bateria-copia
Mar 212017
 

Río Doce.- La Fiscalía General del Estado (FGE), encontró que en Veracruz, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se encontraron fosas clandestinas en 43 ciudades.

Un mapeo de inhumaciones ilícitas en dicha entidad, ilustró que el crimen organizado tenía cementerios clandestinos en todas las regiones de Veracruz, el Totonacapan, la Huasteca, los Tuxtlas, la región Olmeca y las periferias de las grandes ciudades.

Proceso detalla que el listado incluye a las ciudades de Pueblo Viejo, Veracruz, Oluta, Ixmatlahuacan, Perote, Misantla, Teocelo, Coatepec, Emiliano Zapata, Tuxpan, Papantla, Acayucan, Jáltipan, Nanchital, Chinameca, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Lerdo de Tejada, Rodríguez Clara, Isla, Alto Lucero.

Además, en Alvarado, Chontla, Moloacán, Oteapan, Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Tihuatlán, Las Choapas, Soconusco, Mecayapan, Chicalpextle, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Castillo de Teayo, Tampico Alto, Texistepec, Tlacotalpan, Ixtaczoquitlán, Córdoba y San Rafael.

El fiscal, Jorge Winckler Ortiz, señala que en estás 43 inhumaciones se encontraron 225 cuerpos, sin tomar en cuenta los hallazgos de Colinas de Santa Fe, donde sólo han sido identificados dos cuerpos y existe un número indeterminado de éstos. Un parámetro de referencia, explica, son los 245 cráneos hallados.

Tampoco entran en la numeralia los 47 cráneos y cientos de restos humanos exhumados durante el viernes 17, sábado 18 y domingo 19, en la congregación de Arbollillo, en el municipio costero de Alvarado, en donde integrantes de la Marina y de la Dirección de Servicios Periciales de la FGE y policías ministeriales exhumaron ocho fosas de un nuevo camposanto clandestino, ubicado en un predio particular.

En el sexenio de Duarte, Proceso logró documentar 20 cementerios clandestinos de norte a sur de Veracruz, de los cuales, la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Fiscalía, la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y el propio priista Javier Duarte únicamente admitieron la exhumación de la mitad.

En Veracruz, colectivos como Familias Enlaces Xalapa y Solecito han acusado negligencias y omisiones de las autoridades de Veracruz, sobre todo en el manejo irregular de cuerpos No Identificados (NI) arrojados a la fosa común en diversos panteones de Veracruz.

“La administración anterior fue negligente y desordenada en el ámbito de hallazgos de restos no identificados. Al no ser procesados correctamente, sin obtener los perfiles genéticos tanto de los restos como de familiares de personas desaparecidas, cientos de cuerpos fueron enviados a fosa común sin ser identificados. Además, el proceso de inhumación en fosas comunes tampoco era ordenado, lo que genera incertidumbre sobre el número real de cuerpos enviados a éstas”, expresa Winckler.

La Fiscalía General del Estado tuvo que solicitar la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja, para la elaboración de un Plan de Exhumaciones apegado a los estándares y protocolos internacionales rigurosos.

Actualmente, en Veracruz la infraestructura en los Servicios Médicos Forenses y en la Dirección de Servicios Periciales son deficientes por la falta de recursos económicos.

“Hay falta de tecnología adecuada; falta de insumos indispensables, como reactivos para perfiles genéticos; falta de personal suficiente adscrito a los Servicios Periciales. Tenemos el apoyo de la Policía Científica de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, pero debe reconocerse que el estado actual de los servicios periciales de la Fiscalía resultan insuficientes para atender la problemática”, expresa el titular de la FGE.

Durante el sexenio de Duarte, en la entidad hubo 2 mil 345 carpetas de investigación abiertas por la desaparición de personas.

El asentamiento sólido hace un lustro de la organización de Los Zetas, posteriormente la entrada de otras organizaciones como Gente Nueva, Cártel de Jalisco Nueva Generación (2011) y su posterior asociación con otras células criminales como Cártel de Sinaloa y Antrax (2015), para después romper en el 2016, ocasionó esta espiral de violencia que año con año viene sacudiendo al Golfo de México (Proceso 2107, número en circulación).

A decir del fiscal, hoy para “poder avanzar” en la identificación de cuerpos y en el correcto cotejo de pruebas de ADN se tendrá que trabajar de forma muy estrecha con el Comité Internacional de la Cruz Roja con miras a un Plan de Exhumaciones.

“Se destinará en 2017 la cantidad de 36 millones de pesos de fondos federales para el fortalecimiento de los servicios periciales. Se hará lo necesario para garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de los familiares de las víctimas de desaparición. No habrá encubrimiento, no habrá simulación”.

Mientras tanto, el tema de los narcocementerios en Veracruz ha despertado el horror en México y en varias partes del extranjero.

Aunque la fosa de Colinas de Santa Fe fue descubierta por madres del Colectivo Solecito desde el 2 de agosto pasado, fue ahora, cuando autoridades del gobierno del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares, abrieron a regañadientes la información, por lo que medios internacionales como CNN, Reuters, Al Jazeera, New York Times, El País, AFP, entre otros, han desplazado corresponsales a Veracruz para consignar el hecho.

Mar 202017
 

En el estado mexicano, Veracruz, fueron hallados 47 cráneos y otros restos humanos en un cementerio ilegal, según la fiscalía del lugar. La Fosa fue ubicada a unos 20 kilómetros del puerto de Veracruz. teleSUR.

Mar 012017
 

Río Doce.- Cuatro personas fueron “levantadas” por un comando, en la colonia Guadalupe Victoria.

De acuerdo a un reporte policíaco al que Ríodoce tuvo acceso, el secuestro ocurrió a las 20:40 horas de ayer, cuando un grupo armado que vestía ropa tipo militar y portaba pasamontañas se llevó a los cuatro sujetos, cuyas identidades no se han dado a conocer.

La información que se tiene es que las víctimas fueron privadas de la libertad en la calle Baltazar de Obregón y avenida Revolución, colonia Guadalupe Victoria.

Hasta dicho lugar, el comando llegó a bordo de una camioneta gris y otro vehículo, cuyas características se desconocen y se llevó por la fuerza a los cuatro sujetos, de quienes hasta el momento se ignora su paradero.

Feb 152017
 

Las caravanas organizadas por los familiares de los 43 estudiantes normalistas mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa, denominadas “Tejiendo 43 esperanzas”, recorren el país para llegar a la Asamblea Nacional de los Indignados que se llevará a cabo el 25 y 26 de febrero en la Ciudad de México. teleSUR.

Feb 062017
 

En México, organizaciones sociales denunciaron la desaparición forzada de cinco integrantes del pueblo nahua, en Santa María de Ostula, Michoacán, a manos de la marina y el crimen organizado. teleSUR.

Jan 182017
 

Nov 062016
 

 

alerta-amber-sofia-zarate

Cuauhtémoc Villegas/Objetivo7

Una denuncia por  la desaparición de una niña fue presentada en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí luego de que el pasado viernes 4 de noviembre a la dos y cuarto de la tarde habría sido sustraída por sus padre del colegio Juan Ruíz de Alarcón de la capital de mismo nombre.

