25 mil delitos de corrupción por cada 100 mil habitantes

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Dic 062018
 

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN (9 DE DICIEMBRE)

14.6% de la población adulta en contacto con algún servidor público en 2017 experimentó algún acto de corrupción. Mientras, 5.4% del total de los establecimientos fueron víctimas de corrupción

En 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 541 delitos por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos) fue incluso mayor que la incidencia delictiva de robo en calle o transporte público (11 081 delitos por cada cien mil habitantes)

Al cierre de 2017, 15 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en sus procesos de trabajo; 14 estados lo habían implementado parcialmente.

La corrupción puede ser definida como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”.
Puede presentarse a grande o pequeña escala. La corrupción a gran escala en el espacio público involucra a grandes empresas que deliberadamente entregan dinero o regalos a funcionarios públicos para verse beneficiadas de decisiones del gobierno . La corrupción a pequeña escala es la que afecta a la población en general y se produce cuando la gente o las empresas pagan un soborno por obtener acceso a un servicio o bien público. Este documento se centra en la corrupción a pequeña escala debido a que es el tipo que la población experimenta con mayor frecuencia.
La relevancia del fenómeno de corrupción en el sentir de la sociedad mexicana se refleja en que más de la mitad de la población adulta considera que es uno de los principales problemas que enfrenta el país, solo por debajo del tema de inseguridad y la delincuencia, además de que se ha acrecentado en los últimos años .
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el INEGI ofrece información sobre las experiencias de corrupción que han padecido personas y unidades económicas al intentar hacer algún trámite gubernamental.
Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública, y Sistema Penitenciario Estatales y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales.
EXPERIENCIAS DE CORRUPCIÓN
En el país se percibe que la corrupción es una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental. En 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio.
Pese a que la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de esta, la proporción de personas adultas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción se ha incrementado en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013 (3.6 millones de personas) a 14.6% de la población (5.2 millones) que en 2017 tuvo contacto con algún servidor público (Gráfica 1).
Esto significó que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 541 delitos por cada cien mil habitantes) fuera incluso más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en calle o transporte público .
Respecto a las unidades económicas, 247 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción en 2017 . La prevalencia de corrupción también aumentó significativamente entre 2013 y 2017, para colocarse en un nivel de 5.4% del total de los establecimientos en 2017.

Aunque se trata de un fenómeno extendido a lo largo del país, es posible distinguir diferencias entre entidades. En 2017, en 11 entidades se estimaron prevalencias superiores a la prevalencia de corrupción a nivel nacional entre la población, siendo la Ciudad de México la entidad que registró la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1% de la población que tuvo contacto con alguna autoridad o servidor público, mientras que en Puebla o Guanajuato esta prevalencia no superó el 10%.
Ello significa que una persona de la Ciudad de México tiene casi el doble de probabilidad de ser víctima de un acto de corrupción al tener trato con un servidor público que un ciudadano de Guanajuato, Puebla, Colima o Veracruz (Gráfica 2).
Al considerar lo reportado por las unidades económicas en 2017, se observa cierta congruencia en las entidades donde la población reportó las mayores y las menores prevalencias de corrupción. De nuevo destaca la Ciudad de México como la entidad con la mayor proporción de establecimientos víctimas de corrupción con 11 de cada 100 unidades económicas, seguida por los estados de México, Morelos y Quintana Roo.
Si bien la prevalencia de corrupción sufrida por la población se ha incrementado en la mayoría de las entidades con relación al nivel registrado en 2013, Sonora, Guerrero y Aguascalientes fueron las entidades que presentaron un deterioro más pronunciado en los niveles de corrupción, mientras que siete entidades exhibieron mejoras .
En el caso de las empresas, las entidades que presentaron un aumento en la prevalencia de corrupción en unidades económicas respecto al nivel registrado en 2013 fueron San Luis Potosí, Ciudad de México y Querétaro, a diferencia de entidades como Guanajuato, Yucatán, Baja California y Puebla que tuvieron las mayores reducciones en el indicador.

De acuerdo con los tipos de trámites o solicitud de servicios que realizaron las personas en 2017 y las empresas en 2016, se observa que a nivel nacional, los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal (Gráfica 3).
Al distinguir los trámites de acuerdo con el nivel de gobierno se pudo identificar que, entre la población, las mayores prevalencias de corrupción se presentaron al realizar trámites o tener contacto con autoridades del ámbito estatal, en comparación con los trámites federales o municipales, siendo los trámites relacionados con la propiedad y los trámites vehiculares en los que las prevalencias de corrupción fueron más altas, con 30.7% y 17.8%, respectivamente. En contraste, los actos de corrupción fueron menos frecuentes en los trámites o servicios a cargo del gobierno federal.
En el caso de las unidades económicas, estas fueron más susceptibles de ser víctimas de corrupción al solicitar algún trámite o permiso federal o municipal, necesario para su operación, tales como una licencia o permiso de construcción o de uso de suelo, un permiso para importar o exportar, o en la atención de alguna inspección requerida por parte de una autoridad.

Al analizar el tipo de trámite con mayor prevalencia de corrupción, contacto con autoridades de seguridad pública, se observa que, independientemente de la región del país, 6 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de un acto de corrupción cuando interactuaron con policías u otras autoridades de seguridad pública, ya sea por incidentes de tránsito, infracciones o algún tipo de detención.
Adicionalmente, se encontró que la región centro del país, seguida de la región sureste, es donde las empresas y las personas que han sido arrestadas por la policía (adultos y adolescentes) tienen la mayor probabilidad de estar involucradas en un acto de corrupción (Gráfica 4). Este riesgo es significativamente mayor respecto a lo que se observa principalmente en las regiones del norte del país.

COSTO DIRECTO DE LA CORRUPCIÓN
Otro aspecto relevante para dimensionar el fenómeno de la corrupción consiste en medir la cantidad de dinero que la población y las unidades económicas desembolsan por concepto de sobornos.
Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7 218 millones de pesos; esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7 146 millones de pesos en 2017 .
Por su parte, se estimó que las empresas desembolsaron por concepto de soborno alrededor de 1 612 millones de pesos en 2016 (Gráfica 5).
Pese a que el gasto total de las empresas en sobornos es menor a lo erogado por la población, la carga económica por cada empresa es significativamente mayor. Así, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 273 pesos.

La corrupción es un acto que en México no se denuncia. En 2017, solo 4.6% de la población que fue víctima de un acto de corrupción presentó una denuncia ante alguna autoridad.
De las personas que no denunciaron (82.6%), cerca de la mitad no lo hizo porque consideró que era una acción inútil o una pérdida de tiempo, mientras que 15.1% no denunció porque se benefició del acto y 13.6% porque consideró que es una práctica común (Gráfica 6).
Estas razones dejan ver que la población no denuncia el hecho debido a que no confía en que las autoridades actuarán frente a estos actos o porque consideran que es un acto generalizado del cual son partícipes.

ACCIONES ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN
Las oficinas de control interno son las áreas de las dependencias del gobierno encargadas de vigilar la correcta aplicación de los recursos materiales y humanos, así como de supervisar el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables al desempeño de los servidores públicos. A través de estas oficinas, los ciudadanos pueden presentar quejas o querellas para denunciar actos de corrupción cometidos por los servidores públicos, para lo cual se debe proporcionar los datos o indicios que permitan determinar la probable comisión de faltas administrativas.
En 2017 se encontró que las oficinas de control interno de los gobiernos de las entidades federativas recibieron 2.6 quejas por actuaciones de servidores públicos por cada cien servidores públicos estatales, cifra ligeramente inferior a la registrada en el año 2016 que fue de 3.0.
El análisis por entidad reveló diferencias importantes, 10 entidades presentaron tasas de quejas por arriba de la tasa nacional, entre las que sobresale la Ciudad de México en donde se registraron 10.3 quejas por cada cien servidores públicos, mientras que en Yucatán y Colima la razón fue de 0.1 quejas por cada cien empleados públicos (Gráfica 7).

