bateria-copia
Aug 282017
 

ACAPULCO, GUERRERO, 09AGOSTO2017.- Un hombre fue asesinado en la entrada del Fraccionamiento las Gaviotas en la colonia Llano Largo. El hecho se reportó mediante una llamada anónima al 911, manifestando que en dicho lugar se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y se encontraba una persona sin vida. Al lugar arribaron elementos policíacos, confirmando el hecho y así mismo dieron aviso a las autoridades de los tres niveles de gobierno policíaco y ministeriales quienes llegaron al lugar. Al término de las diligencias, la policía ministerial recogió mas de 10 casquillos percutidos. El cuerpo fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en calidad de desconocido.
FOTO: BERNÁNDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

Ciudad de México/Desinformémonos.- “Las autoridades mexicanas han fallado durante años para detener la caída de Acapulco”, la ciudad más mortífera de México en la que los carteles del narcotráfico extorsionan, secuestran y asesinan, señaló el diario estadounidense The Washington Post (TWP), quien lanzó que “el término ‘guerra contra las drogas’ apenas describe lo que sucede” en el puerto guerrerense.

De acuerdo con los registros, Guerrero es uno de los estados con mayor tasa de homicidio doloso desde que se tiene registro, y TWP propuso como teorías del incremento de la violencia dos años después de la posesión como presidente de Enrique Peña Nieto “la competencia por el dominio de los capos capturados, el desglose de los acuerdos secretos entre criminales y políticos, una reforma judicial que requiera más pruebas para encerrar a presuntos delincuentes, la creciente demanda estadounidense de heroína, metanfetamina y opiáceos sintéticos”.

“Éste es un lugar inundado de delitos de todas las bandas, donde los criminales ya no tienen que esconderse”, indicó TWP al referirse a Acapulco.

El diario estadounidense agregó que la violencia también se extiende a otras regiones y estados mexicanos, y ejemplificó con el robo de combustible en Puebla o el peligro en Playa del Carmen y Cancún, “ensangrentados por las matanzas de drogas”.

Identificó que las autoridades mexicanas son incapaces de actuar por la corrupción ejercida durante décadas, así como por el “poco entrenamiento, bajos salarios, mal equipo y poca capacidad para realizar investigaciones”.

“Unas 5 mil fuerzas de seguridad están en Acapulco, y la franja costera de hoteles y restaurantes repleta de policías federales y estatales, soldados, infantes de Marina y fuerzas municipales. Esta atención a la franja turística, sin embargo, deja la gran mayoría de la ciudad expuesta, dicen los residentes”, publicó el diario.

De hecho, al menos la mitad de los policías registrados en el estado fallaron en el examen de confianza o tiene antecedentes criminales.

La inseguridad, además de estrategias políticas y económicas, propiciaron que el Departamento de Estado de Estados Unidos restringiera al personal estadounidense viajes a Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz.

Sin embargo, la institución también llamó “enfáticamente a los ciudadanos de Estados Unidos a que lean la Alerta de Viaje en su totalidad” para advertirles sobre el “riesgo de viajar a ciertas partes de México debido a las actividades de las organizaciones criminales en esas áreas”.

Aug 282017
 

Investigan propiedades de LARF y su hijo en EE. UU.

BI.- De acuerdo con agentes de la agencia antidroga DEA y del Servicio de Impuestos de EE. UU. (IRS), el gobierno de dicho país mantiene investigaciones criminales abiertas contra Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes, y su hijo.

Durante un juicio civil del gobierno estadounidense iniciado en 2014, se busca decomisar siete inmuebles adquiridos por Luis Reynoso López, hijo del exmandatario estatal, los cuales habrían sido adquiridos en San Antonio, presuntamente con dinero desviado del tesoro público.

No se han presentado cargos penales contra ellos e incluso la fiscal Mary Nelda Valadez afirmó al abogado de Reynoso López que no había investigaciones contra su cliente. No obstante, James Phillips, agente de la DEA, ratificó que sí hay una indagación abierta contra el hijo del exgobernador aguascalentense.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes confirmó a Reynoso Femat el 15 de junio una condena de seis años en prisión y el pago de 13.8 millones de pesos por peculado.