Una amiga entrevistada telefónicamente por Objetivo7 dice que un hermano del padre de la niña Sofía Zarate Saldivar, aseguró a familiares de la niña que Oswaldo Zarate Martínez, fue quien supuestamente la secuestró.

En el colegio tendrían la consigna de no entregarla a su padre. La niña salía ese día  de la escuela a la 2 y media de la tarde, 15 minutos después de haber desaparecido. Sofía no aparece en Alerta Amber.

 Este es mensaje de ayuda de amigos y familiares en Facebook:

 

Se busca a Sofía Zárate Saldivar, de edad de 11 años fue sustraída del Instituto Juan Ruiz de Alarcón a las 2:15 de la tarde. Al parecer la sustrajo el Señor Osvaldo Zárate Martínez. Cualquier información de su paradero favor de comunicarse a los siguientes números 4441034628 o 4442882389
AYUDENME A COMPARTIR!!
— con Hilda Saldivar Escalante.
Oct 212016
 

arton234879

Río Doce.- El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, fue aprehendido a las 7:00 de mañana en dicho municipio por elementos de la Policía Federal en coordinación con la PRG, Sedena, Semar y Cisen, confirmó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El detenido está vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y es un personaje clave en el caso.

Felipe Flores era el titular de seguridad pública cuando ocurrió el ataque y desaparición de los normalistas. Es primo del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente preso.
Cabe recordar que cuando sucedieron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, Flores había rendido su declaración ante la Fiscalía del Estado pero fue puesto en libertad bajo las reservas de ley, tras lo que se dio a la fuga .
Es considerado pieza clave dentro de la investigación del caso Iguala debido a que es señalado como el responsable de haber coordinado a los policías municipales en conjunto con los sicarios de Guerreros Unidos.

Oct 162016
 
 Comprenderá la información de los 33 organismos públicos defensores de derechos humanos en el país quienes proporcionarán su nombre completo; fotografía; características físicas; y observaciones relevantes.
Dará de alta en tiempo real la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes su registro de denuncias de desapariciones, lo anterior en la plataforma nacional Red Digital “Regresa a Casa” de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, y la cual ya está disponible en el portal www.dhags.org
Lo anterior, con la intención de auxiliar a los familiares de personas desaparecidas. Comprenderá la información de los 33 organismos públicos defensores de derechos humanos en el país quienes proporcionarán su nombre completo; fotografía; características físicas; y observaciones relevantes.
“Este acuerdo de los 33 Ombudspersons de intercambiar y hacer pública nuestra información, será una herramienta muy útil para encontrar a los desaparecidos, por eso invitamos a las personas a apoyarse en esta red, queremos que regresen a casa”, manifestó el Ombudsperson Jesús Eduardo Martín Jáuregui.
Cabe destacar que en este primer mes de lanzamiento, los Organismos Públicos de Derechos Humanos están empezando a subir su información a esta plataforma en línea, por lo que aún no se cuenta con estadísticas que pudieran ser usadas para ofrecer un índice de personas desaparecidas. Se espera que sea gradual la información estadística que se vaya generando.

 

Sep 272016
 

maza-768x429

Río Doce.- Continúan los “levantones” en Mazatlán, y en esta ocasión fueron cuatro los hombres a quienes privaron de su libertad, dos de ellos hermanos y familiares de un policía municipal.

La tarde de este lunes, a menos de 48 horas de haberse registrado el hallazgo de seis cadáveres a espaldas de una clínica privada del puerto, cuatro personas fueron privadas de su libertad.

Las seis personas encontradas durante las primeras horas del domingo, fueron secuestradas horas antes de ser localizadas muertas por asfixia.

Esta tarde, nuevamente, otros cuatro hombres fueron “levantados”, ahora en el fraccionamiento Los Magueyes.

Según testimonios de testigos, fueron llevados en contra de su voluntad a bordo de dos camionetas cerradas, las cuales trascendió fueron una CR-V y otra tipo Murano, ambas de color gris plateado.

Las personas que denunciaron el hecho, expusieron que éste ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el fraccionamiento Los Magueyes, del Circuito Mezquital.

Los hombres identificados como hermanos tienen 23 y 24 años de edad, y aunque no se precisó su identidad, se dijo que son peones de la albañilería.

La familia que pidió apoyo a la Policía, señaló que ésta tardó más de una hora y media en atender el llamado de auxilio.

Sep 192016
 

desaparecidos-1

Ramón Alberto, de 20 años, desapareció hace tres años y medio. Eran las diez de la mañana de un miércoles de marzo cuando policías ministeriales con pasamontañas fueron por él a la empresa en la que trabajaba.

“Los policías llegaron supuestamente con una orden de detención, se lo llevaron y ya no supimos de él”, acusa el padre del joven, don Guadalupe Jiménez. Y percibe “algo raro”, porque “en la fábrica cuentan que uno de los policías se quitó el pasamontañas y platicó con mi hijo junto a la caseta de entrada. Hay cámaras que registraron los movimientos y los videos se los entregaron a la Ministerial”.

—¿Usted vio los videos?

—Creen que uno es tonto… nomás nos enseñaron uno en donde se ve que los policías se llevan un carrito viejo que le acabábamos de comprar, con mucho esfuerzo, porque iba a entrar a la universidad a estudiar eso de computación, y de ahí se iba a ir a trabajar…”

—¿Puso denuncia?

—En cuanto nos enteramos nos arrancamos a la Ministerial y nos dijeron que no habían salido patrullas para ese lugar, que no había ningún operativo ni denuncias ni orden de aprehensión contra mi hijo. Como al tercer día llegó una llamada a la casa que lo fuéramos a buscar en el cruce de los tres ríos, que ahí lo habían tirado y fuimos, pero nada… Luego la Ministerial llegó a la casa y dijeron que ellos también habían recibido la llamada. No sé, a lo mejor querían darse cuenta quiénes éramos, puros pelados somos, no tenemos nada…”

Don Guadalupe tiene la mirada triste. Aunque aún conserva la esperanza de encontrar vivo a su hijo. “El tiempo que tenga de vida lo voy a esperar, dice, aunque me esté muriendo por dentro…”

*****

Detrás de cada persona desaparecida hay un testimonio desgarrador. En Sinaloa se pueden contar 2 mil 304 de estas historias trágicas ocurridas en el sexenio de Mario López Valdez. Es la cifra más alta de desaparecidos en la historia de Sinaloa.

De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), que contiene información desde el año 1977 a julio de 2016, Sinaloa tiene un total de 2 mil 220 personas desaparecidas que permanecen sin localizar al 31 de julio de 2016. Con este número, el actual gobierno ubica al estado en el quinto lugar a nivel nacional con más desapariciones de personas.

El RNPD, que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), indica que en lo que va del sexenio de Malova (2011-2016), 1 mil 831 personas están desaparecidas sin localizar.

A esta cantidad se suman 473 personas más encontradas sin vida, que fueron reportadas como desaparecidas en el lapso del primero de enero de 2011 al 18 de agosto de 2016, de acuerdo con una solicitud de información (folio 00466316) realizada a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Con estos hallazgos, el número se incrementa a 2 mil 304 personas reportadas como desaparecidas en el actual periodo de gobierno, seis veces más que en el periodo de su antecesor Jesús Aguilar Padilla, cuando se registraron 379 víctimas de este delito, lo que dispara la estadística un 600 por ciento.