Dependiendo del curso de la investigación, los órganos de control interno determinan si estas conductas corresponden a sanciones administrativas o si se trata de un delito que amerite una denuncia ante las autoridades ministeriales.
En caso de que se identifiquen conductas que puedan ser tipificadas como presuntos delitos por actos de corrupción, las autoridades ministeriales determinarán las sanciones de tipo penal que correspondan.
Respecto a este tipo de denuncias, un total de 408 servidores públicos de las administraciones públicas estatales fueron denunciados en 2017 ante las instancias ministeriales por la comisión de algún presunto delito relacionado con el ejercicio de sus funciones.
Del total de servidores públicos denunciados, 40.7% fue por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; mientras que aquellos imputados por delitos relacionados con corrupción, 19.6% fue por peculado, 8.6% por cohecho y 5.9% por los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias (Gráfica 8).

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
La magnitud e importancia del fenómeno de la corrupción como un asunto de política pública ha llevado a la creación de diversos instrumentos para mitigar el problema. El más importante es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en mayo de 2015 a partir de la reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 Constitucional, este Sistema tiene como objetivo la coordinación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), este sistema se integra por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y por los Sistemas Locales Anticorrupción que coordinan a las administraciones locales y municipales, cuyas funciones se describen en la Figura 1.

Los sistemas locales anticorrupción de las entidades federativas deben integrarse y funcionar de manera similar al SNA para coordinar a las autoridades locales competentes en la materia, lo que hace necesario expedir o reformar diversas leyes secundarias de los sistemas locales anticorrupción para armonizar el marco legal estatal con la legislación nacional. Para este proceso, la LGSNA fijó el plazo de un año, a partir del 18 de julio de 2016 .
Al cierre de 2017, 15 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la LGSNA en sus procesos de trabajo, mientras que 14 estados lo habían implementado parcialmente (Mapa 1).

Esto indica que, pese al plazo establecido en la LGSNA, en la mayoría de las entidades federativas aún no se ha terminado el proceso de integración de los sistemas locales anticorrupción.
A pesar de la falta de implementación total del Sistema a nivel local, las entidades federativas han establecido planes o programas anticorrupción que incluyen medidas de control para mitigar el riesgo de corrupción en espacios donde hay interacción entre usuarios y servidores públicos.

PROGRAMAS Y MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN A NIVEL ESTATAL
En 2017, se identificaron 17 entidades que contaban con un plan o programa anticorrupción y nueve informaron que se encontraban en proceso de integración. Cabe mencionar que de las entidades que en 2016 manifestaron que estaban en proceso de integración de este plan o programa, Chiapas e Hidalgo concluyeron este proceso en 2017 (Mapa 2).

Algunos de estos planes o programas estatales contemplan acciones tendientes a vigilar y controlar aquellos trámites o servicios que son susceptibles de presentar eventos de corrupción.
Al respecto, de las entidades que informaron tener un plan o programa anticorrupción en 2017, 17 entidades tenían identificados trámites o procesos de gestión propensos a conductas asociadas a la corrupción como parte de los programas anticorrupción.
En este sentido, Zacatecas fue el estado que tenía el mayor número de trámites considerados dentro de las acciones de control de la corrupción, con un total de 23 trámites, seguido del estado de México con 19 trámites.
Las compras de gobierno y la declaración patrimonial de servidores públicos fueron las gestiones que más entidades informaron tener para controlar riesgos de corrupción. Otras medidas de control consideradas fueron las relacionadas con los trámites de solicitudes de apoyo de programas sociales y las infracciones administrativas (Gráfica 9).
Al contrastar los trámites estatales en los que la población experimentó mayor corrupción, se observa que únicamente tres entidades consideraban las infracciones de seguridad pública; cuatro contemplaban las licencias de funcionamiento para negocios, mientras que seis estados incluían algún trámite vehicular como la verificación vehicular, licencias de conducir, infracciones de tránsito y trámites de control vehicular.

MECANISMOS MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN
Las administraciones públicas municipales también han puesto en marcha planes y programas para disminuir y/o controlar riesgos de actos corrupción en sus oficinas; sin embargo, los avances en este tema a nivel municipal son escasos. Al cierre de 2016, únicamente 168 de los 2 302 municipios que reportaron información contaban con un plan o programa anticorrupción.
En Baja California Sur y Querétaro se encontró el mayor porcentaje de municipios que tenía un plan o programa de este tipo, mientras que en 20 estados menos del 10% de los municipios contaban con un plan o programa anticorrupción.
Es importante mencionar que en Baja California, Colima, Ciudad de México y Sinaloa se reportó que los municipios y alcaldías no contaban con un plan anticorrupción porque estaban en proceso de integración o no disponían de información para responder sobre el tema (Mapa 3).
Asimismo, al cierre de 2016, 67.3% de los municipios del país tenían una oficina de control interno y en 14 estados todos los municipios disponían de una oficina de contraloría. En contraste, el estado de Oaxaca presentó la menor proporción de municipios con oficinas de control interno (9.5%).

Los datos presentados permitieron distinguir que la corrupción es un problema que afecta de manera importante tanto a personas como a empresas, cuya carga económica es equivalente a lo que el gobierno federal gasta en programas de desarrollo social o económico de envergadura nacional.
También la información estadística disponible permite identificar los espacios y los ámbitos de gobierno donde se presentan los mayores niveles de corrupción, lo que contribuiría a focalizar de mejor manera las acciones y trámites de las políticas federal, estatal y municipal en materia anticorrupción.
Finalmente, la información estadística disponible permite dar seguimiento al proceso de implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción como instrumentos fundamentales para la atención integral del problema.
De esta manera el INEGI contribuye a la tarea de dimensionar el fenómeno de la corrupción en el país siguiendo las mejores prácticas internacionales, tal como se reconoce en el Manual on Corruption Survey de Naciones Unidas , proporcionando información oportuna y de calidad que facilite la toma de decisiones para la prevención y erradicación de uno de los problemas que más preocupa a la sociedad mexicana.

Gobierno compra colchones reciclados con ratas muertas dentro para damnificados

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Oct 252018
 

Fue un tapicero de la colonia Jardines del Pedregal el primero que descubrió la burla. Desde que vio el colchón algo no le latió; lo palpó de un lado a otro; para salir de dudas lo abrió con una navaja y descubrió la estafa: se trataba de un colchón reciclado con los peores materiales. En cosa de minutos corrió la voz y la gente empezó a sacar los colchones a la calle y a abrirlos en medio de mentadas de madre; todos apestaban, unos tenían manchas de sangre, en otros había ratas muertas…

El resto de la historia ha sido un escándalo nacional y no es gratuito. Con un solo hecho, la compra fraudulenta de miles de colchones para “apoyar” a los damnificados por la tormenta 19-E, vino a exponer de la forma más ruin un problema endémico de nuestro sistema político: la corrupción. Una metástasis que, como hemos visto aquí, no tiene límites. Durante la campaña por la gubernatura de 1986, miles de despensas que habían sido donadas para paliar la desgracia de los damnificados por los sismos del 85 en Ciudad de México, fueron repartidas en Sinaloa por activistas del PRI. Había entre ellas paquetes que habían sido donados por el gobierno de Holanda.