Asismimo, el pasado 21 de agosto, autoridades aguascalentenses entregaron a la embajada de EE. UU. en México copia de la sentencia contra dicho exgobernador, para que sirva como prueba en el intento de decomiso de sus propiedades en San Antonio.

Esta semana, la Fiscalía indicó a la Corte para el Distrito Oeste de Texas que se efectuará una “traducción expedita” de dichos documentos mexicanos.

http://www.binoticias.com/nota.cfm?id=4299&t=investigan-propiedades-de-larf-y-su-hijo-en-ee-uu

Aug 262017
 
Héctor de Mauleón.

Héctor de Mauleón.

Ismael Bojorquez/Río Doce.

“México es un cagadero”. La expresión es de un amigo con el que suelo rebotar temas, siempre entre cerveza y cerveza, los rigurosos Marlboro y bocadillos caseros donde nunca falta el queso de rancho. La llamada “casa blanca” quedó atrás y el tema de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, llegó a un punto en el que a los medios ya no les importa tanto. El morbo de la huida, la captura, su piojo confinamiento y su traslado a México agotó a periodistas, audiencias y lectores.

Pero en nuestro país esta clase de mugre es inagotable. No terminaba el impacto que causó la inclusión de Rafael Márquez y el Julión Álvarez en las listas de la OFAC —elaboradas con información de las agencias norteamericanas—, cuando un grupo de periodistas publicó en medios nacionales y extranjeros una investigación que evidencia sobornos de la compañía brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, desde que estuvo en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, y como director de Pemex, durante 4 años.

El reportaje, firmado por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, es el primero que presenta Quinto Elemento Lab, un pequeño equipo de reporteros independientes recién formado y que recibe apoyo de Open Society Foundations.

Ya había trascendido que Lozoya Austin estaba involucrado en sobornos a los que Odebrecht había acudido en una decena de países, para conseguir obra pública.

Pero nadie había documentado nada del caso mexicano. El trabajo sale a la luz cuando se conocían apenas los resolutivos de la XXII Asamblea Nacional del PRI, donde se abrió el cerco para que candidatos externos pudieran competir por las siglas del PRI en el 2018 y donde en una de las mesas se discutió el tema de la ética.

El reportaje de Quinto Elemento Lab se suma al de los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera e Irving Huerta, quienes realizaron el trabajo sobre la casa blanca de Peña Nieto y al de Animal Político, diario digital que descubrió la trama de corrupción que envolvía a la administración de Javier Duarte, cuando aún estaba en el cargo. Y a muchos más —tal vez de menos impacto pero no menos importantes— que se realizan por los medios tradicionales y por periodistas de a pie con el propósito de que lo que ocurre en nuestra vida pública se conozca y los ciudadanos tomen decisiones con mejor información.

El periodismo está haciendo su parte. Lo ha hecho desde hace décadas aunque tal vez desde menos trincheras y menos impactantes, pero al menos desde finales de los años 60´s con mayor consistencia ha estado evidenciando las tropelías de gobiernos sordos, cínicos pero, además, represivos con la prensa libre.

Y esto no ha cambiado. Registros de organismos internacionales hablan de que un 80 por ciento de las agresiones recibidas por periodistas en los últimos diez años provienen de personas que trabajan en alguna institución del gobierno. Por eso mismo las denuncias no tienen ningún efecto en los casos y por ello casi el cien por ciento quedan en la impunidad.

Esto explica por qué los mecanismos de protección a periodistas, creado en 2012, no han funcionado hasta el momento, pues los encargados de operarlo son al mismo tiempo parte del problema.

