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Jul 132016
 

Foto: Río Doce.

Foto: Río Doce.

Mientras el subdelegado del IMSS sufre atentado criminal y el Hospital General amenaza de “bomba”, el secretario refuerza su seguridad personal.


Río Doce.-
El miércoles 6 de julio, dos días después del atentado sufrido por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Samuel Lizárraga Camacho, la Policía Municipal detuvo a un motociclista en la calle Marli del Fraccionamiento Sábalo Country, portando un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Glock, color negro, serie Khe400, con diez cartuchos útiles.

Según información de los policías, la persona fue detenida para una revisión cuando circulaba en una motocicleta Italika color blanco con gris, DM200 modelo 2016, y mientras el vehículo fue llevado a la Pensión Grúas Madero, el arma fue remitida a la Procuraduría General de la República (PGR).

Ese mismo día, en la tropa policíaca se criticaba que a raíz de la detención del motociclista armado en el sector número cinco, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Antonio Murillo Rojo, había ordenado sacar dos patrullas que vigilaban la ciudad, para reforzar su seguridad personal.

“Le da miedo que le lleguen a su casa a pesar de que cuenta con sendas camionetas Suburban, ambas de color negro, y tres de las patrullas de las más nuevas”, criticó uno de los agentes.

“Trae 16 elementos en su escolta personal, y aun así tiene el descaro de mandar pedir dos patrullas más para su resguardo personal. ¿Qué está pasando en Mazatlán?, pues cuando cualquier policía detiene y remite (a los detenidos a las autoridades correspondientes) hasta desarmado se va a su casa, a él quién lo cuida”, cuestionó otro.

Otro de los agentes inconformes señaló que no es justo si la ciudadanía está indefensa y los policías tienen esa importante tarea de garantizar su seguridad.

“Aparte, el secretario amenaza a los comandantes, ¿qué quiere, detenidos o que le echen chingazos a la gente armada?, ¿qué pasa, quién nos podrá escuchar?, por ello queremos que la ciudadanía esté informada de la situación”, explicó.

Gatilleros en motocicleta

Los signos evidentes de que la inseguridad pública se agravó en Mazatlán, fueron los dos ataques directos que tomaron como blancos al subdelegado del IMSS, y al Hospital General Doctor Martiniano Carvajal, éste último con la amenaza de bomba en el área de Archivo.

El lunes 4 de julio, dos hombres armados desde una motocicleta atentaron contra el funcionario del IMSS, Samuel Lizárraga Camacho, y su escolta, en el semáforo ubicado en las avenidas del Mar e Insurgentes.

De acuerdo con información de policías municipales, Samuel Lizárraga Camacho quedó herido de los balazos en la cabeza, mientras que su escolta, el subteniente retirado del Ejército, Jesús Pérez Mérida, de 53 años, fue herido en el lado derecho del abdomen.

El Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, informó que el arma utilizada en el atentado contra Samuel Lizárraga Camacho, había sido utilizada en un homicidio de un expresidiario, pero no dijo nada sobre los móviles del ataque contra el funcionario del IMSS.

Hasta el cierre de esta edición, el funcionario se encontraba grave.

“Bomba” de pánico

El martes cinco de julio, Mazatlán no se había recuperado de la noticia del ataque armado directo sufrido por el subdedelgado del IMSS, cuando en el Hospital General Doctor Martiniano Carvajal, al sufrimiento de los pacientes se sumó el pánico que produjo la amenaza telefónica de bomba.

En la misma semana, por dos días consecutivos, parecía que los “demonios” armados se habían ensañado contra las instituciones de salud pública, pues mientras Samuel Lizárraga Camacho, funcionario del IMSS, convalecía en una clínica privada, en el Hospital General, algunos pacientes eran evacuados al patio.

Los pacientes, personal médico y administrativo del nosocomio todavía sufrían las secuelas del pánico y el estrés que produjo el asesinato de un paciente cometido el 30 de junio, por cuatro gatilleros que irrumpieron violentamente y asesinaron a uno que convalecía de heridas de bala, dejando herida a la mamá de éste y al policía municipal que lo cuidaba.

Apenas habían pasado cinco días, cuando la voz de un hombre joven, avisó que abandonaran el lugar, porque había una bomba.

“El día que se recibió en el conmutador, una llamada a las 10:15 de la mañana, pidieron hablar a archivo, ya en cuanto nos hablaron de archivo, pidieron que se evacuara inmediatamente, porque dijeron que iba a haber una explosión”, dijo en conferencia de prensa Alberto Tirado Rojas, director del hospicio.

“Nuestro protocolo interno es evacuar las áreas que no son críticas, como son las áreas organizativas, y después el análisis de los pacientes, vimos quién se podía mover por su persona, sacarlo, sí fuera del edificio, pero anexo al edificio”, dijo.

El aviso, agregó, se dio a la zona militar, a la subprocuraduría, protección civil “y ellos estuvieron llevando el protocolo de revisión, ellos ya habían liberado el área B que es de las mujeres, área A, donde están los hombres, Pediatría, Terapia intensiva, área de Nonatos y Quirófano, entre otras áreas. Cabe mencionar que el servicio de Urgencias nunca se detuvo a pesar de la sicosis, los trabajadores se comportaron a la altura, aunque son situaciones que como trabajadores de salud no quisiéramos estar viviendo”, comentó.

—¿Esto pone en riesgo a algunos pacientes sobre todo los nonatos?— se le pregunta al director del nosocomio.

—Se pone en riesgo desde el punto de vista en que se crea pánico. Desde el punto de vista de un paciente que está indefenso, que está estresado y todavía le aumentamos el estrés, pues ponen en riesgo en que se complique su enfermedad. No pusimos a ningún paciente en riesgo en moverlo. Pues esa fue la indicación, el que se podía mover, y esté estable, lo movimos. El paciente que no se pueda mover, se queda en su cama, con su personal al pie de la cama. Le dimos prioridad al resguardo del personal de cargo, enfermerías, pasantes, los médicos de internado y los médicos residentes, se resguardaron en el área de enseñanza para mejor protección. Aparentemente protección nos está liberando en parte el hospital, y esperemos que todo vuelva a la normalidad.

Jun 292016
 

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Marina y Ejército, responsables de crímenes de lesa humanidad en México: Araujo Rivapalacio

Río Doce.- El informe Open Society 2016, dado a conocer recientemente, sostiene que en México se cometieron más de 150 mil homicidios entre el 2006 y 2015 y que muchos de estos crímenes, calificados “atrocidades innegables”, involucran a autoridades federales, estatales y municipales.

El abogado penalista Juan Antonio Araujo Riva Palacio, socio del Despacho Araujo, Acosta, Riquelme y Asociados, señaló que “el Gobierno federal a través de soldados del Ejército y la Secretaría de Marina, ha utilizado a la delincuencia organizada en casi todos los Estados de la República para cometer ejecuciones masivas y crímenes de lesa humanidad que explican el por qué en México hay tantas fosas clandestinas”.

Durante las jornadas internacionales sobre el derecho a la verdad y a la memoria, declaró que testimonios de primer nivel de colegas de la Barra Mexicana de Abogados, revelaron durante una cena organizada para evaluar los esfuerzos en derecho penal, que cuando Valle de Bravo sufrió una ola de secuestros, la Secretaría de Marina —que tenía su Estación en Luvianos—, se dedicó a ejecutar a todo sujeto probablemente responsable del delito y cuando la madre, la esposa o el hijo, se acercaban a preguntar, también eran ejecutados, y así resolvían el problema.

Para argumentar estos atropellos perpetrados por instituciones del Estado Mexicano, explica que en Ciudad Juárez hay testimonios muy escalofriantes de personas que vivieron la guerra sucia contra el narcotráfico y que refuerzan las hipótesis de cómo el Estado aprovechó a estos grupos delincuenciales para poner en marcha su plan de ejecuciones masivas.

Desde luego que los militares y el Gobierno federal no son estúpidos, dice. Las ejecuciones no las hacían directamente. Aprendieron muy bien lo que sucedió en el cono sur del continente. Usaron a grupos de la delincuencia organizada que conocían muy bien a grupos rivales, entre estos pandilleros y ellos se encargaban de señalar y explorar puntos específicos de reunión, sujetos a abatir, y posteriormente llegaban al lugar y ejecutaban masivamente, sin contemplación.

Al preguntarle si estos casos deberán ser denunciados ante la Corte Penal Internacional para que se abra un juicio por crímenes de lesa humanidad y se castigue a los responsables, respondió que estas ejecuciones masivas deben ser recordadas y leerse; analizar cada uno de los casos y ver la resistencia del gobierno federal, antes de llevar los casos a los tribunales.

Pobres, el 95 por ciento de los criminales

En opinión del prestigiado penalista, el derecho penal en México ha sido el derecho penal de los pobres porque más del 95 por ciento de la gente que es criminalizada por el derecho penal, son gente excluida y sin oportunidades.

Y no se necesita una ley de Tres de Tres ni un Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Se requiere un código penal eficaz. Lo que falta es pasar del derecho penal de las clases bajas al derecho penal de las clases altas donde se castigue a los delincuentes de “cuello blanco”.

Considera que hoy en día es muy urgente que se abran los archivos de los últimos dos sexenios para conocer que está pasando en el tema de crímenes de lesa humanidad.

Ya lo decía Renato Sales, recalca, que no se pueden investigar delitos cometiendo otros delitos. Y en este sistema se cometen más delitos en la investigación: cada agente puede llegar a cometer entre 12 o 15 delitos, desde tortura, intervención ilegal y otros.

Abrir el archivo negro

A pesar de que el año pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidos urgió al Estado mexicano la rendición de cuentas sobre la guerra sucia, los archivos “negros” en este país, que se encuentran en el Archivo Histórico de la Nación, aún permanecen siendo sujetos de restricciones, denuncia la directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas.

Los archivos por ley deben ser públicos y no deben estar sujetos a restricciones, señala la abogada en derechos humanos.

Tiene que haber claridad en la ley general sobre la accesibilidad y el proceso de transferencia de archivos de otras dependencias, de acuerdo con lo que establece la ONU. Si no obligamos a esto, “asumamos entonces que la impunidad seguirá, porque estas historias son elementos para castigar a los responsables de los delitos cometidos”.

Con el pretexto de defender el derecho de las víctimas, agregó, el Estado oculta expedientes de abusos y crímenes.

Lamentablemente advirtió que hay intenciones claras no solo de borrar los archivos históricos en la Galería Uno del Archivo General de la Nación y otros, sino de la intención de eliminar archivos históricos locales.

“¿Qué pasará cuando preguntemos sobre los correos entre la PGR y otros involucrados en el caso Apatzingán?”, se pregunta.

Cualquiera los puede eliminar y cada vez se perderá más información si no se toma en cuenta esta Ley General de Archivos que a México le urge para conocer la verdad.

“Estamos hartos de la impunidad, de corrupción pero no hay acciones. Los esfuerzos son vanos en el caso Ayotzinapa, Tlatlaya; Tanhuato, San Fernando, y cuando llegas a tener el caso en manos no pasa nada por la misma corrupción e impunidad”.

Citó el caso de los padres de la Guardería ABC, que se resisten a olvidar a sus hijos. Ellos quieren que la gente se dé cuenta de que sus 49 hijos murieron quemados y no ha habido justicia. Esa es la realidad en que estamos.

Ahora ven los datos personales para restringir la información. La ley en México funciona para restringir, no para garantizar, y esto nos confirma que todas aquellas normas que restringen derechos son las que se aplican, y tan es así que en una evaluación de los 32 organismos garantes de transparencia solo cumplen con el 49 por ciento de las exigencias.

Jun 292016
 

desplazadosCon enfrentamientos violentos y siete asesinados, grupos armados obligan a 250 familias a abandonar sus hogares en los altos de Badiraguato

Río Doce.- Las versiones oficiales del gobierno de Mario López Valdez difieren de lo que cuentan los habitantes de la sierra de Badiraguato sobre los ataques del pasado 11 de junio, cuando un grupo armado arribó a La Tuna, lugar donde nació Joaquín Guzmán Loera, y que provocó que más de 250 familias abandonaran sus casas. Hasta hoy, la mayoría se resiste a regresar.

Mientras que el gobierno aseguró que no hubo personas muertas, algunos de los pobladores contabilizan siete asesinados, entre ellos uno identificado como Ángel, sobrino de Consuelo Loera, mamá del Chapo Guzmán.

A petición de algunos medios de comunicación, el Gobierno del estado, a través de las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, ofreció el martes pasado a reporteros un recorrido por La Tuna y otros poblados vecinos, para que constataran que era una zona segura y que los habitantes desplazados podían regresar.

La cita fue a las cinco de la mañana en las afueras de Palacio de Gobierno. El traslado fue en dos camionetas tipo van, resguardadas por al menos 60 elementos de las policías ministerial y estatal. Ya en Huixiopa, el viaje hacia La Tuna continuó en los vehículos policiacos.

Al llegar al pueblo que vio nacer a Joaquín el Chapo Guzmán, los vehículos se estacionaron frente de la casa de doña Consuelo Loera. La casa, que aunque no es ostentosa destaca de las demás, tiene un pequeño barandal que estaba abierto como invitando a entrar. Cuatro días antes algunos reporteros habían acudido por su cuenta y esa misma puerta se encontraba con candado.

Momentos más tarde arribó a la zona el Coordinador estatal de Seguridad Pública, General Moisés Melo García, y su mensaje fue claro: dejar constancia que la casa de la mamá del Chapo no había sufrido ningún daño, como al parecer algunos medios lo habían sugerido, además de difundir que la zona se encontraba tranquila.

“Yo he encontrado que no hay ninguna destrucción, no hay las casas como habían dicho que estaban quemadas o con impactos de bala, no nos han dicho que hubiera habido muertos, heridos…”, señaló el general Moisés Melo.

Pero al platicar con algunos pobladores de La Tuna se percibe una realidad distinta.

“Fue el viernes (10 de junio), casi como a estas horas (antes de mediodía), llegaron echando bala pues y él (Adrián, sobrino de Consuelo Loera) salió y grito ¡hey no tiren para acá, bola de pendejos! y ya pues dijeron vámonos sobre ese y mátenlo y que no sé qué”, dijo uno de los habitantes.

—¿Nada más a ese muchacho fue al que balearon?

—No, fueron más.

—¿De aquí mismo o de otros pueblos?

—Primero hubo dos en Alisitos, después tres aquí en el rancho (La Tuna) y al día siguiente otros dos.

En ese momento, el general Moisés Melo reiteraba que el mensaje era que existían garantías para que la población regresará a sus comunidades: “hay personal militar, personal de la Policía Ministerial y estatal se encuentran también y no nos vamos a salir”, dijo.

Pero el Gobernador no opina igual que el General. Al día siguiente en conferencia de prensa, López Valdez declaró: “la certeza que les doy es que tenemos presencia ahí, pero también reconozco que no podemos estar todo el tiempo ahí.

“Nosotros vamos a tratar de estar el mayor tiempo posible para que no pase nada, sé que es nuestra responsabilidad, pero ahí el reporte que tengo preliminar, sin ninguna investigación a fondo, porque nadie quiere declarar, es que es una pugna entre familias.

“Yo espero que se arreglen esos problemas que traen y esa sea la mayor certeza que esas personas tengan”, dijo el Gobernador de Sinaloa.

Un día antes, el General García Melo aseguró que se trataba de pugnas entre la familia Guzmán y los Beltrán.

—General ¿está identificado el grupo atacante?

—No, sabemos que es un problema entre familias y pues son los Guzmán y son los Beltrán, no sabemos en realidad cuál sea la causa directa pero sí pues afectó, tan es así que estas familias pues se retiraron.

Miedo a regresar

El jueves de la semana pasada, el Ayuntamiento de Badiraguato reunió en Culiacán a desplazados de las comunidades de Arroyo Seco, La Palma, La Tuna, Huixiopa, Revolcaderos, El Barranco y Nogalito, para entregarles despensas y colchonetas, además de pedirles que regresen a sus casas.

El encuentro fue en un centro comercial ubicado en el norte de la ciudad. La diputada electa Guadalupe Iribe Gascón, actual presidenta del DIF municipal de Badiraguato, invitó a las más de 220 familias que asistieron, a regresar a sus casas, aunque destacó que es decisión de cada quién y no los pueden obligar.

Los pobladores aseguran que todavía tienen temor de regresar, que la presencia militar en este momento no les garantiza nada: “llegan por dos semanas y luego se van”, dijo uno de los pobladores.

Algunos de los pobladores señalaron que salieron prácticamente con lo que traían puesto, porque fueron a avisarles hasta sus casas que tenían que salir y abandonar los pueblos.

“Yo no estaba en mi casa oiga, andaba pa´ con una vecina y ahí me recogió mi hija y nos venimos, no agarré nada”, dijo una de las mujeres.

Algunos de los desplazados llegaron con algunos familiares, pero hay otros que no tenían donde llegar y consiguieron casas, una de ellas alberga a unas 40 personas, entre familiares y vecinos que salieron huyendo de sus comunidades.

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La otra versión de la violencia en Badiraguato

Hay una versión distinta de los hechos ocurridos en la sierra de Badiraguato, que asegura no es una pugna entre las familias Guzmán y Beltrán, como afirmó el gobierno del estado, sino entre Aureliano Guzmán —hermano de Joaquín Guzmán Loera— y la familia Muro Valdez.

Esta versión, recogida entre pobladores de la región en conflicto, asegura que todos los problemas empezaron el 11 de abril del año pasado, cuando Aureliano Guzmán Loera, el Guano, arribó a un rancho propiedad de Ernesto Guzmán Hidalgo, medio hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, quien estaba acompañado por Raúl Astorga.

Aseguran que el Guano ordenó a sus hombres amarrar a los que se encontraban en el lugar, entre ellos dos niños, y les empezó a reclamar haber dado información al gobierno —lo cual dicen fue falso. A pesar de eso, ordenó matarlo junto con Raúl Astorga.

Posteriormente a la fuga de Joaquín Guzmán del penal de máxima seguridad conocida como el Altiplano, en julio del 2015, éste llamó a rendir cuentas al Guano, sobre el asesinato de su medio hermano.

Aureliano habría responsabilizado a Cristóbal Muro Valdez, alias el 02, uno de sus escoltas y hombre de confianza, sobre la información de que supuestamente Ernesto Valdez, los había delatado con el gobierno.

Los pobladores aseguraron que el 15 de diciembre un grupo armado llegó al poblado de Alisitos, en Badiraguato, por órdenes del Guano, llevándose a Muro Valdez, junto con uno de sus hijos que se encontraba en silla de ruedas y seis personas más: todos aparecieron asesinados tres días después.

Lo anterior, se dijo, porque el Chapo Guzmán citó a Muro Valdez, para que le presentara las supuestas pruebas que acusarían a Ernesto Guzmán de lo que aseguraba el Guano.

Por esos mismos días apareció asesinado un hermano de Cristóbal Muro Valdez, de nombre Luis Alberto, que se encontraba recluido en el Penal de Aguaruto.

Aseguran que los meses que Joaquín Guzmán Loera estuvo fuera de la cárcel, antes de ser detenido en Mochis, no hubo inconvenientes con Aureliano Guzmán.

El más reciente hecho, que la otra versión le adjudica al Guano, ocurrió el 10 de junio del 2016, cuando mandó a uno de sus pistoleros, de nombre Obanel Loera, al poblado de Alisitos, en donde levantaron a dos hombres, entre ellos Raúl Muro Valdez, otro de los hermanos de Cristóbal.

Posteriormente los dos hombres levantados aparecieron asesinados en el poblado La Palma.

En respuesta a esto, familiares de los asesinados fueron a La Tuna en busca del Guano. Esta versión niega lo que se había dicho sobre que el grupo armado que llegó a La Tuna pertenece a los Beltrán Leyva, bajo las órdenes de Alfredo Beltrán Guzmán.

Aseguran, además, que nadie se metió a la casa de la mamá del Chapo Guzmán, Consuelo Guzmán Loera, y niegan que tuvo que salir huyendo en una avioneta o helicóptero como manejaron algunas versiones.

Jun 292016
 

Foto: Río Doce.