El registro nacional muestra que cada año la cifra se incrementa de forma alarmante con relación al anterior, pero es a partir de este sexenio cuando el problema crece, ya que en 2011, primer año de gobierno, desaparecieron 214 personas; en 2012 fueron 193, y a partir de 2013 inició el ascenso con 314 víctimas, 323 en 2014, 452 en 2015 (la cifra más alta en la historia de Sinaloa) y 335 de enero a julio de este año.

Sin voluntad de buscar

Pero los datos del RNPED se quedan cortos ante la realidad que vive el estado. La lista nacional se alimenta con los reportes de las procuradurías estatales conforme a averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas, lo que significa que la estadística es más alta, pues hay muchos familiares de personas “levantadas” que no reportan a las autoridades por miedo a represalias.

Las víctimas de desapariciones que no se reportan (la llamada cifra negra) fue documentada en este semanario (edición 618 del 30 de noviembre de 2014), con base en una investigación realizada con organismos de derechos humanos independientes.

En el periodo de Juan Millán Lizárraga (1999-2004), por ejemplo, el registro nacional mantiene ocho casos, cuando el estudio de Ríodoce confirma al menos 74; en el sexenio de Renato Vega Alvarado (1993-1998), periodo en el que el padrón nacional no indica desaparecidos, el número es de al menos 35 personas. De los periodos anteriores de Francisco Labastida Ochoa (1987-1992) y Antonio Toledo Corro (1981-1986) no hay información.

En la administración de Alfonso G. Calderón Velarde (1975-1980), el RNPED indica dos desaparecidos, cuando en realidad se comprueban 42 estudiantes, con nombre y apellidos, desaparecidos por sus ideas políticas durante la llamada “guerra sucia”, y al menos 70 habitantes de la sierra sinaloense por el Ejército Mexicano en la Operación Cóndor.

En la respuesta a la petición de información vía Infomex de Ríodoce, la PGJE indica que en los años 2011, 2012 y 2013 no se inició una sola carpeta de investigación para localizar a personas desaparecidas, y que fue hasta 2014 cuando se abrieron siete, para 2014 fueron 204 y en lo que va de este año se han iniciado 352.

La cifra desconocida

Para Ana Lidia Murillo, presidenta de la Asociación Sinaloense de Universitarias, la cifra negra es de por lo menos tres a cinco personas más desaparecidas por cada persona reportada. Y señala que el motivo de no interponer denuncia es la falta de confianza en las autoridades porque saben que no investigan.

—¿De verdad las autoridades no investigan?

—La procuraduría no lo hace, en primer lugar no le importa; en segundo no tiene personal, y después pueden dar muchas justificaciones… no quiere, no hay voluntad para realizar un trabajo real, serio.

En relación a los menores desaparecidos, Ana Lidia Murillo señala que “la procuraduría no suma a las asociaciones, y mientras los medios sacan la nota de algún niño o joven desaparecido, la alerta Ámber no se emite, tampoco hay una coordinación real, y cuando se activa y se logra encontrar a la persona, no hay un seguimiento por delitos relacionados con la desaparición, si fueron torturados, violados, amenazados… los familiares no quieren hablar de eso, con recuperarlos se dan por bien servidos. Y es cuando la impunidad se instala”.

Y si con denuncia no se buscan, mucho menos sin ella. Un informe recién publicado de Open Society Justice Initiative, en colaboración con organismos mexicanos de derechos humanos, titulado “Atrocidades Innegables, Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México”, indica que “es menos probable que las víctimas de áreas rurales, que tienen pocos recursos económicos y un acceso difícil a la fiscalía, informen sobre desapariciones”.

Esta investigación independiente de tres años analiza que los fiscales a menudo han reclasificado de modo inapropiado los casos de desapariciones forzadas (las cometidas por autoridades) como “secuestros”, en un momento en que estos crímenes han alcanzado niveles alarmantes.

“Resulta claro que la determinación de responsabilidades ha sido muy escasa, y prácticamente inexistente en el caso de desapariciones forzadas cometidas por la policía, las fuerzas armadas u otros agentes que actúan en nombre del Estado o en colusión con éste”, agrega.

Y finaliza que “las familias han quedado frustradas y enardecidas en tanto los funcionarios del gobierno contabilizan las desapariciones con datos incompletos o criterios poco claros, para después anunciar estimaciones totalmente divergentes sobre el número de desaparecidos. El gobierno prácticamente no ha realizado esfuerzo sistemático alguno para ubicar las fosas comunes clandestinas, o para exhumar y contabilizar los cuerpos en las decenas de fosas que se han encontrado a lo largo y ancho del país”.

Para Oscar Loza Ochoa, uno de los dirigentes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), ante la falta de denuncias “ni el gobierno sabe la cantidad” real de desaparecidos en el Estado.

—¿Por qué no se denuncian? —se le pregunta.

—Por miedo.

—¿Miedo a qué?

—Miedo a que pasen cosas peores, aunque yo digo que nada peor puede pasar…

—Aunque aquí ya pasó con la muerte de Sandra Luz.

—Sí, así es.

Sandra Luz Hernández, de 50 años, fue asesinada el 12 de mayo de 2014 por buscar a su hijo desaparecido dos años antes. Le dispararon en 10 ocasiones mientras se dirigía al encuentro de un supuesto contacto que le daría información sobre el paradero de su hijo, un joven de 25 años que trabajaba en el área administrativa de la PGJE. Cuatro horas antes de su asesinato, Sandra Luz estuvo en reunión con funcionarios estatales de seguridad.

Los municipios más peligrosos

El municipio con más personas desaparecidas durante el periodo de Malova es Culiacán, con 597 casos, seguido de Mazatlán con 339.

Llama la atención la dimensión que ha tomado el problema en el norte de la entidad, en donde la policía municipal es acusada de ser la autora de los “levantones”. Es ahí en donde familiares de las víctimas formaron el grupo de Las Rastreadoras, que busca en laderas y montes a sus seres queridos.

Las cifras lo dicen todo: Ahome, de tener tres desaparecidos en 2009 y siete en 2010, tuvo 77 en 2013, 70 en 2014, 78 en 2015 y de enero a julio de este año han sido 76, un total de 327 desaparecidos en este sexenio.

Lo mismo pasa en Guasave, en donde este delito fue escalando año con año: de una cifra de sólo dos desaparecidos durante 2009 y 2010, fueron 19 en 2013 y 20 en 2014; ya para 2015 la cantidad se duplicó a 43, y en los primeros siete meses de este año es de 47, un total de 142 desapariciones.

Cosalá y Badiraguato son los municipios que reportan menos personas desaparecidas, con tres y cuatro casos respectivamente.

La población joven es la más vulnerable a ser víctima de desaparición. Según los datos coordinados por el SENSP, de los 1 mil 831 desaparecidos en la administración de López Valdez, 234 son niños y adolescentes hasta los 17 años, y 697 son jóvenes de 18 a 29 años. Juntos representan casi la mitad de desaparecidos (42 por ciento), mientras que 679 corresponden al rango de edad entre los 30 y 49 años. Hay 27 desaparecidos mayores de 50 años y 83 que no cuentan con este dato.