Corromper y corromperse desde el poder público no es un problema cultural, como dijo en septiembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto; es de conductas torcidas de hombres y mujeres que debieran ocupar cargos para servir a la gente; es de instituciones viciadas, de falta de transparencia y, sobre todo, de mucha impunidad, porque el que comete abusos con el erario sabe que no será castigado. Mal momento había escogido el presidente para filosofar sobre la corrupción, pues dos meses después le reventó en la cara el tema de la “Casa Blanca”. Y la premisa de la impunidad se cumplió porque terminará su mandato sin ser castigado.

Sobre el fraude de los colchones el fiscal general de Sinaloa tiene en sus manos la responsabilidad de aclarar el caso y castigar a los responsables. No solo a este pobre tonto que negoció y firmó la compra, sino seguir el hilo y llegar a quien —aunque haya sido de palabra con testimonios bastaría— ordenó y autorizó esta infamia.

Se ha dicho y expuesto hasta la saciedad que esta es una burla imperdonable pero no es ocioso repetirlo. Lo que hicieron no tiene madre; que se piense primero en el estado emocional por el que están pasando las familias, hombres, mujeres y niños, que perdieron su patrimonio —agréguese que en muchos de los casos por ineficiencias, ignorancia y de nuevo una gran corrupción al ser autorizados asentamientos que nunca debieron construirse ahí—, como para, además, ser burlados de esa manera; que se piense en el daño adicional que pudieron provocar en términos de salud, cuando de lo que se trataba era de prevenir epidemias.

¿No es un trato de animales —con el perdón de ellos—, más que de personas el que recibieron miles de familias a las que les fueron entregados estos enredijos de alambre y trapos sucios?

Muchas oportunidades habrá tenido el fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, para dejar claro que la fiscalía a su cargo es realmente autónoma, no solo en el papel. Pues esta es una de ellas y es de oro. Y él sabrá si la aprovecha o si opta por refugiarse en la comodidad, haciendo de una instancia que debiera ser una fortaleza contra la impunidad y por la justicia, una entelequia despreciable.

En todas las dependencias del gobierno son los secretarios técnicos y los coordinadores administrativos quienes operan las compras de bienes y servicios, pero no lo hacen sin el visto bueno de los titulares, a menos que sea un caso de urgencia como el de los damnificados; por ello es importante que las pesquisas lleguen hasta Raúl Carrillo, secretario de Desarrollo Social y deslindar responsabilidades, aun cuando haya renunciado a su cargo.

Por lo pronto y para evitar conjeturas, lo que el gobierno estatal debe hacer es ventilar con absoluta transparencia todo lo que tiene que ver con el caso; resguardar, sí, aspectos que no interfieran y afecten la investigación ministerial que ya se abrió, pero exponer ante la opinión pública toda la información, es vital, porque de lo contrario se estaría tejiendo aquí una especie de complicidad… si es que no la hay desde el principio.

Bola y cadena
EN TODO CASO, EL GOBERNADOR TIENE una responsabilidad administrativa indiscutible, empezando porque la eficiencia en el manejo de los recursos debiera ser una de sus preocupaciones principales. Y para ello se ocupa rigor en los perfiles elegidos a la hora de conformar un gabinete. ¿Qué hace un muchacho egresado de Ciencias de la Comunicación como coordinador administrativo de una dependencia? ¿O los cuates van en paquete? ¿Raúl Carrillo y Carlos Castro son parte de las cuotas pagadas a Jesús Vizcarra? ¿Qué hace, por el amor de dios, Sergio Torres en Pesca?

Sentido contrario
Y LO MISMO PUEDE DECIRSE DE FRANCISCO Vega, el titular de Protección Civil en el estado. Y entonces la conclusión es que las decisiones del gobernador a la hora de integrar su equipo de trabajo nos está costando a los sinaloenses, no solo bienes materiales, patrimonio, sino también vidas.

Humo negro
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR derrapó el jueves pasado al hablar sobre la manipulada consulta para definir dónde se construirá el nuevo aeropuerto y que se llevará a cabo la próxima semana. Frente a los reporteros que le preguntaron al respecto, dijo… “Si me permiten por esta única vez ser parcial… si es Santa lucía, hay un ahorro de cien mil millones…”; es decir, voten por Santa Lucía. O sea, juez y parte. Bonita democracia.

Columna publicada el 21 de octubre de 2018 en la edición 821 del semanario Ríodoce.

Imprudencia de constructores deja 1 muerto en el coto “Punta del Cielo”

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Sep 262018
 

POLICÍAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES ATIENDEN REPORTE DE DERRUMBE EN EL FRACCIONAMIENTO PUNTA DEL CIELO

Elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes atendieron el reporte de derrumbe en una finca en construcción en coordinación con personal de Bomberos Municipales y Protección Civil de Aguascalientes en en el que Lamentablemente perdió la vida una persona y dos más resultaron heridas.

El reporte se recibió en el C4 Municipal minutos antes de la 1 de la tarde en el que se manifestaba que en el fraccionamiento residencial Punta del Cielo se había caído una barda de aproximadamente 25 metros de largo sobre algunos trabajadores, luego de que una máquina retroexcavadora estaba haciendo una zanja en el lugar.

Tras el arribo de elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes se sumaron uniformados del h cuerpo de bomberos del municipio capital así como de Protección Civil quienes iniciaron las labores para rescatar a quienes habían quedado bajo el alud de tierra y ladrillos, se pudo conocer que quedo sepultado y fallecio en el lugar, quién los testigos identificaron como Mario César Delgado de 29 años de edad

El personal de la policía preventiva del Destacamento Pocitos en coordinación con Bomberos y personal de Protección Civil Municipal lograron rescatar con vida a los lesionados Gerardo Gloria Villegas de 28 años de edad y Mario Arturo Jaramillo Quiroz de 23 años de edad.

Finalmente, ambos fueron trasladados a recibir atención médica, mientras que al sitio del siniestro se presentó personal de la Dirección de Investigación Pericial para el levantamiento del cuerpo y el posterior traslado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Liberación de Elba Esther Gordillo

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Ago 082018
 

“>>Elba Esther Gordillo: momentos clave de su detención y ahora liberación
Por Fabiola – 8 agosto, 2018

Regeneración, 08 de agosto de 2018.- Esta madrugada Elba Esther Gordillo fue exonerada, según su abogado, las acusaciones en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada nunca fueron comprobadas.

Ruido en la Red realizó un recuento en video de momentos importantes en la vida de la exlideresa, desde el 2012, cuando indicó el rechazo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que ella encabezaba.

El abogado Marco Antonio del Toro informó que la exlideresa del SNTE fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El próximo lunes 20 de agosto, la maestra ofrecerá una conferencia de prensa.

En 2012 Gordillo Morales se pronunció en contra de la Reforma Educativa que Calderón impulsaba para poner sanciones económicas a los maestros con base en evaluaciones docentes que el magisterio rechazó.

El abogado Marco Antonio del Toro informó que la exlideresa del SNTE fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

“El SNTE no permitirá que se lesione la dignidad de ningún maestro…si el problema es una persona, la persona está dispuesta a encarar lo que quieran”.

“El proceso que se sigue es estrictamente legal…responde a evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del SNTE…”

Palabras de Peña Nieto tras la detención de Elba Esther Gordillo en febrero de 2013. pic.twitter.com/LmymAIyqEh

Y este fue el último discurso de Gordillo como líder del SNTE, en febrero de 2013, previo a su detención.

“Ni amenazas, ni nada, me van a intimidar…”
“El proceso que se sigue es estrictamente legal…responde a evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del SNTE…”

Palabras de Peña Nieto tras la detención de Elba Esther Gordillo en febrero de 2013. pic.twitter.com/LmymAIyqEh

Esta madrugada, tras cuatro años y cinco meses de reclusión (primero en la prisión, después en el hospital y finalmente en prisión domiciliaria), se decretó su libertad y la absolución de los dos delitos que la mantenían en esa situacion.
El abogado Marco Antonio del Toro informó que la exlideresa del SNTE fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La liberación de La Maestra, se da antes de que termine el sexenio de Peña Nieto, algunos indican que su reclusión fue una simulación que tenía la intención de quitarle poder político.