Foto: Río Doce.



Río Doce.-
Después de las elecciones escaló la metralla; luego de las caras tristes y sonrisas triunfadoras, llegó el llanto desconsolado de madres, hermanos, esposas, hijos, amigos. Los montes sinaloenses se volvieron a teñir de rojo como la sangría maldita y recurrente. De Badiraguato a Mazatlán, de Rosario a Escuinapa.

Así, más de medio estado se sacudió y el miedo se extendió por toda la serranía, por muchos de sus pueblos, rancherías y caseríos. Cientos de vecinos abandonaron sus casas y bienes para ubicarse en las cabeceras municipales a la espera de que pase este vendaval violento que dejó un número indefinido de muertos, producto del enfrentamiento de los grupos que comandan los menores, al menos eso se dice en los medios, de las familias de los Guzmán Loera y Beltrán Leyva.

En el vértice de este enfrentamiento entre ambas familias están las fuerzas de seguridad de los gobiernos federal, estatal y municipal, que parecieran actuar bajo la máxima preventiva de “que se maten entre ellos”, pues es imposible creer que no vean a decenas de camionetas cargadas de gente armada trasladándose de un punto a otro del estado, sin que se encuentren o ameriten su intervención. No tiene lógica, cuando frecuentemente hay retenes en los accesos serranos y hay servicios de inteligencia trabajando las 24 horas del día.

Nada, todo pareció transcurrir sin parte militar, sin reporte policial o tareas de pacificación y protección de la población para garantizar los mínimos de seguridad pública. Fueron los personeros de los bandos en conflicto los que sugirieron a los habitantes que abandonaran sus comunidades si no querían quedar en medio de la refriega. Aquellos obedecieron y salieron con lo que podían de La Palma, La Tuna o Arroyo Seco. Después los invita a regresar a sus lugares de origen. Según ellos no había nada qué temer. Algo debe respaldar esta afirmación, aunque de seguro persiste el miedo entre los lugareños.

Más, cuando en plena incursión, el alcalde de Badiraguato recomendó a la prensa no arriesgarse subiendo a la sierra. Sabe lo que sucede en esos montes inhóspitos. La persecución y resistencia estaba en marcha. La madre del Joaquín el Chapo Guzmán salió de La Tuna literalmente volando con destino desconocido. El gobernador aclara que no está secuestrada. Ni lesionada. Qué está a salvo. Aun cuando en su pueblo hay cinco muertos de bala.

Simple estadística, como los siete descuartizados en la sierra del municipio de Rosario, donde nadie sabe nada. Como esas familias velando a sus muertos en medio del llanto y un calor que pronostica el infierno. Una tierra quemada por quienes viven en los centros urbanos. Que exhiben sus camionetas 4×4, su gusto por las armas y la violencia.

Son historias del poder sumergido. Ese que brota cuando menos se piensa como un venero de agua en esos montes. Y su hilo se extiende con rapidez extraordinaria. El que conecta en estos días por la venganza de viejos y nuevos agravios en el Cártel de Sinaloa. La lucha por el territorio luego de que fue detenido el legendario Chapo Guzmán y su jefe de sicarios, Orson Iván Gastélum Cruz, el Cholo Iván.

Allá arriba, en lo más recóndito del anonimato, hay quien mira condescendiente la riña que se traen los hijos de sus antiguos socios. No busca poner orden. Deja que la confrontación siga su curso. Cuando se defina quién es el vencedor, seguramente se sentará y explicará el ABC del negocio y la importancia de la discreción. La necesidad de no calentar plazas, regiones y el necesario respeto de las familias, que se rompió con la llegada de pistoleros a La Tuna, a la casa de la madre del Chapo Guzmán.

De llevar las cosas en lo posible en paz y saber qué tornillo apretar para poner a su servicio a políticos en cargos de gobierno. Saben algunos de ellos en deuda. Hay compromiso no escrito. Conocen cómo se paga la traición, la deslealtad, hacer el loco.

Por eso desde el gobierno, ahora y mañana, cuando suceden estos ajustes entre familias, no se meten literalmente entre las patas de los caballos. Simulan. Hacen declaraciones retóricas, acuden al discurso del estado de derecho, pero no interfieren, dejando que se maten y dejan frecuentemente a la buena de Dios a esos vecinos serranos.

No hay nada qué hacer, es tierra vedada, tierra quemada. Son los procesos naturales de depuración del cártel. Y eso se resuelve en familia. No hay porque hacerse presente, si no es tu problema. Menos, todavía, cuando es después de unas elecciones en la que se apoyó financiando, inhibiendo, ayudando a ganar.

Esperando a que lo político tuviera su tiempo. Su eco de triunfos y derrotas. Ahora está el suyo, exclusivamente suyo, por eso no quieren testigos, ni hay quien lo quiera ser. Quieren el terreno solo. Que nadie estorbe. Hay una nueva guerra en el triángulo dorado, donde ni papeletas electorales quedaron.

Jun 292016
 

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Río Doce.- El Gobierno del Estado no ha podido resolver el problema de los desplazados de 2012 y ya enfrenta nuevos desplazamientos forzados por la violencia.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado (Sedeshu), son aproximadamente 690 familias las que viven desplazadas desde hace cuatro años.

La dependencia estima que son alrededor de 2 mil 700 personas las que permanecen sin poder volver a sus comunidades.

A esas personas se suman al menos 300 familias que huyeron de los poblados de La Tuna y otros de Badiraguato, por los enfrentamientos entre el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el de Sinaloa.

La Sedeshu estima que en promedio son 4.5 personas por familia en la zona rural del estado, lo que significaría que el número de desplazados por la violencia aumentó a más de cuatro mil 50 personas.

De acuerdo con la dependencia, las personas no han regresado a sus comunidades debido a que consideran que no hay condiciones de seguridad para hacerlo.

Los desplazamientos de los últimos cuatro años han ocurrido en los municipios de Culiacán, Escuinapa, Mazatlán, Sinaloa, Choix, Mocorito, Badiraguato, Ahome, Concordia y Angostura.

El Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, afirmó que en Badiraguato ya hay condiciones de seguridad para que los habitantes regresen.

“Hay un grupo permanente (de policías y militares) que se están analizando las posibilidades no solamente de mantenerlo un par de semanas sino mantenerlo de manera definitiva para dar seguridad a los habitantes”, dijo.

Desplazada dos veces

Desde hace cuatro años y cinco meses, Esperanza Hernández Lugo vive en una casa que no es suya, en un pueblo que no es el suyo; y una vida diferente a la que tenía.

Ella ha sido desplazada dos veces, primero de su comunidad en Sinaloa municipio y luego del estado, debido a que recibió amenazas y tuvo que irse a la Ciudad de México unos meses.

La mujer originaria de Ocorahui actualmente vive en el estado, pero el mes pasado fue amenazada otra vez para que deje el movimiento social que encabeza a favor de los desplazados.

Esperanza es de las miles de personas que en 2012 tuvieron que dejar sus pueblos por la ola de violencia que los azotaba y el temor a morir en los tiroteos y matanzas que se registraron en esa zona.

Es también parte de las 690 familias que desde hace cuatro años viven en casas de parientes o rentadas, que no han regresado a sus pueblos.

Para Esperanza, representante de los desplazados de Sinaloa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno del Estado no ha podido resolver ese problema pues solo simula que lo atiende.

El Estado solo los atiende con despensas y consultas médicas pero no garantiza la seguridad en sus comunidades para que puedan volver y eso, dijo, es lo que más anhelan.

En su caso, desde abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado Mexicano garantizara su seguridad debido a que fue amenazada, pero a la fecha está abandonada a su suerte y amenazada otra vez.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le retiró los rondines de vigilancia que tenía en su domicilio y lo único que recibe de la fiscalía es una despensa cada mes.

Con el gobernador Mario López Valdez ha estado pidiendo audiencia desde enero y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la atendió por última vez en agosto del año pasado.

Con el desplazamiento de vecinos de Badiraguato la semana pasada, Esperanza revive “el horror, la desesperación, la tristeza, el dolor, la rabia, la impotencia, la frustración e incertidumbre” que vivió ella cuando tuvo que dejar su casa.

Y también, ve más lejana la posibilidad de que ellos puedan regresar a sus pueblos, pues los nuevos desplazamientos demuestran que la sierra todavía es un lugar peligroso.

Desde junio de 2011, recuerda, se acabó la tranquilidad de su pueblo con la irrupción de un grupo armado que sembró el horror en las comunidades alteñas.

“Patrullaban las comunidades en varias camionetas amenazando, hostigando en medio de fuertes balaceras llegaban a los comercios tomando lo que querían sin pagar nada, incendiando y asesinando a quien se oponía.

“En ese infierno soportamos todos esos meses aferrados a no perder lo que era nuestro y tanto nos había costado, fue el día 12 de enero de 2012 que no pudimos soportar más, estábamos enfermos de miedo y de tristeza, recoger los difuntos se hizo tarea de las mujeres, la mayoría de los asesinatos, no hubo presencia de las autoridades”, expresa.

Solo con lo que traía puesto junto con el resto de los pobladores, dejó su casa y todo lo que tenía para trasladarse a otro lugar.

Ese día, recuerda, no solo perdió amigos y vecinos y sus bienes materiales, también la estabilidad emocional, social y económica, sus raíces, sus costumbres y la seguridad de vivir en un lugar propio.

Durante semanas clamaron ayuda de las autoridades para poder recuperar sus pueblos pero nunca la obtuvieron.

Allá en la sierra de Sinaloa municipio, los habitantes contaron 36 pobladores asesinados en esos días y los cuerpos allá se quedaron pues las autoridades nunca subieron.

“Enloquecidos solo pensamos en huir, solo con lo que traíamos puesto ante la amenaza de que tomarían la comunidad y reclutarían a los hombres, huimos llenos de dolor dejando ahí tirados los cuerpos de nuestros vecinos”.

Desde entonces lamenta, están solos, sin el apoyo gubernamental que garantice que pueden regresar a los pueblos que dejaron hace cuatro años.

“A lo largo de estos cuatro años y cinco meses de lucha, uno de los obstáculos más grande ha sido la insensibilidad de las autoridades así como de la sociedad civil”.

Despensas y colchonetas

El subsecretario de Desarrollo Humano, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, mencionó que en la entidad la cifra de desplazados alcanzó poco más de mil 400 familias en 2012.

Señaló que la dependencia solo los apoya con lo que está dentro de sus facultades como despensas, colchonetas y los acerca al Servicio Estatal del Empleo para que consigan trabajo.

Más de la mitad decidieron regresar a sus poblados y habitar de nueva cuenta sus viviendas.

Señaló que el resto decidieron quedarse a vivir en otros municipios o consideran que todavía no hay condiciones para volver a sus pueblos.

Hasta el reporte trimestral más reciente que tienen de los Alcaldes, en 10 municipios todavía permanecen alrededor de 690 familias desplazadas.

Comentó que esas personas viven con familiares y otras optaron por rentar casas y buscaron trabajo.

“El único lugar que nos ha faltado la atención y se deriva de diversas circunstancias es en el municipio de Salvador Alvarado, Guamúchil, hay un grupo de desplazados de Sinaloa de Leyva, de Ocorahui que tiene que ver en el seguimiento que se les dio, de 113, 114 familias, aceptaron solamente 30 familias que son desplazadas”, dijo.

En algunos casos como Concordia ya están ubicados en un lugar donde se les asignaron lotes, se les otorgaron servicios y en algunos casos se le construyó vivienda, igual en Sinaloa de Leyva.

En el caso de Sinaloa municipio, Esperanza Hernández, confirmó que construyeron viviendas, pero éstas no contaban con los servicios básicos, además que les pedían 15 mil pesos.

Las casas que construyó el Gobierno Estatal, indicó, nunca fueron habitadas por los desplazados y permanecen abandonadas.

De acuerdo con un informe sobre desplazamientos internos de la Cámara de Diputados, la violencia entre comunidades y la violencia criminal han sido las principales causas de desplazamiento en México, en especial como consecuencia de la violencia generada por los cárteles de la droga, cuyos actos habrían ocasionado el desplazamiento de miles de personas a partir de 2007.

En el caso de Sinaloa, establece que los desplazamientos han ocurrido únicamente por violencia, mientras que en otras entidades también se presentan por fenómenos meteorológicos y problemas religiosos.

La información disponible, indica el documento, sugiere que donde ha habido estallidos críticos de violencia, se ha producido una ruptura del orden social tradicional seguido por el desplazamiento interno.

Las organizaciones criminales ya no sólo se pelean por las rutas de tráfico de drogas, aspiran a controlar cada vez más territorio en general y estos actos de violencia han obligado a las personas a huir de forma individual y en masa en las zonas rurales y urbanas.

Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indica que en poco más de cinco años del gobierno de Mario López Valdez, alrededor de 33 mil personas fueron desplazadas por la violencia, sobre todo en municipios ubicados en la zona serrana.

Invisibles para el Estado

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos el desplazamiento forzado interno es un problema invisible por las autoridades.

El informe especial Desplazamiento Forzado Interno señala que es un fenómeno no reconocido oficialmente, por lo que es necesario que el Estado Mexicano adopte una postura al respecto y emprenda acciones específicas para su atención.

“Quien sufre un desplazamiento forzado en nuestro país queda en vulnerabilidad, tanto por las condiciones inherentes al hecho mismo del desplazamiento, como por la falta de normas y capacidades institucionales específicas para la protección, acompañamiento y asistencia a las víctimas”, señala.

La dificultad para abordar este tema, indica, empieza desde el hecho de que no existe una norma que establezca qué se debe entender por desplazamiento forzado o un marco de actuación.

Además, no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de víctimas.

El organismo pidió al Gobierno Federal y a los 31 gobiernos estatales crear una política pública integral en derechos humanos para proteger y garantizar los derechos de las víctimas, así como formular protocolos de atención para autoridades, corporaciones y funcionarios.

May 312016
 

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Esta semana en Guasave, Sinaloa y El Fuerte: torturas, asesinados, desaparecidos, tiroteos en las calles…

La población civil de los municipios de Guasave, Sinaloa y El Fuerte, en el norte de Sinaloa, entró en pánico debido a la serie de tiroteos en las calles transitadas y a plena luz del día, de los asesinatos a sangre fría y de las privaciones de la libertad que se incrementaron en la víspera de las elecciones locales.

El horror se incrementó cuando las fuerzas policiales se pasmaron ante los cruentos hechos, y peor aún, cuando éstas fueron involucradas en el ataque, por omisión y complicidad. Se llegó al clímax del espanto cuando los gobiernos de los tres municipios minimizaron los hechos y aseguraron que la situación de inseguridad pública “es normal”.

La escalada de violencia tuvo su auge en Estación Naranjo, una zona marginal de la confluencia de los municipios de El Fuerte, Sinaloa y Guasave, y que es cuna del gobernador Mario López Valdez.

Siendo una zona netamente agrícola, pero puerta obligada para arribar a la zona productora de mariguana y amapola de la serranía del municipio de Sinaloa, las calles del centro de Estación Naranjo se convirtieron en zona de guerra durante al menos 10 minutos, cuando un grupo de gatilleros, que presuntamente defendía la plaza, emboscó a otro que aparentemente recién la acababa de invadir, resultando tres muertos a balazos.

Tras el tiroteo y en presencia de impávidos policías municipales y estatales, uno de los grupos armados retornó al lugar, estudió la fisionomía de los muertos, arrastró los cadáveres y se los robó, evitando que la autoridad ministerial diera fe del fallecimiento

De acuerdo con testigos, el tiroteo sucedió alrededor de las 12:00 horas del pasado jueves, en el cruce de Morelos y Bruno B. García, intersección que inicia la carretera hacia el poblado Ocoroni.

En el lugar quedaron abandonadas y con las portezuelas abiertas dos unidades de color blanco, y ambas de modelo 2016. Se trata de una Jeep línea Cherokee, que según informe policial fue robada con lujo de violencia en Guasave, y una Volkswagen tipo Amarok, despojada a mano armada en Los Mochis.

Tras el tiroteo, la población se sumió en un nervioso mutismo.

Hasta ahora, la información oficial del caso es confusa, pues indica el hallazgo de las unidades, rastros de sangre, residuos de masa encefálica, chalecos tácticos, un fusil, y más de cien cascajos percutidos.

“Solo encontramos dos camionetas impactadas por proyectiles de armas de fuego y rastros de sangre. En estos momentos las investigaciones se realizan en la zona, y hay grupos de ministeriales en busca de los autores y en el rastreo de probables víctimas. Las unidades coinciden con las características de otras que participaron en algunos hechos violentos”, informó Arnoldo Serrano, subprocurador regional de justicia.

El tiroteo fue la conclusión de una semana de horror para esta zona, pues el 17 de mayo había comenzado en la vecina sindicatura de San Blas, El Fuerte, con el secuestro de José Miguel Ruiz, hijo del coordinador del sistema Enlace Magisterial y regidor en el Ayuntamiento de El Fuerte, Mario Ruiz. Este es el segundo plagio que sufre la familia del político.

Al día siguiente, el miércoles 18 de mayo, se montó un operativo de búsqueda y rescate con las policías municipales de Ahome, Guasave y El Fuerte, con apoyo de la Policía Ministerial acantonada en San Blas.

En un retén que ese grupo de persecución de secuestradores había instalado en la intersección de las carreteras secundarias Los Mochis-El Fuerte-ramal San Blas-Ocoroni, fueron levantados los jóvenes primos Jesús Alberto Pérez Beltrán y Julio César Beltrán Ramos, de 23 y 20 años, respectivamente, ambos residentes del poblado Los Tablones, Sinaloa, y hacia donde se dirigían para recoger un dinero. Fue la última vez que se les vio con vida.

En una denuncia de desaparición forzada interpuesta en la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa Zona Norte, Aracely Sepúlveda Sauceda informó que la familia de ambos contó que de acuerdo con testigos, los primos fueron vistos siendo auxiliados por patrulleros pues la motocicleta en que viajaban se había ponchado.

En informes oficiales, las cuatro corporaciones policiacas involucradas en la operación del rescate del secuestrado negaron haber consumado la detención de los primos, y minimizaron la denuncia.

Una semana después, el miércoles 23 de mayo, los cadáveres de los primos fueron encontrados en las polvorientas calles del poblado Jiquilpan II. Habían sido torturados durante siete días, pues la noche anterior se dejaron oír los rafagazos de fusiles. Sobre los cuerpos, los victimarios dejaron un mensaje: “Esto les pasará a todos los chapulines”.

La familia de los primos desmintió esa imputación y denunciaron que era una maniobra policial para evadir la responsabilidad de la desaparición forzada y ahora asesinato de los muchachos, que trabajaban como choferes de un camión de traslado de estudiantes.

Cinco horas después del hallazgo de los cuerpos de los primos, tres hermanos originarios del mismo poblado, pero residentes de la colonia La chuleta de San Blas, que resultarían ser el padre y dos tíos de Julio César (uno de los primos asesinados). Santos, Enrique y Emigdio Rosalío Beltrán Beltrán, de 48, 32 y 25 años de edad, respectivamente, fueron también perseguidos y privados de la libertad en forma violenta. Acompañado de mujeres, que resultaron ilesas en el atentado, viajaban en una camioneta rumbo a Los Mochis para identificar a los jóvenes asesinados, pero desaparecieron en la sindicatura de Mochicahui.

Hasta ahora, las autoridades no han brindado información sobre los crímenes a los cinco miembros de una sola familia de Los Tablones, Sinaloa.

Polvos de aquellos lodos

Esa comunidad ganó fama en la década de los 80, cuando Francisco Labastida Ochoa gobernaba Sinaloa. Por primera vez en la historia estatal, un gobernador había reestructurado la entonces intocable Policía Judicial del Sinaloa. Las equipó con patrullas Chevrolet Cheyene, descontinuó las viejas carabinas M-1, escopetas calibre 12 y los revólveres, para armarlos con AR-15 largos y pistolas; desechó las añejas radios de comunicación y los dotó de radios que por primera vez encriptaban la señal, y uniformó a los policías. También trajo mandos chilangos.