En los casi seis años del actual gobierno han desaparecido 1 mil 527 hombres y 304 mujeres.

Tanto el grupo de Las Rastreadoras de El Fuerte, como el de Voces Unidas por la Vida de Culiacán y la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos, están haciendo lo que a las autoridades les corresponde: buscar restos humanos por todo el Estado. Hasta el momento han encontrado 70 cuerpos.

Mientras el número de desaparecidos crece, muchas familias los lloran, los buscan por su cuenta, marchan por las calles con pancartas. Se reúnen con funcionarios de la procuraduría a quienes les repiten que no buscan culpables, sólo ruegan que los busquen y si los encuentran muertos, les entreguen sus restos. Pero al final escuchan la misma respuesta: “no hay avances”.

Sep 062016
 

IMG_3081

Con el propósito de construir un mecanismo conjunto y eficiente, destinado a la identificación de cuerpos y restos mortales que den certeza a las investigaciones de personas desaparecidas, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), y el Instituto Nacional Electoral (INE), suscribieron un convenio de colaboración que establece los mecanismos para compartir información de las bases de datos del INE.

 

El objetivo del convenio es que las partes firmantes compartan información relativa a sus bases de datos de Automated Fingerprint Identification System (AFIS) y Automated Biometric Identification System (ABIS), administradas por el INE para la identificación de los cadáveres o restos humanos de personas desaparecidas o desconocidas que contengan huellas dactilares o biométricas susceptibles de ser analizadas.

 

La Procuradora General de la República, Arely Gómez González afirmó que este instrumento de cooperación permitirá, con absoluto respeto de los bienes jurídicos que aseguran el derecho a la protección de los datos personales, compartir la información contenida en las bases de datos del Instituto Nacional Electoral; tanto de identificación biométrica, como de huellas dactilares.

“¡Este no es un dato menor! Por el contrario, incrementa de forma notable la posibilidad de identificar con certeza a las personas no localizadas. En este orden, coadyuvará a garantizar el derecho fundamental al acceso a la justicia, eliminando todas las barreras que impidan conocer la verdad de los hechos”, dijo.

Aseveró que la desaparición de personas y el hallazgo de restos mortales sin identificar, son problemas extendidos y reconocerlo ha llevado a las instituciones del Estado a iniciar acciones urgentes para encauzar este grave problema que violenta de manera sistemática todo el catálogo de derechos humanos.

“El desconocimiento del paradero de una persona, suspende y trasgrede la dignidad humana. Ante todo, lacera a su familia, que se debate entre la esperanza y el desánimo por no conocer el paradero o las circunstancias actuales y pasadas de sus seres queridos. Lastima también a la sociedad en su conjunto”, puntualizó.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, precisó que en todo momento se conservará la confidencialidad de los datos contenidos en el Padrón Electoral, los cuales se mantendrán resguardados por el Instituto.

 

Agregó que la corresponsabilidad de ciudadanos, partidos políticos y autoridades electorales ha posibilitado que el Estado mexicano haya construido la base de datos más grande, confiable y segura, con información personal y multibiométrica de las y los ciudadanos mexicanos.

“Se trata de que, garantizando la confidencialidad de la información personal en posesión del Instituto Nacional Electoral, una confidencialidad mandatada por la misma Constitución, se cuente, no obstante, con un canal institucional y los mecanismos claramente definidos para que las huellas dactilares de las personas conceptualizadas como desconocidas o desaparecidas puedan ser identificadas en la base de datos del Padrón Electoral”, dijo el Consejero Presidente.

Manifestó que el beneficio que representa el uso de esta base de datos en la identificación de personas desaparecidas o desconocidas, es una contribución del Sistema Electoral Mexicano al fortalecimiento del estado de Derecho y un beneficio adicional para la sociedad mexicana que ha invertido en la conformación de uno de los registros de electorales más confiables seguros del mundo.

Por su parte, Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y Presidente de la CONATRIB, reconoció que la Red Nacional de Bases de Datos Genético-Forenses que administra la Coordinación General de Servicio Periciales desde 2008 no ha sido suficiente para resolver el problema de cadáveres y restos mortales no identificados en el país.

“El problema en sí mismo es enorme, refleja además un instrumento de mayor envergadura y alcance que demanda de todas las autoridades y a todos nos demanda coordinación, construcción ordenada y conjunta de una base de datos sólida, completa y que permita identificar a las personas desaparecidas y sus restos mortales”, expresó.

Con la firma de este convenio, las huellas dactilares y la identificación biométrica serán compartidas por el INE a la PGR con el fin de mejorar los procesos de identificación de cadáveres sin violar las garantías de confidencialidad.

Mar 292016
 

Hasta un millón 500 mil pesos a quien o quienes proporcionen información veraz para localizar a siete personas que fueron privadas de su libertad

El mismo caso a quien o quienes ofrezcan información para la identificación o aprehensión de los probables responsables

La Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) seis acuerdos por los que ofrece recompensas de hasta un millón 500 mil pesos, a quien o quienes proporcionen información veraz y útil para localizar a siete personas que fueron privadas de su libertad en los estados de Veracruz y Tamaulipas. El acuerdo precisa que dicho monto se dará a quien o quienes ofrezcan datos que ayuden a la localización de Laura Roxxet González Hermosillo, Yolatl Thalia Berra Hernández, Herón Miranda Godos, Sandra Jennyfer Giraldi Hernández, Gemma Mavil Hernández, Horacio Castillo Reyes y Horacio Castillo Herrera, personas desaparecidas en los estados de Veracruz y Tamaulipas.

El mismo caso, un millón 500 mil pesos, a quien o quienes ofrezcan información para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten, cometidos en agravio de estas personas.

El ofrecimiento de las recompensas no aplicará si se trata de servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, la administración de justicia y ejecución de sanciones penales.

El acuerdo establece que, en caso de que dos o más personas aporten información respecto de las mismas personas por las cuales se ofrece la recompensa y su veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad sea la misma, la recompensa se entregará a quien la haya aportado primero.

Asimismo, si la información es proporcionada por dos o más personas simultáneamente, respecto de las mismas personas por las que se hace el ofrecimiento, la recompensa será entregada proporcionalmente, según la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de la información dada por cada uno de los informantes.

En el acuerdo, la PGR especifica que los recursos para la entrega de la recompensa serán asignados conforme a las normas presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal vigente.

Dicho ofrecimiento dejará de surtir efectos cuando haya sido localizada la víctima, así como identificados, localizados, detenidos o aprehendidos los probables responsables de la privación ilegal de la libertad, o en los supuestos de prescripción, extinción o no ejercicio de la acción penal.

Los datos se recibirán en la calle López número 12, piso 3, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal 06050; en el correo electrónico: denunciapgr@pgr.gob.mx, y en los números telefónicos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 4748, en la Ciudad de México, y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte de la República.