Esta semana que pasó fuimos víctimas de una amenaza más, terrible, contra un periodista y escritor, Héctor de Mauleón, quien escribe en diversos medios también sobre muchos temas, pero que en los últimos años ha tocado intereses de las bandas criminales de la Ciudad de México y de no pocos políticos, tal vez muchos de ellos coludidos con estas mafias. La forma en que los criminales dieron a conocer la amenaza es espeluznante —un hombre dispara en un campo de tiro sobre la imagen del periodista colocada en una silueta, con un mensaje de muerte.

¿Por qué alguien que tiene un arma en la mano y el poder para matar se da el lujo de publicar una amenaza así? Pues porque sabe que tiene el 99.75 por ciento de probabilidad de no ser castigado. Por eso. ¿Por qué esa desfachatez? Porque no hay Estado ni para la sociedad, ni para los periodistas. Y entonces impera la barbarie.

Bola y cadena

LO PEOR ES QUE EL MECANISMO diseñado para proteger periodistas y defensores de los derechos humanos no garantiza nada. Pueden contarse muchos casos de éxito, sobre todo en aquellos donde se han tomado medidas preventivas estrictas, pero puede afirmarse que en muchas de las agresiones a periodistas, incluyendo casos de asesinatos, pudieron haberse previsto y evitado. El problema es que el mecanismo no tiene medidas de diagnóstico de riesgos que permita avistar posibles ataques. Hasta ahora pretende hacerlo con la creación de unidades de protección en los estados, coordinados con el gobierno federal. No creo que con muy buenos resultados, por lo poquito que hemos visto en Sinaloa y por las experiencias de compañeros en otras entidades. Porque los intereses terminan tragándose las buenas intenciones.

Sentido contrario

JAVIER COELLO TREJO, EL OTRORA fiscal de hierro al parecer se volvió de paja. Sin más argumentos que… el licenciado no sacó ese dinero, o… no hay pruebas de que existieron esos sobornos… todo más o menos dicho, solo le queda decir que demandará a Odebrecht por daños a la moral contra su representado, Emilio Lozoya. Y que a los periodistas y medios que publicaron, exigirá derecho de réplica. Ahora, si la PGR había estado investigando el caso antes que los periodistas ¿por qué no hay una carpeta con los datos que sí se contaron en el reportaje?

Humo negro

Y EN SINALOA ESTAREMOS ESPERANDO que tanto la Unidad de Transparencia como la Auditoría Superior del Estado, indaguen sobre las compras y ventas fraudulentas en el INVIES durante la administración anterior. Solo que indaguen. Por lo pronto.

Ismael Bojorquez es director del semanario Río Doce.

Aug 262017
 

Asesinan a tres taxistas y balean a dos policías en Veracruz

Río Doce.- Tres taxistas del puerto de Coatzacoalcos, y un civil fueron asesinados ayer en dos hechos distintos al sur de Veracruz, a más de 400 kilómetros de la capital del estado.

En la colonia Rancho Alegre, frente a Plaza El Palmar, cerca de la zona universitaria de Coatzacoalcos, sujetos armados abrieron fuego en contra de un taxista y su pasajero, mientras esperaban la luz verde del semáforo, de acuerdo a Proceso.

Treinta minutos después, en la colonia Benito Juárez dos taxistas más fueron ejecutados también en el puerto de Coatzacoalcos.

En Coatzacoalcos ha venido recrudeciendo la violencia desde la detención del jefe de plaza de Los Zetas en esta región, Hernán Martínez Zavaleta el Comandante H, detenido el 30 de junio pasado en el municipio de Cárdenas, Tabasco.

Ayer, en Ciudad Cardel, en el municipio de La Antigua, dos policías estatales fueron heridos de bala cuando intentaron frustrar un asalto en una colonia popular de la cabecera municipal; los presuntos delincuentes abrieron fuego en contra de los policías y huyeron con rumbo desconocido.

Los oficiales fueron trasladados a un hospital de la localidad y su estado de salud se reporta como estables.

Aug 262017
 

“Nadie me paga por hacer esto, por naturaleza soy un periodista, dejé de ser trailero hace 16 años, cuando escribo tengo mis errores, pero no de lo que escribo, sin en faltas de ortografía, puntos y comas. No soy estudiado, a los madrazos estudié seis años de primaria, mi escuela ha sido la ley de la vida”, expresa Cándido Ríos Vázquez en un video publicado en su página de Facebook.