Los nuevos mandos crearon grupos para cazar a presuntos gavilleros conocidos como los Gamma. Y uno de los comandantes a cargo más sanguinarios era Joel Velazco Flores, un mochitense. Los gavilleros estaban convertidos entonces en los principales delincuentes comunes de la entidad por constantes asaltos bancarios, secuestros de agricultores y atracos a tiendas de raya de empaques.

En la zona norte, sobresalía uno: Miguel Ángel Beltrán Lugo, conocido por los apodos del Ceja Güera, o el Güero, y cuya zona de confort estaba desde San Blas y El Fuerte, pasando por Los Tablones, El Gallo, Ocoroni, Estación Naranjo y la cabecera de Sinaloa, hasta Guasave; y tomó a Mochis como su ciudad de descanso.

En 1988, Velazco Flores incursiona en Los Tablones y asesina a tres muchachos de apellido Beltrán, emparentados con Miguel Ángel Beltrán. Un año después, en la zona de tolerancia de San Blas, un policía municipal mata a sangre fría a otro primo del entonces ya conocido gavillero y éste responde con la misma violencia, y extrae de los grupos policiales a los que consideraba responsables, y termina masacrándolos bajo las torres de alta tensión del poblado Jiquilpan II, el mismo sitio en donde los primos serían encontrados sin vida, 27 años después de aquellas primeros asesinatos masivos.

Después, Velazco y Beltrán se encuentran en La Mojonera, Sinaloa. Se enfrentan a balazos. El policía recibe un tiro en la cara, pero sobrevive.

Ya como lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fundador del Cártel de Sinaloa, Miguel Ángel Beltrán Lugo es asesinado a balazos en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el 6 de octubre de 2004, en tanto que Joel Velazco Flores muere de un tiro en un negocio de renta de videos, en Guamúchil.

No son todas las muertes masivas que sacudieron a Los Tablones, pues en el 2005, cuatro mujeres, una de ellas embarazada, fueron asesinadas a balazos en una emboscada, que entonces fue ligada a una venganza por un homicidio anterior.

Quienes cayeron abatidas por ráfagas de rifle de asalto AK-47 cuerno de chivo, fueron identificadas como Marina Román Sauceda, de 52 años, Blanca Gallardo, de 40 años; Claudia Román Gallardo, de 18; y Claudia Pérez Beltrán, de 26, esta última aparentemente hermana de Jesús Alberto Pérez Beltrán, uno de los primos asesinados recientemente.

Guasave, zona de miedo

La población de este norteño municipio se encuentra bajo zozobra constante debido a macabras decapitaciones, desaparición de personas y la tortura a funcionarios municipales, ante un ayuntamiento pasivo y la falta de respuesta policial.

Lo más reciente fue la privación de la libertad, golpiza y liberación del adolescente Juan Alfonso, “N”, de 16 años, en la comunidad de Pueblo Viejo, y la ausencia de Obed Aarón Meza Miranda, de 26 años, quien vive en el poblado Ruiz Cortines número 2. Ambos fueron capturados por hombres armados, señalan escuetos informes policiales.

A estos dos casos se suma la desaparición, tortura y posterior liberación del comisario municipal del campo pesquero el Huitusi, Isidro Acosta Sepúlveda, de 39 años; la ausencia forzada del biólogo pesquero Alejandro Nolasco Orta, desde el 6 de mayo en el campo pesquero La Pitahaya, y el abandono de una cabeza humana dentro de una hielera, en la calle Japaraqui, entre Uno y Dos, en Juan José Ríos.

Aunado a todo, el dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, denunció que miembros de la delincuencia organizada le impiden realizar campaña electoral en Batamote, Guasave, y en el municipio de Sinaloa.

Policía enredada

—Los primos Jesús Alberto Pérez Beltrán y Julio César Beltrán Ramos, de 23 y 20 años, respectivamente, desaparecieron en mayo. La familia culpa a las policías de Ahome, Guasave y El Fuerte.

—En febrero, después de ser perseguidos por policías de Ahome, desaparece en Juan José Ríos la pareja de Zumiko Lizbeth Félix Ortega y Eduardo González Rodríguez.

—En diciembre del 2015, los culichis Sergio Ernesto Ceballos López, Carlos Omar Pérez Rodríguez, Jesús Ceballos López y Francisco Antonio Ceballos Jiménez, desaparecen después de ser detenidos por la Policía de Ahome.

—En junio del 2015, los jóvenes David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos, desaparecen después de un chequeo de rutina de la policía de Ahome.

Mirna Nereyda Medina Quiñónez, líder de “las Rastreadoras” asegura que en el 90 por ciento de los 200 desaparecidos en el norte de la entidad hay involucrado al menos un policía.

Apr 092016
 

infografia muertes 2016

 

México es el país de la guerra y de la muerte, tan solo en febrero de 2016 según la última encuesta del SNSP se cometieron 99 asesinatos diariamente. Para muchos sólo son números y estadísticas que son para otros, la tragedia y el dolor infinito como en el caso de los desaparecidos que también se contabilizan por decenas de miles.

Como en el primer reportaje de datos sobre el tema de los asesinatos en México de Objetivo7, nuevamente se encuentran inconsistencias en el número de asesinatos que deja la guerra del narco y que cada vez se exacerba más, al grado que, hasta la televisión mexicana, oficialista, como Hechos de la Noche de Televisión Azteca ha puesto el dedo en el renglón. La guerra ya no se puede ignorar más: la fórmula de la censura no funcionó.

Así, por ejemplo, mientras el Sistema Nacional de Seguridad Pública da una cifra de 42 asesinatos dolosos en Aguascalientes de enero a diciembre de 2015 para el semanario Zeta son 123, casi el triple y es que la muerte en México es tan macabra que el homicidio se esconde de inmediato: se ocultan los cadáveres y casquillos de las batallas aunque la sangre queda marcada en las calles pavimentadas, empedradas y terracerías de ciudades y pueblos a lo largo y ancho del territorio nacional como un recordatorio de la violencia, como una mancha indeleble, como una eterna desgracia…

 

Infografías/reportaje/fotos: Objetivo7/Cuauhtémoc Villegas Durán

 

El Norte de México

 

Huanusco, Zacatecas.- Aquí, en México, la muerte no tiene número y los levantados se vuelven fantasmas que aún viven por aquí y por allá. Era la madrugada de un fin de semana, cerca de la Cruz de bienvenida en el pueblo vecino de Jalpa, cuando seis hombres armados que viajaban en una camioneta cerrada decidieron pasarse el retén del alcoholímetro instalado por la Policía Federal Preventiva (PFP).

Los elementos de la PFP ni siquiera se molestaron en seguirlos, sólo llamaron por radio al cartel del Golfo y en base a claves inició una persecución en el crucero de la comunidad de la Villita frente a la destiladora de Mezcal del Real, que se asegura por estas tierras, pertenece a Ricardo Monreal Ávila, delegado de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, cacique de Fresnillo y grandes regiones de Zacatecas donde fue gobernador y el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador: su heredero político.

Los seis hombres armados de inmediato llegaron al pueblo de Huanusco donde ya los aguardaban para emboscarlos.
Halcones y sicarios se movilizaron y empezaron las claves de la alerta roja por medio de sus wokies tokies. Los ubicaron para finalmente encajonarlos y darles muerte a cinco de ellos y uno que se llevaron herido al igual que los cuerpos y los casquillos. Nunca se supo dónde quedaron los cuerpos y no hubo peritos ni prensa en el lugar de los hechos: no hubo muertos oficialmente, ni en los diarios, aunque la sangre duró semanas impregnada en la calle empedrada en la salida a la comunidad de Arellanos al oeste de Huanusco. Estos muertos no existen, nadie los contabilizó, lo mismo pueden estar en un basurero que en una fosa común, cocinados en ácido para desaparecerlos completamente o arrojados con piedras en la presa de Moraleños donde los cuerpos abundan al igual que en las demás presas de este estado. Todos estos muertos no aparecen en las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), ni del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ni en las procuradurías de los estados o la federal porque no son casos que se presentan ante el Ministerio Público.

En este pueblo zacatecano es común ver halcones (espías) de 14, 15 años con su radio en la mano, caminando por el pueblo, vigilando los movimientos de propios y extraños. Están distribuidos por todas las entradas y salidas del municipio, en el centro y por todo el pueblo donde dominan a la policía municipal. En este pueblo El F1 o El Panchillo, líder del cartel del Golfo eliminó a los zetas (La historia la cuenta el famoso cuarteto de los Tucanes de Tijuana) aunque en el norte del estado la lucha sigue sin cuartel, especialmente en Fresnillo donde los zetas contarían con la protección del ejército mexicano por lo que no han podido ser erradicados, sin embargo casi todos los que llegaron del golfo de México a hacer la guerra han sido ejecutados: tamaulipecos, veracruzanos, tabasqueños. Nadie puede salir después de la diez de la noche desde que los Beltran Leyva tratan de incursionar en este pueblo donde ya es posible invertir sin temor a ser secuestrado o asaltado ya que el mismo cartel del Golfo apalea a los ladrones y secuestradores. Algunos mueren en las palizas que son con cualquier tabla o polín en todo el cuerpo, excepto, en la cabeza. Una de las últimas palizas ordenadas por El F1 fue contra un policía del vecino pueblo de Tabasco que secuestró a un adolescente de 16 años.


El sureste, en pugna constante

 

El poder del narco en este país es tal, que coludidos con las mismas autoridades que deberían atacarlos, los zetas en Cancún esclavizan indígenas que venden para prostitutas en burdeles clandestinos, para ser amantes, sirvientas o para vender productos en las calles y en las playas y servir de espías como sucede con los hombres. En Cancún, Quintana Roo quemaron un bar abierto y con familias con niños dentro por no pagar plaza: el bar se llamaba Anaconda. Un elemento de la SEIDO confirmó a Objetivo7 toda la información recabada.

También, los mismos zetas rafagean bares con sus rifles de asalto AR-15 conocidos como “cuernos de chivo” y venden terrenos federales de selva virgen y otros en un fraude millonario a través de anuncios en internet como la página Vivanuncios. Incursiones del cartel Jalisco Nueva Generación en la lucha por la plaza no han logrado instalarse apenas este mes hubo un enfrentamiento donde fueron detenidos doce sicarios de este grupo armado. Cancún se divide en sectores: los más importantes que son la zona hotelera y Playa del Carmen pertenecen al cartel del Golfo mientras que la ciudad se divide entre el cartel de los Pelones y el de los Zetas, que es el grupo más sanguinario y cruel.

En este estado abundan las fosas comunes ya sea en la selva o en terrenos y casas de la ciudad, pero también desaparecen los cuerpos en el mar en los estómagos de los tiburones, en los cenotes o cocinados en ácido, son cientos de personas las que no van a las cuentas oficiales.

 

El Centro de México

 

Otros estados como Aguascalientes en el centro de la república mantienen un sólo cartel, el de La Oficina que se considera un brazo armado del cartel de Sinaloa aunque algunos dicen que pertenece a los Beltran Leyva. Lo que le da mayor paz y menos crímenes al estado, aunque el abuso en la venta de drogas como el cristal han aumentado los delitos como el robo a casas y personas en las calles. Muchos ciudadanos han optado por abandonar sus casas en inmensas colonias conflictivas de la periferia que no dejan de crecer sin los servicios adecuados como La Ribera, Cartagena, Torremolinos, Villas de Nuestra Señora de la Asunción por mencionar algunos donde abundan los cholos y tumbadores (ladrones de calle), que son constantemente abusados y, golpeados y ultrajados por las policías coludidas con los grandes capos y delincuentes, como se ha demostrado hasta el cansancio en los medios de comunicación al grado de que policías han sido procesados por servir al narco y asesinar hasta a sus propios compañeros.

Sin embargo, fuentes policiacas del más alto nivel en México y un informante de la Drug Enforcemnet Administration (DEA) han confirmado a Objetivo7 que Aguascalientes no es una pera en dulce y que es un estado con un alto nivel de criminalidad ocultada por los grandes medios de comunicación y es que, por ejemplo, Televisa Aguascalientes ni siquiera da cobertura a los asesinatos ni a la nota roja, salvo excepciones.

Secuestros, asesinatos y desapariciones, especialmente de jóvenes mujeres se dan en el estado, pero incluso existen niños desaparecidos desde hace años, lo que no figura en ninguna de las estadísticas del INEGI, SNSP, medios de comunicación ni nadie lo sabe cómo en Zacatecas o en Cancún donde Objetivo7 ha realizado recorridos e investigaciones sobre la realidad de la guerra en México. En San Francisco de los Romo, Aguascalientes, un joven salió una mañana en su carro y nunca volvió. El caso no está registrado en ninguna institución del Estado mexicano por temor a que maten al desaparecido. No es el único caso, en las redes sociales es común encontrar posts de personas que buscan a sus familiares desaparecidos.

Y es que en todos lados se cuecen habas: en abril del 2015 unos días antes de iniciar la Feria Nacional de San Marcos (la más grande de México y con mejor cartel taurino del continente americano), el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América emitió una alerta máxima a sus ciudadanos para evitar entrar en casinos de Aguascalientes y de otros 20 estados. Unos meses después en encargado del Casino, Alejandro Ceja Rodríguez y del Palenque de la Feria, un querido amigo del gobernador Carlos Lozano de la Torre, el cual fue asesinado a tiros en la cabeza en un lujoso restaurante de Monterrey. Desde el inicio del sexenio se le acusó a este sujeto de estar vinculado como lavador de dinero de los zetas en el periódico La Tribuna que editaba el periodista local Rodolfo Franco. Lozano lo defendió hasta muerto: quería que se defendiera, pero ya estaba muerto. En la página lópez-dóriga digital este gobernador aparece en el post donde se informa de los implicados en “Los papeles de Panamá”. El gobierno del estado se limitó a decir que no tiene nada que ver en el asunto el gobernador Lozano.

 

 

 

La CDMX, asediada por los carteles

 

En la ciudad de México en donde se reporta que al menos 7 carteles operan, la violencia por el narco se ha recrudecido mientras la forma de operar de la delincuencia cambia al verse vigilados por cientos de patrullas, policías y cámaras en las principales calles y lugares de recreo y negocios de la megalópolis, la segunda más grande del mundo.

A diferencia de la época priísta, cuando la guerrilla de Chiapas explotó contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), que la policía se limitaba a perseguir e identificar a la oposición y las calles del centro y la plaza de la Constitución se veían en penumbras y en soledad al oscurecer hasta el amanecer y se vivía a merced de la delincuencia, hoy, los miembros del Estado Mayor (La guardia del Presidente de México) corren en la madrugada a las cinco de la mañana desde el palacio Nacional hasta la Torre Latinoamericana de ida y vuelta y de vuelta e ida, mientras las patrullas y las cámaras observan a los ciudadanos que empiezan a circular y a los cientos de pordioseros que buscan refugiarse del fuerte viento frío, en las puertas de los palacios centenarios y en los recovecos de la estación del metro hasta que la policía los empieza a levantar para correrlos de nuevo a la intemperie, al hambre, a la cruda… es entonces que los delincuentes operan para no ser vistos dentro de los edificios del centro donde roban bolsos, dinero, joyas, teléfonos celulares, mientras los grandes criminales se esconden en los barrios más peligrosos e inaccesibles y han tomado la ciudad en sus manos pese a que el Gobierno Federal pinte de colores bonitos las colonias que en las calles se llenan de sangre y que no escapan a los ojos de quienes llegan a través de las distintas entradas carreteras.

Documentos de Transparencia obtenidos en 2011 –año en el que Mancera era Procurador General de Justicia capitalino– así como informes de la Policía Federal reportan que en la capital del país operaban el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, la Familia Michoacana e incluso una célula de los Mara Salvatrucha, así como otras organizaciones locales del crimen. ( http://www.informador.com.mx/mexico/2013/463389/6/al-menos-siete-carteles-de-la-droga-operan-en-el-df.htm ).

 

La muerte en México, sin números confiables

 

Uno se encuentra en México con la muerte en todas partes: en las calles, las brechas, las carreteras, casas habitadas y abandonadas, lotes, ranchos, plazas, estadios, mercados, bares, restaurantes, hoteles, periódicos, revistas, televisión, radio, internet o por oídas o, se vive, en carne propia…

También los asesinos caminan impunes de tantas muertes porque, simplemente las averiguaciones previas de sus crímenes no los señalan, no los acusan, no hay testigos, no hay pruebas, solo la macabra muerte sin un número real, confiable, datos a modos, utilizados como arma o escudo, según quien los difunda… En México sólo el 2 por ciento de los delitos es investigado…

Los gobiernos hablan de triunfo y paz en una guerra que los ciudadanos ven perdida para el Estado mexicano, que, por supuesto, minimiza las cifras de la derrota y el mar de sangre que impide contabilizar el número de homicidios, asesinatos de personas, seres humanos, muertos sin registro, enterrados, calcinados, “cocinados” (1) y hasta fumados, perdidos en la vorágine de la violencia, en la barbarie sin sentido, en el absurdo de la guerra…

Los análisis a los datos de las diferentes instituciones y medios de comunicación mexicanos arrojan una verdad contundente: nadie sabe cuántos homicidios se han cometido en este país en los 10 años que lleva la Guerra del Narco.

Aquí, en México, los muertos sólo son números que se lanzan en base a informaciones recabadas en distintas fuentes y difundidas por varios organismos del Estado, sin que nadie se ponga de acuerdo con el número de muertos que ha dejado la guerra y es que, las cifras no concuerdan, en todos los casos son distintas, según se desprende de la propia información oficial y medios como Objetivo7 y Zeta, que se han dedicado a analizar los números duros en base a informes de instituciones relacionadas con la seguridad y otros organismos oficiales.

Así, por ejemplo, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), que en este país se dedica a realizar censos y encuestas, además de recabar información de otras dependencias del Estado mexicano, habla de 591 mil muertes en 2011, de las cuales, 48 mil 35 fueron homicidios cometidos a niños de 1 año hasta adultos de 59 años.

Según este informe, en 2011 (http://objetivo7.com/2013/10/28/los-asesinatos-son-por-mucho-la-primer-causa-de-muerte-entre-15-y-59-anos/), el 22.3 por ciento de los 147 mil 750 (1 de cada 4, de las 591 mil muertes) ó 32 mil 948 personas de entre 30 y 59 años, murieron asesinadas. Los jóvenes asesinados de entre 15 y 29 años fueron el 6.4 por ciento, de las 591 mil defunciones ó 12 mil 481 asesinatos. Los niños de entre 1 y 14 años muertos de manera violenta fueron 2 mil 606, lo que da un total de 48 mil 035 de estos crímenes durante 2011 para el INEGI.

Sin embargo, el “Anexo estadístico” del “Primer Informe de Gobierno” de Enrique Peña Nieto (http://www.presidencia.gob.mx/informe/), presidente de la república mexicana, dice en la tabla llamada “Posibles hechos delictivos denunciados en el fuero común” del capítulo “México en paz”, que se cometieron 38 mil 41 asesinatos o una tasa de 32.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, 10 mil 6 menos de las que oficialmente registra el INEGI, sin contar a la población de un año y adultos mayores de 60 años.

En México, los homicidios se clasifican en varios tipos, dolosos e imprudenciales, como son atropellamientos y otros tipos, pero según Alejandro Poire Romero, ex secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y ex secretario técnico del Gabinete de Seguridad, así como ex vocero en materia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), un 75 por ciento de los homicidios dolosos en 2010 tenían que ver con la delincuencia organizada o la Guerra del Narco, aunque la administración del presidente Felipe Calderón se retractó del término “guerra” para no verse obligado a suspender las garantías individuales en el país. Si en 2011 los crímenes siguieron ese porcentaje (75 por ciento), 36 mil 26 de las 48 mil 35 ejecuciones, tendrían que ver con el narco, según se desprende de las cifras que dio a conocer el INEGI apenas el 28 de octubre del 2013.

