta ciudad.

Diputados y sus parientes incómodos

La 61 legislatura que concluye el próximo 30 de septiembre, estuvo integrada por diputados vinculados con familiares involucrados en grupos delictivos y una diputada con orden de aprehensión y relaciones afectivas con el líder del Cártel de Sinaloa.

La diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, quien llegó al Congreso en una alianza de los partidos Acción Nacional y Sinaloense, fue señalada como pareja de Joaquín Chapo Guzmán y acusada por la PGR de la presunta comisión del delito de falsificación de documentos.

Los priistas Óscar Valdez López y Óscar Félix Ochoa tienen hermanos detenidos involucrados en narcotráfico; y Sandra Judith Lara Díaz, con un hermano y un cuñado asesinados en 2007, en ese entonces también diputada.

Apenas habían pasado unas semanas de que Lucero Sánchez, diputada por Cosalá, había rendido protesta, cuando su hermana María Carolina, de 23 años, fue asesinada.

El homicidio de la hermana ocurrió el 11 de enero y el día 21 asesinaron a balazos al ex esposo de la diputada, Rubén Chávez Cháidez.

Lucero Sánchez actualmente está desaforada y cuenta con una orden de aprehensión pendiente de ejecutar.

Según la PGR, la legisladora ingresó con documentos falsos al penal Altiplano, el 4 de noviembre de 2014, para visitar al Chapo Guzmán.

En diciembre de 2015, supuestamente celebró la llegada del Año Nuevo acompañada del delincuente, quien se había fugado del penal de máxima seguridad en julio de ese año.

El 26 de febrero de 2015, elementos de la Marina detuvieron a Roberto Valdez López, Bony.

El detenido es hermano del diputado priista Óscar Valdez López.

Roberto fue capturado en posesión de un kilo 25 gramos de cocaína y un fusil AK-47, en la colonia Las Quintas, cuando circulaba en una camioneta.

Sandra Judith Lara fue diputada por primera vez en 2007. En ese año, el 12 de abril, se registró un tiroteo en una fiesta que se realizaba en la casa de su mamá en la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

En el lugar murieron un músico y una persona que se encontraba cerca del lugar; y privaron de su libertad al hermano de la diputada, Edgar Iván y a su esposa Guadalupe Ontiveros.

Otro hermano de la diputada, Juan Carlos y su cuñado, Óscar Beltrán, fueron detenidos con armas de fuego y puestos a disposición de la PGR.

El 14 de abril, los detenidos fueron liberados y privados de su libertad por hombres armados.

Dos días después los hermanos de la diputada y el cuñado, fueron encontrados asesinados en Elota.

Sep 132016
 

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Ahora dejan cuatro cadáveres en el estacionamiento de Soriana y avanzan hacia la Zona Dorada

Río doce.- Los cadáveres de cuatro hombres encontrados en el estacionamiento de un centro comercial y una persona asesinada hallada envuelta en una cobija, en la colonia Jaripillo, al parecer no anuncian un septiembre menos negro que agosto, a pesar de la activación del Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción.

Como si las vialidades del puerto de Mazatlán fueran un tablero de ajedrez donde los grupos delictivos se disputan el territorio de la ciudad, la madrugada del lunes 5 de agosto, los cadáveres de cuatro personas ejecutadas fueron tirados en el estacionamiento público de la tienda comercial Soriana.

Dicha tienda de autoservicio está ubicada en las avenidas Rafael Buelna y La Marina, la primera de ellas conduce directamente hacia el Océano Pacífico y la zona turística de Mazatlán, conocida como Zona Dorada.

Cabe recordar que la madrugada del 21 de julio, junto al fraccionamiento Privanzas que casi entronca con la avenida Bicentenario, fueron halladas cuatro personas asesinadas, mismas que habían sido privadas ilegalmente de la libertad, en diversos puntos de de la ciudad.

Desde donde fueron encontrados los ejecutados del 21 de agosto, hasta las avenidas Rafael Buelna y La Marina, donde aparecieron los del 5 de septiembre, el convoy de la muerte avanzó casi 20 cuadras hacia la zona turística.

No es la primera vez que células de crimen organizado dejan sus secuelas de muerte y delito en una tienda Soriana, pues la madrugada del 30 de noviembre de 2010, asesinaron a los policías municipales Héctor Hugo Guerrero Durán y Jesús Candelario Hernández Aguirre, en Soriana Santa Rosa, ubicada entre el Libramiento Luis Donaldo Colosio y avenida Santa Rosa.