En la grabación publicada el pasado 13 de agosto, 10 días antes de ser asesinado en Hueyapan de Ocampo, al sur Veracruz, junto con otras dos personas, el corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan, conocido como el Pabuche acusa a políticos y funcionarios locales de mentirle al pueblo.

Bajo un intenso sol y teniendo como escenario un campo abierto, el periodista también reflexiona sobre su trabajo, a través del cual busca llevar la verdad, luchar “por lo robado, lo empeñado y lo vendido de mi pueblo, tratando de abrir los ojos a mi gente, gente agachada, ciega, que prefiere morir de rodillas callando, que parado y hablando.”

“Por naturaleza soy un redentor, no me cobijo de grupos antorchistas, ni de asociaciones civiles, ni ser mustia con la sociedad con el afán de buscar un triunfo, una honra, unos honores, no, gloria a dios no”.

Añade que a diferencia de otros que toman la armas, él prefiere “disparar verdades”.

Cuestiona también a los periodistas que sirven de emisarios a los políticos, “manchando la credibilidad, la primicia, las convicciones de los que ejercemos el periodismo, manchando dignidades, honras y honores, a costa de sus propios intereses, no, yo ando frío señores, frío”, señala al mostrar el contenido vacío de la bolsa de su pantalón y su cartera con un billete de 100 pesos.

“Pero ando feliz, en la calle soy Pabuche, el pueblo me estima, me aprecia.. donde camino, camino con la frente alta”, remata en la grabación publicada en facebook, red social a la que dijo que incursionó recientemente, porque era necesario.

“Yo los 365 días hago el bien sin ver a quien, sirvo a la sociedad como debo hacerlo, valiéndome madre mi vida, mi libertad, las torturas que me han dado…”, finaliza y luego se despide con un silbido y colocando el dedo pulgar de la mano derecha hacia arriba.

Cándido Ríos Vázquez fue asesinado 10 días después de ese momento. Pese a estar incorporado al Mecanismo para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, fue asesinado a balazos junto con otras dos personas.

El reportero también recibía asesoría legal de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, luego que presentara una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz en 2012.

Roberto Campa Cifrían, de la Secretaría de Gobernación de México, aseguró en menos de 24 horas del crimen y sin que se haya concluido una investigación, que Cándido fue asesinado por un error de cálculo.

“Todos los indicios apuntan a que el ataque no está vinculado con el periodista; todos los indicios apuntan a que se trató de un ataque contra otra persona y sus escoltas”, indicó el subsecretario.

Aug 262017
 


Encuentran restos humanos a un costado de un canal en Navolato

Río Doce.- La tarde de este viernes fueron encontrados los restos de una persona en avanzado estado descomposición, enterrados en unos terrenos de cultivo del campo Los Tres Gallos en Navolato.

Las autoridades informaron que el cuerpo estaba a un costado de un canal de riego, enterrado a una profundidad de 80 centímetros y por las condiciones en que se encontró tenía más de un mes.

Los restos humanos fueron, encontrados a las 12:30 horas y trasladados al servicio médico forense.

Aug 262017
 


Lideresa de ‘Las Rastreadoras’ exhuma a su propio hijo de fosa clandestina

Luis Fernando Nájera/Río Doce

Los Mochis, Sinaloa.- Los restos óseos exhumados de una tumba clandestina en la comunidad serrana de el Ocolome, El Fuerte resultaron ser de Roberto Corrales Medina, hijo de Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora del grupo de desaparecidos conocidos como “Las Rastreadoras”.

Medina Quiñónez confirmó esta tarde de viernes, durante su retorno de Culiacán a esta ciudad que la Fiscalía General de Justicia del Estado le confirmó que las pruebas genéticas demostraron compatibilidad plena con su muestra sanguínea, por lo que se trataba de su hijo.

La voz de ella se denota firme.

