bateria-copia
Jul 072015
 

sergio-torresNunca se había visto algo así. La Marina Armada de México detuvo a cuatro agentes de la policía municipal montados en una patrulla y los acusó ante el Ministerio Público de estar sirviendo de “halcones” a los grupos de la mafia. Insólito el hecho, común y corriente la práctica de los policías, que desde hace décadas, de manera corporativa, sirven al crimen organizado.

La Marina no se topó con ellos. Fue un trabajo de rastreo el que los llevó hasta donde los patrulleros fueron detenidos. Uno de ellos era el objetivo, ubicado con trabajos previos de inteligencia, o por señalamientos directos de alguno de los malandrines que han sido detenidos recientemente en sus operativos.

En junio de 2013, el Congreso del Estado, a iniciativa del Ejecutivo, aprobó reformas a los ordenamientos penales que tipifican como delitos a hechos como acechar, vigilar, espiar o proporcionar información sobre las actividades oficiales o personales que realicen o pretendan realizar los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.

Un joven montado en una motocicleta, por ejemplo, puede ser “halcón” o “puntero”. También la señora o el señor que vende agua de horchata en una esquina, o fruta a la orilla de una carretera. Un taxista y un policía son ideales para esta tarea, pues andan por toda la ciudad o pueden estar anclados en un lugar esperando que pase un convoy militar o federal para dar aviso. Ese es su trabajo.

En varios estados se han aprobado este tipo de leyes. En Nuevo León, por ejemplo, se extendió la personalidad de los posibles sujetos de la ley a los agentes policiacos, retomando la experiencia de que, con mucha frecuencia, éstos actúan como “halcones”. En Sinaloa no se llegó hasta este extremo, sabe por qué, aunque en sentido estricto no tendrían porqué los agentes, en su caso, escapar a la acción de la justicia.

Las reformas no se limitaron al “halconeo”. También incluyeron sancionar a quien elabore, imprima, fabrique, proporcione, posea, desplace, traslade, aloje, aplique o instale expresiones impresas en lugares públicos o mensajes producidos por cualquier otro medio —videos y (narco) mantas, por ejemplo— que contengan advertencias o amenazas en contra de servidores públicos, instituciones públicas y del Estado.

En Chiapas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales las reformas, pues, dice el órgano, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. En Sinaloa a nadie se le ha ocurrido interponer un recurso de inconstitucionalidad, ni a los organismos de periodistas.

Los videos que Ríodoce publicó en 2013, donde el ex escolta del gobernador, Frank Armenta —quien había sido secuestrado por un grupo delincuencial en Guasave— acusa a Mario López Valdez de proteger a Cártel de Sinaloa, podría ser motivo de una averiguación previa contra el semanario, por ejemplo. O una simple opinión en radio, televisión o en un impreso, si les da la gana.

En cuanto a castigar el “halconeo”, la iniciativa estuvo inspirada en la incapacidad en que se vieron las autoridades para consignar a un plebe que detenían en Los Mochis o Guasave, pues, sabiendo que servía de “comunicador” al crimen organizado, no podían tipificarle ningún delito. La Policía Ministerial fue a descubrir al norte que existían estos delincuentes. Nunca en Culiacán, donde operan desde hace décadas.

Peor aún, aquí los comandantes saben que no pueden detener a un “puntero” porque no solo les ordenarán que lo suelten sino que, además, con los días serán transferidos a una sindicatura, como castigo. Pero la Ley está ahí, para lo que y cuando se ofrezca, a criterio de una autoridad facciosa y cómplice de determinados grupos del crimen.

Bola y cadena

Y BUENO, CON ESTOS CRITERIOS, habría de “halcones” a “halcones”. Un general, por ejemplo, un secretario…

Sentido contrario

SIGUEN LAS PRISAS INTERESADAS en que se lance la convocatoria para el nombramiento de los nuevos comisionados de Acceso a la Información Pública, una vez que dos de sus integrantes no fueron ratificados por el Congreso el año pasado. A Rosa del Carmen Lizárraga, la única comisionada ratificada y a la diputada priista, Sandra Lara —las dos filomillanistas— se les cuecen las habas, a pesar de que saben —o deben saberlo—, que una convocatoria para tal efecto, en este momento, sería ilegal. Por eso promueven notas periodísticas sin sustento que luego son desmentidas por las “fuentes”. De acuerdo con el artículo 109 bis de la constitución local, reformado el año pasado, la nueva comisión estatal de acceso se regirá por la ley general de la materia, en este caso la aprobada a nivel federal en mayo pasado y de ésta debe derivarse una ley estatal concordante, para lo cual no se ha hecho ni una consulta, lo que es fundamental dada la importancia del organismo para la vida pública. La nueva ley, entre otras cosas, deberá contener los procedimientos y criterios para nombrar a los nuevos comisionados. Así que emitir una convocatoria ahora, lo sabría cualquier pasante de derecho, sería inconstitucional.

Humo negro

EL PRÓXIMO RELEVO DE César Camacho, en la dirigencia del CEN del PRI tendría consecuencias inmediatas sobre todo en los procesos electorales —y sus consecuentes calenturas— que se avecinan en algunos estados como Sinaloa. Dicen que Sergio Torres anda tan acelerado porque su amigo Manlio Fabio Beltrones, uno de los posibles relevos, le dijo que se apuntara para la gubernatura. Lo cual explicaría el desparpajo con que el alcalde de Culiacán está haciendo las cosas. Pero otro de los apuntados a dirigir el PRI es el secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, lo cual ha puesto muy nerviosos a los moradores del palacio de Gobierno, por la íntima relación que éste tiene con Jesús Vizcarra Calderón.

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