Serían alrededor de las 1:50 horas cuando los policías municipales habían arribado al estacionamiento del centro comercial, para atender una denuncia ciudadana que aseguraba que hombres armados habían abierto las puertas de Soriana con el objetivo de robar sendos cajeros automáticos bancarios.

Los policías Guerrero Durán y Hernández Aguirre, apenas iban entrando al estacionamiento de la tienda comercial, en las patrullas 071 y 065, respectivamente, cuando fueron recibidos a balazos de armas calibre 7.62 x39, .223 y .9 milímetros, por los pistoleros apostados en diversos puntos del frontispicio del inmueble.

Ambos guardianes del orden, uno conductor y el otro copiloto, quedaron muertos dentro de sus respectivas patrullas, mientras sus compañeros de armas habían logrado protegerse de la lluvia de plomo que los recibió.

Los finados habían frustrado el robo de los cajeros de las instituciones bancarias instalados en Soriana Santa Rosa, pero a cambio perdieron sus vidas, en el cumplimiento de su deber.

En ese entonces finalizaba el trienio —caracterizado como violento— del priista Jorge Abel López Sánchez, pero signo político aparte, la administración del panista Carlos Felton González finaliza no menos violenta.

El pasado martes 6 de septiembre, ante la aparición de los cuatro cadáveres en el estacionamiento de Soriana, los gobiernos municipal, estatal y federal, con el apoyo del Ejército, Fuerza Aérea y Marina, publicitaron la “creación” conjunta del “Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción”, en el sur de la entidad.

En las instalaciones de la Tercera Región Militar, donde se dieron cita, el gobernador Mario López Valdez había recordado que durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional, una semana anterior, se había acordado instrumentar acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno en los 50 municipios donde se concentra el 42 por ciento de homicidios dolosos del país, para contener la violencia delictiva.

“(Ahí) le pidió le pidió al presidente Enrique Peña Nieto extender ese operativo especial para los municipios de Mazatlán y Culiacán, éste último donde ya también inició operaciones el Grupo de Fuerzas Especiales de Reacción (GFER)”, se informó.

Simultáneamente al anuncio de la activación del GFER, la policía municipal recibió el reporte de que una persona ejecutada y envuelta en una cobija había sido dejada en las avenidas de Las Torres y Munich, en la colonia Jaripillo.

“El encobijado es el estilo del grupo delictivo contrario a los que están dejando a los ejecutados en las vialidades públicas del puerto”, dijo uno de los policías.

Asimismo, la madrugada del martes 6, aproximadamente a las 5:00 horas, reportaron que hombres armados irrumpieron violentamente a la tienda Oxxo Atún, ubicado en la avenida Camarón Sábalo, del fraccionamiento Sábalo Country, amarraron a los empleados, abrieron el cajero y se robaron dinero en efectivo.

Como si viviera en el puerto de la utopía, el jueves 7, el presidente de Mazatlán, Carlos Felton González, declaró al diario Noroeste Mazatlán la promesa y su confianza de “recuperar la paz en Mazatlán”.

“…Ya está funcionando (el GFER) y confiamos, como lo hacen los empresarios, que esto venga a darle tranquilidad a Mazatlán, tranquilidad que ya teníamos, que se perdió de manera momentánea, y creo que la vamos a recuperar”, dijo.

Pero el mismo día que Felton González declaraba lo anterior, la terca realidad le gritaba que el tema de la seguridad pública no era una cuestión de creencia sino de hechos, porque la violencia criminal no respetaba ni a las mujeres.

En el domicilio con número 506, de la avenida Gabriel Leyva en la colonia Loma Atravesada, la policía municipal localizó el cadáver de una mujer.

“En estado de putrefacción fue encontrado el cuerpo de una fémina, se le observan golpes en diferentes partes del cuerpo”, rezaba el reporte.

El cadáver de la mujer había sido hallado en la misma colonia donde están ubicadas las instalaciones de la Tercera Región Militar, donde el pasado lunes, los encargados de la seguridad pública habían activado el GFER.

Multihomicidios repetidos

-Madrugada del domingo 21 de agosto. Junto al fraccionamiento Privanzas abandonan cuatro de personas ejecutadas apiladas en plena vialidad pública.