Los restos óseos analizados fueron exhumados de una tumba clandestina el 14 de julio por su propia madre, Mirna Nereyda, después de que ella y su grupo recibieran un dato sobre la ubicación de una fosa clandestina en las inmediaciones de Ocolome, El Fuerte, comunidad media urbana localizada a unos 5 kilómetros al poniente de esa cabecera municipal.

El hallazgo se produjo justo tres años después de que Roberto, el Chacharitas, desapareciera de una gasolinera ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, sobre el acceso principal a la centenaria comunidad.

En aquel entonces, Roberto fue obligado a abordar una vagoneta Ford, línea Explorer, color negro, modelo “viejo” que conducía un comandante de la Policía Municipal de El Fuerte.

El Chacharitas había discutido con otro vendedor de piratería, que le disputaba el punto de venta.

Desde entonces, el joven se encontraba desaparecido.

Fue entonces cuando la maestra en retiro comenzó su búsqueda, recibiendo diversas amenazas. Pese a ello, nunca dejó de buscar a su retoño.

Esa búsqueda concluyó este viernes.

Aug 252017
 

Ha pasado más de una hora y ella no deja de llorar. Hace algunas pausas, pero sólo para gritar: por qué, por qué, por qué.

De pie, su hijo de apenas unos 13 años la observa desesperado. Todavía trae puesto el uniforme de la secundaria, está lleno de tierra como cualquier niño que pasa las horas de escuela jugando fútbol o béisbol en las canchas polvorientas.

Tiene los ojos hinchados de tantas lagrimas que retiene. Pone su mano en el hombro de su mamá y voltea una y otra vez hacía el carro de su padre.

Enfrente, afuera de una lavandería, su padre fue asesinado con armas de fuego. Acababa de recoger la ropa, antes de llegar a su casa. Le faltaban un par de cuadras para volver.

Junto a su cuerpo quedaron un par de camisas blancas recién planchadas y las playeras del uniforme deportivo de su hijo, colgadas en ganchos y salpicadas de sangre.

El bulevar principal del fraccionamiento Valle Alto está acordonado con cinta amarilla que repite una frase en letras negras: “línea de policía, prohibido pasar”. Pero los vecinos no advierten la instrucción. Esa es su cuadra, la cochera de sus casas, el parque donde juegan sus hijos.

Todos salen a observar. Se miran unos a otros, alarmados. “Pinchi ciudad violenta”, susurra un vecino a otro, mientras ambos observan como envuelven en un plástico blanco el cuerpo del hombre.

-“Y en la mañana mataron a un compa mío. Era entrenador, tenía una liga infantil y el otro compa al que también mataron le había pedido raite. Se le fue la vida por un pinchi raite”.

-“¿Son los que mataron en la mañana en el Parque Constitución?”.

-“Sí, era mi compa. Iban por el otro, pero también se lo chingaron a él”.

La rutina de los peritos tarda casi hora y media. Los vecinos se mantienen atentos. El llanto de la mujer no cesa.

Con la prisa pausada de una mujer mayor llega caminando la madre del hombre. Voltea a todos lados incrédula y estalla en llanto cuando ve el auto de su hijo. Abraza a su nuera, a su nieto, se funden en un llanto de rabia y dolor.

Son apenas las siete de la tarde y el de ellos, es el cuarto asesinato del día en Culiacán.

Unas horas antes, una patrulla le hizo el alto a un vehículo que se negó a detenerse y a cambio sus ocupantes respondieron a balazos. El vehículo se perdió entre las calles de la ciudad. No hubo detenidos.

Aug 252017
 

Aguascalientes, tierra del CJNG. Foto: Objetivo7/Cuauhtémoc Villegas Durán.

Aguascalientes, tierra del CJNG. Foto: Objetivo7/Cuauhtémoc Villegas Durán.

El crimen organizado en México es, además, una amenaza para Estados Unidos, pues de acuerdo con el último informe de la Agencia para el control de las Drogas (DEA por sus siglas en inglés), titulado “2015: National Drug Threat Assessment Summary”, los cárteles mexicanos “continúan siendo los principales proveedores de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana”, en la Unión americana.