Sin embargo, para el semanario Zeta (http://www.zetatijuana.com/2012/05/28/sexenio-de-calderon-71-mil-ejecuciones/), uno de los medios más importantes y serios de México, los asesinatos relacionados con los carteles del narco y la guerra fueron 24 mil 68.
Pero, de acuerdo al Informe de Gobierno de Enrique Peña, ese año se habrían cometido 28 mil 530 ejecuciones, 4 mil 462 más de las que reporta Zeta y 7 mil 496 menos de las que reporta el INEGI. La diferencia entre las cuentas de Zeta y del INEGI son de 11 mil 958 muertos por el conflicto armado en un solo año.

Pero, para la Procuraduría General de la República (PGR) (http://www.excelsior.com.mx/2012/01/12/nacional/801521), en el informe “Fallecimientos por Rivalidad Delincuencial” publicado el 11 de enero de 2012, solamente se cometieron 12 mil 903 asesinatos de enero a septiembre de 2011.

 

Los muertos de Calderón
Fuente: Anexo estadístico del “Primer Informe de Gobierno”, de Enrique Peña Nieto.
Asesinatos vinculados a la “Guerra de Calderón”


El sexenio de la muerte

 

Como en la época prehispánica, México cayó en la barbarie y, al igual que sus ancestros indígenas, los mexicanos hacen modernos tzompantlis (1) en las entradas de sus pueblos para amedrentar al enemigo: las cabezas decapitadas cuelgan de letreros, árboles, carros, mientras los cuerpos, mortificados por la tortura muestran el múltiple colorido de la muerte: morado, verde, café, negro, carne, rosa, azul y, entre otros muchos, el intenso rojo de la sangre que también cambia de tonalidad hasta llegar al negro coagulado y, los mensajes de advertencia, dan, a los modernos tzompantlis, un toque perverso que refleja el espanto y el terror en que viven los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio.

Todos caen, todos, aun aquellos que parecen intocables por su poder, ya sea, económico, político, militar y policíaco o todas estas fuerzas juntas: inocentes y criminales, políticos, deportistas, artistas, empresarios, policías, generales, marinos, diputados, gobernadores, obreros, albañiles, comerciantes, lisiados, sanos, ancianos, niños, jóvenes, mujeres, ricos, pobres, extranjeros… de todo cae…

Pueblos, ciudades, ranchos, carreteras, caminos, sierras, montes, ranchos, empresas y personas, son vigiladas y controladas por narcotraficantes que suplen al Gobierno mexicano en estados como Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, Durango, Chihuahua y casi todo el país.

 

Los muertos de Calderón

 

El gobierno de Felipe Calderón, no solo perdió el control de los territorios sino que le asesinaron tres militares por cada sicario del narco que murió en la guerra entre los años 2008 y 2009 según el informe Bourbaky “El costo humano de la guerra por la construcción de un monopolio del narcotráfico en México” (http://webiigg.sociales.uba.ar/revistacuadernosdemarte/nro1/InformeBourbaki.pdf ). Pero, a un año de concluido el sexenio anterior, los datos sobre los homicidios en México siguen siendo contradictorios:

El 15 de febrero de este año, el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró a la periodista Carmen Aristegui: “Ya que no tenía el sustento necesario el número de fallecimientos en los últimos seis años (…) me esperé a encontrar toda la información, sin embargo, sí manifiesto que estamos hablando de cerca de 70 mil muertos, no hemos podido llegar a más porque no cuento con más información”.

En un informe publicado el 30 de julio de 2013, el INEGI dio las siguientes cifras: 123 mil 683 muertes en todo el sexenio calderonista. Este informe está basado en registros administrativos generados por cada entidad federativa. Contiene registros de 4 mil 770 oficialías del Registro Civil y mil 107 agencias del Ministerio Público que entran cada mes al INEGI.

Para el “Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa”, la guerra contra el crimen organizado en México dejó un saldo de 101 mil 199 ejecutados y 344 mil 230 víctimas indirectas como hijos, esposas, padres o familiares de los occisos, esto, en 5 años.
Según esta ONG, entre 2006 y octubre de 2012, se registraron un total de 101 mil 199 denuncias de homicidio doloso. Las denuncias fueron tomadas de documentos oficiales de las agencias del Ministerio Público de las procuradurías estatales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y las actas de defunción que registra el INEGI; cabe destacar que una denuncia puede incluir más de una víctima, como ocurre en los casos de las llamadas narcofosas localizadas en el norte del país.

Para el semanario Zeta, la guerra de Calderón dejó 83 mil 191 asesinatos relacionados con el crimen organizado del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2012, el 72 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en el sexenio. La cifra de 83 mil muertes vinculadas al crimen organizado se obtuvo recurriendo como metodología a la consulta del Sistema Nacional de Información, procuradurías estatales, secretarías de Seguridad Pública de las entidades, registros hemerográficos en los estados y a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) del país.

Todas estas cifras se quedan cortas comparadas con las que da el “Anexo estadístico” del “Primer Informe de Gobierno” de Enrique Peña Nieto (http://objetivo7.com/sitio/?p=6165) que analizadas, arrojan 196 mil 679 muertes violentas que al 72.8 por ciento da un total de 143 mil 182 asesinatos relacionados directamente con la Guerra de Calderón o Guerra del Narco. Según este informe, en 2006 se cometieron 27 mil 551 asesinatos que, divididos entre los 12 meses para saber la media del primer mes que gobernó Calderón ese año, dan 2 mil 295 delitos.

Según las cifras de la Presidencia de la república y del SNSP los 195 mil 679 asesinatos del sexenio de Felipe calderón Hinojosa junto a los 112 mil 784 que se han cometido hasta febrero del 2016 arrojan un total aproximado de 308 mil 463 homicidios en lo 10 años que lleva la guerra.

Estas son las cifras año por año:

Media de diciembre de 2006: 2 mil 295.

2007: 25 mil 129.

2008: 28 mil 018.

2009: 31 mil 546.

2010: 35 mil 794.

2011: 38 mil 041.

Media de enero al 30 de noviembre del 2012: 34 mil 850.

Total del sexenio: 196, 179.

“La paz” de Peña Nieto

 

Luego de 12 años y dos presidentes del Partido Acción Nacional (PAN), en 2012, el electorado en México le regresó el poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la esperanza de que pacificará al país pero, al 2016 el mar de sangre se sigue extendiendo ahogando otros sectores como la economía y la producción mientras el gobierno, triunfalista, evita que los grandes medios de comunicación hablen de ejecuciones y exhiban a los narcos en los noticieros y diarios para que los ciudadanos no los tomen como héroes, en una nueva política de comunicación que más parece censura para que los mexicanos y los empresarios extranjeros crean que el país está en paz. El presidente con todo empieza a perder el control aunque se el congreso le ha autorizado plenos poderes casi dictatoriales al autorizarle ejercer estados de excepción en regiones o en todo el país vulnerando los derechos humanos de todos los mexicanos.

Los números, sin embargo, tampoco le son favorables al presidente Peña Nieto, que en sus propios informes arroja un elevado número de muertes violentas: en sólo seis meses, del primero de enero al último día de junio, hubo 17 mil 766, más la media del primer mes que gobernó en diciembre del 2012: 3 mil 168 delitos.

Si la tendencia siguió, para el último día del 2013 se habrán cometido 35 mil 532 homicidios superando en número los primeros tres años de Felipe Calderón del 2007 al 2009 y solo 269 crímenes menos que en 2010.

Así las cosas, en el primer año de Felipe Calderón según el informe presidencial, se realizaron 25 mil 229 asesinatos, 10 mil 510 menos que el primer año de Enrique Peña. De ese total, 18 mil 366 habrían tenido relación con el narcotráfico mientras que, con Peña Nieto, al primer año, la guerra habría dejado 26 mil 17 muertos, de acuerdo a los primeros 7 meses reportados en el informe presidencial y con una media mensual en los restantes 5 meses del año.

Pero, para el SNSP, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013, los primeros once meses de gobierno de Peña Nieto se registraron en el país 17 mil 68 “averiguaciones previas” por homicidio doloso según Zeta. El semanario Zeta, aclara que el SNSP que dirige Monte Alejandro Rubido registra oficialmente “averiguaciones previas”, no obstante a que cada averiguación puede tener más de una víctima, por lo que el total de muertes en los primeros 11 meses de gobierno supera los 17 mil 68 asesinatos, 698 asesinatos menos de los que el informe presidencial anuncia en su primeros seis meses.

99 homicidios diarios son los que se cometieron en México durante 2015 dando un total de 36 mil 168 siendo Guanajuato el estado más violento con 2901 homicidios.

En esta cifra del terror aparece Guerrero con el nada honroso segundo lugar con 2 mil 721 muertes violenta y el tercer lugar lo ocupa Michoacán con 2 mil 368 víctimas. Lo anterior se basa en el “Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2015”, basado en Reporte mensual del número de Víctimas de homicidio, secuestro y extorsión en averiguaciones previas y carpetas iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad federativa, del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional Seguridad Pública (SNSP) de enero a diciembre del 2015.

Los estados con menor número de víctimas son Yucatán con 53 homicidios, Nayarit con 68 asesinatos y Campeche con 145 muertes violentas.

Aguascalientes deja de ser uno el estado más seguro del país con 231 homicidios pasando al quinto lugar de los estados con menos asesinatos.

 

10 mil muertes más con Peña Nieto en su primer año
Fuente: Anexo estadístico del Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto
Total de homicidios

 

 

2015, otro año sangriento

 

99 homicidios diarios son los que se cometieron en México durante 2015 dando un total de 36 mil 168 siendo Guanajuato el estado más violento con 2901 homicidios.

REPORTE MENSUAL DEL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIO, SECUESTRO Y EXTORSIÓN EN AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS POR LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA
Enero – diciembre 2015

Entidad
Doloso Culposo SECUESTRO
Nacional 36,168 18,664 17,504
Aguascalientes 231 42 189
Baja California 1,339 906 433
Baja California Sur 226 175 51
Campeche 145 58 87
Chiapas 1,596 513 1,083
Chihuahua 1,545 1,151 394
Coahuila 640 340 300
Colima 258 189 69
Distrito Federal 1,689 901 788
Durango 521 238 283
Guanajuato 2,901 975 1,926
Guerrero 2,721 2,016 705
Hidalgo 688 159 529
Jalisco 2,041 1,149 892
México 3,329 2,303 1,026
Michoacán 2,368 943 1,425
Morelos 922 516 406
Nayarit 150 78 72
Nuevo León 1,264 451 813
Oaxaca 1,943 849 1,094
Puebla 1,392 561 831
Querétaro 484 144 340
Quintana Roo 571 228 343
San Luis Potosí 290 249 41
Sinaloa 1,674 993 681
Sonora 940 512 428
Tabasco 732 244 488
Tamaulipas 1,550 763 787
Tlaxcala 336 61 275
Veracruz 1,124 615 509
Yucatán 105 53 52
Zacatecas 453 289 164

Total: 36,168

Así, el SNSP asegura que hubo 36 mil 168 asesinatos en 2015 mientras para el semanario Zeta Hubo 57 mil homicidios dolosos del 2012 al 2015. Para la Presidencia de la República en los primeros seis meses del 2015 hubo 18 mil 934 por lo que de haber seguido esa tendencia habría 37 mil 868 en el 2015 aunque oficialmente son 36168 según el SNSP, una diferencia de 1700 crímenes.

Estos datos demuestran que la violencia ha ido en incremento y es que, en 2014 hubo 32 mil 631 incrementándose hasta 36 mil 168 con más de 3 mil 537 asesinatos más. 34 mil 903 asesinatos era la cifra más alta del sexenio.

En 2014 México ocupó el tercer lugar con más víctimas de guerra luego de Siria e Irak. fue en 2013 cuando Peña Nieto cumplió su primer año de mandato.

Lo anterior fue confirmado apenas este 2 de abril del 2016 con el Semáforo Delictivo una plataforma de internet que da cuentas sobre la inseguridad en México y los datos que dan son contundentes ya que los homicidios se incrementaron un 15 por ciento en febrero del 2016 respecto al 2015 ya que este año hubo mil 477 homicidios mientras que en 2015 hubo mil 63 asesinatos en el país, una diferencia de 414 víctimas. Este dato supera 3 por ciento la media de asesinatos en lo que va del sexenio de Peña Nieto. La violencia sigue en aumento.

 

Violencia que mata

 

La expresión más brutal de la violencia es aquella que pone en riesgo la vida de las personas y que en muchos casos tiene la intención de terminar con su vida. Esta violencia extrema tiene características diferentes si la víctima es una mujer o un hombre.
Cuando ocurre un deceso se determina la causa que lo provocó, y cuando éste se debió no a una falla orgánica o enfermedad, entonces la muerte fue ocasionada por una causa es externa. Las defunciones pueden ocurrir por una causa de este tipo, cuando las personas sufren un accidente en el que pierden la vida, o bien por agresiones provocadas intencionalmente.

Durante 2013 murieron 65 mil personas por causas externas. De ellas, el 55.6% se debió a causas accidentales y cerca de 29 mil personas (44.6%), fallecieron a causa de las agresiones intencionales infligidas en su contra por otras personas o por sí mismas con la intención de provocar un daño letal.

En 2013 se registraron 12,214 defunciones por causa accidentales y violentas; 21.7% de ellas fueron por homicidio y el 8.9% por suicidio.

Para la revista Río Doce, especializada en temas de narcotráfico y con sede en la mayor plaza del narco mexicano: Sinaloa, los datos son estos que les fueron proporcionados por Procuraduría General de Justicia de de ese estado:

En Sinaloa, el 85 por ciento de los asesinatos han sido causados por armas de fuego; entre el 2011 y julio de 2015 fueron ultimadas a balazos 5 mil 237 personas, delitos en los que se usaron armas de diferentes calibres, incluidas las de uso exclusivo del Ejército.

Información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mediante la solicitud de información con folio 00432015, realizada a través de Infomex Sinaloa, durante el gobierno de Mario López Valdez —hasta julio de este año—, han sido asesinadas en Sinaloa 235 mujeres con arma de fuego y 5 mil 2 hombres.

A nivel nacional, entre el 2011 y el 2013, el 64 por ciento del total de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego, es decir en México 49 mil 458 personas murieron a causa de una o más balas.

Según las mismas estadísticas del SNSP en lo que va del sexenio de Peña Nieto se han cometido Ciento 12 mil 784 asesinatos, mientras que según los datos de la Presidencia de la República, en el de Felipe Caderón se cometieron 195 mil 579 homicidios.

En el programa de NatGeo ¿Quién es el Chapo? Se puede ver a los policías federales cuadrándose ante los pilotos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera El Chapo y su principal guardespaldas Orso Ivan Gastelum conocido como el Cholo Iván emboscó a unos militares porque les pago protección para una fiesta y éstos lo trataron de detener. La emboscada fue en la comunidad de La Tasajera, hubo un muerto y cuatro heridos del ejército que viajaba en dos patrullas. La complicidad gubernamental es cosa de todos los días.

Para el ex sicario y jefe de asesinos de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el delincuente más grande del siglo XX, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, El Popeye (por que estuvo en la Marina y en la Policía Nacional), en México ha habido más de 300 mil asesinatos en México. Sin estudios ni preparación, los sicarios de Pablo Emilio Escobar le ganaron la guerra al gobierno de Colombia y a los generales y oficiales de Academia militar obligándolo a modificar la Constitución. En Colombia a pesar de la violencia extrema hubo según El Popeye hubo 50 mil personas asesinadas, víctimas directas de la guerra entre el cartel de Medellin contra el Estado Colombiano y al final contra las ultradererechistas guerrillas paramilitares, el cartel de Cali, los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar, quienes, junto con la DEA, la Central de Inteligencia (CIA) y la Policía Nacional terminaron por ejecutar y detener a todo el cartel de Medellín, sólo sobrevivieron 4 sicarios de miles que tenían). Para El Popeye la única solución contra la sangría en México es el fortalecimiento de la justicia, la profesionalización de los policías y que el Estado retomé el control de todas las cárceles del país.

Y es que México vive en medio de la impunidad y la violencia según la última encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) sobre percepción de seguridad pública del INEGI el 65.5 por ciento de los mexicanos tiene conflictos entre sí que derivan en violencia entre amigos, familiares, vecinos, autoridades…

 

(1). Tzompantli fue la práctica entre los antiguos mesoamericanos de decapitar a las víctimas de los sacrificios humanos y conservar sus cráneos en una especie de empalizada de madera. El tzompantli era un altar donde se empalaban ante la vista pública las cabezas aún sanguinolentas de los cautivos sacrificados con el fin de honrar a los dioses. Se ponían a las entradas de las ciudades para atemorizar a los enemigos.

Fuentes:

Van más de 57 mil asesinatos en lo que va del sexenio; gobierno oculta 9 mil: ‘Zeta’


http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2015_012016.pdf
http://cdn.presidencia.gob.mx/tercerinforme/3_IG_2015_ANEXO-ESTADISTICO.pdf
http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia

99 asesinatos diarios se cometen en México

7 asesinatos de mujeres a diario en 2013 y 2014 en México

Alerta máxima en casinos de Aguascalientes para ciudadanos estadounidenses

El Cholo Iván emboscó al ejército porque lo vigiló en su fiesta a pesar de haberles pagado protección


La entrevista con Adela. Televisa noticias. 17 de septiembre de 2015-
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/463389/6/al-menos-siete-carteles-de-la-droga-operan-en-el-df.htm
¿Quién es el Chapo? National Geographic Television. 2015

En Cancún, los zetas queman bares con niños dentro por el cobro de piso, mientras la Marina y el gobernador los protegen y los indígenas se esclavizan por 3 mil pesos

Nadie sabe cuántos homicidios se cometen en México

Jan 182016
 

El capo alega que su extradición a Estados Unidos es inconstitucional, autoritaria y antipatriota

Rlio Doce.- Joaquín el Chapo Guzmán tiene sus miedos a la extradición. El líder del Cártel de Sinaloa teme tratos crueles, degradación inhumana, fabricación de delitos que no cometió y la imposición de la pena capital en Estados Unidos.

Después de su segunda detención en febrero de 2014, su equipo de abogados ha intentado frenar su extradición por medio de amparos en distintos juzgados, alegando siempre que su cliente será víctima de malos tratos y coaccionado para reconocer la comisión de delitos. Y horas después de su tercera captura el 8 de enero pasado, los defensores volvieron a los tribunales para tratar de evitar que su jefe sea enviado a Estados Unidos.

De acuerdo con sentencias de amparos y recursos de queja tramitados por sus abogados después de su segunda detención en febrero de 2014, el Chapo alega que su extradición es inconstitucional, autoritaria y antipatriota.

En al menos tres sentencias consultadas por Ríodoce, el capo recurre a los mismos argumentos, en los que reclama que de ser enviado a Estados Unidos será obligado a declararse culpable mediante tortura y acusado con testigos falsos.

Los Estados Unidos de Norteamérica, menciona, mantienen cárceles secretas destinadas para inferir abominables torturas a sus prisioneros para declararse culpables de la comisión de delitos que ellos dicen cometidos y le apliquen penas inclementes.

“Autoridades norteamericanas a quienes les reclamo la comisión de actos futuros e inminentes relacionados con su obstinada intención de extraditarme hacia los Estados Unidos de Norteamérica para ser juzgado en esa nación y con la aplicación de feroz degradación, cruel e inhumano maltratamiento, y con atestes de testigos colaboradores, pagados, aleccionados y protegidos, para obligarme a que me declare culpable de la comisión de delitos graves que no he cometido, ellos con la ejecución de la institucional orden de extradición, relacionada con la pena capital”, señalan los amparos.

A las autoridades mexicanas reclama “la inconstitucional, autoritaria y antipatriota orden o disposición que den las autoridades ministeriales y judiciales para que finquen un proceso en mi contra con fines de extradición a los Estados Unidos de Norte América o a algún otro país extranjero en donde los Estados Unidos mantienen cárceles secretas destinadas a inferir abominables torturas”.

En las solicitudes presentadas ante Juzgados de Distrito del Distrito Federal, el Chapo reitera en varias ocasiones que será sometido a tortura y sentenciado a la pena capital.

En un recurso de queja presentado en marzo de 2015, la defensa señala que desde su ingreso al penal fue sometido “a las más infame, cruel e inhumana forma de encarcelamiento en una celda especial de segregación y castigo donde ha sido sometido a un brutal daño sicológico y moral.