Además del Diario Oficial de la Federación, el ofrecimiento de recompensa será publicado en el Portal de Recompensas, en el sitio de Internet de la PGR, así como en los diarios de mayor circulación en la República o en las entidades federativas.

Sep 242015
 

ALERTA AMBER HARLEN SANTIAGO MELENDEZ(AGS)

Una Alerta Amber emitió la Fiscalía General del Estado luego de que se dio cuenta de la desaparición de una adolescente de 15 años de edad.

La joven, Harlem Santiago Melendez, salió desde el viernes pasado de su casa al parecer con un hombre de nombre Luis González de aproximadamente 40 años de edad.

La alerta no especifica los hechos ni el lugar solo el estado de Aguascalientes como lugar del suceso.

Sep 222015
 

IMG_3366

La Fiscalía General del Estado da a conocer que a través de la Dirección de Participación Ciudadana y Servicios a la Comunidad, informan que ya fue desactivada la Alerta Amber, para localizar al menor Kevin Arturo de 13 años, quien desapareciera el pasado día 14 del mes en curso.

Hoy por la mañana al edificio de La Fiscalía General del Estado, se presentó una mujer y un menor para informar que se trataba del jovencito Kevin Arturo, ya que contaba con un reporte de desaparecido y quería informar que ya estaba con sus familiares.

Inmediatamente se dio la indicación que la mujer y el menor fueran llevados al despacho del Fiscal Oscar Fidel González Mendívil quien personalmente platicó con el menor; a pregunta expresa del Fiscal el motivo que orillo a que el menor saliera de su domicilio, este manifestó que por voluntad propia, dejando en claro que nadie intervino en tomar esa decisión.
Del mismo modo Kevin Arturo dijo que desde el día que decidió abandonar su domicilio, se fue a la casa de unos amigos donde pasó algunos días y luego decidió cambiar de domicilio, lo que hacía difícil su ubicación exacta para los investigadores.
El menor aseguró que nunca vio los periódicos, ni se dio cuenta de que era buscado por las autoridades ministeriales, además de señalar que no salía a la calle, lo que provocaba que difícilmente vecinos de la zona reportaran su localización.

Cansado y con deseos de volver a su casa el menor Kevin Arturo, tomó la decidido de regresar con sus familiares, por lo que hoy por la mañana tocó en la casa de unos primos donde se comunicaron con sus padres quienes decidieron trasladarlo ante el Agente del Ministerio Público y comprobar que el menor estaba bien.

Posterior a su declaración el menor fue trasladado al Médico Legista quien confirmó que su estado de salud en bueno, así como indicarle que deberá ser atendido por personal del Área de Psicología con la finalidad de reintegrarse al seno familiar.

Sep 182015
 

Policías sospechosos de desaparecer personas buscarán a ausentes en El Fuerte
Luis Fernando Nájera/Río Doce

El Fuerte, Sinaloa.- La Policía Municipal local sospechosa de desaparecer a civiles participará en la búsqueda de personas ausentes en los meses recientes.

Hasta ahora, los casos documentados y en averiguación criminal por desaparición forzada son los del mecánico, Arnoldo Gómez Soto (agosto/2013), Roberto Corrales Medina, el Chacharitas (marzo/2014) y recientemente, Hernán Francisco Menéses Ibarra, el Ciri, (jul/2015), entre otros.

La participación de la policía sospechosa de llevarse a los civiles fue un acuerdo entre el secretario de la comuna, José María Flores Soto con las dirigentes y miembros del grupo Desaparecidos de El Fuerte, Mirna Nereida Medina Quiñonez, Rosa Elvia Vázquez, Reyna Serna Escalante y Karla Gómez Soto.

Flores Soto anunció que el grupo de búsqueda de desaparecidos será coordinado por el director de la policía, Luis Ángel Zazueta.

“Esta Luis Ángel Zazueta, Director de Seguridad Publica atendiendo peticiones para los grupos de búsqueda que las madres traen de manera particular, les está ofreciendo el apoyo de un grupo de toda la confianza para que realicen la búsqueda donde ellas consideren que pueda haber alguna información para sus familiares, también con la encargada del Registro Civil vieron el caso de un ex policía del cual no hay acta de defunción aún a pesar de que ya se entregaron sus restos pero el tramite está en el área de genética de la PGR”

Las mujeres aceptaron la propuesta pues su hipótesis es que la prioridad de las 82 madres con esposos o hijos ausentes es su localización.

Las mujeres demandaron la asistencia gubernamental para la entrega de despensas, becas escolares, desayunos y pensiones.

Sep 142015
 

ayotzinapa

Río Doce/Noche de Perros (parte 2)
por: Anabel Hernández en 13 septiembre, 2015
Ayotzinapa

El informe presentado por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el domingo 6 de septiembre vuelve a abrir la profunda herida que significa el ataque contra los estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos, ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

El informe confirmó la información obtenida durante diez meses de investigación periodística realizada por la autora de esta columna y Steve Fisher, con el apoyo de la Universidad de California en Berkeley.

Desde el primer reportaje publicado en diciembre de 2014 titulado “La Verdadera noche de Iguala”, señalamos que el gobierno federal estuvo monitoreando a los estudiantes desde la tarde del 26 de septiembre, que salieron de la escuela normal Isidro Burgos. Los esperaron en la caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla, con patrullas de la policía estatal y la Policía Federal. No eran cuatro sino cinco camiones los atacados esa noche. Los dos camiones Estrella de Oro monitoreados desde Ayotzinapa son los dos camiones en los que se concentraron las acciones más violentas esa noche y de donde fueron desaparecidos la mayor parte de estudiantes. También publicamos el contenido de la bitácora de un helicóptero que sobrevoló a baja altura en Iguala y sus inmediaciones, la mañana del 27 de septiembre y nunca encontró ningún indicio del supuesto gigantesco incendio en el que eran quemados los normalistas.

Pero más allá de eso, la conclusión de que en el basurero de Cocula jamás se llevó a cabo la quema de los cuerpos de los 43 normalistas y que resultaron falsos los testimonios de quienes confesaron haberlos quemado, y arrojado sus cenizas al río San Juan, dejan clavada una estaca en el núcleo del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La pregunta fundamental ahora es si todo eso de la quema y los confesiones resultaron falsos, ¿Por qué la PGR tiene en su poder el resto óseo calcinado del estudiante Alexander Mora, supuestamente obtenido de bolsas de plástico sacadas por los presuntos criminales al río San Juan? ¿De dónde lo obtuvieron? Irónicamente el resto óseo que era para la PGR el fin del caso de los 43 estudiantes desaparecidos se convierte ahora en un elemento que incrimina al propio gobierno.

Una historia de terror rodea la fabricación del caso de la muerte y quema de los estudiantes en el basurero, y sus protagonistas fueron Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio, Agustín García y Felipe Rodríguez Salgado, cuatro albañiles de Cocula a quienes la Procuraduría culpó de ser los autores materiales de la muerte de los 43.

Para satisfacer la sed de justicia de los padres de familia de esos normalistas y de la sociedad en general, la PGR escogió a Felipe Rodríguez Salgado, un joven albañil de Cocula de apenas 25 años, como el malo de la historia. Lo pintó como un jefe de la organización criminal Guerreros Unidos, con poder sobre la policía municipal de Cocula e Iguala, quien incluso tenía comidas con el presidente municipal de Cocula.