Manuel Bartlett no cambiará la reforma energética

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Ago 022018
 

Manuel Bartlett aseguró que no cambiará la Reforma Energética
2 agosto, 2018 por Redacción

Manuel Bartlett, futuro director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que no cambiará una sola coma a la Reforma Energética implementada en este sexenio, a pesar de que él fue uno de sus principales críticos. Por el contrario, aclaró, su gestión en la empresa se ajustará a las órdenes constitucionales, a la ley actual, y la hará crecer con apego a las reglas del mercado, publicó Excelsior.

“La vamos a respetar. Vamos a hacer que se compita, porque ¿de qué se trata una reforma del mercado? Pues de que haya competencia.

“¿Cómo va a competir (la CFE) si la están matando?”, dijo en entrevista al concluir la sesión del pleno de la Comisión Permanente.

El todavía coordinador de los senadores del PT sostuvo que no lo afectan ni le quitan el sueño las críticas y presiones que ha recibido por su designación.

“No será tocada la Reforma Energética”

El próximo director de la CFE dice que con la ley vigente levantará a la empresa, a la que no se le ha dejado crecer.

Manuel Bartlett aclaró que no va a cambiar una sola coma a la Reforma Energética y con apego a las reglas del mercado levantará a la CFE, empresa mexicana a la que no permiten crecer; aseguró además que “no” le merman las críticas que ha recibido ni le quitan el sueño las presiones del sector privado, pues ninguna empresa eléctrica en el mundo es dirigida por electricistas.

En entrevista, al concluir la sesión del pleno de la Comisión Permanente, Manuel Bartlett informó que se revisarán los criterios de cobro del servicio con la CRE y negó que la condonación de los adeudos de la CFE a usuarios de Tabasco, que suman al menos 11 mil 513 millones de pesos, implique un golpe a las finanzas de la empresa.

En 2016, la CFE entregó un informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que describe que en Tabasco existen 577 mil 107 usuarios; de ellos 495 mil deben hasta 23 mil 500 pesos y al 31 de diciembre de 2015 se adhirieron al convenio para facilitarles el pago del servicio, un total de 297 mil 520 usuarios, que representan mil 720 millones de pesos.

Se explica que en la Zona Sureste, del total de 14 mil 553 millones de pesos que adeuda, 11 mil 513 son del servicio público de los usuarios; 47 millones los debe directamente el estado; 555 millones de pesos los gobiernos municipales; dos mil 314 millones de pesos están incluidos en los convenios con usuarios y 124 millones “son incobrables”.

Manuel Bartlett evitó confrontarse con sus detractores, incluso puso en duda que existieran críticas en su contra, pero al hacerle referencia concreta a Manuel Clouthier, quien lo señaló de perseguir y acosar a su padre, el empresario Manuel J. Clouthier, Manuel Bartlett dijo que sus expresiones lo tienen “aterrado”, mientras mostraba una sonrisa.

—¿Le merman estas críticas?

—Nada. No me merman el ánimo, porque tengo la comisión muy importante que es rescatar la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa que llevó la electricidad de todo el país, una empresa fantástica, que la están matando.

Dejó en claro que no habrá reforma constitucional para echar abajo la Reforma Energética que, por el contrario, se ajustará a las órdenes constitucionales y a la ley actual.

“La vamos a respetar. Vamos a hacer que se compita, porque de qué se trata una reforma del mercado, pues de que haya competencia y cómo va a competir si la están matando”, aseguró el aún coordinador del Partido del Trabajo en el Senado.

Adelantó que se reunirá con los responsables de la CFE y “ellos van a explicar su gestión, de ahí surgirán responsabilidades o no. No sé. La Secretaría de la Función Pública de este gobierno neoliberal, al que me opuse los seis años, dice que la medalla de la corrupción la tiene la CFE. ¿Cómo va a competir una empresa corrupta?”.

Pidió no ser “drásticos” en pensar que las responsabilidades de quienes la han hundido impliquen cárcel.

La IP pide reflexionar

El sector empresarial pidió reflexionar la propuesta de quien será el director de la CFE, pues manda una señal negativa a los inversionistas.

Para Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, un perfil como el de Manuel Bartlett preocupa a quienes están invirtiendo en el sector, pues se ha manifestado en contra de los avances en el sector eléctrico y de hidrocarburos.

“La energética es la reforma de mayor calado, la que más recursos atrae en inversión y donde los errores pueden estar en dólares, no son un espacio para la improvisación”, dijo.

Peña Nieto gastó 130 mil millones en autos.

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Jul 312018
 

Tan sólo en el último año, la administración de Enrique Peña Nieto gastó 185% más en vehículos, pero el sobregasto se repitió desde 2013

Regeneración, 31 de julio de 2018. El derroche durante la administración de Enrique Peña Nieto no deja de ser noticia. Ahora trascendió que se gastó 130 por ciento más en coches de lo que se había presupuestado.

Y es que entre 2013 y 2017 el gobierno federal destinó 38 mil millones de pesos para la compra de vehículos, es decir, 130 por ciento más de lo que se aprobó inicialmente para ese rubro, que era un monto de 16 mil 493 millones de pesos.

El rubro incluye la adquisición de bienes entre los que se contempla transporte terrestre, aéreo, marítimo para servicios y seguridad pública, pero también para servicios adminitrativos, y los destinados a funcionarios.

Durante el primer año del sexenio, en 2013, el sobregasto en vehículos fue 5.4 veces mayor del aprobado; luego, en 2014, fueron 2.7 veces; en 2015, se superó el presupuesto en 61 por ciento; 36 por ciento en 2016, y, 185 por ciento en 2017.

En estos montos, no están contemplados los recursos públicos destinados para el mantenimiento y funcionamiento de los vehículos, así como tampoco el arrendamiento, que también sucede.

Para la organización civil México Evalúa, el hecho de gastar sistemáticamente más en este tipo de rubros, dan cuenta de la falta de planeación y débil disciplina fiscal.

“La adecuación excesiva en el presupuesto, conocida como ‘viraje’, también es un indicador de una débil disciplina fiscal, que termina por desincentivar la buena programación del presupuesto y el diseño adecuado de los programas y proyectos”, explicó en un documento de análisis.

El sobregasto no se limita a la actual administración.

En últimos días, Andrés Manuel López Obrador, compartió como parte de los 50 puntos para la austeridad, que se cancelarán las compras de cualquier vehículo y se mantendrán los existentes.

Senadores ignoran austeridad y se sirven bono de 3 millones

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Jul 292018
 

En medio de los múltiples planes de austeridad, los senadores de la actual legislatura recibirán un bono de retiro de 2.8 mdp.

Regeneración, 29 de julio de 2018.- Los senadores integrantes de la actual legislatura, la número 63, tendrán una despedida millonaria, pues se les entregará alrededor de 2.8 millones de pesos por diversos conceptos.

El monto está integrado por un bono de separación individualizado, dieta y aguinaldo proporcional.

Según Reforma, el seguro de separación individualizado fue autorizado y publicado en febrero en el Diario Oficial de la Federación y se concibe como un beneficio colateral al seguro de vida institucional.

“Se constituye con aportaciones voluntarias del 10 por ciento de la dieta por parte de las y los senadores y por un tanto igual del Órgano Legislativo incluyendo el ISR correspondiente”, dice el manual de percepciones.