“En el presente caso, tanto su familia, el quejoso y sus abogados defensores, tenemos temor fundado de que con argucias y artilugios inconstitucionales e improcedentes, sea extraditado hacia los Estados Unidos de Norteamérica o algún otro país extranjero, en donde los Estados Unidos tienen cárceles secretas para ser ‘juzgado’ y condenado a la pena capital o prisión perpetua”, establece el escrito presentado.

El Chapo alegaba además en esos amparos que la extradición se estaba tramitando en secreto por la vía diplomática entre autoridades estadunidenses y mexicanas.

El líder del Cártel de Sinaloa pedía a los jueces que suspendieran la extradición para evitar una “descomunal” violación a sus derechos y exigía respetar el Estado de Derecho.

“En este acto, el suscrito compareciente en esta instancia de legalidad constitucional, ruega a sus señorías: ¡Que no se violente la Constitución General de la República! ¡Que no se violenten las leyes mexicanas! ¡Que sea respetado todo el Estado de Derecho! ¡Que no sea extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica o a ningún otro país el quejoso! ¡Que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos de autoridades de quienes se queja!”, menciona uno de los abogados en un recurso de queja.

Lucha contra la extradición

Apenas el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunció el 21 de enero de 2015 que el Chapo podría ser extraditado, sus abogados empezaron a promover amparos para evitar que el capo sea puesto a disposición de la justicia estadunidense.

Ese mismo día solicitaron el primer amparo contra la extradición en el Juzgado Décimo de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal. En los meses siguientes solicitaron al menos otro cinco en diferentes juzgados.

Hasta el momento, el equipo jurídico de Guzmán Loera no ha obtenido ninguno de los amparos solicitados en esos meses debido a que cuando fueron tramitados no existía el pedimento de extradición.

El viernes 8 pasado, horas después de haber sido detenido por tercera vez, solicitaron otro juicio de amparo contra la extradición y lograron la suspensión de plano.

Cuatro días más tarde, el martes 12, el abogado José Luis González Meza, promovió otro más en el Juzgado Décimo y también consiguió la suspensión de la extradición.

Con las dos medidas dictadas por los jueces, la Procuraduría General de la República debe frenar el procedimiento de extradición hasta en tanto dictan sentencia.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, el 16 de junio y el 31 de agosto de 2015 el Gobierno de Estados Unidos presentó la peticiones formales del delincuente por los delitos de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.

Después del análisis, la fiscalía promovió ante jueces federales las órdenes de detención con fines de extradición internacional y los juzgadores las concedieron.

Las órdenes de detención con fines de extradición fueron ejecutadas el domingo 10, con lo que dio inicio formalmente el proceso, pero los abogados de Guzmán Loera lograron frenarlo de momento.

Los defensores del Chapo lograron que el Juzgado Noveno de Amparo concediera una suspensión de plano contra la extradición, por lo que la PGR debe detener el procedimiento hasta que el Juez dicte sentencia en el juicio de amparo.

“La incomunicación, tormentos, pretender privar de la vida y tratar de sacar al quejoso del país, deportado, extraditándolo a los Estados Unidos de América, sin respeto a las formalidades esenciales del procedimiento en especial, hacerlo víctima de desaparición forzosa”, reclamaron en la demanda.

No pudieron contra la extradición

El equipo jurídico de Guzmán Loera está tratando de frenar algo que otros capos no han podido.

El Gobierno Mexicano ha extraditado a Estados Unidos a líderes de grupos delincuenciales para que sean juzgados en tribunales de ese país. Sus abogados han intentado evitarlo pero no obtuvieron los amparos contra las extradiciones.

Los hermanos Benjamín, Eduardo, Rafael Arellano Félix, del Cártel Arellano Félix, también fueron capturados en México y enviados a Estados Unidos.

Sandra Ávila y Javier Torres cumplieron las sentencias que dictaron las cortes de ese país y devueltos a prisiones mexicanas, donde la “Reina del Pacífico” obtuvo su libertad; Rafael Arellano liberado en Estados Unidos y asesinado en México por un hombre vestido de payaso en una fiesta, y el resto permanece, presuntamente, en las cárceles estadunidenses que el Chapo no quiere pisar.

Jan 182016
 

La estrategia: atrapar al Chapo, aun por encima de los derechos de la población

Río Doce/Miguel Ángel Vega/Tamazula, Durango.- Pocos meses después de la segunda fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, altos mando de la Armada de México y del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto para informarle que el capo se encontraba oculto en la sierra de Sinaloa, y que su captura, aunque factible, traería consigo daños colaterales.

Para nadie era secreto entonces que la segunda fuga del Chapo había puesto en ridículo al gobierno federal, particularmente a Peña Nieto, quien durante meses fue el hazmerreir en el mundo debido al escape del capo, y su deseo por recapturarlo era total, además de una fuerte presión por parte de Estados Unidos.

La orden del mandatario era capturarlo “costara lo que costara”.

El escenario parecía puesto para que elementos de la Marina entraran a las montañas de Sinaloa y Durango en busca del Chapo cuando ellos lo consideran pertinente, aunque ello significara aterrorizar a sus moradores y convertir la sierra en zona de guerra, e incluso desplazar a cientos de sus residentes.

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Daño colateral

La mañana del martes 6 de octubre de 2015, a las 7:15 de la mañana, Amayrani Ayón hablaba por teléfono con su mamá cuando escuchó un helicóptero que se acercó tanto a la choza donde estaba, que desde adentro pudo ver que el aparato apenas sobrevolaba encima de los encinos de la sierra.

Confundida cortó la llamada, y tímidamente se asomó para que los marinos la divisaran, cuando una ráfaga de disparos atravesó violentamente las láminas de su vivienda, localizada en El Duraznito, una ranchería perteneciente a Tamazula Durango.

Amayrani salió entonces de la casa para hacerse visible y gritar a los marinos que no le dispararan, cuando sintió los proyectiles de los disparos hundirse en la tierra, a menos de un metro de sus pies, obligando a la joven de 20 años a correr al monte, donde se ocultó entre los troncos de los encinos.

A esa misma hora, a dos kilómetros al oeste, José Heraclio Peña Nájera no alcanzó a escuchar los disparos que eran detonados en el Duraznito, porque el segundo de los helicópteros que minutos antes pasara rumbo a la sierra, sobrevolaba por encima de su casa.

Heraclio no tuvo tiempo de nada; de pronto una ráfaga de disparos se incrustó en techos, paredes y suelo, en tanto él tomaba a su mujer y a su hija, de cuatro meses para meterse todos debajo de la cama.

Según narra Heraclio, fueron segundos de vida o muerte, por lo que en cuanto pararon los disparos salieron corriendo al monte, donde permanecieron ocultos durante tres horas, debajo de unas piedras que hay bajo un arroyo.

“Cuando regresé me habían robado las cuatro ruedas de mi troca, y el parabrisas parecía que lo habían agarrado como tiro al blanco porque estaba hecho pedazos; dentro de la casa se habían llevado el colchón, y habían revuelto toda la casa”, explicó Heraclio, durante una visita que hizo Ríodoce a la ranchería El Águila.

La historia parecía repetirse en las rancherías de La Mesa, El Verano y el Río de los Barraganes, a donde los marinos llegaron con violencia para aterrorizar a la gente, con el único argumento de buscar al Chapo.

“Es lo que nos dijeron, que había hombres armados y que los andaban buscando”, dijo Reyna Sánchez, de la comunidad del Río de los Barraganes, que a diferencia del resto de los residentes de esa zona que prefirieron abandonar sus hogares y refugiarse en Cosalá, ella optó por quedarse en su domicilio, aunque significara ser prisioneros en sus propias casas.

Orden presidencial

Cada que alguien se atrevía a preguntar a los marinos porqué eran tan abusivos, la respuesta era que “ellos no eran abusivos, sino que recibían la orden de localizar y arrestar al Chapo, aunque ello significara afectar a la sociedad civil.

Un marino que habló con la condición de no ser identificado, dijo a Ríodoce que ellos estaban conscientes que se cometían ciertos abusos por parte de ellos, pero que esa era la estrategia presentada al presidente Peña Nieto por su gabinete de seguridad, y que ésta habría sido aprobada.

“Nosotros no sabemos quienes viven en esas casas o si hay gente armada, por eso la orden es llegar y disparar al aire, para que la gente se asuste, salga de sus casas y así nosotros localizar a quienes andan en malos pasos”, dijo el Marino.

La estrategia, más que localizar narcotraficantes o identificar a gente del Chapo, lo que provocó es que más de mil residentes de la zona de Tamazula y Guadalupe de los Reyes, fuera desplazada por la Marina y se refugiara con familiares en otros municipios.

Tan sólo el DIF Cosalá identificó a casi 250 familias de esa zona serrana que acudió a ellos para solicitarles algún tipo de ayuda.

Lorena Peña, una joven originaria de El Limón, el sitio donde el Chapo habría estado oculto a principios de octubre pasado y donde se habría dado un enfrentamiento entre marinos y gente del capo, recuerda que ese día, mujeres y niños de todas las rancherías salieron de sus casas y durante cuatro noches caminaron por la sierra hasta llegar a Cosalá, donde pidieron ayuda.

“Caminábamos de noche por el monte, porque de día los helicópteros andaban buscando a no sé que, y cada que veían algo allá iban, por eso dormíamos bajo las piedras de día, y de noche caminábamos”, relata Lorena, de 20 años.

Ojalá se muera

Como los marinos dijeron que la orden de atrapar al Chapo era presidencial, aunque ello significara desterrar a los residentes de la sierra, la figura de Peña Nieto se convirtió en los últimos meses en sinónimo que mejor describía el odio.

“Nosotros que daño le hicimos (al presidente para que ordene que vengan a desplazarnos; como no encuentra a los 43 estudiantes desaparecidos); al menos hubiera ordenado que entren a nuestras casas, pero que no nos saquen de ellas, ni que nos disparen”, dijo una mujer originaria de El Limoncito, cuya casa aún sigue tomada por elementos de la Marina.

En Los Pinos nadie pudo responder respecto a esa orden presidencial, mientras que el Departamento de Comunicación de la Marina dijo que sólo comentaban los boletines de prensa que eran publicados en la página de Internet de esa dependencia.

Lo cierto fue que, en esa zona serrana donde colindan los municipios de Tamazula y Cosalá, aparte de Peña Nieto hay otro personaje que sus residentes han aprendido a no querer, y éste es el Chapo Guzmán.

“Y no es que nos haya hecho algo, sino que trae puros atrasos; pues si es por él que nos cae la Marina, porque se viene a esconder a esta parte, y es cuando viene el gobierno y nos atrasa a todos por acá”, comentó un residente de esa zona serrana.

También en Badiraguato

Pero no sólo en Cosalá y Tamazula se han visto afectados por la Marina; también Badiraguato ha salido afectado por elementos de la Armada.

Apenas el pasado 6 de diciembre, decenas de elementos de la Armada de México llegaron al rancho La Lagunita para confiscárselo a doña Consuelo Loera, mamá del capo, además de golpear a varios de sus trabajadores.

Uno de ellos, identificado únicamente con el nombre de Luis, dijo que durante seis horas fue torturado por los marinos, que le pedían información que les permitiera ubicar al Chapo, cuando éste aún no era arrestado.

“Me golpearon tanto, que yo sentía como me salía líquido de los oídos; al principio pensaba que era agua, pero después me di cuanta que era sangre”, recuerda Luis.

En Santiago los Caballeros también se reportaron abusos, lo mismo que en San José del Llano, y en Cosalá, incluso se habla de al menos una persona desaparecida.

Un marino que estaba a cargo del aseguramiento de La Lagunita, dijo durante un encuentro con Ríodoce que ellos no torturaban a nadie, sino que hacían todo operativo con apego a derecho.

Los residentes de la sierra sin embargo, se ríen de esa observación: “apego a derecho, y usted les cree. Si son unos ladrones que nos robaron las poquitas cosas que tenemos y que compramos con tanto sacrificio, para después venderlas quien sabe donde”, exclamó una mujer de El Limón, también desplazada.

RECUADRO

El Chapo en La Tuna

La Tuna, Badiraguato.- En al menos dos ocasiones, Joaquín el Chapo Guzmán habría ido a La Tuna a visitar a su mamá luego de escaparse de la cárcel El Altiplano, en el Estado de México, confirmaron fuentes de esa región a Ríodoce.

“Mientras el gobierno lo buscaba quien sabe dónde, el venía para La Tuna, y se dejaba ver por la gente; pues porque la gente aquí lo quiere y lo protege”, observó la fuente.

Habría sido el Chapo quien en corto comentó con sus amigos más cercanos, que gracias a que estaba libre, las cosas se habían calmado en esa región de Badiraguato, pues había diferencias entre algunas familias y grupos que dominaban esa región, y que de no haber intervenido él tras su fuga del 11 de julio pasado, “hubiera corrido sangre”.

Tal vez por ello es que residentes de las comunidades de Huixiopa, El Barranco, Arroyo Seco, y La Tuna señalan que tras la captura del Chapo habrá consecuencias negativas en esa parte de la sierra, “porque de alguna manera, el capo controlaba esa región, y tras su arresto esa región será disputada a balazos”.

“Aquí la gente lo quiere porque ayuda, y porque controla para que todo esté bien”, señala don Pedro Burgos, residente de Huixiopa, y pariente lejano de Pedro Avilés.

Otra persona de Arroyo Seco dijo que el Chapo había llevado electricidad, drenaje, y había ayudado a poner pavimento en La Tuna, además de la iglesia que había mandado construir en ese mismo poblado.

“Yo no sé si en otros lugares ha ayudado, pero aquí sí lo ha hecho, y si no vea como están otros pueblos, donde ni siquiera energía eléctrica hay”, observó la persona, quien solicitó no ser identificado.

El alcalde de Badiraguato, Mario Valenzuela, señaló en alguna ocasión que ningún capo había ayudado a las comunidades, y que el único que él tenía conocimiento de haber hecho algo por su gente, era Rafael Caro Quintero, quien habría aportado dinero para que hubiera electricidad en La Noria, de donde es originario.

Sobre el arresto del capo, sólo hay lamentos en esa zona de Badiraguato. Y aunque Ríodoce llegó hasta La Tuna una vez arrestado el Chapo, esta vez no fue posible hablar con doña Consuelo.

“Esta cansada”, dijo la joven que la cuida.

Jan 182016
 

Chapo-operación-cisne-negro-6
Río Doce.- La operación táctica “Cisne Negro” comenzó a desplegarse al filo de las 04:00 horas, revela un video casero al que Ríodoce tuvo acceso. Lo más intenso del asalto sucedió en 65 minutos.

En la operación de ataque al escondite de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, y de Orso Iván Gastélum Cruz, el “Cholo” no participaron vehículos oficiales, sino encubiertos.

El video revela que los vehículos participantes en el ataque frontal fueron un Jeep Rubicon, de color blanco; una camioneta Ford Lobo doble cabina, modelo reciente, blanco; una Ford Lobo, negra; un Malibú de color arena y un camión con caja seca. Este era el traslado de las tropas. Y finalmente una Suburban de color blanco.

04:00 horas. Las camionetas comienzan el Chapo operación cisne negro 5patrullaje. Dan vueltas, una y otra vez. Poco a poco se suman los autos y finalmente el camión con caja seca. Nadie tapa accesos ni salidas. Las unidades se estacionan en bocacalles, a cien metros de la casa objetivo, con las luces encendidas y los intermitentes. El camión de caja seca, por el contrario, circula sin los faros encendidos, pero cada vez que pasan por la casa accionan los frenos. Las luces rojas posteriores delatan la maniobra. Mientras los marinos se despliegan, en la casa no hay movimientos, al menos en el exterior.

04:35 horas. Comienza el asalto. El Jeep Rubicon blanco y la camioneta Ford Lobo blanca circulan en sentido opuesto a la circulación del carril norte del bulevar Jiquilpan. Viran a su izquierda doblando en la calle Río Quelite. Se aparcan en el portón elevadizo. La camioneta Ford Lobo negra se estaciona frente a la entrada de la casa marcada con el número 1002.

El camión con caja seca se estaciona en doble fila sobre el bulevar Jiquilpan. Descienden las tropas. Toman posiciones desde la acera frontal del bulevar Jiquilpan, hasta la fachada principal del bunker.

04:40 horas. Balacera. Los primeros marinos son descubiertos, y desde las ventanas del segundo piso y de un ventanal de la planta baja son atacados por los sicarios atrincherados.

Comienza una refriega en la fachada principal de la casa. Estallan granadas, tabletean los AR-15, disparan los que consuman el asalto, contraatacan los que defienden la casa.

Hay fuego graneado. Nadie cede. Estallan más granadas. Más ráfagas.

04:49 horas. El fuego se intensifica. Las tropas corren de un lado a otro. Reculan en su avanzada. Una vez, dos veces, tres veces. Y repentinamente el tiroteo cesa en la casa. Ellos, la fuerza especial queda pasmada.

04:50 horas. Más balacera. La batalla ya no es dentro de la casa, sino en las azoteas.

Fortificados en los tejados, cuatro hombres contienen a más de una treintena de marinos, que siguen llegando y apostándose en las calles. Ahora están en otras avenidas, en Río Baluarte y Jiquilpan. Y ahí se pertrechan. Uno más se desplaza a cien metros hacia su izquierda, y se resguarda. Es éste quien más minutos contiene la avanza de los marinos. Balazos, granadazos constantes. Nadie cede.

05:00 horas. Calma tensa. Llegan tres helicópteros. Realizan sobrevuelos a la redonda. Iluminan azoteas, calles, y todo lo que se mueve. En las calles, el transito es libre. Nadie detuvo el tráfico. Los civiles en tránsito quedan a merced del daño colateral, ya sea por fuego de los defensores del bunker de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, o por el comando que lo busca, sin saberlo detener. Un taxi, queda atrapado en el fuego graneado. Frena, reversea y se retorna sobre el bulevar Jiquilpan. Huye hacia el poniente. Dos autos más quedan también inmersos en la situación de riesgo. Viran a la derecha y se pierden en la oscuridad.

05:30 horas. Silencio. Tras unos minutos, el movimiento de árboles termina, y una columna de marinos se encamina hacia la casa por el bulevar Jiquilpan. Son recibidos a balazos y obligados a retroceder. Este bulevar acusa ya más patrullas de marinos.

A la vivienda se acerca una ambulancia de los infantes. Maniobras son realizadas y después se retiran. Ya la situación en el interior permanece bajo control. En la calle los militares corren de un lado a otro. Parecen hormigas, pero sin rumbo. La noche termina y da paso a la madrugada, después a la mañana. El sol revela que las bocas de tormenta y alcantarillas del drenaje pluvial y sanitario han sido levantadas, pero sólo de una sección. Es la que va al poniente de la ciudad y que desemboca en el dren Juárez. Marinos vestidos de civil han sido apostados en la desembocadura. Dos hombres vestidos de azul se mueven discretos dentro de la zona asegurada. Son extranjeros. A leguas se nota.

La otra sección del drenaje pluvial, la que va hacia la calle Gabriel Leyva y que atraviesa el bulevar Antonio Rosales, permanece intacta, olvidada. En el subsuelo, abajo, en el cruce de Jiquilpan y Antonio Rosales, a escasos 20 centímetros de concreto, dos siluetas aguardan. Están armados. Llevan una pistola y un rifle AR-15 con aditamento lanzagranadas. También están enlodados pues se han arrastrado 700 metros lineales por el drenaje pluvial. Pasaron los dos anillos de seguridad de los marinos y de extranjeros… y aguardan.

Para llegar hasta allí, cinco de sus guardias personales murieron: Guillermo Rivera Ruelas, Raymundo Gaxiola Gutiérrez, Jesús Alfonso Iribe Beltrán, Teodoro Quiroz Valdez y Juan Carlos Quintero Carrillo. Uno de los cuerpos quedó en la casa defendida, otro en el patio de la vivienda contigua, dos más en el patio y cochera de Jiquilpan 1422 esquina con Río Baluarte, y el último en una casa en construcción, en Río Baluarte, entre Cocoteros y Jiquilpan.