La realidad es que la historia de Felipe es muy distante de la de un jefe de la mafia. Es un albañil y campesino que como muchos otros vive en pobreza. Junto con su esposa rentaba un cuartito en Cocula y sus únicos bienes eran un refrigerador pagado en plazos, una parrilla eléctrica, una cama, una mesa para comer, una tele y una cuna. Cuando no había trabajo de albañil se iba a pastorear animales o a hacer trabajos de campo para otros.

El mismo perfil tienen Patricio, Jonathan y Agustín. La familia de Patricio, a quien la PGR acusa de ser jefe de halcones y ser el responsable de cuidar Cocula, es tan pobre que su madre recibe dinero del programa de gobierno contra la extrema pobreza, Oportunidades. Y también su esposa. La información pude corroborarla directamente en el padrón de la Sedesol.

Para hablar sobre el supuesto crimen todos ellos fueron brutalmente torturados. Esto lo confirman los peritajes médicos que les practicó la propia PGR antes de rendir su declaración y el reporte dado por el grupo de expertos de la CIDH el 6 de septiembre. La violencia infligida fue directamente proporcional a la urgencia del gobierno de tener chivos expiatorios fast track. Al menos tres de ellos recibieron toque eléctricos en paladar, testículos y recto, además de intentos de asfixia con bolsas de plástico y golpes por todo el cuerpo.

Bajo esa presión la PGR los obligó a grabar videos incriminándose, que luego fueron mostrados por el entonces procurador Jesús Murillo Karam como confesiones que resolvían el caso de los 43. Ninguno tiene los recursos para un abogado penalista privado que los defienda, por lo que temen pudrirse en vida en la prisión.

Llama la atención que pese a que la PGR les fabricó una imagen de monstruos, cuando fueron clasificados tanto en el penal federal de Tepic Nayarit como en El Altiplano, Estado de México, ninguno fue considerado de alta peligrosidad, por lo que están en módulos conviviendo con otros reos.

¿Por qué la PGR quería que estos cuatro albañiles inventaran la quema de cuerpos de los estudiantes y la supuesta trituración de sus restos? ¿Cómo supo el gobierno qué historia inventar y que cuadrara con el hueso calcinado de uno de los estudiantes desaparecidos? Esas preguntas generan escalofríos.

Hay una persona que puede responderlas. Se llama Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, quien desde un inicio tuvo control absoluto de la investigación, o mejor dicho, manipulación del caso de los normalistas de Ayotzinapa. No era Murillo Karam quien tomaba las decisiones sobre el rumbo de la ‘investigación’ sino él. Era Zerón de Lucio quien intentaba hacer acuerdos con abogados de algunos de los acusados para que confesaran sus culpas. Fue quien dio información falsa a Murillo Karam, a tal grado que él tuvo que recurrir a otros para tener acceso a documentos que Zerón de Lucio le ocultaba.

Y fue Murillo Karam quien, pese a que tuvo conocimiento de todo eso nunca lo denunció, prefirió dar un paso de lado y pasarse a la casi inexistente Secretaría de Desarrollo Agrario y seguir cobrando del erario. Hoy su figura gris ha quedado finalmente fuera del gabinete, saliendo por la puerta trasera.

Zerón de Lucio es sin duda uno de los principales cómplices de esa noche de perros en Iguala, donde los estudiantes fueron atacados, asesinados y desaparecidos. Cómplice de esconder la verdad.

Sep 012015
 

20150831164958

La Policía Estatal mantiene el despliegue operativo de búsqueda del menor Luis Guillermo “N” “N” en centros escolares, centros comerciales, terminales de camiones urbanos e incluso en la Ciudad de los Niños.

Los policías tienen la instrucción del General Bahena de verificar cada sitio en donde se presuma pudiera encontrarse el menor de edad que salió de su domicilio el pasado sábado después de las 13:00 horas.

En cada uno de los sitios supervisados por los policías estatales como fue Ciudad de los Niños, el Colegio donde estudia el menor extraviado,  las terminales de los camiones urbanos y centros comerciales les fue mostrada la fotografía del infante pero en todos los lugares la respuesta fue negativa por parte de los trabajadores y visitantes a los lugares públicos.

 20150831164922

La búsqueda de este día incluyó el Parque Industrial Sur, el Centro Comercial Plaza Vestir Sur, Terminal de Urbanos Central de Abastos Sur, lamentablemente sin que se tenga algún indicio de su paradero.

Aug 052015
 

desapareida aguascalientes

Objetivo7/Cuauhtémoc Villegas Durán.

Otra aguascalentense de nombre María Roxana Mercado Aguirre de 34 años de edad desapareció el viernes pasado.

La nota fue dada conocer por TV Azteca Aguascalientes Noticias a través de su portal. La mujer es muy atractiva en el selfie que se tomó.

Jun 012015
 

La convicción de encontrarlos

 

 

Reunión de familiares de desaparecidos con el Gobierno Federal

La sangre y el coraje se heredan, el ADN enmarca cicatrices, recuerdos que se ensañan, miradas compungidas, solemnes, rabiosas y deseosas profundamente de revancha. Pero sobre todo, en busca de justicia, esa justicia parsimonia, desesperante, una aflicción avasallante y sin mesura. Una mezcla de cólera, furor, angustia y desesperanza. Eso viven al menos 23 mil 272 familias en el país, las cuales ahora buscan de manera estoica a sus familiares desaparecidos. 

Durante la mañana del pasado lunes, autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se reunieron con familiares de desaparecidos de diferentes regiones del país, en la Ciudad de MéxicoAhí, un hombre de estatura media, ojos penetrantes, con sonrisa falaz y de formas afables, se presentó ante los más de 30 asistentes a la reunión quienes ya, un tanto molestos debido al retraso de cerca de dos horas, saludaron al impuntual Julio Antonio Hernández Barros, comisionado de dicho organismo

Barros abordó con los activistas, dirigentes y parientes de desaparecidos, los incipientes avances que se han tenido en algunos de los casos atendidos por esta comisión, en cuanto a apoyos e investigaciones para encontrar a las víctimas en territorio nacional. Además de garantizar que buscarán reformar la Ley General de Víctimas, para dar mejores resultados y brindar mejor atención a los familiares de los ausentes.

Anterior a su presencia, los agraviados fueron recibidos por el director de la oficina del comisionado Hernández: Armando Verdugo Henderson, un hombre gárrulo y casi ficticio, quien de forma cordial hizo llegar a la mesa agua, café, galletas y uno que otro tentempié para aguantar el hambre: el hambreque muchos traían consigo durante el viaje, kilómetros lejos de la gran urbe, esa que acoge en sus entrañas a tantas víctimas de innumerables injusticias.

De manera apremiante disparó ante el cortejo presente: “Yo soy sinaloense, hablo claro. A ver ¿dónde estamos trabados? Hay que resolver, es la intención principal de esta reunión”. Esto hizo crispar a uno que otro. Muchos dentro de sí mismos intentaban ser pacientes en la medida de lo posible. A partir de ese momento sabían que dicha asamblea iba para largo, quelos asuntos por tratar no podrían ser ejecutados en un santiamén. 