La suma por el concepto de este ahorro, por cada senador, sería de un millón 234 mil 396.8 pesos, y el órgano legislativo duplica esta cantidad, por lo que el monto del denominado seguro de separación individualizado se incrementa a dos millones 468 mil 793.6 pesos. Si a este ahorro se le suma el último mes de dieta y el aguinaldo proporcional, se calcula que al final de sus funciones los senadores saldrán de la Cámara alta con 2 millones 792 mil 251.28 pesos cada uno.

Es decir, para el final de la legislatura y sólo para los 128 senadores que tiene el congreso, los mexicanos habrán pagado 358.4 millones de pesos.

Además, los senadores gozan de un seguro de vida institucional de 4.7 millones y seguro de gastos médicos mayores de 3.7 millones; todo con cargo al erario.

El monto del bono de retiro de los senadores será superior al monto que recibirán los integrantes de la Cámara de Diputados, que suma un millón 4 mil 7 pesos; pero la cámara baja está integrada por 500 diputados.

Según el Manual percepciones de Cámara Alta, cada legislador recibe los siguientes pagos y beneficios:

-Dieta mensual 118 mil 300 pesos.

-Seguro de vida institucional 40 meses de dieta bruta.

-Seguro de gastos médicos mayores 1,500 unidades de medida actualizadas mensuales vigentes.

-Seguro de separación individualizado: se constituye con aportaciones voluntarias del 10 por ciento de la dieta y por un tanto igual del Órgano Legislativo incluyendo el ISR correspondiente.

-Gratificación de fin de año 40 días de la dieta

Vía Reforma.

Baja a Ministerios, peritos y policías corruptos y omisos

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Abr 082018
 

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Se pretende reformar con ese fin la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política.

Los agentes del Ministerio Público, peritos y elemento de las instituciones policiales federales, estatales y municipales serán separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en las mismas, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, planteó la senadora Angélica de la Peña Gómez.

La senadora integrante del Grupo Parlamentario del PRD presentó, con ese motivo, una iniciativa para reformar la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política.

En su argumentación, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos estableció que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, o bien, reincorporar a sus labores al servidor público, a elección de éste último, debiendo pagar en ambos supuestos las prestaciones que tenga derecho.

Precisó que la reincorporación no procederá cuando el servidor público haya sido sentenciado por algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa, en términos de la legislación vigente.

En el segundo artículo transitorio, se establece que cuando las y los agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones de seguridad pública de la federación, de los estados y municipios que, a la entrada en vigor del presente Decreto, hayan sido removidos, cesados o cuya terminación del servicio hubiese sido injustificada por resolución judicial, podrán ser reincorporados al servicio.

En los mismos términos se indica que si a la fecha de su ingreso a la corporación no tenían la obligación de acreditar los requisitos de ingreso y permanencia, en virtud de la inexistencia de una norma que regulara estos supuestos, para los efectos de su permanencia en la institución correspondiente, se sujetarán a la normativa inmediata posterior a la fecha de su ingreso.

La propuesta de reformas fue turnada para su análisis y dictaminación correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera.

Ley de muerte política a servidores corruptos pide Coparmex

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Oct 102017
 

Río Doce.- Esta semana Jesús Padilla, líder de la COPARMEX en la Ciudad de México, dio a conocer un comunicado donde declara que ante la corrupción galopante que se vive en el país, es necesario que se promulgue una “ley de muerte política”, es decir, que se les separe de los cargos públicos a todos aquellos personajes que estando en posiciones de poder hayan incurrido en delitos de corrupción. La iniciativa no es nueva, tiene como fuente de inspiración y contenido la “ley de muerte civil” existente en la legislación de Perú, que ha llevado a prisión incluso a ex presidentes del país andino.

Como se sabe, la corrupción tiene un alto costo para el país. Simplemente Forbes no hace mucho tiempo calculó que la corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos anuales, lo que significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras en el índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional ocupamos el lugar 95 entre 168 países, lo que nos ubica como uno de los países más corruptos del mundo.

Tenemos una legislación muy laxa, hecha a modo, en lo que se refiere a la prevención de este tipo de delitos y peor estamos en la persecución de quienes estando en posiciones de poder cometen delitos contra el patrimonio público.

Cierto, puede decirse que hoy varios ex gobernadores y ex funcionarios públicos se encuentran encauzados penalmente y que está en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, este antídoto institucional está dejando mucho que desear por los diseños estatales que buscan que el Ejecutivo mantenga el control de su operación.

Está el caso de Sinaloa, donde el gobernador, de una terna seleccionó a su “rooming” de estudios como Fiscal General del Estado, nuestro “fiscal carnal”, diría el senador Manuel Cárdenas, y este ha sido incapaz de resolver la mayoría de casos, pero en especial el de nuestro compañero Javier Valdez, y este funcionario tendrá bajo su tutela a quien resulte fiscal anticorrupción pero, así como lo tendrá a su alcance bajo ciertas circunstancias puede quitarlo, y no hay que dar mucho vuelta para sospechar que sería en los casos donde su acción rebase ciertos límites de manera que alcance a “intocables”.

Lo mismo sucede con los académicos que integrarán una comisión para seleccionar al Comité de Participación Ciudadana. El PAS, perdón la UAS, como máxima institución de educación pública del estado rápidamente se apresuró para proponer a seis de sus miembros, entre ellos un militante utility que en la pasada elección local, fue en la lista de regidores del PAS en Mazatlán.

Así no se puede, un Sistema Estatal Anticorrupción debe estar al margen de los intereses políticos porque eso perfila lo que la sociedad ha criticado, que es el sistema de cuotas que termina siempre por echar a perder las buenas iniciativas, que dicho de paso, este Sistema no es producto nuestro, es una idea surgida en el centro político luego de los escándalos políticos que han sacudido al país y que busca ser un dique contra la corrupción en la función pública.

Pero volviendo al punto inicial, la corrupción en nuestro país es un problema estructural y más en la política, quienes se acercan a ella, está por demás demostrado que lo hacen por las regalías que reciben: altos salarios, privilegios, negocios, compensaciones, viajes.

Entonces, no hay incentivos para realmente combatir este cáncer que vive la República y lo que tenemos es una pieza teatral donde los corruptos terminan vistiéndose de fiscales anticorrupción.

Para no ir muy lejos, los sismos del 9 y 19 de septiembre evidenciaron que muchas de las obras que fueron construidas en los últimos 30 años y que debieron haber considerado esta variable dura, simplemente no se tomó en cuenta con el subsecuente costo de cientos de víctimas mortales.

Vidas útiles que se perdieron en un tris porque un constructor se “arregló” con quien autoriza los permisos de construcción y con él o los supervisores de obra.

Y el problema es que tanto los responsables políticos, como los operativos, es probable que no reciban castigo y se pierda en la madeja mediática y burocrática, cuando en las complicidades.

No hay ley que castigue a este tipo de personajes y es por eso que la COPARMEX exige certeramente que se legisle y al menos se inhabilite de por vida a los políticos que por acción u omisión estén detrás de estos delitos y que hayan estado “vinculados a proceso o hayan sido sentenciados”.

Claro, esto a los patrones podría salpicarles, pues han sido y son parte de esa madeja de traiciones y complicidades.

José Luis Morales admite haber hecho actos de corrupción con Martín Orozco por 1/2 millón

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Oct 022017
 

Objetivo7/Cuauhtémoc Villegas Durán

José Luis Morales, el autoproclamado mejor periodista de México, admite haber sobornado con medio millón de pesos al gobernador de Aguascalientes cuando este era presidente municipal de Aguascalientes.

