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Jan 252017
 

RESPALDO DE LA ALCALDESA TERE JIMÉNEZ A EMPRESARIOS PARA IMPULSAR CRECIMIENTO ECONÓMICO

Firmó alianza para el Desarrollo de Sectores Productivos del Municipio con el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes.

Se busca potencializar a las empresas locales y favorecer el entorno social para la generación de empleos.

Asimismo, se establece una agenda en común en materia de desarrollo económico.
La alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, refrendó su compromiso por apoyar a la comunidad empresarial, tras firmar la Alianza para el Desarrollo de Sectores Productivos del Municipio en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), acuerdo que a decir del sector, es un hecho sin precedentes en la relación del Ayuntamiento con la industria a nivel local.
Durante este encuentro, la Presidenta Municipal ofreció brindar todas las facilidades para el impulso de programas que reditúen en el crecimiento económico local y la generación de empleos, así como ser un Gobierno humanista que apuesta a potencializar las empresas, además de brindar a la ciudadanía obras y servicios de calidad.
“Ser facilitadores con ustedes que crean los empleos aquí en Aguascalientes y que el día de mañana pueda salir en paz y decir, por lo menos puse mi granito de arena con ustedes, los ayudé, pude lograr que se abrieran más empresas, o facilité para que se crearan más empleos y que podamos ser amigos el día de mañana y que podamos decir lo logramos juntos; la sociedad necesita no nada más del Gobierno, necesita también de sus representantes y líderes como son ustedes”.
Luis Obregón Pasillas, director de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, manifestó que a través de este tipo de acuerdos se beneficia a distintos sectores sociales y económicos de Aguascalientes; muestra de ello es el recién implementado programa “Jueves de Bolsa de Trabajo”, donde se ofrecen diversas alternativas para quienes están en busca de una oportunidad laboral.
En ese sentido, señaló algunos de los acuerdos que se deberán cumplir tras establecer la alianza en beneficio de los sectores productivos.
“Promover un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las Mipymes; promover las acciones, incentivos y apoyos en general orientados al fomento para la competitividad de las Mipymes; participar en el desarrollo de un sistema general de información y consulta para la planeación de los sectores y cadenas productivas; diseñar esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores y distribuidores locales del sector público y demás sectores; promover la generación de políticas y programas de apoyo para las Mipymes en sus respectivos ámbitos de competencia”.
Pedro de la Serna López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, a nombre de los 33 integrantes de Cámaras Empresariales, Colegios y Asociaciones del organismo, agradeció la disposición de la Alcaldesa para establecer un acuerdo que favorece el impuso de las empresas, a pesar del difícil panorama económico que atraviesa el país y los recortes presupuestales por parte de la Federación.
Dentro del primer catálogo de proyectos considerados en la Agenda Estratégica del Consejo Coordinador Empresarial, destaca: un Centro de Innovación Tecnológica para el Sector Automotriz; un Parque Multimodal para el abasto agroalimentario y un Programa de Fortalecimiento al Ecosistema de Empresas de Base Tecnológica de Alto Impacto a través de capacitación y asistencia técnica, entre otros.
“Tenemos una agenda estratégica que tiene visión al 2040, que es la que nos trae hoy a firmar esta Alianza para el desarrollo, la competitividad con responsabilidad social de los actores productivos del municipio de Aguascalientes, donde esta alianza se constituye en un hecho sin precedentes en la relación del Ayuntamiento con el sector empresarial organizado”.
Cabe hacer mención, que a este encuentro se dieron cita, el titular del Secretariado Técnico del Consejo de la Ciudad, Salvador Alcalá Durán; así como titulares de diversos organismos como Asociación de Comerciantes del Centro; (ACOCEN), Mujeres Empresarias de Aguascalientes (MEMAC), Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI), Unión Social de Empresarios de México (USEM), Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, (CANIRAC), entre otros.