Afuera, en las calles de los fraccionamientos Las Palmas, Scally, Del Valle y la Teresita, los patrullajes terrestres y aéreos de marinos continúan. No han detectado movimientos sospechosos y permanecen como vigías. Las horas pasan, y nada, ningún resultado. Se acerca las nueve de la mañana, y todo está tenso.

El sol comienza a calentar el ambiente, y entonces, la Marina rompe el silencio y desde México emite el boletín 005/16, en la que afirma que fue una llamada anónima la que alertó a los infantes sobre personas armadas en un domicilio. En la agresión a balazos, reporta, un marino fue herido, pero cinco agresores murieron. Y concluye: Orso Iván Gastélum Cruz, presunto jefe en la zona norte de Sinaloa de una organización delictiva, logró darse a la fuga.

Y mientras los marinos están estáticos y los helicópteros Black Hawck y MI-12 sobrevuelan la ciudad, abajo, en el subsuelo, las dos siluetas continúan aguardando.

Una nube que es arrastrada por un viento frío descarga su lluvia en el sector.

El reloj apenas sobrepasa las 09:00 horas. La tapa del drenaje pluvial ubicada en el carril de vuelta a la izquierda se abre. Sale un hombre alto, armado. Amaga al conductor de un Volkswgen, línea Jetta, color blanco, modelo 1996. Lo obliga a descender, junto con su esposa, que lo acompaña. Otro hombre sucio aparece. Ambos abordan la unidad y viran hacia la derecha en el bulevar Antonio Rosales. El carro deja en su fuga una estela de humo. No toma velocidad porque la transmisión se patina. Huyen por dos minutos. Obligados por el semáforo de Adolfo López Mateos y 10 de Mayo, hacen alto. Despojan a una fotógrafa de su Ford, línea Focus, color rojo, modelo 2002. Le permiten bajar a su hija y al nieto. Se enfilan hacia la carretera Internacional México 15.

En su fuga son interceptados por la Policía Federal. En convoy, el grupo se refugia en el Hotel Doux, a cinco kilómetros al norte de la ciudad.

Seis horas después de iniciado el operativo “Cisne Negro”, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anuncia en su cuenta de twiter: lo tenemos. Y presume la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo —seis meses después de su evasión de una cárcel de máxima seguridad— y de su lugarteniente Orso Iván Gastélum Cruz.

Días después la casa de seguridad de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue asegurada con el oficio UEIDCS/CGC/97/2016 derivado de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/008/2016 iniciada el 12 de enero del 2016.

Jan 182016
 

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Río Doce.- Nació en la Tuna, Badiraguato, Sinaloa, en un lugar donde no había trabajo, ni oportunidades. No había trabajo y no lo hay todavía, nos los dice en un video famoso que está circulando en la redes. Por otro lado, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos dice que en México las cosas van bien, que la economía mejora y que hay más empleos. ¿A quién le creemos, a Guzmán Loera o al Presidente de la República?

Otro badiraguatense ha escrito un libro titulado El Disimulo, así nació el narco. Es una novela sobre el origen del narcotráfico en Badiraguato, Sinaloa, escrita por Rubén Rocha Moya.

“La verdad es que la cosecha fue abundante, como nunca se aprovisionaron de mota los Medina y los Urías que, en sí, eran los mismos. Por esas fechas es cuando registraba Chepederas, el Aguaje y los ranchos asociados, el mayor número de jornaleros contratados voluntarios u obligados, eso sí, todos con su paga para la cosecha de mariguana, unos acuartelados en los cerros, otros en barrancas, islotes, y también varias partes planas, que con el descaro y el disimulo se sembraron. Por cierto, que por el tiempo que duró la pisca nadie ajeno al negocio podía pasar por esos lugares, pues corrían el riesgo de ser acusados de fisgones y de soplones en caso de que los descubrieran, lo que sin duda ameritaba el consabido ajuste de cuentas: torturarlos, matarlos o tenerlos bajo amenaza podía ser la represalia. Eran tiempos en que los rancheros, mejor decidían acuartelar sus vacas, sólo que en sus corrales, para evitar la campeada, pues andar en las lomas y barrancos donde pastaban los animales como nunca se había convertido en algo muy peligroso, hasta mortal”. (Página 10).

“El Maco había trabajado toda la vida con el señuelo de convertirse en el narcotráfico más importante de la tierra, y lo estaba logrando. Aparecer rankiado en el mundo abierto como hombre de poder era su obsesión. Ahora tenía un gran cuarto repleto de dólares que ya no sabía qué hacer con ellos. Estaba claro que los inmejorables niveles de entendimiento con los gobiernos jamás serían suficientes, porque las campañas internacionales antidrogas reducían y complicaban la tarea de los narcos, pero también era claro que, con todo, nunca se suprimiría el narcotráfico, por lo que la clave, consistía en aplicar el ingenio, pagar el disimulo, operar en las nuevas circunstancias y más allá de éstas”. (Página 201).

Disimulo. (De disimular). m. Arte con que se oculta lo que se siente, se sospecha, se sabe o se hace. || 2. Indulgencia, tolerancia.

Badiraguato es un municipio de los más pobres del país, conocido mundialmente por su mariguana y amapola y por ser cuna de narcotraficantes famosos.

Es un lugar de muchos votos para el PRI, en donde la alternancia no ha llegado, ni los verdaderos proyectos productivos. Algunos proyectos productivos se pierden en el camino, sobre su paradero solo los funcionarios del gobierno estatal saben a dónde van a parar.

Según Héctor R. Olea, la toponimia de Badiraguato alude con todo acierto a un arroyo que brota en la sierra de Surutato, pasa en forma caudalosa por la villa de Badiraguato y, después, en las estribaciones de la serranía se unía frente al pueblo de Alicama al río Humaya.

En estos días el nombre de Sinaloa vuelve a estar en la prensa nacional e internacional. Somos nota a diario en el New York Time.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Badiraguato integra el grupo de los 200 municipios con la miseria más alta en México. La tercera parte de sus 35 mil habitantes padecen crisis alimentaria. Con la situación que se avecina con el famoso Presupuesto Cero y la eliminación de 246 programas sociales, nada bueno se augura para Badiraguato. La cosecha de pobres seguirá y la de votos del PRI, también.

El disimulo continúa en Badiraguato y en todo el país. El Presidente Enrique Peña Nieto no da a conocer proyectos productivos para Badiraguato, en su lugar vuelan por el aire los helicópteros de la última generación, los Black Hawk.

E-mail: riosrojo@hotmail.com

Twitter: @riosrojo

Jan 112016
 

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Luego de 68 días de cautiverio, la empresaria y ex directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el periodo del gobernador Mario López Valdez, Martha Ofelia Cañedo Senez, de 53 años, fue encontrada sin vida con tres lesiones de bala, en las inmediaciones de Guasave, a unos 70 kilómetros al sur de esta ciudad.

La ex funcionaria fue localizada en la comunidad de San Rafael, a un costado de la carretera México 15. Estaba boja abajo. Vestía totalmente de negro. En la cabeza le enrollaron cinta gris.

En el lugar, los peritos levantaron casquillos calibre 38 súper.

Los vecinos del sector reportaron a la policía que escucharon disparos a las 04:00 horas del jueves (7 enero), pero el cadáver fue encontrado cinco horas después.

Cañedo Senez fue reportada como desaparecida el 30 de octubre del 2015.

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MARTHA OFELIA CAÑEDO. La ex directora del DIF secuestrada y asesinada.

Unas 10 personas armadas todas con pistolas habían entrado a su casa, en la calle Benjamín Johnston, en la colonia Scally, forzando las puertas a marrazos. La encontraron y se la llevaron.

Testigos contaron que los sujetos viajaban en una camioneta Ford línea Explorer, color verde olivo; un auto Chevrolet línea Cruiser, color gris, sin placas de circulación, así como en una motocicleta Italika, color gris.

Desde entonces, ella no daba señales de vida. Ni sus captores.

Cañedo Senez no era la única persona de su familia que estaba ausente, pues tres días antes de que ella fuera asesinada, su hijo Antonio Zataráin Cañedo, de 25 años, empleado de la delegación Sinaloa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fue privado de la libertad.

Un comando de civiles armados con pistolas y encapuchados a bordo de dos autos compactos entró al hospital Agraz, tomó al muchacho y se lo llevó. Eso ocurrió poco después de las 18:00 horas del lunes 4 de enero, en presencia de pacientes, médicos y enfermeras del nosocomio.

El muchacho y una joven habían acudido el hospital a consulta externa. Desde entonces, el muchacho no aparece.

La policía muda

Sin embargo, en una gira por el municipio de El Fuerte, el gobernador Mario López Valdez anunció que los operativos se reforzarían. Doce horas después de su declaración, fuerzas policiales prácticamente tomaron por asalto las rancherías del municipio de Guasave, armando una faramalla con patrullas que fueron colocados como exhibición de camionetas. La acción policial fue cacareada en noticieros locales, pero sin dar a conocer los resultados, y ponderando la rápida respuesta del gobernador Malova a los reclamos sociales de mayor seguridad.

Las acciones se ordenaron 120 horas después de que comenzó el baño de sangre en Guasave, y al cabo de 12 horas de que la misma se recrudeciera, principalmente en Juan José Ríos.

En esa misma sindicatura, el domingo por la mañana, fue abandonado un pedazo de hule negro agrícola. Envuelto con él estaba el cadáver del policía preventivo, Jesús Ramón Castro Moreno, quien contaba con 36 años y vivía en Guasave. Desapareció 48 horas antes de ser encontrado.

El cadáver fue descubierto a las 11:00 horas en la esquina de Nahuilla y calle Uno.

Horas después, en la cabecera municipal de Guasave, la alerta roja se activaba con la localización del cadáver de un civil. Ismael Ruiz Díaz, de 49 años, apodado el Mollejas, fue asesinado a golpes, a plena luz y en céntrico crucero. El homicidio fue registrado a las 14:10 horas en calle 20 de Noviembre, entre Antonio Norzagaray y Benigno Valenzuela, en el sector Ermita.

Unas 24 horas después, a las afueras de Guasave fue encontrado el cadáver de un vendedor de autos. Víctor Angulo Navarro, de 41 años y residente de la colonia Ejidal, quien tenía tres heridas de bala. El cadáver que fue tirado en el dren San Joachín y ocultado entre escombros.

Al día siguiente, el pasado miércoles, dos jovencitos fueron fusilados en las inmediaciones de un parque recreativo, en plena tarde.

Uno de los asesinados fue identificado como Jesús Alberto “N”, de 15 años.

El segundo fallecido, también un joven, no ha sido reclamado por sus familiares.

La doble ejecución fue escuchada a las 17:50 horas aproximadamente, y sucedió en San Francisco y México 15.

En el lugar se encontraron más de 40 cascajos calibre .223 milímetros.

La matanza continuó este jueves cuando se descubrió el cadáver de quien fungió como directora del Sistema Estatal DIF al inicio del periodo de Malova, 68 días después de que fue privada de la libertad.

Mientras los delincuentes siembras cadáveres por doquier, y se llevan a civiles por la fuerza y a placer, las corporaciones policiales arman operativos faramallas.

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Liberan a hermano de jefe policiaco

Redacción

El ex agente Ministerial, Juan Rodolfo Melgoza Millán, hermano de Alfonso Melgoza Millán, director operativo de Seguridad Pública, fue liberado luego de permanecer secuestrado desde el 20 de noviembre en el puerto de Mazatlán.

El hermano del funcionario fue privado de su libertad alrededor de las 11:30 horas en el sector comprendido entre los fraccionamientos Prados del Sol y Real del Valle, que provocó la movilización de las corporaciones policiacas.

Un día después de lo ocurrido, el gobernador Mario López Valdez, sin dejar de repetir que Mazatlán es un lugar seguro, ofreció poner remedio a lo que sucede en Mazatlán “como se hizo con El Rosario y Choix”.

El ex agente Ministerial del Estado —quien causó baja por no haber aprobado el examen de Control de Confianza— apareció vivo 48 días después del secuestro y es resguardado en un domicilio particular en Mazatlán. Las autoridades encargadas de la seguridad pública mantuvieron el caso en total hermetismo.

Juan Rodolfo había sido escolta de su hermano Alfonso en enero del 2014, cuando éste se desempeñó como director de la Policía Preventiva en sustitución de Felipe Zárate Alemán, quien había ocupado el puesto el trienio anterior.

Jan 112016
 

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Río Doce/Miguel Ángel Vega

Badiraguato, Sinaloa.— Justo cuatro días antes de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán, Consuelo Loera Pérez, madre del capo, había enfrentado a los Marinos para exigirles que le devolvieran un rancho asegurado por las autoridades, junto con cientos de cabezas de ganado, pero también para aclararles que estaría duro que atraparan a su hijo.

Entonces la señora confiaba en que, al menos en el futuro inmediato, a su hijo no lo tocarían.

“Si está libre, es porque Dios acomodó todas las condiciones para que se escapara, y por eso anda libre, porque mi Dios así lo quiere”, dijo entonces doña Consuelo, durante una visita que hizo Ríodoce a su casa de La Tuna.

El arresto entonces se antojaba lejano, porque para la gente de Badiraguato el Chapo, más que un capo era una leyenda, como lo era también para los Marinos que se dirigían a doña Consuelo como “la madre de una leyenda”.

Todo había iniciado desde el lunes 4 de enero. Doña Consuelo estaba molesta porque desde el pasado 10 de diciembre, el gobierno le había asegurado su rancho “La lagunita”.

Durante tres semanas, la señora Loera esperó a que le desalojaran su propiedad, hasta que ya no quiso esperar y, armándose de un valor inusitado, hizo algo que nadie en la sierra se habría atrevido a hacer: enfrentar a los Marinos.

“Es que me tomaron el rancho oiga, y no sé por qué razón. Y con todo mi ganado ahí, sin comer y sin beber; Dios guarde, se me muere algún animalito y quién responde por eso”, argumentaba entonces doña Consuelo.

Un día antes, el domingo 3 de enero, la señora Loera dijo a su gente que iría a reclamar a los Marinos la invasión, y fue entonces que tanto trabajadores como familiares, intentaron disuadirla, pues temían que fueran a agredirla.

“Pues ya estaría de Dios”, les repetía doña Consuelo, “pero no les durará mucho el gusto, pues con un gaznatazo tengo pa’que acaben conmigo”.

Fue así que ese lunes, en punto de las 11 de la mañana, doña Consuelo se subió a su camioneta y ordenó que la llevaran a su rancho, cerca de Bacacoragua, para pedir a los Marinos “de buena manera”, que desalojaran su propiedad, la cual no tenía nada qué ver con las actividades de su hijo el Chapo, sino que era una herencia de sus padres.

En el pueblo al enterarse de aquella visita, asumieron la decisión con humor, y otros con preocupación; lo cierto es que para cuando doña Consuelo emprendió camino, seis camionetas con al menos 70 pobladores de La Tuna, Huixiopa, el Barranco, Arroyo Seco y La Palma, se habían solidarizado con ella y, acarreados o no, la acompañaron.

Contrario a su hijo, doña Consuelo no iría armada a enfrentar a los Marinos, sólo llevaría su biblia, la misma que dice haber leído al menos en cuatro ocasiones, y de la cual es capaz de recitar pasajes de memoria.

Los sierreños, hombres, mujeres y niños, dudaban por su parte que esas cavilaciones divinas funcionaran con los Marinos, que tenían fama de violentos y estaban armados hasta los dientes, pero a esas alturas sólo restaba esperar que nada malo ocurriera.

Los lunes ni las gallinas ponen

Cuando doña Consuelo Loera y su gente estaban como a 100 metros de arribar al rancho, los Marinos se pusieron en guardia, apretaron sus armas, y de un grito ordenaron a los conductores de las seis camionetas que no ya avanzaran, de lo contrario dispararían.

Doña Consuelo apretó su biblia, y los conductores de las camionetas detuvieron la marcha de los vehículos en seco. Por un momento los sierreños dudaron, y temieron por sus vidas, y todos se parapetaron en las cajas de las camionetas doble rodado en donde iban.

A lo lejos, los Marinos corrían de un lado a otro para instalarse en puntos estratégicos al tiempo que preparaban sus armas, pues a simple vista desconocían a qué se enfrentaban. Apenas una semana antes, les habían matado a dos compañeros en Angostura, y la nueva orden era ya no confiarse.

Doña Consuelo bajó entonces de su vehículo, y ello animó al resto de los acompañantes que, precavidos, también bajaron. Fue cuando se escuchó la voz de un Marino que, a lo lejos, pedía que un civil se acercara al rancho “despacio, con las manos arriba, y la cintura descubierta”, por aquello que pudiera estar armado.

Los sierreños se miraron unos a otros mientras murmuraban quién sería el valiente que iría a hablar con los uniformados, pero nadie parecía animarse.

Fue en ese momento que doña Consuelo dio un paso al frente.

Para que la cuña apriete…

La señora Loera se abalanzó hacia la entrada de su rancho, y con pasos lentos pero firmes caminó cuesta abajo, mientras más de veinte elementos de la Armada de México la observaban confundidos, incapaces de apuntar sus armas hacia ella.

Despacio y apoyándose en una de sus empleadas, doña Consuelo se detuvo a poco más de 20 metros de la entrada, mirando de reojo a los Marinos que no se atrevían a hacer preguntas ni a dar órdenes; era evidente que muchos sabían a quien tenían enfrente.

Un marino alto, de algunos 45 años, vestido con uniforme verde camuflado, y con chaleco negro antibalas, salió de la casa del rancho, y fue al encuentro. Iba escoltado por otros tres Marinos que portaban fusiles de alto poder, y que discretamente miraban a doña Consuelo.

“Vengo a que me diga, porqué tomaron mi rancho”, disparó la mujer a quemarropa.

El Marino preguntó entonces que con quién estaba tratando: “Mi nombre es Consuelo Loera Pérez”, respondió ella.

El Marino agachó entonces la mirada, y apaciguando el tono en su voz dijo que era para él “un honor conocer finalmente a la madre de una leyenda”.

“No todo el tiempo se tiene este honor”, insistió.

De la manera más clara, el marino trató de explicar que ellos fueron asignados por la PGR para asegurar el rancho debido a que encontraron drogas y armas en él, y que no dependía de ellos partir, sino que debían recibir la orden desde arriba.

“Yo, señora, soy sólo un empleado. Yo, como sus trabajadores, recibo órdenes. Pero si usted quiere recuperar su rancho, vaya a la PGR para que inicie el procedimiento legal, y así usted recupere su propiedad”, explicaba el Marino.

Doña Consuelo agradeció la honestidad al marino, aunque ella no habría venido de tan lejos para escuchar una retórica que posiblemente ya esperaba, así que utilizando su última carta dijo al marino que le preocupaban “sus animalitos” que andaban regados entre barrancas y cerros en los alrededores del rancho, “sin comer, ni beber”.

“¡Lléveselos señora, son suyos!”, recomendó el Marino.

A doña Consuelo no le hicieron dos veces la propuesta, sino que volvió a agradecer al marino su gentileza, y dijo que mandaría unos vaqueros para que recogieran y llevaran el ganado para su rancho en La Tuna, aunque pidió que no se los fueran a golpear, “porque si vienen por mis vacas, es porque yo los mando, no por otra cosa”, explicó la señora Loera mientras se frotaba las manos.

Por lo pronto, añadió, quisiera llevarme esos puerquitos que andan por ahí regados, sugirió la señora.

“¡Por favor, lléveselos!”, exclamó el marino.

La mujer mandó llamar a dos de sus trabajadores para que agarraran a dos puercos grandes, y cuatro crías que andaban ahí cerca, pero como los sierreños no podían alcanzar a los puerquitos, fueron asistidos por los Marinos, que entrenados en tácticas militares, armaron cercos de seguridad para cazar a los animales, que resultaron demasiado escurridizos, incluso para los Marinos, que haciendo las armas de lado, duraron como 20 minutos para cazarlos.

Ya para despedirse, doña Consuelo invitó al marino a que, cuando tuviera tiempo, pasara a su casa a comer enchiladas, las cuales serían preparadas especialmente para él, a lo que el marino aceptó de inmediato.