Alrededor se podía ver gente de muchos estados de la República, de Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Morelos,Veracruz, el Distrito Federal y el Estado de México, éste queencabeza los primeros lugares de los estados con mayor número de desaparecidos en el país desde enero de 2015. Estuvieron además, representantes de diversas organizaciones activistas como el Colectivo por la Paz de Xalapa, Red de Madres de Veracruz, Tadeco, Comité de Iguala, Justicia para Nuestras Hijas, Las Rastreadoras de El Fuerte SinaloaFuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl), Familiares en Búsqueda María Herrera, Red de Enlaces Nacionales, entre otras.

Para que hubiese constancia y se tomara nota de este encuentro, estuvieron observadores de Amnistía Internacional, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, del equipo forense y antropológico del EMAF, un portavoz del sitio Nuestra Aparente Rendición (NAR), y algunos oyentes miembros de la prensa y por consiguiente infiltrados. 

Desde el inicio se estipuló que la prensa no era bien recibida, ni por las autoridades de la CEAV y mucho menos por las víctimas, quienes se sienten incómodas al ver a algún reportero cerca. Tiempo después, en charlas con Juan Carlos Trujillo, éste aclaró que la Red Enlaces Nacionales busca proteger la integridad de las mismas, ya que, sin mayor aspaviento, aseguró que a los reporteros los miran como buitres, solo en busca de la nota, sin importar ni preservar la discreción y el respeto que merecen cada uno de los casos. Fue por ello que además de los observadores se exigió una minuta, la cual testificara a posteriori lo conciliado en la reunión.

Curiosamente en la mesa predominaban mujeres madres, muchas de ellas jóvenes. En sus rostros se enmarcaban las huellas del sufrimiento, de la desesperación, los surcos de la agripnia. De un suplicio intransigente. Eso, sin duda, no impidió que al arribo del comisionado una de ellas, abruptamente, abordara el primer tema a tratar: avances en torno a los casos. Más allá de la logística de cada uno, ella quería saber qué procedía con el caso de su hijo desaparecido en 2010. Muchos, todos, cada uno con el dolor y la importancia que merece. Inmediatamente, en medio del clima hostil que se cernía, Hernández aseguró que la Ley General de Atención a Víctimas será modificada para beneficio de todos y cada una de las familias afectadas. 

Además, anunció que se incluirán los modelos de atención a las víctimas y de salud, y sus respectivos planes. Todos increparon y entre el barullo difuso, Juan Carlos Trujillo,miembro y fundador de la organización Familiares en Búsqueda María Herreraapareció con voz resonante para instaurar el orden. Con todo esto se dio paso al argumento y presentación de cada uno de los familiares de las víctimas y sus lamentables casos.

“Yo le quiero decir una cosa, señor comisionado: cuando nosotros leemos la Ley General de Víctimas yo veo muchas cosas muy bonitas, pero¿qué haría usted para aplicarlas?, porque nosotros la leemos y la leemos y nos da muchas esperanzas y en la práctica es otra cosa, dígame usted ¿qué haría para que esto realmente se lleve a cabo?, o arránquele las hojas que le sobren”, exclamó un hombre de mediana edad,proveniente del estado de Guerrero y quien busca a sus hermano desaparecido en 2012. Él afirmó que el contingente de trabajadores sociales, así como los psicólogos enviados a Iguala son insuficientes para la gran demanda que impera.

Este, como muchos de los casos citados ante el funcionario, fue constatado de manera expresa por cada una de las víctimasfrente a todas las instancias gubernamentales habidas y por haber. Cada uno representando a cientos de familias de sus respectivos estados. Ellos, inundados de coraje y una inmedible fuerza de voluntad, se perfilaron —pese a que no ha sido la primera vez— frente a cada uno de los funcionarios que han contemplado solamente el calvario de los afectados. Quienes como cualquier sujeto servil de la burocracia oficialista, se han visto por demás indolentes, incompetentes e inanes ante tales demandas. 

El discurso demagogo del comisionado era acallado por la decena de exigencias e imprecaciones que emanaban de cada uno de los familiares. Verborrea en su máxima expresión. Falta de coherencia en algunos puntos y artículos de la Ley General de Víctimas, en contraste con las acciones que supuestamente han empleado y que no ha sido ni en lo más mínimo fructíferas

María Herrera Magdaleno, quien funge como la cabeza de la organización de familiares desaparecidos y quien además tiene cuatro hijos en esa condición desde el 2008, inició con un argumento digno y libre de eufemismos, en donde además consignó de forma tajante: “Nosotros no estamos tristes, estamos enojados, indignadoshasta la madre y lo que le sigue. No es justo que se estén llevando un salario a sus bolsillos cuando no están haciendo su trabajo. Si este organismo no sirve que desaparezca”. 

Algunos de los presentes incluso llegaron a denunciar acoso y amenazas de algunos servidores públicos. Ante el miedo que acecha no queda lugar para la certidumbre. A la postre de la alegación de cada uno de los casos, hubo un momento en donde a manera de reflexión un asistente pidió trato digno de parte de las autoridades: “Para nosotros el tiempo es oro, para nosotros cada segundo que pasa nos consume. Estamos perdiendo el trabajo a consecuencia de la omisión de nuestros propios asuntos. No hay qué comer cuando arribamos a nuestras casas. No vengo a pedir limosnas, vengo a exigir mis derechos”.

Por un momento el silencio imperó en la sala. A la brevedad llegaron los detalles escabrosos de cientos de víctimas, que al no estar corpóreamente se sentía su presencia.

Mirna Nereida Medina vestía una blusa blanca, sinónimo de paz, el cual seguramente le brindaba alivio y desespero al shock emocional que lleva a cuestas. Tiene 46 años encabeza al grupo de Las Rastreadoras de El Fuerte, Sinaloa. Además es la líder del grupo Desaparecidos de El Fuerte, en donde su función principal es representar los 72 casos en aquel estado, en donde ella, como muchas otras, sufre la ausencia de su hijo, el cual fue levantado en Mochicahui, Sinaloa, en julio del año pasado. 

Con aire tempestuoso relató cómo es que un grupo de mujeres se encuentran haciendo la labor de localización de cuerpos en las fosas clandestinas diseminadas a lo largo y ancho del estado, sin el apoyo de la autoridad estatal. Hizo énfasis en la falta de cobertura y sensibilidad por parte de las autoridades de justicia —y del propio gobernador— ya que éstas además de despistar y burlar su esfuerzo, no han descifrado siquiera cómo manejar y atajar la información que ella misma ha entregado para el pronto esclarecimiento de su caso. Lo mismo ocurre en el argumento de la señora Rosa Elia Vázquez, quien ha acudido a todas las instancias de Culiacán —incluida la Marina— y en las cuales el apoyo ha sido nulo para encontrar a su hijo. 

Mirna se mostraba serena, sin alteración alguna: “Yo no vengo a criticar al gobierno ni a sus funcionarios, yo vengo a que me den soluciones. Quiero que me ayuden a encontrar a mi hijo ya los de todas las madres que se encuentran igual que yo, viviendo el mismo calvario”, arrojó de golpe.