-Madrugada del lunes 5 de septiembre. El mismo número de hombres ejecutados son dejados en el estacionamiento del centro comercial Soriana, ubicado en avenidas Rafael Buelna y La Marina. Uno de los ejecutados tenía clavada un arma blanca con un narco-mensaje dedicado al grupo delictivo contrario.

Aug 292016
 

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La revelación del equipo de investigación de Carmen Aristegui que descubrió que el presidente Peña Nieto plagió a diversos autores en la elaboración de su tesis de licenciatura en la Universidad Panamericana y que tuvo,como director al magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, ha estimulado comentarios de manera que a grosso modo hay dos bandos: los que atacan a la mensajera y los que atacan al plagiario. Sólo unos pocos los que toman distancia.

Un plagio es un robo. Es el tomar algo que no es tuyo y hacer uso de él para obtener un beneficio personal, en este caso, un título profesional que no era poca cosa todavía a principios de los 90 pues, como vemos, servía como escalera social y política.

Cualquiera que sea la manifestación del plagio es sancionable. Lamentablemente una más que la otra. El que roba un objeto puede ir a prisión, mientras el plagiario intelectual, en México en el peor de los casos recibe una sanción al honor. No pasa de la quemada pública aunque, en el caso de un académico, puede traer consigo la pérdida del empleo o beneficios pecuniarios. Recuérdese, lo que sucedió no hace mucho tiempo, con un académico de la Universidad autónoma de Baja California, que fue denunciado por plagio ante el Sistema Nacional de Investigadores y al encontrase evidencias se le retiró el nombramiento de investigador nacional.

En este caso que involucra a un Presidente de una República, si bien sustantivamente es lo mismo —pues robó el trabajo de otros—, debería ser sancionado no sólo en su honor, sino también con el cargo público.

En la primavera de 2012 sucedió un caso que conmocionó al mundo político europeo. Pal Schmitt era un médico que se desempeñaba como Presidente del Gobierno en Hungría. Todo iba bien hasta que un día estalló una bomba mediática en la Universidad de Medicina de Budapest. El claustro de profesores le retiró el grado que le había otorgado, porque encontró que su tesis doctoral era fraudulenta, al igual que la de Peña Nieto. Esto fue suficiente para que el Parlamento húngaro iniciara un proceso de investigación que terminó con la separación del cargo de quien dejaba de ser Presidente…y médico.

Se ha dicho que esta comparación no es válida, porque a diferencia de los húngaros tenemos un sistema presidencialista. Cierto, el sistema parlamentario tiene mecanismos que pueden llevar en forma expedita a la revocación de mandato, incluso a la disolución del parlamento para una nueva convocatoria de elecciones.

Pero esa posibilidad de separación del cargo, que se atribuye exclusivamente a los sistemas parlamentarios, no es ajena en los presidencialistas.En América Latina ha habido presidentes que han sido separados del cargo por incurrir en corrupción.

Hoy mismo está en proceso el caso de Dilma Rousseff, presidenta electa democráticamente, con todo y que el impeachment (juicio político) pueda ser un golpe parlamentario.

Así que este argumento no es válido y es un engaña bobos con la jerga politológica. En realidad encierra una defensa velada del plagio de marras.

Tampoco es cierto que sea un asunto que se inscribe exclusivamente en el ámbito académico y es ahí donde debe revisarse, y en su caso, si así fuere, en el que se le debe sancionar al plagiario. No, porque los límites del plagio rebasa stricto sensu el ámbito de las universidades.

En un país de leyes las disposiciones orgánicas y reglamentarias no son ajenas a la Constitución y a las leyes en materia de educación. Aquí en México es el artículo Tercero constitucional, y su ley respectiva en materia de educación es la fuente de la titulación en los distintos grados académicos.

Así, tampoco vale la lastimosa expresión del rector de la UAS, quien sin más absuelve a Peña Nieto porque: “si cumplió los requisitos que marca una institución, significa que en su momento fue acreditada, pasó la tramitología”. O sea haz la trampa, si sales de ella como haya sido, estás acreditado.

Bárbaro, si ésta es la nueva filosofía que rigen los exámenes profesionales en la UAS, me parece que es una puerta abierta para la trampa académica.

Esperemos que no, por sus mejores profesores y estudiantes.