Todavía reviró: “Ojalá me permitiera ver a su hijo, aunque sea de lejos, para al menos presumir que ya vi a una leyenda”.

-Ni siquiera lo veo yo oiga, menos lo va a ver usted.

Viernes negro

El viernes pasado amaneció el ambiente impregnado de la noticia sobre el arresto del Chapo.

Varios de los campesinos que acompañaron a doña Consuelo a recuperar sus animales, apenas si lo podían creer.

—Y doña Consuelo, ¿cómo está?, se le preguntó a una persona cercana a la familia.

—Pues triste oiga. Cómo más puede estar. Es su hijo”.

Pero en alguna entrevista hecha por este reportero, Doña Consuelo alguna vez dijo que, más que la figura que manejaban los medios, y el hombre tan señalado por los gobiernos de México y Estados Unidos, el Chapo era su hijo. Y sólo por eso, en su corazón deseaba que no lo agarraran. El amor de madre, dijo entonces, se impone.

Jan 112016
 

el teatro del ChapoDe La Cruz de Elota a Los Mochis, la travesía; desoyó Guzmán el consejo

Río Doce/Luis Fernando Nájera

Los Mochis, Sinaloa.- El primer fin de semana del 2016 se acercaba, y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fundador y uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, pretendió abandonar las rancherías del sur de la entidad y pasarla en una zona urbana.

Quería salir de La Cruz, ubicada en el municipio de Elota; eligió la norteña ciudad de Los Mochis. Y de esa ciudad, su casa nueva, reconstruida en menos de un año, a no menos de 10 metros de distancia del drenaje pluvial, y habitada esporádicamente.

El jefe de su seguridad, Orso Iván Gastélum, el Cholo, se opuso. Le sugirió que era peligroso. Su jefe no lo escuchó y en los primeros minutos del jueves arribó a la casa reconstruida para él.

Estaba en un barrio envidiable, y sus vecinos también: a 200 metros lineales de distancia, la casa de Eva Valdez, madre del gobernador, Mario López Valdez; a 600 metros lineales al Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, y a un costado, la residencia del ex campeón mundial de box, Fernando Montiel, el Cochulito.

Ubicada en la esquina nororiente del cruce del bulevar Jiquilpan y la calle Río Quelite, en el treintañero barrio de Las Palmas, la casa fue adquirida dos años atrás por desconocidos.

Residentes del sector cuentan que los dueños, un matrimonio mormón, inesperadamente abrieron la puerta de la casa y realizó una rápida venta de garaje. Abarataron los muebles y los trabajadores de los negocios cercanos hicieron rebatinga de enseres domésticos. Desde entonces, los mormones desaparecieron.

Un año después, la casa comenzó a ser remodelada. Se levantaron muros y se colocaron protecciones. Seis olivos negros que crecían en la acera fueron fertilizados. El follaje pronto ocultó la fachada, y lo que sucedía en el interior.

Adentro, la recámara principal fue reconstruida de cabo a rabo. Y de ella, el closet tenía entrañas invisibles: un pasadizo secreto hacia el subsuelo: era el escape hacia el drenaje pluvial. El desagüe urbano tendría dos salidas. La primera, hacia el poniente de la ciudad, a 500 metros de la casa, desembocaba en el dren a cielo abierto de Juárez, bajo un puente vehicular; la segunda, al oriente, rumbo a la zona comercial, se extiende por casi 700 metros. En ese tramo, varias salidas estaban siempre disponibles, a manera de rejillas de boca de tormenta o de alcantarillas metálicas.

Una de estas últimas eligió Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y su jefe de seguridad, Orso Iván Gastélum, el Cholo, esta madrugada de jueves, momentos antes de ser detenidos por tercera ocasión.

La operación

Es de noche, y la casera lava el piso de su casa. No quiere identificarse. Tiene miedo. Y da su razón: “la balacera de anoche nos robó el sueño y la tranquilidad. Nos obligó a rezar, a escondernos en los baños, a tirarte al piso y vivir por cuatro horas pidiendo a Jesús que nos salvara. Sabíamos que era un caso de delincuencia organizada, por tantos balazos, por tanto helicóptero, por tanto encapuchado uniformado corriendo por las calles, rompiendo puertas, gritando, insultando, tratando a todos como delincuentes. Y sí, oiga, aquí vivimos con miedo”.

Ya han pasado casi 18 horas de la operación que terminó por encerrar al líder del Cártel de Sinaloa por segunda ocasión en el Centro Federal de Readaptación del Altiplano, en el Estado de México, de donde se fugó por primera vez.

Muy temprano, casi amaneciendo, recuerda un abogado que pide reservar su nombre, se escucharon los primeros disparos. Eran las 04:00 horas, aproximadamente. Eran ráfagas cortas. Ratatata, ratatata, y luego silencio. Un vacío más prolongado y luego el boom, boom. Esos eran cincuentazos (armas calibre .50, para abatir blindaje) con seguridad, dice el letrado.

Luego, un haz de luz pasó por los techos. Un viento frío bajó del cielo y arrancó las falsas tejas de asbesto. Los ventanales y las puertas temblaron, como cuero de tambor golpeado por una vaqueta. Flap, flap, flap se escuchó en la penumbra. Amaneciendo, el abogado descubrió la razón de aquellos ruidos que lo despertaron sobresaltado: un helicóptero estadunidense Black Hawk gris, con tipos armados como francotiradores, sobrevolaba la zona. A lo largo y ancho del fraccionamiento Las Palmas, luego hacia la Scally, el Del Valle y la Teresita; el sobrevuelo continuó por más de cuatro horas. A veces el Black Hawk, y en ocasiones un helicóptero ruso MI-12, también una avioneta Cessna 203 de la fuerza Aérea y hasta un interceptor de comunicaciones, fabricado en Estados Unidos.

En tierra, los fusileros especiales de la Armada de México peinaban calle a calle, casa a casa, alcantarilla por alcantarilla, en estos cuatro fraccionamientos.

Y en las calles, los anillos de seguridad se extendían. Se expandieron hasta el norte de la carretera México 15.

Y había una razón. Había fugitivos del operativo y también caídos.

En la casa elegida por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y Orso Iván Gastélum, para descansar el fin de semana, un presunto gatillero estaba muerto y seis más habían sido detenidos. En la casa contigua a la vivienda de Río Quelite y Jiquilpan, otro sujeto armado quedó en el patio. En Río Baluarte número 1422 esquina con Jiquilpan, dos sujetos más terminaron sin vida, y a cinco casas de ella, casi en Río Baluarte y Cocoteros, el quinto tipo estaba muerto. Todos habían intentado huir por los techos, y fueron asesinados por los marinos, que —de acuerdo con la versión del gobierno— repelieron una agresión a balazos. Aunque todos parecen tener “el tiro de gracia” en la cabeza.

Por abajo del bulevar Jiquilpan, por el subsuelo, Joaquín Guzmán Loera y Orso Iván Gastélum huían. Recorrieron casi 700 metros de drenaje pluvial. Decidieron emerger en el crucero de Antonio Rosales y Jiquilpan, y despojar a golpes un auto Jetta, de color blanco. Lo abordaron y enfilaron hacia la salida norte de la ciudad. Las cámaras de vigilancia los siguieron. Se armó la persecución y fue entonces que quienes huían cambiaron de vehículo. Nunca lograron su objetivo, pues desde el aire el Black Hawk los detectó.

Fueron interceptados por patrulleros y entregados a los agentes federales. Estos tomaron como bunker la suite número 51 del hotel Doux e identificaron a su objetivo: el Chapo. Así, en Los Mochis terminaron seis meses de cacería del llamado delincuente más buscado.

ENGARZADA…

Fotos:

Chapo presentación 1993 1993. Primera captura.

Chapo puente grande 2001. Primera fuga.

Chapo captura 2014 2014. Segunda captura.

Chapo fuga 2015 2015. Segunda fuga.

Chapo captura 2016 2016. Tercera captura.

La historia del Chapo

Joaquín Guzmán Loera fue capturado el 10 de junio de 1993, en un operativo realizado en Guatemala. Dos años después, en 1995, fue declarado culpable y sentenciado a 20 años de prisión en el penal de Puente Grande, Jalisco, considerado de máxima seguridad, del que se fugó el 19 enero de 2001.

Para esta fuga, el Chapo presuntamente se escondió en un carro de lavandería.

El 22 de febrero de 2014, fue recapturado en una torre de condominios en Mazatlán, en un operativo de la Marina, y recluido en el penal –también de máxima seguridad- del Altiplano, en el Estado de México. Logró evadirse el 11 de julio de 2015, a través de un túnel de 1.5 kilómetros.

En uno de los operativos de búsqueda de la Marina –y luego de operativos fallidos, como el de Los Cabos, Baja California Sur, en 2012-, realizado a finales de 2014, en la zona serrana llamada triángulo dorado —confluencia de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua— la Marina logró asegurar cuatro vehículos, dos de estos blindados y armas.

Los uniformados lograron asegurar vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje para afectar la zona de influencia y capacidad logística del Cártel de la droga. Esto permitió localizar al capo en un rancho de Pueblo Nuevo Durango, donde en octubre, elementos de la Marina llevaron un operativo para capturarlo.

Antes de huir por una cañada, las fuerzas especiales lo ubico desde un helicóptero pero como iba acompañado de dos mujeres y una niña, y se decidió no dispararle. En esa ocasión fueron detenidos siete colaboradores del Chapo, quienes aportaron información útil y relevante para la investigación. Los operativos, según el gobierno, limitaron su círculo de seguridad y las comunicaciones.

El gobierno federal informó que lograron ubicar un domicilio en Los Mochis, donde montan vigilancia por un mes. A partir del 6 de enero observan movimientos inusuales y se inicia el operativo que termina en la captura de Guzmán Loera.

Informo que la recaptura de El Chapo se dio tras una profunda investigación donde se recabaron 303 declaraciones, 111 inspecciones ministeriales, mil 142 requerimientos a diversas autoridades y contar con 191 indicios recabados en el sitio de su evasión. Se realizaron 32 cateos y 25 aseguramientos.

El Chapo fue trasladado la noche del viernes al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México: el mismo penal del que se fugó cerca de seis meses antes.

Jan 052016
 

EN CONSTRUCCIÓN. El Centro de Justicia Penal de la Región Sur.

Foto: Cortesia Río Doce.

Foto: Cortesia Río Doce.

En 2015, la CEDH emite sendas recomendaciones a la PGJE por la presunta violación a los derechos humanos de los detenidos, en la antesala del nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral, que entrará en vigor en 2016 en la Zona Sur

 

Río Doce/Cayetano Osuna.- El Sistema Penal Acusatorio Oral acusatorio obligará a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a realizar una investigación científica de los delitos sin violación de los derechos humanos de los detenidos, opina el abogado Pedro Velásquez.

En el penal de Mazatlán, el Gobierno del Estado de Sinaloa construye el nuevo Centro de Justicia Penal de la Región Sur, en cuyas puertas, opinan algunos penalistas mazatlecos, deberían no sólo quedar esculpidos los derechos humanos de los imputados, sino también recordarles a los torturadores de oficio, el dilema: ¿detener para investigar o investigar para detener?

 

Tortura previa

 

Entrevistado en su despacho, el abogado Pedro Velásquez señala que “en la página de la CEDH he verificado varios casos de violaciones a derechos de los detenidos”.

Sostiene que una vez que los presentan, los inculpados rinden su declaración ministerial, pero argumentan que la rinden bajo tortura previa y presiones sicológicas, y se declaran culpables por temor a las futuras golpizas.

 

—¿Siguen las prácticas violatorias de los derechos humanos?

—Son prácticas que se están dando y de las que la CEDH ha emitido sus recomendaciones, aunque no han sido debidamente acatadas, porque muchos de los que la misma prensa ha publicado, siguen detenidos ya aun con una recomendación a su favor.

“Y no podemos olvidar que si bien es cierto la tortura es una violación, una de las más graves a los derechos humanos de las personas, también es cierto que se debe de investigar en todos sus aspectos”.

 

—¿Cuáles aspectos?

—Uno, como delito dándose vista a la Procuraduría para que investigue qué personas intervinieron en esos actos de tortura si es que se dieron. Y la otra parte, para que el Juzgado o la autoridad judicial investigue dentro del procedimiento si existió la tortura, con la clara finalidad de que esas pruebas que fueron recabadas mediante tortura sean declaradas ilegales por atentar contra los derechos humanos y por la tanto inadmisibles en juicio.

“Aquí lo grave es que una confesión obtenida con tortura y si de ella se desprenden otros medios de prueba que aunque fueran recabados lícitamente por provenir de una ilícita de igual forma serán ilícitas, es decir inadmisibles en juicio, y entonces el trabajo de investigación del delito que viene haciendo la Procuraduría pues sería un trabajo nulo”.

 

—La ‘investigación científica’ de los delitos sería un buen paso hacia el nuevo sistema de justicia penal…

—Sí, mientras la autoridad judicial siga manteniendo los criterios arcaicos de que la primera declaración es la que vale. Que porque fue más cercana al momento de los hechos, pues sigue dándoles motivos para que en la investigación la policía o el Ministerio Público sigan atentando contra los derechos humanos. ¿Por qué?, porque el día que la autoridad judicial empiece a desvalorar estos medios de prueba o a valorarlos y a excluirlos al momento de dictar sentencia, pues la policía y la procuraduría dejarán de tener interés en resolver supuestamente un delito como se ganó.

“Aquí acabará la frase aquella de que el “fin justifica los medios”, ¿por qué?, porque es claro que se debe de investigar para detener, y no detener para investigar”.

Jan 052016
 

cuatro-desaparecidos

Río Doce/Luis Fernando Nájera.- El miércoles 23 de diciembre, en víspera de Navidad, cuatro jóvenes residentes de Culiacán desaparecieron aquí después de que fueron detenidos por la Policía Municipal y dejados en libertad por pagar una multa.

Una semana después, los cuatro muchachos continúan ausentes de su familia; prácticamente, la tierra se los ha tragado.

La historia reciente de los hermanos Jorge Luis y Jesús Antonio Ceballos López, de 28 y 31 años, Jesús Antonio Pérez Rodríguez, de 27, y Francisco Antonio Ceballos Jiménez, de 23 años, inició en esta ciudad a las 3:00 horas del martes 22 de diciembre.

En ese entonces, los tres departían en la esquina del bulevar Poseidón y la calle Roberto García Barrón, en la colonia Magisterial. Presuntamente, los vecinos habrían reportado escándalo, y cuando los policías arribaron encontraron a los cuatro muchachos “que al ver a los gendarmes intentaron una conducta evasiva, por lo que fueron detenidos”, indica el reporte del caso.

Los cuatro fueron registrados y solamente fueron encontrados ebrios. Todos fueron remitidos a los separos, en donde quedaron internados.

El auto Volkswagen, línea Jetta, de color tinto, modelo 2008, con placas de circulación EBF -38-09 del estado de Chihuahua, fue trasladado a los patios de la corporación.

El reporte agrega que los muchachos dejaron dinero, celulares y las llaves del carro en el Tribunal de Barandilla.

Al día siguiente, los cuatro jóvenes recobraron su libertad, habiendo pagado una multa con el dinero que llevaban. El auto se les entregó y abandonaron las instalaciones por el bulevar Macario Gaxiola, y entonces se esfumaron.

El Director de la Policía Municipal y Coordinador de la Policía Ministerial del Estado, Gilberto Amarillas Gastélum, deslindó a la corporación de cualquier suceso que hubiera afectado a los cuatro muchachos.

“Sí, es cierto, los detuvimos por una falta administrativa, pero quedaron a disposición del Tribunal de Barandilla, en donde no tenemos injerencia. No entendemos lo que pasó. Por declaración de la madre, en entrevista personal, conocimos que estaban en la ciudad visitando a una novia de uno de ellos, pero en indagaciones posteriores resultó que no era la primera ocasión, sino que ya habían estado aquí”.

El funcionario consideró que el caso es desconcertante pues los muchachos solamente se ausentaron.

Hasta ahí la policía se deslindó del caso, y ahora remite a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) los informes oficiales del caso. También, la corporación responde a las investigaciones que por desaparición inició la Subprocuraduría Regional de Justicia en la zona norte.

Gilberto Esquer Suárez, Presidente del Tribunal de Barandilla, recordó que los jóvenes abandonaron las instalaciones policiales pasadas las 15 horas del miércoles 23 de diciembre, luego de que pagaron una multa con el dinero que entre todos reunieron.

Se fueron por su propio pie, y a bordo del vehículo, recuerda.

“Nadie, ninguna persona ajena los reclamó, ni les ayudó a pagar la multa, aunque habrían realizado algunas llamadas con sus celulares”, comentó.

Esquer Suárez también está respondiendo a la indagación criminal iniciada y a la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tramita por separado.

Fue parco y no habló más del caso.

Arnoldo Serrano, subprocurador Regional de Justicia en la Zona Norte, confirmó que las familias de los muchachos interpusieron una denuncia por la desaparición de los jóvenes.

El funcionario se acogió a la reserva de las carpetas de investigación y alegó estar impedido por ley a revelar información.

“Por lo pronto, te puedo decir que sí, sí investigamos la desaparición de los cuatro muchachos. Estamos comprobando la declaración, pidiendo informes, cruzando información. ¿Hay avance? Sí, pero no puedo decir qué tanto”.

Tras el hermetismo de las corporaciones, las familias de los desaparecidos recurrieron a los medios de comunicación para solicitar cualquier dato que les pudiera servir para localizar a los cuatro jóvenes.

Hasta ahora no se conocen avances.

Cinco meses de humo

Han pasado cinco meses desde que tres jóvenes húngaros desaparecieron en esta ciudad, lo que conformó una de los casos de ausencias  múltiple atribuida a agentes de la Policía Municipal de Ahome.

Ellos, David Mendoza Marín, su esposa embarazada, Narda Marín Yan, y Fredo Elías Marín Bustos, fueron vistos con vida la última vez el 21 de julio del 2015, cuando agentes preventivos y civiles interceptaron la Astrovans, color arena y placas de circulación CZL-6994 de Baja California en la que viajaban los tres muchachos.

Esto ocurrió en la calle Gladiolas, en el fraccionamiento San Rafael, al poniente de esta ciudad.

Los muchachos compraban chatarra, cuando fueron interceptados por los patrulleros. Desde entonces, tampoco aparecen.

Jan 052016
 

Río Doce.- La tendencia a la baja en los homicidios dolosos que consistentemente se mantuvo en los primeros cuatro años del Gobernador Mario López Valdez se acabó. En 2015 aumentaron los asesinatos en el estado con respecto al año anterior, aunque fueron solo 15 casos se rompió la tendencia que se mantenía desde 2011.

El año que acaba de concluir cerró con mil un asesinatos, rebasando de nuevo esa barrera de los mil crímenes. En el gobierno de Malova suman 6 mil 569 homicidios dolosos (hasta el 31 de diciembre), el más alto número de asesinatos de cualquier sexenio comparando periodos iguales: En lo que va de la administración de López Valdez se han cometido 2 mil 193 homicidios más que en el mismo período de Jesús Aguilar Padilla, en los primeros cinco años ocurrieron 4 mil 376 asesinatos.
En promedio en Sinaloa durante el año pasado asesinaron a 2.7 personas por día.
Apenas el 18 de diciembre pasado en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gobernador Mario López Valdez, presumió que los operativos implementados han permitido disminuir la incidencia particularmente en los delitos de alto impacto.
En los homicidios, destacó una disminución en la incidencia, pero lo hizo comparando 2015 con 2010, el año más violento desde 1993.
Arde la sierra

La zona serrana de Sinaloa fue una zona caliente durante 2015. Los multihomicidios continuaron en el área del “triángulo dorado” de Badiraguato, en San Ignacio y El Rosario.

En el municipio natal de Joaquín el Chapo Guzmán hubo 15 homicidios en menos de un mes, entre noviembre y diciembre.

El viernes 17 murieron ocho hombres vinculados con Aureliano Guzmán, hermano del Chapo, entre ellos su jefe de seguridad, Cristóbal Muro Valdez, conocido como el 02.