May 022015
 

avuela

LAS DONACIONES Y LAS LEYES

Por Renato Consuegra / *

México, D. F., a 1 de mayo de 2015

A lo largo de los años, los políticos mexicanos de todo tipo, jerarquía y partido encontraron en la palabra “donaciones” una forma burda pero socorrida de ocultar el origen de “bienes” que se encuentran en su poder, debido a que las leyes no sólo no obligan a que quienes se encuentran en el poder público o político a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales para transparentar su carrera, sino que, por el contrario, hay tal laxitud que casi casi los alienta a generar este tipo de acciones.

El intento más más cercano para transparentar la información de los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue en 2002, pero antes de que pasara al pleno, el dictamen se trucó para especificar que la información sólo sería pública si el funcionario que la presentaba así lo deseaba. De esta forma, también, los únicos que la tienen y no se sabe si completa son las áreas de Gobierno desde donde se manipula tal información cuando alguien se sale del redil.

El experto Ernesto Villanueva afirma que “la corrupción pública dificulta el funcionamiento del sistema democrático, pues no sólo importa una desviación del poder respecto del interés común para el cual éste es otorgado, sino también implica la reducción de los niveles de legitimidad, arriesgando con ello la gobernabilidad y viabilidad democrática de los países”.

Los Estados democráticos de derecho, afirma Ernst Wolfgang Böckenförd en Estudios sobre el Estado de derecho y la democracia, “están comprometidos a asegurar la legitimidad de las instituciones públicas, para proteger el orden moral y la justicia de la sociedad”. Este es el tema principal de cualquier argumentación sobre la transparencia sobre las fortunas de los políticos, la justicia social, el hecho de que el poder político no sea utilizado para amasar grandes fortunas amparadas en tal poder. Y también porque las donaciones finalmente pueden caer en la figura de lavado de dinero, más allá del conflicto de interés y corrupción.

Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2011, destaca que para evitar y resolver conflictos de interés, es necesario contar con información que permita identificar relaciones que puedan influir en el desempeño de los funcionarios durante su encargo. Es decir, que las declaraciones patrimoniales además de servir como una herramienta de fiscalización de ingresos, lo es también para conocer si hay conflictos de interés entre funcionarios públicos y actores privados a los que les toca regular.

Hace algunos años por motivo de mi trabajo reporteril me tocó entrevistar a un empresario sobre una deuda que tenía con la Secretaría de Hacienda. Las respuestas a la entrevista se desarrollaron por el lado institucional, pero una vez terminada y la grabadora apagada me confió “off the record” que no tendría problema porque él había cooperado con la campaña de quien estaba en ese momento en la Presidencia de la República, lo mismo que con los otros dos candidatos fuertes, precisamente para ahorrarse problemas.

Bueno, pero ¿a qué viene todo esto? Simple y sencillamente a que los diputados mexicanos han sido los más interesados en mantener la opacidad en cuanto a los bienes de todo el sistema político mexicano, simple y sencillamente porque es en las votaciones donde se genera la gran corrupción, donde se llevan la gran tajada y no en su dieta legislativa (así se le llama a sus percepciones económicas por su “trabajo” cameral).

Por esto mismo, vemos cómo los diputados atienden más a los intereses de las grandes empresas en contra de los de la sociedad a la que se supone deben servir. El caso más reciente se dio apenas el miércoles 29 de abril cuando en el cochinero de las últimas horas que cada fin de periodo ordinario realizan, los legisladores en la Cámara de Diputados desempolvaron una iniciativa de hace seis años y aprobaron que los vehículos con antigüedad mayor a tres años deben realizar una segunda verificación, ahora de carácter federal, y a la revisión de condiciones mecánicas si quieren circular por las carreteras federales.

El negocio es para las armadoras de vehículos, como hace dos años lo hicieron para las aseguradoras con el seguro necesario para circular también en las vías federales. Además, los diputados definieron que las propias armadoras o concesionarias podrán realizar el trámite en sus instalaciones y quien no cumpla la verificación será detenido por la Policía Federal, que “podrá retirar de la circulación los vehículos”.