Aug 292016
 

MAZATLAN SINALOA, 21AGOSTO2016.- Cuatro cadaveresfueron encontrados apilados por la avenida Bicentenario, en las inmediaciones del fraccionamiento Privanzas.  Los cadaveres estaban con las manos amarradas y la cabeza cubierta, todos presentaban impactos de bala. Foto:ARCHIVO/RÍODOCE

MAZATLAN SINALOA, 21AGOSTO2016.- Cuatro cadaveresfueron encontrados apilados por la avenida Bicentenario, en las inmediaciones del fraccionamiento Privanzas.
Los cadaveres estaban con las manos amarradas y la cabeza cubierta, todos presentaban impactos de bala.
Foto:ARCHIVO/RÍODOCE

APILADOS. Cuatro asesinados en Mazatlán.

“Como que los ejecutores al tirar los cadáveres en plena vía pública quieren dejar el mensaje a los despistados que sus territorios están aquí”, dijo una fuente policial respecto a las siete personas asesinadas y arrojadas en diferentes puntos de la ciudad, cuatro de ellas a un costado del fraccionamiento Privanzas.

La misma fuente extraoficial aseguró que sobre el cadáver de la persona tirada en el Libramiento Dos y avenida Delfines del fraccionamiento Francisco Alarcón, había un narcomensaje, cuyo contenido no fue especificado, con dedicatoria a Ismael el Mayo Zambada, Joaquín el Chapo Guzmán y Dámaso López.

Sin embargo, ninguna fuente oficial ha confirmado ni desmentido dicha versión.

La embestida del crimen organizado forzó al Gabinete de Seguridad, presidido por el gobernador del estado, Mario López Valdez, a reunirse de emergencia para enfrentar las células de grupos delictivos que operan en Mazatlán.

“Nuevas estrategias”

Tuvieron que pasar ocho meses —desde el 1 de enero de 2016— y correr mucha sangre, para que las autoridades municipales estatales y federales, en una “nueva” estrategia, reconocieran sin tapujos que en la zona sur de la entidad se libra una lucha de cárteles de la droga por el control de las regiones.

“Se definieron nuevas estrategias para hacer frente al brote de inseguridad que se ha registrado particularmente en la zona sur de la entidad”, informó el Gobierno del Estado en un boletín.

Ante las balaceras de inicio de año, en la que caían muertos pistoleros de los grupos delictivos, la respuesta institucional era que se estaban matando entre ellos mismos.

El lunes 22, tras una semana violenta que había arrojado 14 personas asesinadas en Mazatlán, el alcalde Carlos Felton González utilizó una expresión en diminutivo (“un poquito”) para reconocer los hechos sangrientos.

“Se desbordó un poquito la violencia”, dijo el primer munícipe quien desde el 2 de enero, con el comando armado que tomó por asalto a la sindicatura de El Quelite, al iniciar el año, había negado la balacera y asegurado que habían sido “cohetones” conocidos como “garras de tigre”.

El martes 23, en las instalaciones de la Tercera Región Militar, comandada por el general de División Alfonso Duarte Mújica, se reunió el Gabinete de Seguridad encabezado por el gobernador Mario López Valdez.

A la reunión acudieron el general de Brigada, Rogelio Terán Contreras, comandante de la Novena Zona Militar; el vicealmirante Mario Limas López, comandante de la Cuarta Zona Naval Militar; y el secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros.

Asimismo, participaron Genaro García Castro, secretario de Seguridad Pública; Marco Antonio Higuera Gómez, procurador General de Justicia del Estado; y Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño, director de la Policía Ministerial del Estado.

La “espulgada”

Cabe recordar que la semana antepasada, el gobernador Mario López había enviado a Chuy Toño a “espulgar y limpiar” Mazatlán, pero las policías estatales fueron acusadas por los pobladores de la sindicatura de El Habal de cometer robos y agresiones al irrumpir sin órdenes de cateos a las viviendas.

Cuando las autoridades estatales y federales que integran el Gabinete de Seguridad estaban reunidas para replantear “nuevas” estrategias de seguridad, en los corrillos policiales trascendió que cinco personas habían sido privadas de su libertad, en la calle Libertad, ubicada frente al Instituto Mexicano del Seguro Social.

A diferencia de las siete personas encontradas muertas en diferentes vialidades del puerto, de las que fueron privadas de su libertad el martes 23, se desconoce su paradero.