Semanas antes, el 21 de noviembre asesinaron a otros tres y a cuatro más cuando regresaban del velorio.

En agosto, también en Badiraguato, una serie de tiroteos dejaron tres personas muertas.

En el sur de la entidad en la zona serrana de El Rosario y San Ignacio, se registró una pugna entre el Cártel de Sinaloa y una célula del Cártel Beltrán Leyva.

El primer día de agosto hubo seis asesinatos en San Ignacio, y el 26 se cometieron 10 en dos hechos simultáneos en El Rosario.

 

Las bajas del Cártel

En febrero, cuando salía de un restaurante en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, asesinaron a balazos a Francisco Aceves Urías, el Barbarino, a quien le atribuyen decenas de homicidios como sicario del Cártel de Sinaloa.

El 10 de diciembre, en la colonia Hidalgo, fue asesinado a balazos Vicente Zambada Reyes, hijo de Jesús Reynaldo Zambada García.

El 29 de agosto a unos metros de la Casa de Gobierno en Culiacán, asesinaron a Ranulfo Portillo López, la Muñeca, vinculado con Dámaso López Nuñez, el Licenciado, a quien servía como uno de los jefes de sicarios en Baja California Sur.

 

De cantantes y extranjeros

En 2015 Sinaloa saltó al plano internacional otra vez por los homicidios. El atentado contra el cantante de narcocorridos Javier Rosas; y el homicidio de los australianos Dean Lucas y Adam Coleman fuero motivo de atención de los medios internacionales y una rápida reacción de las autoridades estatales, que detuvieron a los responsables semanas después.

El cantante fue atacado a balazos la mañana del domingo 22 de marzo en el Desarrollo Urbano Tres Ríos y dos miembros de su equipo murieron.

A finales de mayo, la PGJE anunció la captura de dos de los tres presuntos responsables de la agresión y los vinculó con el Cártel Beltrán Leyva.

Los enfrentamientos con la Secretaría de Marina dejaron 13 presuntos delincuentes y tres marinos muertos. Uno civil más murió cuando supuestamente no detuvo la marcha en un retén y los infantes dispararon.

Solo en diciembre murieron siete civiles y dos elementos de la Semar. Entre esas muertes está la del empresario Carlos Humberto Barraza Ceceña, en Guamúchil, durante un supuesto tiroteo en un motel; la versión de la Marina indica que los cuatro fallecidos eran miembros de un grupo delincuencial.

En Badiraguato, el 25 de diciembre murieron dos hombres más, luego de que presuntamente atacaron un helicóptero de la Marina. Cuatro días después, en Angostura falleció un civil y dos marinos en un tiroteo.

En la colonia Lomas de Guadalupe, el 20 de agosto los infantes de marina atacaron un vehículo que presuntamente no hizo alto en un retén, con saldo de un muerto y tres lesionados.

 

Bajan homicidios de mujeres

Durante 2015, los homicidios dolosos de mujeres disminuyeron 42 por cierto, al sumar 48 crímenes, mientras que en 2014 fueron 83.

De acuerdo con la PGJE en el municipio de Culiacán se dieron la mitad de los asesinatos, en su mayoría con arma de fuego. Entre las víctimas hay tres menores.

 

La pifia de la UEA

El 11 de marzo del año pasado, el Gobernador Mario López Valdez, el Procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera, empresarios y miembros de organizaciones civiles reconocieron a la Unidad Especializada Antisecuestros como modelo nacional durante la inauguración de sus instalaciones.

Menos de un mes después, el 20 de abril, los elementos de la UEA protagonizaron un rescate fallido que costó la vida del empresario Ernesto Valdez y de uno de sus presuntos captores. Cuando los agentes intentaron rescatarlo de una casa en la colonia Cañadas, se inició un tiroteo que duró más de dos horas. Como responsables del plagio fueron detenidos Jaime Eduardo Carrillo Quevedo, hijo de Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de oro; y cuatro presuntos miembros de su grupo, de los cuales dos obtuvieron su libertad por violaciones al debido proceso.

 

Sinaloenses en medio de pugnas

Para el comandante de la Novena Zona Militar, Rogelio Terán Contreras, cada región de la entidad enfrenta problemas diferentes, debido a la rivalidad entre el Cártel de Sinaloa contra el Cártel Beltrán Leyva, y una riña interna en la organización dirigida por Joaquín el ChapoGuzmán e Ismael el Mayo Zambada.

“Hay rivalidad delincuencial sobre todo en los límites norte y sur de Sinaloa, el Cártel del Pacífico, el Cártel de Sinaloa contra los Beltrán Leyva son los grupos que mantienen esa pugna por ingresar a controlar territorios o rutas”.

Dec 282015
 

CFE-trabajadores

Río Doce/Miriam Ramírez.- En el año que concluye, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio de energía eléctrica a ocho municipios de Sinaloa por no pagar sus deudas.

Culiacán encabeza la lista de ayuntamientos que sufrió más cortes a lo largo de 2015, pues el servicio en sus edificios públicos, instalaciones de alumbrado público y el sistema de bombeo de agua potable fue suspendido en 11 ocasiones.

Según datos obtenidos a través del sistema Infomex de acceso a la información pública, los 18 municipios de Sinaloa registran adeudos con la paraestatal que alcanzan casi 10 millones de pesos, pero son las juntas de agua potable las que lideran la morosidad en los municipios.

Y es que casi un 60 por ciento de la deuda que suman los municipios con la CFE la concentran las juntas de agua potable, por el consumo de energía eléctrica para operar los sistemas de bombeo de agua y alcantarillado.

Un 30 por ciento de la deuda se va en el consumo de alumbrado público, mientras que el 10 por ciento del importe se concentra en el adeudo del servicio en edificios municipales.

Aunque los 18 municipios tienen rezago con la CFE, sólo a ocho ayuntamientos se les suspendió el servicio en varias ocasiones a lo largo del año. Culiacán destaca con 11 cortes de energía, seguido por Rosario con cinco suspensiones. El Fuerte, Escuinapa y Concordia, se quedaron sin luz en cuatro ocasiones, mientras que Guasave, Navolato y Salvador Alvarado tuvieron un corte de energía eléctrica por no pagar su deuda a tiempo.

 

Juntas de agua en quiebra

 

No es de los municipios más poblados del Estado pero El Fuerte sí destaca por registrar la deuda más alta en cuanto al consumo de energía eléctrica de su Junta de Agua Potable.

De acuerdo con el informe entregado por la CFE, a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (JAPAF), se le suspendió el servicio en cuatro ocasiones durante el 2015 y fue a solicitud de la misma JAPAF que este año El Fuerte suscribió un convenio con la CFE argumentando la insolvencia de la paramunicipal.

Tan sólo El Fuerte acumuló el 20 por ciento de la deuda total que tienen las juntas de agua del estado con la CFE, una deuda que suma 5 millones 834 mil 885 pesos y que en el caso del municipio del norte es de un millón 265 mil 549 pesos.

Las juntas de agua de San Ignacio, con una deuda de un millón 082 mil pesos; Rosario, que adeuda 822 mil pesos; Mazatlán, con un saldo vencido de 628 mil pesos y Concordia que le debe a la CFE 592 mil pesos, registran las deudas más altas después de El Fuerte.

El resto de las Juntas de Agua del Estado, con excepción de Salvador Alvarado, también registran deudas con la paraestatal por el consumo de energía eléctrica para operar los sistemas de bombeo de agua potable y drenaje.

 

Sorteando las deudas

Y aunque los municipios tienen el derecho de establecer convenios de pagos con la CFE para reducir su deuda poco a poco, sólo un municipio de los 18 ha hecho uso de este esquema.

Según se explicó a través de la coordinación de comunicación social de la CFE, al llegar la fecha de pago, los municipios consiguen recursos para regularizar su pago pero la deuda continúa sin que se salde de forma definitiva.

Cuando pasan varias facturaciones sin que el municipio “abone” a su deuda, la CFE envía una notificación al ente de gobierno y posteriormente realiza el corte de energía, el cual se reconecta una vez que el ayuntamiento realiza un pequeño abono a su deuda.

En comparación con 2014, este año los municipios se retrasaron más en sus pagos ya que el año pasado sólo se habían registrado nueve cortes de energía por la falta de pago en los municipios de Concordia, Cosalá, Rosario y San Ignacio; sin embargo, para 2015 la suspensión del servicio a los gobiernos municipales llegó a 31 cortes distribuidos en ocho ayuntamientos.

De acuerdo con la CFE, el consumo de energía eléctrica en los gobiernos municipales se factura en tres clasificaciones: importe por alumbrado público, bombeo de aguas potables y el servicio en edificios público.

 

Los que más deben:

 

San Ignacio     un millón 404 mil pesos         1 corte de energía

El Fuerte         un millón 265 mil pesos         4 cortes

Mazatlán         un millón 129 mil pesos

Rosario           un millón 157 mil pesos         5 cortes

Culiacán          un millón 083 mil pesos         11 cortes

 

Deuda total de los municipios:

 

Alumbrado público: 2 millones 764 mil pesos

Bombeo de agua potable: 5 millones 834 mil pesos

Edificios públicos: 1 millón 298 mil pesos

Total: 9 millones 897 mil pesos

 

Dec 142015
 

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Sinaloa es uno de los dos estados con mayores delitos cometidos con armas de fuego contra mujeres

En Sinaloa, el 85 por ciento de los asesinatos han sido causados por armas de fuego; entre el 2011 y julio de 2015 fueron ultimadas a balazos 5 mil 237 personas, delitos en los que se usaron armas de diferentes calibres, incluidas las de uso exclusivo del Ejército.

Información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mediante la solicitud de información con folio 00432015, realizada a través de Infomex Sinaloa, durante el gobierno de Mario López Valdez —hasta julio de este año—, han sido asesinadas en Sinaloa 235 mujeres con arma de fuego y 5 mil 2 hombres.

A nivel nacional, entre el 2011 y el 2013, el 64 por ciento del total de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego, es decir en México 49 mil 458 personas murieron a causa de una o más balas.

La organización Desarma México A.C. con el apoyo del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), desarrolló el primer Observatorio Nacional de Violencia Armada y Género (OVAG) del país.

Financiado por Indesol, este proyecto tiene como objetivo monitorear, difundir y concientizar sobre el papel que juegan las armas de fuego en la violencia ejercida en México, además de diferenciar el impacto que tiene en hombres y mujeres.

Para cumplir con el objetivo, la asociación Desarma México recopiló y sistematizó información estadística de fuentes oficiales y públicas a nivel nacional y estatal, de los años 2011, 2012 y 2013, investigando dos rubros: mujeres víctimas de armas de fuego, y presencia de armas de fuego.

Según los resultados del OVAG, es imposible hablar de armas aseguradas en México sin mencionar a Estados Unidos, ya que “las cifras corroboran la importancia de centrar la atención en nuestro vecino del norte para atender el tráfico de armas”.

El estudio recopiló datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la oficina encargada de rastrear los datos legales del alcohol, tabaco y armas —ATF por sus siglas en inglés— arrojando que entre el 2007 y 2014, “el 71 por ciento de las armas aseguradas en México y rastreadas por este departamento, provenían de EUA”.

“Información de la SEIDO-PGR confirma este porcentaje y otorga elementos adicionales: 10 por ciento no arrojó resultados en Estados Unidos, 9 por ciento no arrojó resultados, 6 por ciento tenía el número de serie borrado, 3 por ciento poseía un número de serie inválido, 2 por ciento provenían de armas vendidas a Centroamérica y el 1 por ciento estaba en espera de resultados”, es decir que del 19 por ciento de las armas no existe una certeza de donde provienen.

Según el estudio, el 59 por ciento de las armas incautadas por el gobierno de Estados Unidos —que iban a ser traficadas— eran importadas, entre las que destacan las AK-47 y sus variantes; la información resulta relevante debido a que son un tipo de armas comunes entre el crimen organizado en México.

Un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, presentado este año con información oficial otorgada por 45 países, incluido México, destaca que “la mayoría de las armas se trafica por tierra y entre países vecinos”, y que “generalmente quienes trafican armas están involucrados en otras actividades criminales, como tráfico de drogas”.

En el periodo de 2011 a 2013, Sinaloa destaca en varios indicadores tanto de víctimas como de presencia de armas.

Según el OVAG, el Estado de México y Sinaloa son las entidades con mayor porcentaje de delitos cometidos con armas de fuego en contra de mujeres; ambos registran el 74 por ciento, superando el valor nacional, que es de 63 por ciento.

También Sinaloa está dentro de los tres primeros lugares en armas cortas y largas robadas o extraviadas por cada mil policías; se extravían 14.3 armas, las cuales superan por mucho la tasa nacional que es de 4.2.

Informe OVAG (Del 2011 al 2013):

-En México murieron 3 mil 764 mujeres por homicidios con arma de fuego, es decir tres mujeres al día. En el hogar se cometen el 20 por ciento de los homicidios de mujeres por disparo.

-El Estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa, destacan en el número de armas reportadas como perdidas o robadas.

-Tamaulipas obtuvo el primer lugar en armas aseguradas y en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo.

Nov 232015
 

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Extraditan a César Gastélum para sacarle información contra el Chapo

Río Doce/Miguel Ángel Vega.- El domingo 15 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, elementos de la PGR se reunieron en el hangar federal del aeropuerto de Toluca con agentes de la DEA, del FBI, y del US Marshals, para entregarle a un individuo que, el 12 de abril pasado, había sido detenido por tráfico de drogas.

La operación se desarrolló en completo sigilo, pues el plan era sacarlo de la cárcel del Altiplano, en el Estado de México, y de ahí llevarlo al aeropuerto más cercano sin que nadie se diera cuenta, pero voceros de la Secretaría de Relaciones Exteriores echaron a perder la estrategia al emitir un boletín de prensa donde anunciaban la extradición.

El acusado en cuestión se llama Cesar Gastélum Serrano, apodado la Señora y es originario de Eldorado Sinaloa. Y algo debía de saber para que el Departamento de Estado de Estados Unidos enviara ex profeso a varios de sus agentes para llevarlo de inmediato en un vuelo privado hasta una corte de Distrito de Washington DC, según el protocolo, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas.

La historia termina ahí, porque a partir que fue entregado a los agentes estadounidenses, Gastélum Serrano desapareció. Es decir, Estados Unidos lo tiene, pero lejos de la ruta judicial que establece que un acusado debe ser presentado ante un juez para que se declaréeculpable o inocente, y a partir de ahí inicien las audiencias preliminares y desahogo de pruebas para que se defienda de los cargos que el gobierno le acusa. Con Gastélum Serrano no ocurrió así.

“El caso está sellado, y no haremos más comentarios”, dijeron fuentes del Departamento de Justicia (USDOJ), al cuestionarles sobre el proceso  de la Señora.

Se intentó con los US Marshals y con el Sistema Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP), pero nadie quiso precisar dónde estaba recluido Gastélum Serrano, pues su juicio se había sellado.

Fuentes de la DEA sugieren que Gastélum Serrano, que en su momento controlaba las rutas de Guatemala, Honduras, Colombia y Venezuela para el Cártel de Sinaloa, tiene información privilegiada que puede servir a la DEA sobre las rutas que utilizó Joaquín el Chapo Guzmán para escapar del país, y que según considera el gobierno de Estados Unidos, esas rutas lo llevaron a un país de Sudamérica, donde se oculta.

Más que castigar a Gastélum Serrano, lo que quiere Estados Unidos son esos detalles que pueda proporcionar para encontrar y arrestar a Joaquín  Guzmán, hoy por hoy, el hombre más buscado por la DEA.

 

Siguiendo los pasos del Chapo

 

Gastélum Serrano, junto con sus cuatro hermanos: Alfredo, Jaime, Guadalupe Candelario, y Francisco Javier, han sido los principales operadores del Cártel de Sinaloa para el trasiego de droga de Colombia a México, y están bajo las órdenes directas de capos como Ismael el MayoZambada y Dámaso López el Licenciado.

Pero sería César, el mayor de los hermanos, quien diseñaba las rutas para el trasiego de cocaína por todo Centroamérica.

En Honduras, mantenía una guerra feroz con todos los enemigos del Cártel de Sinaloa, hasta que el 12 de abril pasado, fue arrestado en Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo a información clasificada, por una de esas rutas que el Chapo pudo haber salido del país, con ayuda de la gente de César Gastélum, que seguía obedeciendo órdenes de la Señora,aun estando éste recluido en la cárcel del Altiplano, por lo que para la DEA, era pieza clave para seguirle los pasos al Chapo Guzmán, ya fuera que escapara a Centroamérica, o bien, regresara a Sinaloa, donde estaría más seguro.

“El que sea el caso, el plan es seguirle los pasos”, dijeron a Ríodoce fuentes del USDOJ.

Según declaraciones hechas por un alto funcionario de Venezuela, Guzmán Loera habría aterrizado en ese país procedente de Honduras, y posteriormente sería trasladado a un país de Sudamérica, donde estaría oculto mientras se calma la cacería que la Armada de México y la DEA mantenían en la sierra de Sinaloa.

Debido a que Gastélum Serrano conoce todas las pistas clandestinas de esos países, debió saber qué rutas utilizó el Chapo en días recientes, cuando se estableció que había huido de México, por lo que el gobierno estadounidense aceleró la extradición, y así llegar a un acuerdo con él.

Esa habría sido la razón principal por lo que el juicio de la Señora fue sellado y su paradero se desconoce.

Como ocurriera con muchos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, es muy posible que Gastélum Serrano se haya integrado al programa de Testigos Protegidos y no sería la cárcel gringa que lo espera, sino una casa de seguridad, monitoreada las 24 horas del día, y una serie de interrogatorios para convencerlo de que revele qué rumbo tomó el Chapo, a cambio de inmunidad judicial.

Esa habría sido la razón por la cual, países como Argentina y Chile alertaron a sus autoridades policiacas sobre la posible presencia del Chapo en su territorio, según trascendió en medios internaciones en días recientes.

 

Los antecedentes del USDOJ

Ocurrió con Jesús Reynaldo Zambada García el Rey, hermano de Ismael el Mayo Zambada. Agentes de la PGR lo sacaron del Altiplano, y lo entregaron aquí mismo en México, a elementos estadounidenses.

Los medios de comunicación dieron a conocer la extradición, pero a partir de entonces, y hasta la fecha, del Rey nada se sabe. Periodistas como Anabel Hernández, establecen que el Rey, como Vicente Zambada Niebla y muchos narcotraficantes, se integraron al programa de Testigos Protegidos, y de ellos nada se sabe.

Ríodoce, a través del acta FOIA (Freedom of Information Act), intentó obtener información que precise el estatus judicial de esos narcotraficantes, pero la negativa fue rotunda, argumentando violación a los derechos de privacidad.

En noviembre de 2014, Alfredo Beltrán Leyva, parte medular del Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos, y nadie se enteró, pero al menos días después se supo que se había declarado inocente ante una corte de Distrito de Washington DC.

Lo mismo ocurrió con Ovidio Limón, y con Héctor el Güero Palma, y con Benjamín Arellano Félix, incluso con Vicente Zambada Niebla: todos fueron extraditados, presentados ante un juez, y algunos se declararon culpables y colaboraron con Estados Unidos. Pero en todos los casos los acuerdos fueron públicos.

Con el Rey Zambada, y con César Gastélum, la situación fue diferente. De ellos, hasta la fecha, nadie sabe.

La misma situación puede argumentarse en el caso de Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, luego que un juez federal mexicano aprobara su extradición; el caso se encapsuló, y aun cuando el gobierno mexicano tiene tres semanas para entregar al acusado, nadie sabe qué pasó realmente.

Fuentes cercanas al juicio contra Alfredo Beltrán Leyva sugieren que el Mayito Gordo se integró también al programa de Testigos Protegidos para testificar contra el Mochomo, y hundirlo, que es el juicio más próximo a iniciar.

El caso de César Gastélum, sin embargo, es diferente: el objetivo de llevarlo a Estados Unidos tiene que ver con la cacería del Chapo Guzmán, quien hasta la fecha, continúa a salto de mata.