De acuerdo con la iniciativa aprobada, los propietarios que no realicen estas dos verificaciones deberán pagar multas entre 40 y 500 días de salario mínimo; los ingresos derivados de esas sanciones se destinarán a la Secretaría de Gobernación para programas de seguridad pública y prevención del delito. El pago de este nuevo derecho representará al gobierno federal ingresos por 7 mil 500 millones de pesos.

Es decir, en un país donde los salarios y el poder adquisitivo va en picada, se aprueba una ley que como dijo el diputado Salvador Romero Valencia, “porque sabemos perfectamente que fortalecemos uno de los sectores más importantes de la economía nacional, como es el sector automotriz, generador extraordinario de empleos, prosperidad y desarrollo para el país”.

¿Cómo ven? ¿De a cómo?

(*) Renato Consuegra es periodista, ganador del X Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet

Feb 242015
 

Avuela

Las más recientes acciones operadas desde el Congreso de la Unión y más específicamente desde el Senado de la República con el fin de anular todos los dientes a la futura Ley General de Transparencia, no son sino una más de las maniobras de los políticos de los partidos PRI y PVEM, de protegerse ahora que se encuentran en el poder.

Estos movimientos sólo demuestran a la ciudadanía informada que la Casa Blanca “de la esposa del presidente” Enrique Peña Nieto en las Lomas de Chapultepec, la oficina del Mandatario en la misma zona de la Ciudad de México y la casa de descanso del secretario de Hacienda en el pueblo mágico de Malinalco, son sólo la punta del iceberg de la gran corrupción existente en el actual gabinete del Gobierno de México y todo lo que arrastran quienes pretenden llegar a gobernar al país en 2018 y lo resulte cuando lleguen al poder.

Se presume en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el gobierno de México está estructurado por los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial y cada uno vela porque haya los equilibrios suficientes para darle viabilidad al país y llevarlo a un tránsito sin sobresaltos dentro de una coherencia democrática. Es decir, cada uno es vigilante de los otros dos y tiene mecanismos para frenar el probable desvío de sus funciones y responsabilidades.

Sin embargo, hoy en la práctica y desde hace muchos años la forma como se ejerce el poder en México es todo lo contrario a lo que está escrito en la llamada Carta Magna. Funcionarios del poder ejecutivo, desde el Presidente y todos sus colaboradores de los primeros niveles –y desgraciadamente la gran mayoría de los burócratas, salvo sus honrosas excepciones–, los legisladores y miembros del poder judicial se han convertido en una gran organización perfectamente organizada para saquear las riquezas del país con la mayor impunidad y ya no en lo oscurito, sino de frente a los propios ciudadanos.

Sus armas son los cargos de autoridad que los propios ciudadanos, la mayoría cargados de necesidad, les dieron a cambio de cantidades que van de los 300 a los 1,200 pesos el día de la elección. Esa compra –votos ganados dicen ellos y los presumen– les da el derecho de hacer y torcer la ley para su propio beneficio y el de sus “grupos políticos”.

Esta semana debe quedar listo el dictamen de la Ley General de Transparencia, pero la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y los legisladores del PRI y del PVEM —que pretende llegar a la presidencia de la República con el adelantado gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello— han maniobrado para diluirla. Y de ser un documento que permita el avance de la sociedad en materia de transparencia y rendición de cuentas, el bodrio que preparan será un instrumento para la ilegalidad, la corrupción, la opacidad y, sobre todo, un estímulo para usos ilegítimos de las funciones del Estado.

Llaman especialmente la atención temas como el empeño de estos sujetos interesados por eliminar la protección a personas y servidores públicos que divulguen información reservada pero de especial interés público, relacionada con violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. O sea, casi nada. Así como el tema de los fondos y fideicomisos que maneja la Secretaría de Hacienda y Fondo Mexicano del Petróleo.