Morales acusó a Adriana Jurado Valadez (jefa de prensa de Martín y esposa del corresponsal de La jornada en Aguascalientes) de haberle pedido medio millón en efectivo a cambio de un cheque de un millón de pesos para patrocinar la una carrera deportiva contra el cáncer y acuso a Jurado y a Orozco de “par de bandidos”. Morales le habría preguntado a Valadez para que el dinero y ésta le dijo que era para la campaña de Martín.

Martín Orozco prometió no hacer informe de Gobierno pero lo hizo y ya tomado dijo que Morales lo ataca y es el problema de su Gobierno ya que no le dio 50 millones de pesos al año por tratarlo bien.

Morales acuso de vendidos a Televisa, al Sol del Centro, Al chile Aguascalientes, al Metropolitano y a radio BI diciendo que así se explicaba que estos medios lo atacaran a diario. Varios de ellos son verdaderos sicarios y personas nefastas que hablan mal con los políticos de Objetivo7 mientras reciben chayotes y publicidad de decenas de políticos desde siempre ya que al igual que Morales carecen de ética.

Objetivo7 fue el primer medio en Aguascalientes en Dar a conocer la corrupción millonaria entre gobernantes y políticos. Objetivo7 les ha dicho publicamente a medios, políticos y ONG´s locales que sólo buscan el dinero además de ser un puñado de mediocres y corruptos.

Avioneta asegurada hace 9 años seguía transportando cocaína

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Sep 182017
 

Corrupción policíaca en México.

Corrupción policíaca en México.

Aeronave decomisada por el Ejército en Culiacán aparece en Guanajuato con 400 kilos de cocaína

La ruta de la avioneta narca

Alejandro Monjardín/Río Doce

R{io Doce.- En 2008, la avioneta Cessna matrícula XB-JSO fue asegurada en el aeropuerto Internacional de Culiacán, y nueve años después la hallaron con 400 kilos de cocaína en Guanajuato.

La aeronave fue una de las 103 que el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR) decomisaron en los hangares de la terminal aérea en febrero de 2008.

Ese año en Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó operativos constantes en aeródromos y aeropuertos como parte de la estrategia de combate al narcotráfico.

La Cessna 210 matrícula XVB-JSO, blanca con franjas azules, estaba en uno de los hangares del aeropuerto de Culiacán.

Ese día de febrero de 2008 el Ejército tomó el área de hangares de la terminal de Bachigualato y tras revisar todas las aeronaves, puso a disposición de la PGR 103 avionetas, tres helicópteros y seis hangares.

El lunes pasado la aeronave fue encontrada en el municipio de San Felipe, en Guanajuato, con un cargamento millonario de droga.

En el interior había 400 kilos de cocaína con valor de más de 50 millones de pesos, el mayor decomiso de droga realizado en ese estado.

En el Registro Aeronáutico Mexicano de la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualizado hasta 2015, la aeronave aparece con estatus de asegurada en Culiacán.

En el nombre del último propietario lo registra como privado.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada, en la comunidad Sierra de Lobos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, la noche del domingo el personal de la Policía Federal fue avisado mediante una llamada anónima que una avioneta realizaba un vuelo irregular en la zona.

La aeronave aterrizó de emergencia en el aeródromo La Junta, aparentemente porque se quedó sin combustible y la dejaron abandonada.

Cuando los elementos federales llegaron, no localizaron a ninguno de los tripulantes.

Dentro del vehículo había 356 paquetes con cocaína con un peso de 400 kilos de cocaína.

La pista está ubicada en los límites entre los estados de Guanajuato y Jalisco.

Hasta el viernes, elementos de las fuerzas federales mantenían en resguardo el aeródromo y la avioneta que continuaba en el lugar.

La delegación Guanajuato de la PGR dio a conocer que investiga el origen y destino de la aeronave, así como quién es el propietario de la aeronave y de la droga.

En 2008, esa avioneta fue integrada a la averiguación previa AP/SIN/CLN/178/2008/M-I, abierta por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Violación a la Ley de Aeronáutica, Violación a la Ley General de Aviación y Violación a la Ley General de Telecomunicaciones.

El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa I de Procedimientos Penales “A”, decretó el aseguramiento de las avionetas localizadas en el aeropuerto de Culiacán, entre ellas la matrícula XB-JSO, el 2 de junio de 2008.

En agosto, debido a que la fiscalía desconocía el nombre y domicilio de los propietarios, mediante un edicto, el representante social los llamó a manifestar lo que a su interés conviniera en un plazo de 90 días, o de lo contrario causarían abandono a favor del Gobierno Federal.

El ministerio Público notificó que se habían practicado las diligencias necesarias sobre las aeronaves por lo que ya no era necesario que continuaran a disposición de la autoridad.

Las avionetas, señaló, no había sido declarados como inutilizables, sino que eran susceptibles de administración.

Las aeronaves quedaron a disposición de la Delegación del Servicios de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público bajo custodia y vigilancia del Ejército.

Los bienes a disposición del Servicio de Administración y Enajenación cuando no son reclamados, son vendidos en subastas públicas.

En los catálogos de subastas del SAE de 2009 a 2016 no aparece la avioneta matrícula XB-JSO.

Entre 2009 y 2015, por lo menos cinco de las avionetas decomisadas fueron devueltas a sus propietarios mediante amparos.

Los Jueces de Distrito consideraron que hubo irregularidades al decretar el decomiso y ordenaron devolver las aeronaves.

La avioneta fue asegurada cuando el Ejército mantenía operativos en los aeródromos y aeropuertos locales para “cortar las alas” al narco.

La estrategia de atacar la flota aérea de los grupos delincuenciales era dirigida por el entonces comandante de la Novena Zona Militar, Noé Sandoval Alcázar.

No solo aseguraban las aeronaves, los militares también decomisaban aeródromos completos.

Un mes antes habían asegurado 15 avionetas en el aeródromo La Perla, 28 en la base La Luna y seis en El Tapacal, todos en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

En la base La Perla robaron cinco avionetas que estaban aseguradas y días más tarde encontradas en un rancho en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, El Tamarindo, en Culiacán.

Meses más tarde, las pistas de los tres aeródromos fueron liberadas y volvieron a operar, pero las avionetas decomisadas continuaban a disposición de la PGR.

El mismo día que en Culiacán, en el aeropuerto de Los Mochis decomisaron otras 46 aeronaves.

Diputada exige que “dinero de Duarte” regrese al Estado

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Abr 172017
 

PRIORITARIO QUE BIENES Y RECURSOS DE JAVIER DUARTE VAYAN A LAS ARCAS DEL ESTADO: DIP. ARLETTE MUÑOZ

Pide a las autoridades mexicanas que los recursos incautados al ex Mandatario de Veracruz vayan directo a las arcas del estado

Los 172 mdp regresados por la PGR al Gobierno de Miguel Ángel Yunes “no son ni la cuarta parte del total que fue desviado durante su mandato”, señala

La Diputada Federal Arlette Muñoz Cervantes consideró que debe ser una prioridad de las autoridades mexicanas ir tras los bienes y recursos desviados durante la administración de Javier Duarte, y cuidar que éstos sean debidamente procesados en beneficio de los veracruzanos.

La legisladora por Acción Nacional señaló que distintos señalamientos ofrecen una aproximación de la cuantiosa fortuna que hizo el ex Mandatario de Veracruz con recursos del erario público, frente a los cuales está pendiente la aplicación de justicia para subsanar las finanzas de la entidad.

Recordó que en 2015 y tras analizar la Cuenta Pública del estado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la malversación de al menos 2 mil 292 millones de pesos que tenían como destino final el fortalecimiento de la educación de los veracruzanos.

Añadió que también existen investigaciones periodísticas que dan cuenta de las decenas de “empresas fantasma” creadas durante el mandato de Javier Duarte, a través de las cuales fueron desviados al menos 645 millones de pesos de las arcas del estado, entre 2012 y 2013.