El domingo 21 de agosto, aproximadamente a las 5:00 horas, los vecinos, transeúntes y automovilistas de la avenida Bicentenario, en la colonia Francisco Villa, sin necesidad de espulgar vieron la “pila” de cadáveres.

“Por más distraídos que anduviéramos, cómo no íbamos a verlos, si había cuatro personas asesinadas, apiladas, una encima de otra”, dijeron los entrevistados.

Lo mismo ocurrió en el Libramiento Dos, esquina con avenida Delfines, en el fraccionamiento Francisco Alarcón, ubicado a la salida norte del puerto, donde fue arrojado un cadáver a 20 metros de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio.

Se trataba de Jonathan, de 19 años, con domicilio en la calle Lirio, de la colonia Ricardo Flores Magón, ubicada a la salida sur de la ciudad.

Jesús Antonio Sánchez Solís, subprocurador Regional de Justicia en la Zona Sur, dijo que de los siete ejecutados la madrugada del domingo 21, entre los que se encontraba un menor de edad, cinco de ellos ya fueron identificados.

Los asesinados son Noel Yaser Granados, de 16 años, con domicilio en el fraccionamiento Infonavit Playas; Marco Francisco Nava y Jesús Martín Bojórquez, de 29 y 33 años, respectivamente, vecinos de la colonia Francisco Villa.

Mientras que la cuarta víctima encontrada junto al fraccionamiento Privanzas, como la hallada en Real del Valle no ha sido identificada. La persona asesinada en la colonia 20 de Noviembre fue identificada como Juan José Cárdenas, de 18 años, vecino de la colonia Ramón F. Iturbe.

Recuadro…

Estrategias fallidas

Los anuncios de “reforzamiento” y “nuevas estrategias” de seguridad, hechos por el Gabinete de Seguridad, en febrero y agosto, respectivamente, no han inhibido sustancialmente la violencia en Mazatlán y el sur de Sinaloa.

Febrero. Luego de haberse reunido el Gabinete de Seguridad, las AK-47, respondieron en la sindicatura de Cacalotán, Rosario, dejando heridos a tres adultos y a una niña, y tirados los cadáveres de dos hombres en el kilómetro 281 de la carretera México-Nogales 15, entre los ejidos de Caleritas y El Aguaje de Hidalgo, al sur de la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán.

Agosto. El Gabinete de Seguridad deliberaba sobre las “nuevas estrategias”, cuando cinco personas fueron privadas de su libertad en la calle Libertad. “Ya la gente ni denuncia los ‘levantones’ y pues nomás estamos esperando por dónde aparecen… como los de la madrugada del domingo 21”, dijo uno de los policías.

Jul 132016
 

Foto: Río Doce.

Foto: Río Doce.

Mientras el subdelegado del IMSS sufre atentado criminal y el Hospital General amenaza de “bomba”, el secretario refuerza su seguridad personal.


Río Doce.-
El miércoles 6 de julio, dos días después del atentado sufrido por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Samuel Lizárraga Camacho, la Policía Municipal detuvo a un motociclista en la calle Marli del Fraccionamiento Sábalo Country, portando un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Glock, color negro, serie Khe400, con diez cartuchos útiles.

Según información de los policías, la persona fue detenida para una revisión cuando circulaba en una motocicleta Italika color blanco con gris, DM200 modelo 2016, y mientras el vehículo fue llevado a la Pensión Grúas Madero, el arma fue remitida a la Procuraduría General de la República (PGR).

Ese mismo día, en la tropa policíaca se criticaba que a raíz de la detención del motociclista armado en el sector número cinco, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Antonio Murillo Rojo, había ordenado sacar dos patrullas que vigilaban la ciudad, para reforzar su seguridad personal.

“Le da miedo que le lleguen a su casa a pesar de que cuenta con sendas camionetas Suburban, ambas de color negro, y tres de las patrullas de las más nuevas”, criticó uno de los agentes.

“Trae 16 elementos en su escolta personal, y aun así tiene el descaro de mandar pedir dos patrullas más para su resguardo personal. ¿Qué está pasando en Mazatlán?, pues cuando cualquier policía detiene y remite (a los detenidos a las autoridades correspondientes) hasta desarmado se va a su casa, a él quién lo cuida”, cuestionó otro.

Otro de los agentes inconformes señaló que no es justo si la ciudadanía está indefensa y los policías tienen esa importante tarea de garantizar su seguridad.