La mayoría de los presentes alegó que el director general de Asesoría Jurídica del CEAV, Rubén Vasconcelos, no ha cumplido con los compromisos planteados hace algunos meses. Otro de los aludidos fue el comisionado presidente,Sergio Jaime Rochín del Rincón, quien en reuniones anteriores cometió el mismo error de comprometerse a ofrecer resultados a las familias de las víctimas. Desde entonces yhasta la fecha todos ellos continúan a la expectativa. Sin un resquicio para la esperanza.

“Poco a poco estamos entrando en una dinámica en la cual no encontramos solución. La CEAV está entrando en este sistema burdo y burocrático, donde prueba de ello son todos estos procesos administrativos. Nos están revictimizando en un sentido infrahumano”, se lamentó súbitamente Juan Carlos Trujillo, quien con mueca de resquemor lanzó el reclamo al comisionado, de frente y a quemarropa. 

Un desaparecido trastoca todo

“Si ustedes son las víctimas, abran la mesa de reunión y dejen de seguir a los grillos”, descerrajó alguna Armando Verdugo Henderson, director de la oficina del comisionado Hernández.Con esta consigna inició a manera de presentación este personaje, el cual los acompañó desde el inicio hasta poco antes de culminada la comparecencia. Para todos, incluso hasta para la mayoría de los observadores, significó una grave falta de respeto. Ya en presencia del mismo Julio Hernández, se citó dicha zafiedad. 

“Vamos directo a nuestro entierro inminente. Los tiempos políticos y las coyunturas no ayudan, cada segundo que pasa nos está matando, ustedes juegan a que trabajan y nosotros a que les creemos”, exclama un hombre —quien pide su anonimato y el cual sale al fulgor de la trama, levantándose de la mesa y con las manos en alto, como emulando una detención policiaca

Le sigue la señora Alma Rosa Rojo, quien con todo el coraje reservado, increpó a Julio Hernández en torno al caso del asesinato de quien fuera su amiga y compañera de infortunio, Sandra Luz Hernández, asesinada a balazos el 12 de mayo de 2014, en Culiacán, cuando buscaba a su hijo Édgar, desaparecido

“Ella era una activista en busca de su hijo levantado en febrero de 2012, buscó y rebuscó, tenía nombres, datos, mismos que hizo de plena conciencia a la PGJE, a quienes solo se encargaron de liberar y absolver a su asesino confeso en marzo pasado. Ella fue asesinada dos veces, nosotros nos estamos enfrentando a dos mafias allá en Sinaloa: la del gobierno y la del crimen organizado”, lamentó.

Entre denuncia y demanda y llantos por dentro, (en todo el transcurso de dicha asamblea jamás brotó una sola lágrima de aquellos irascibles pares de ojos) surgió de nuevo una migaja de perspectiva e ilusión. Luego de aquello, se despidió somnoliento el comisionado Hernández, dando a conocer la agenda de visitas a distintos estados y donde recalcó que estaría presente en Los Mochis, Sinaloa, el 24 de junio, y en la Ciudad de México se llevará a cabo la junta de seguimiento el 22 de julio

Aseguró que al día siguiente se esperaba la reunión con miembros de la PGR para terminar de conciliar algunos detalles con sus respectivos especialistas y precisar algunos casos que tienen que ser atraídos por dicho órgano. Minutos después se marchó. Dejando tras de sí otro cúmulo deesperanzas para la audiencia. A la hora arribó a la sala un contador y algunos gestores de asuntos financieros, quienes se encargaron de prestar asesoría en torno al pago de los viáticos, diligencias y asuntos monetarios. Para entonces los ánimos se habían apagado y muchos de los presentes tuvieron que retirarse, en busca de sus vuelos de regreso

Otros tantos tenían asuntos personales que atender y por esa razón se tenían que ausentar a regañadientes. Todos se despidieron con un infinito agradecimiento de sus compañeros, siempre estrechándose la mano y con efusivosabrazos de complicidad desventurada.

Caras vacías, rostros desencajados, bostezos. El hambre comenzó a acechar. Al cabo de un rato se les hizo llegar un paquete con comida corrida, que de forma inmediata fue devorada. Entre broma y broma, risas apagadas y uno que otro chascarrillo, se pasó fugazmente aquel momento ameno. A pesar de todo aún se podía vislumbrar una sonrisa a medias, una vaga mancha de bonanza en medio de aquella penuria. Pasado aquel lapso y sin perder el tiempo, un grupo de cuatro abogados se hizo presente y comenzaron a determinar y aclarar las múltiples dudas en torno al avance de los casos en particular. 

Para muchos éste fue el momento idílico de exponer sus requerimientos e interpelaciones hacía la institución, alegando las inconsistencias penales en las que han incurrido y de las que aparecen nuevas anomalías. Los abogados toman nota de manera taimada. Son una mujer joven y veloz, tres hombres de facciones inexpresivas. De nuevo se hizo presente la barahúnda. Todos hablando, cuestionando, algunos incluso llegaron a reñir con los juristas, atañando sus propios casos en la mezcla del jolgorio.

Cayó la noche, la lluvia abatió a la ciudad. Dentro, se concretaban las últimas resoluciones de la maratónica sesión. Los más, comenzaban ya a despedirseUnos abogados con rostros anonadados abandonaron la diminuta sala. Algunos comentaron: “Qué atención la del gobierno, sí así trabajaran, esto sería otra cosa”. En poco más de veinte minutos ya estaban de nuevo en el vestíbulo de aquel edificio. Atajándose de la tormenta eléctrica que caía sobre la Ciudad de México. 

A la mañana siguiente, una fracción de esta comitiva partió rumbo a la ciudad de Iguala, Guerrero. En donde de manera general se trataron asuntos jurídicos, se hizo la revisión de algunos casos, y se les brindó apoyo y asesoría por parte de la procuraduría. Todo esto a cargo del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres, quiende manera solemne y suntuosa hizo un compromiso con cada una de las mujeres activistas. 

Ahí estuvieron presentes las rastreadoras Mirna Nereida y Rosa Elia Vázquez, quienes además contaron con el apoyo moral de María Herrera Magdaleno. “Las autoridades de allá nos recibieron como lo hicieron las de aquí: con mucha amabilidad y eso nos ha llenado de esperanzas, el subprocurador expuso el caso de mi hijo…, pero, a pesar de ello no nos engañamos”, aseguró la impetuosa Mirna Nereida,mientras saboreaba su café en un reconocido restaurante de la ciudad de México. 

Según las cifras actuales de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)en este sexenio hay un desaparecido cada hora 52 minutos, mientras que en el pasado ocurría con uno cada cuatro horas con cinco minutos.

Es inverosímil que a pesar de tanto sufrimiento, tantas descargas emocionales superpuestas, años de lágrimas corrompidas, desasidas, intentos de todo y nada, trozos devida diseminadas por doquier, estas innumerables familias continúen con la convicción de encontrar algún día a sus seres queridos, vivos o muertos, o como manifestó una mujer de mirada desorientada: “Aunque me llegue en pedazos, en huesitos, en bolsa negra, calcinado o como fuera, pero finalmente encontrarle”.