Faltaría sumar a ello, dijo, las numerosas propiedades detectadas en Estados Unidos, España y el interior del país, además de las cuentas bancarias asociadas a las operaciones ilegales del ex Gobernador.

“Y esto hay que decirlo, no es ni la cuarta parte de lo que ha regresado la PGR al nuevo Gobierno de Veracruz”.

En este sentido, la Diputada Federal del blanquiazul pidió a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) proceder con cautela y rapidez para que los inmuebles y cuentas bancarias relacionadas con el recién detenido en Guatemala, puedan ser reclamados y procesados en beneficio de las arcas del estado de Veracruz.

“Hay que ir por esos bienes y esos recursos, que son producto de las actividades ilícitas de Javier Duarte, pero la prioridad es procesarlos de forma transparente para que lleguen cuanto antes las arcas del estado”, expresó.

La Diputada Arlette Muñoz reconoció el trabajo realizado por la PGR y su titular Raúl Cervantes Andrade, en este caso, pero hizo un exhorto al Gobierno Federal para no caer “en excesos o triunfalismos” y mucho menos en tiempos electorales, pues eso afectaría la credibilidad en la justicia mexicana.

Se queda sin amparo Cuauhtémoc Blanco

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Ene 262017
 

NOTIFICAN A FEPADE SUSPENSIÓN DEL AMPARO QUE TENÍA EL ALCALDE DE CUERNAVACA

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE, de la Procuraduría General de la República, fue notificada por un Juez de Distrito en la Ciudad de México, de la suspensión del amparo que tenía el alcalde del municipio de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En el resolutivo del amparo del Presidente Municipal de Cuernavaca, se niega la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados consistentes en: la negativa de admitir las pruebas de descargo ofertadas y de permitir al quejoso al acceso a la indagatoria 838/FEPADE/2016.

Por lo anterior, FEPADE, informa que la investigación sigue su curso y se resolverá conforme a derecho, respetando en todo momento las garantías fundamentales del presunto responsable.

Conflictos de interés de los voceros del nuevo gobernador de Aguascalientes

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Nov 232016
 
El Chayote hará millonarios de sexenio con Martín Orozco.

El Chayote hará millonarios de sexenio con Martín Orozco.

Hombres y mujeres que utilizan su cercanía con el nuevo gobernador benefician directamente a familiares, como en el caso de Adraiana Jurado Valadez quien será la próxima directora de Comunicación social del Gobierno del Estado de Aguascalientes y quien dará información especial y dineros del presupuesto a su esposo el corresponsal de La Jornada y dueño del pasquín El Clarinete, Claudio Jairo Bañuelos un hombre completamente adicto al dinero público, un chayotero con ganas. Un sicario que ejemplifica como los medios han mejorado desde que Objetivo7 nació. Allí están los archivos y las hemérotecas.

Hombre más ético pero no por eso con menos conflicto de interés, Manuel Appendini Carrera, director de Líder Empresarial y Newsweek es otro de los que tendrá especial atención en la información y los dineros públicos que le abastece su hermano Enrique, actual vocero del PAN en una imposición de su cacique y padrino, el nuevo gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. De hecho estos medios de comunicación guardan fuertes vínculos con la derecha del estado que aquí tiene fuertes nexos con grupos de ultraderecha como el Muro. El obispo amenazó a los católicos con El Infierno si no votaban por Orozco.

El nepotismo y el tráfico de influencias en Aguascalientes son una práctica común que no es atacada por nadie y es incluso justificada por la “oposición” que también resguarda los intereses del gobernador en este estado.

El nuevo gobernador es un ladrón con orden de captura de la cual se ha librado con los cargos públicos.

Junior del PRD, corrupto traficante de influencias

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Nov 112016
 

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Por Arturo León Hidalgo/LAP

CUERNAVACA, Morelos. – El vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Gerardo Becerra Chávez Ita, aseguró que desde que Graco Ramírez llegó al gobierno del Estado de Morelos se han destinado de manera discrecional fuertes sumas de recursos federales para la construcción, rehabilitación y compras de bienes inmuebles, empresas de amigos de Rodrigo Gayosso, “y la prueba son los casi 400 millones de pesos destinados a una empresa de la Ciudad de México, de nombre Constructora Veltormart”.

El líder de la coordinadora, afirmó que la construcción anacrónica de la nueva sede del Congreso de Morelos, fue asignada directamente a la empresa del sobrino del ex procurador general de la república, Murillo Karam, “en la no menor suma de 378 millones de pesos”.

Gerardo Becerra, aseveró que amistades del hijo del gobernador Graco Ramírez, actual presidente del PRD Morelos, Rodrigo Gayosso ha colocado las empresas de sus colegas en el ramo de la construcción que no cuentan con experiencia en este ramo, gastando millones de pesos a través del Gobierno de Morelos pero que son recursos de la federación.

“Rodrigo Gayosso mantiene una plantilla de amigos de la infancia en distintas secretarías del Gobierno de Morelos; se sabe que Andrik Ruiz de Chávez, el mandatario de la Secretaría de Seguridad Publica de Morelos (SSP- Morelos), es parte de esa camarilla, al igual que el jefe de los servicios de administración de la Comisión de Seguridad, así como quien hasta hace poco era el director del Fidecomiso del Lago de Tequesquitengo y novel empresario de la construcción, al cual fueron asignados más de 120 millones de pesos en obras además de muchos otros jóvenes o juniors”, aseguró el vocero.

El vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos dijo que la CMMC, ha denunciado desde hace años la corrupción del gobierno de Graco Ramírez, y el beneficio discrecional de las empresas con poca o nula experiencia en el ramo de la construcción, incluso empresas de fuera del Estado de Morelos, lo que ha redundado en el decremento de nuestro PIB (producto interior bruto)”.

El ataque a la corrupción, pura demagogia

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Mar 032016
 

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COMBATE A LA CORRUPCIÓN ATORADO EN EL DISCURSO MEDIÁTICO: JESÚS PADILLA

Corrupción, delincuencia e informalidad, golpes directos al crecimiento del país. “Ningún gobernante está dispuesto a llevar el combate a la corrupción hasta las últimas consecuencias”, afirma

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016

“Necesitamos un gobernante que demuestre que es posible combatir la corrupción. Al menos uno que no solamente meta a la cárcel a sus enemigos políticos, sino que meta a la cárcel a sus amigos cómplices de corrupción”, afirmó Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte y Movilidad (AMTM), al recordar que el combate a la corrupción y a la impunidad es una de las mayores quejas del sector empresarial y una de las demandas más sentidas de la sociedad entera.

Tras recordar que anualmente México pierde 9 puntos del PIB a causa de la corrupción, el empresario transportista lamentó que el combate a este problema parece atrapado en el discurso mediático, pues aun cuando todos hablan del problema hasta el momento no se ha visto verdadera voluntad política para enfrentarlo.

Entrevistado durante el encuentro entre la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y Margarita Zavala, el también director general del Corredor Insurgentes del Metrobús, puso en tela de juicio que hasta ahora “ningún gobernante, de ningún partido” haya actuado en consecuencia para combatir la corrupción.

“Es un tema que está en el discurso mediático pero en la práctica nadie lo ha puesto en marcha. Las razones estructurales las desconocemos pero finalmente todos hablan de combatir la impunidad y la corrupción pero nadie lo lleva a cabo”, censuró, tras señalar que esta lucha incumbe a todos sin importar desde donde se impulse, pues incide en todas las estructuras de poder.