“Aparte, el secretario amenaza a los comandantes, ¿qué quiere, detenidos o que le echen chingazos a la gente armada?, ¿qué pasa, quién nos podrá escuchar?, por ello queremos que la ciudadanía esté informada de la situación”, explicó.

Gatilleros en motocicleta

Los signos evidentes de que la inseguridad pública se agravó en Mazatlán, fueron los dos ataques directos que tomaron como blancos al subdelegado del IMSS, y al Hospital General Doctor Martiniano Carvajal, éste último con la amenaza de bomba en el área de Archivo.

El lunes 4 de julio, dos hombres armados desde una motocicleta atentaron contra el funcionario del IMSS, Samuel Lizárraga Camacho, y su escolta, en el semáforo ubicado en las avenidas del Mar e Insurgentes.

De acuerdo con información de policías municipales, Samuel Lizárraga Camacho quedó herido de los balazos en la cabeza, mientras que su escolta, el subteniente retirado del Ejército, Jesús Pérez Mérida, de 53 años, fue herido en el lado derecho del abdomen.

El Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, informó que el arma utilizada en el atentado contra Samuel Lizárraga Camacho, había sido utilizada en un homicidio de un expresidiario, pero no dijo nada sobre los móviles del ataque contra el funcionario del IMSS.

Hasta el cierre de esta edición, el funcionario se encontraba grave.

“Bomba” de pánico

El martes cinco de julio, Mazatlán no se había recuperado de la noticia del ataque armado directo sufrido por el subdedelgado del IMSS, cuando en el Hospital General Doctor Martiniano Carvajal, al sufrimiento de los pacientes se sumó el pánico que produjo la amenaza telefónica de bomba.

En la misma semana, por dos días consecutivos, parecía que los “demonios” armados se habían ensañado contra las instituciones de salud pública, pues mientras Samuel Lizárraga Camacho, funcionario del IMSS, convalecía en una clínica privada, en el Hospital General, algunos pacientes eran evacuados al patio.

Los pacientes, personal médico y administrativo del nosocomio todavía sufrían las secuelas del pánico y el estrés que produjo el asesinato de un paciente cometido el 30 de junio, por cuatro gatilleros que irrumpieron violentamente y asesinaron a uno que convalecía de heridas de bala, dejando herida a la mamá de éste y al policía municipal que lo cuidaba.

Apenas habían pasado cinco días, cuando la voz de un hombre joven, avisó que abandonaran el lugar, porque había una bomba.

“El día que se recibió en el conmutador, una llamada a las 10:15 de la mañana, pidieron hablar a archivo, ya en cuanto nos hablaron de archivo, pidieron que se evacuara inmediatamente, porque dijeron que iba a haber una explosión”, dijo en conferencia de prensa Alberto Tirado Rojas, director del hospicio.

“Nuestro protocolo interno es evacuar las áreas que no son críticas, como son las áreas organizativas, y después el análisis de los pacientes, vimos quién se podía mover por su persona, sacarlo, sí fuera del edificio, pero anexo al edificio”, dijo.

El aviso, agregó, se dio a la zona militar, a la subprocuraduría, protección civil “y ellos estuvieron llevando el protocolo de revisión, ellos ya habían liberado el área B que es de las mujeres, área A, donde están los hombres, Pediatría, Terapia intensiva, área de Nonatos y Quirófano, entre otras áreas. Cabe mencionar que el servicio de Urgencias nunca se detuvo a pesar de la sicosis, los trabajadores se comportaron a la altura, aunque son situaciones que como trabajadores de salud no quisiéramos estar viviendo”, comentó.

—¿Esto pone en riesgo a algunos pacientes sobre todo los nonatos?— se le pregunta al director del nosocomio.

—Se pone en riesgo desde el punto de vista en que se crea pánico. Desde el punto de vista de un paciente que está indefenso, que está estresado y todavía le aumentamos el estrés, pues ponen en riesgo en que se complique su enfermedad. No pusimos a ningún paciente en riesgo en moverlo. Pues esa fue la indicación, el que se podía mover, y esté estable, lo movimos. El paciente que no se pueda mover, se queda en su cama, con su personal al pie de la cama. Le dimos prioridad al resguardo del personal de cargo, enfermerías, pasantes, los médicos de internado y los médicos residentes, se resguardaron en el área de enseñanza para mejor protección. Aparentemente protección nos está liberando en parte el hospital, y esperemos que todo vuelva a la normalidad.