Expertos en la simulación, desde la Presidencia de la República y los dos partidos antes señalados, arreciaron su presión a quienes elaboraron la propuesta como fueron senadores, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), los tres colectivos de organizaciones, periodistas y expertos en la materia como Red por la Rendición de Cuentas, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate. A través de estas presiones, PRI y PVEM plantearon más de 80 modificaciones al borrador, que son consideradas como “regresivas” http://fredalvarez.blogspot.mx/2015/02/la-de-transparencia-una-ley-regresiva.html.

Es decir, que desde el Congreso de la Unión, desde el poder legislativo y en unión con el ejecutivo, están generando una ley opaca, más para la simulación que para el efectivo y transparente proceso de rendición de cuentas que debe albergar en toda democracia que se precie de serlo.

Ni se diga del Poder Judicial, donde nada que vaya en contra de los grupos de poder, pasa para beneficio de la población. Ahí generalmente se encuentra un dique que mediante el manejo de la ley apuntala los intereses de los poderosos y la economía de jueces, magistrados y ministros.

Pero no sólo en la Ley Federal de Transparencia se observa el retroceso. Hoy el presidente del PAN denunció públicamente a los consejeros electorales Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo, Adriana Favela, Benito Nacif, Javier Santiago y Enrique Andrade, por haberse conformado como un bloque mayoritario en el pleno del Instituto Nacional de Elecciones (INE), cuyas decisiones han sido favorables a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), sobre todo a éste último con su publicidad engañosa a lo largo y ancho del país, porque ya preparan al chiapaneco Velasco para la presidencia en 2018.

El representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate Chapa y el consejero legislativo, Javier Corral junto con los representantes de cinco partidos más se salieron de la sesión extraordinaria del miércoles 18 porque el bloque aplazó para esta semana la discusión de dos temas que tienen que ver con las normas reglamentarias de imparcialidad y que los programas sociales se apeguen a su objeto y reglas de operación.

De este tamaño es la colusión mediante la cual estos grupos se roban el poder y se apoderan del país y de sus recursos, como es el petróleo, como lo será la electricidad y más adelante el agua. (Difunet)

Nov 172014
 

Avuela (1)

A lo largo de los últimos años hemos encontrado que los asesinatos de periodistas en México, por la forma como fueron propiciados, han sido vinculados como obra del crimen organizado. Por lo tanto, las pesquisas nunca han llegado al fondo porque el simple hecho de parecerse a presuntas vendettas del narcotráfico sobre esos periodistas que se “habrían” metido donde no debían, provoca que las investigaciones se den por concluidas de hecho, aunque no sea de derecho.

Estudios recientes de organismos dedicados a proteger la libertad de expresión y el derecho a la información afirman que de 2000 a la fecha entre el 98 y 99 por ciento de los crímenes contra periodistas han quedado impunes. Es decir, desconocemos quién o quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales… y en el caso de los muy escasos que han sido “resueltos”, sólo se ha llegado a los autores materiales porque el móvil ha apuntado a asuntos ajenos al ejercicio periodístico.

Pero hay algo más. En prácticamente cada uno de los antecedentes a los crímenes de los periodistas hubo una amenaza o violencia previa contra ellos porque hicieron pública información que revelaba actos de corrupción de funcionarios o personajes políticos, ya fueran el director de la policía, el síndico procurador, el regidor o el alcalde; lo mismo que el director de la policía estatal, el procurador, algún secretario del gobierno o el mismo gobernador, lo mismo que legisladores o políticos con aspiraciones.

Las organizaciones han documentado que más del 75 por ciento de los casos de violencia contra los periodistas ha sido por parte de funcionarios, políticos o agrupaciones ligadas con los políticos (hoy prácticamente cada uno de ellos tiene una Asociación Civil).