Durante su intervención, Margarita Zavala coincidió en la necesidad de una transformación estructural para lograr hacer efectivo el respeto al Estado de derecho y la aplicación de las leyes; sin embargo, consideró que más allá de la voluntad, la respuesta a estos problemas se encuentra en la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de las instituciones y la recuperación de confianza.

A su vez, José Luis Beato González, presidente de Coparmex Ciudad de México, relacionó los elevados niveles de pobreza, desigualdad e inequidad como consecuencias directas del reino de la corrupción y la impunidad. Dijo también que cuando jueces, gobernadores y legisladores son corrompidos, la confianza se pierde y hay quienes buscan meter reversa, “no queremos perder lo avanzado en décadas. A 10 años queremos un país donde ningún municipio esté en manos de malosos, donde el combate a la pobreza sea una realidad y la vida digna esté al alcance de todos” expresó.

El presidente de la AMTM, Jesús Padilla Zenteno, resaltó también el interés del empresariado mexicano por construir una agenda solida donde no sólo se impulse el combate a la corrupción y a la impunidad, sino donde se garantice el Estado de derecho, la certidumbre jurídica y la seguridad a la inversión privada con garantías suficientes para impulsar el crecimiento del país.

Subrayó el respaldo de los empresarios a la Ley Anticorrupción y a la Ley 3 de 3, como medidas iniciales para enfrentar la corrupción institucionalizada, auditando la gestión pública, pues estimó que la corrupción institucionalizada, la delincuencia y la informalidad, son golpes directos a la capacidad de crecimiento del país.

“Yo veo la corrupción activa y la corrupción pasiva, unos son cómplices y otros son complacientes pero todos somos parte de este asunto”, afirmó Padilla Zenteno, quien a su vez consideró, el sector empresarial debe articularse de mejor manera para incidir en la construcción de ciudadanía con una base social, hoy inexistente.

“Tenemos que seguir construyendo una agenda mucho más cercana al poder público. Para incidir en los cambios públicos hay que hacer política”, reiteró.

La corrupción dificulta a la democracia

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May 022015
 

avuela

LAS DONACIONES Y LAS LEYES

Por Renato Consuegra / *

México, D. F., a 1 de mayo de 2015

A lo largo de los años, los políticos mexicanos de todo tipo, jerarquía y partido encontraron en la palabra “donaciones” una forma burda pero socorrida de ocultar el origen de “bienes” que se encuentran en su poder, debido a que las leyes no sólo no obligan a que quienes se encuentran en el poder público o político a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales para transparentar su carrera, sino que, por el contrario, hay tal laxitud que casi casi los alienta a generar este tipo de acciones.

El intento más más cercano para transparentar la información de los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue en 2002, pero antes de que pasara al pleno, el dictamen se trucó para especificar que la información sólo sería pública si el funcionario que la presentaba así lo deseaba. De esta forma, también, los únicos que la tienen y no se sabe si completa son las áreas de Gobierno desde donde se manipula tal información cuando alguien se sale del redil.

El experto Ernesto Villanueva afirma que “la corrupción pública dificulta el funcionamiento del sistema democrático, pues no sólo importa una desviación del poder respecto del interés común para el cual éste es otorgado, sino también implica la reducción de los niveles de legitimidad, arriesgando con ello la gobernabilidad y viabilidad democrática de los países”.

Los Estados democráticos de derecho, afirma Ernst Wolfgang Böckenförd en Estudios sobre el Estado de derecho y la democracia, “están comprometidos a asegurar la legitimidad de las instituciones públicas, para proteger el orden moral y la justicia de la sociedad”. Este es el tema principal de cualquier argumentación sobre la transparencia sobre las fortunas de los políticos, la justicia social, el hecho de que el poder político no sea utilizado para amasar grandes fortunas amparadas en tal poder. Y también porque las donaciones finalmente pueden caer en la figura de lavado de dinero, más allá del conflicto de interés y corrupción.

Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2011, destaca que para evitar y resolver conflictos de interés, es necesario contar con información que permita identificar relaciones que puedan influir en el desempeño de los funcionarios durante su encargo. Es decir, que las declaraciones patrimoniales además de servir como una herramienta de fiscalización de ingresos, lo es también para conocer si hay conflictos de interés entre funcionarios públicos y actores privados a los que les toca regular.

Hace algunos años por motivo de mi trabajo reporteril me tocó entrevistar a un empresario sobre una deuda que tenía con la Secretaría de Hacienda. Las respuestas a la entrevista se desarrollaron por el lado institucional, pero una vez terminada y la grabadora apagada me confió “off the record” que no tendría problema porque él había cooperado con la campaña de quien estaba en ese momento en la Presidencia de la República, lo mismo que con los otros dos candidatos fuertes, precisamente para ahorrarse problemas.

Bueno, pero ¿a qué viene todo esto? Simple y sencillamente a que los diputados mexicanos han sido los más interesados en mantener la opacidad en cuanto a los bienes de todo el sistema político mexicano, simple y sencillamente porque es en las votaciones donde se genera la gran corrupción, donde se llevan la gran tajada y no en su dieta legislativa (así se le llama a sus percepciones económicas por su “trabajo” cameral).

Por esto mismo, vemos cómo los diputados atienden más a los intereses de las grandes empresas en contra de los de la sociedad a la que se supone deben servir. El caso más reciente se dio apenas el miércoles 29 de abril cuando en el cochinero de las últimas horas que cada fin de periodo ordinario realizan, los legisladores en la Cámara de Diputados desempolvaron una iniciativa de hace seis años y aprobaron que los vehículos con antigüedad mayor a tres años deben realizar una segunda verificación, ahora de carácter federal, y a la revisión de condiciones mecánicas si quieren circular por las carreteras federales.

El negocio es para las armadoras de vehículos, como hace dos años lo hicieron para las aseguradoras con el seguro necesario para circular también en las vías federales. Además, los diputados definieron que las propias armadoras o concesionarias podrán realizar el trámite en sus instalaciones y quien no cumpla la verificación será detenido por la Policía Federal, que “podrá retirar de la circulación los vehículos”.

De acuerdo con la iniciativa aprobada, los propietarios que no realicen estas dos verificaciones deberán pagar multas entre 40 y 500 días de salario mínimo; los ingresos derivados de esas sanciones se destinarán a la Secretaría de Gobernación para programas de seguridad pública y prevención del delito. El pago de este nuevo derecho representará al gobierno federal ingresos por 7 mil 500 millones de pesos.

Es decir, en un país donde los salarios y el poder adquisitivo va en picada, se aprueba una ley que como dijo el diputado Salvador Romero Valencia, “porque sabemos perfectamente que fortalecemos uno de los sectores más importantes de la economía nacional, como es el sector automotriz, generador extraordinario de empleos, prosperidad y desarrollo para el país”.

¿Cómo ven? ¿De a cómo?

(*) Renato Consuegra es periodista, ganador del X Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet

Caos vial en Aguascalientes: cada quien hace lo que quiere

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Feb 122015
 
Foto: Objetivo7fotógrafos/Cuauhtémoc Vilegas Durán.

Foto: Objetivo7fotógrafos/Cuauhtémoc Vilegas Durán.

Aguascalientes, Ags.- En la colonia donde circula este camión en sentido contrario hubo una niña de tres años atropellada. Nunca detuvieron al responsable. Nadie vio nada. como las autoridades que dejan que cada quien se estaciones donde quiera circule hasta en avenida en sentido contrario. Que al cabo en México todo se arregla con billetes.

Aunque el día de no hubo paro camionero para que les dieran más prestaciones los patrones que en ocasiones tienen hasta 15 ó 20 camiones: rutas completas.

La calle Chato Morones, en la colonia Cartagena de 1947, tiene circulación de de oriente poniente pero este camión, por sus prisas, y a alta velocidad circula más cien metros en sentido contrario.

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