En el caso de los civiles asesinados en Tlatlaya, Estado de México (a 240 kilómetros de la ciudad de México) desde el principio se les criminalizó, sin haber mediado investigación alguna. Sin demora, el propio titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva dijo que eran narcotraficantes, hasta que el propio Ejército —vaya usted a saber por qué motivo lo hizo, porque siempre han protegido de manera férrea a sus integrantes—, entregó a los militares que ajusticiaron al grupo en ese municipio mexiquense.

Hasta entonces el Ombudsman reconsideró sus primeras declaraciones y el enfrentamiento lo convirtió en ejecución extrajudicial. ¿Por qué y para qué fue cambiada la versión inicial, que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila también avaló? Probablemente para ejercer un golpe mediático posterior en contra de Ávila.

Hoy quizá nadie se acuerda de los jovencitos secuestrados por la policía del oriental estado de Veracruz, quienes posteriormente fueron encontrados muertos, tirados en la glorieta de los Voladores en Boca del Río, en el marco de una reunión de procuradores del país. Ellos fueron detenidos y llevados de las calles en sus colonias por camionetas de la Policía Estatal y posteriormente, al ser encontrados muertos, se les criminalizó sin ninguna investigación: eran miembros de las bandas del narcotráfico, dijeron las “autoridades”.

A los estudiantes de la Rural de Ayotzinapa los atacaron y privaron de la libertad policías de la ciudad de Iguala; las declaraciones de los sobrevivientes son claras. Los estudiantes no fueron apoyados por miembros del Ejército que estaban ahí y presenciaron la agresión, por el contrario, recibieron un “ustedes se lo buscaron”. Posteriormente, las autoridades federales afirman que en el ataque están vinculados miembros del crimen organizado, quienes presuntamente habrían sido los ejecutores, por órdenes de un político, en ese momento “autoridad”.

Como vemos. Detrás de todos estos homicidios o desapariciones de ciudadanos se encuentran personajes ligados a la función pública y a la política. Posteriormente, por la forma cómo se realiza el delito, se le cuelga el santito al narcotráfico y asunto concluido. No hay más que investigar.

Fue la misma receta que el cansado procurador General de la República, Jesús Murillo Karam quiso aplicar con los normalistas de Ayotzinapa. Pero no contó con una presión social demasiado grande para este caso y que la gente por todos lados está realizando preguntas, indagaciones y adquiere interés por el dicho de las autoridades, comparado con muchos otros casos, y ha puesto en evidencia sus conclusiones.

La pregunta es: ¿Qué pasa si a todo lo que está ocurriendo en estos y otros casos en el país les quitamos la forma y vamos al fondo? Es decir, si hacemos a un lado que son agresiones perpetradas o ejecutadas por miembros del crimen organizado, quienes finalmente serían los ejecutores —si realmente lo fueran— y vamos a buscar a quienes planearon intelectualmente los crímenes.

Estaríamos ante lo que prácticamente todo mundo sabe. Que los crímenes en México son obra de quienes detentan el poder político, ya sea para evitar que los sigan exhibiendo mediáticamente en el caso de los periodistas, pero también, para golpear políticamente a otros en los casos como Tlatlaya y Ayotzinapa o para sembrar terror como en los sucesos ocurridos en Veracruz, Tamaulipas y otras entidades, con el fin de que las poblaciones se queden inermes ante el saqueo.

La forma (narcotráfico) en la ola de crímenes ocurridos en México durante los últimos años es muy lejana al fondo (político) del por qué ocurrieron. A diferencia del pregón del intelectual del priismo de los años 70 al que por cualquier cosa acuden precisamente los políticos, la frase de que l”la forma es fondo” de Jesús Reyes Heroles, hoy es todo lo contrario, la forma no es fondo.

Ahora todo mundo lo dice: Fue el Estado. Pero ese Estado está dirigido y compuesto por personas. Ellas, que tienen nombre y apellido, son las responsables. (Difunet)