Cuenta la leyenda, relatada en el libro Zero Zero Zero de Roberto Saviano, que Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Padrino” o “El Jefe de Jefes” –recientemente condenado a 37 años de prisión­, pero detenido desde 1989–, reunió en Acapulco a los principales capos de la droga para repartir el territorio nacional.

Lejos de leyendas, la DEA se encargó de hacer una radiografía del narcotráfico y, en el informe antes referido, publica un mapa donde aparecen las zonas donde se desenvuelven las principales organizaciones criminales.

En el mapa de la DEA figuran el cártel de Sinaloa, del Golfo, Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación, Juárez, Beltrán-Leyva y el de la Familia Michoacana.

El territorio estaría divido de la siguiente forma, según los datos de la DEA:

El cártel de Sinaloa, antes liderado por “El Chapo” Guzmán, se expande por el sur y centro del estado de Sinaloa, así como en Durango, Sonora y Baja California. También controla Baja California del Sur y parte de Chihuahua.

El cártel Jalisco Nueva Generación, formado originalmente como brazo armado del Cártel de Sinaloa bajo el nombre de “Los mata zetas”, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, se ubica en diversos estados del Pacífico e incluso del Caribe. Domina principalmente Jalisco, Aguascalientes y Nayarit. También ha conseguido establecerse por toda la costa de Oaxaca y Chiapas, además de Veracruz.

Los Zetas, que surgieron como brazo armado del Cártel del Golfo bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén, para posteriormente ser liderados por Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño, también se ubican en Veracruz, con dominio en Tabasco, Campeche y Puebla. Asimismo controla Coahuila, Nuevo León y parte de San Luis Potosí.

Por su parte, el Cártel del Golfo domina la frontera de Tamaulipas y Texas, así como partes de San Luis Potosí y Quintana Roo.

Los Caballeros Templarios son ubicados en parte del estado de Michoacán, en su colindancia con Guerrero, territorio controlado por los Beltrán-Leyva, quienes también se ubican en Morelos.

También en Morelos se pueden ubicar células de La Familia Michoacana, así como en Michoacán y el Estado de México. Los cárteles de Juárez y Tijuana se ubican en Chihuahua y Baja California, respectivamente.

El reporte de la DEA señala que existe una creciente presencia de los Beltrán-Leyva, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, en la Ciudad de México, aunque las autoridades han negado que exista dicha presencia en la capital del país.http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/asi-se-reparten-el-territorio-los-carteles-de-la-droga-mexicanos/

Aug 242017
 

Río Doce.- Tres hombres fueron ejecutados a balazos la tarde de este jueves en la sindicatura de La Rastra, población asentada en la sierra de El Rosario.

Según las primeras versiones policiales, las tres víctimas son hermanos y fueron identificados como Pedro “N”, Felipe “N” y Jesús “N”, y fue a través de un reporte de los pobladores, alrededor de las 16:00 horas, que se enteraron de los asesinatos.

Al momento no se ha dado a conocer oficialmente cómo ocurrió el ataque ni el número de agresores que lo perpetraron, sólo que éste tuvo lugar en las inmediaciones del panteón local.

Las Policías Municipal, Ministerial y Militar emprendieron un operativo para tratar de dar con los presuntos responsables.

Aug 242017
 

Río Doce.- Luego de ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de participar en una red de prestanombres y de “lavado de dinero” del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, y donde se involucró también al futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, ocho personas solicitaron amparo.

De acuerdo al portal Página 24, de Jalisco, los amparos buscan que los quejosos no sean detenidos ni extraditados a Estados Unidos.

En el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco, solicitaron la protección de la justicia federal Hugo Iván Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Felipe Flores Gómez, este último regidor independiente del municipio de Autlán de Navarro.

En el caso de Flores Gómez, el amparo quedó registrado bajo el expediente 1340/2017, el cual fue promovido el día 15 de agosto, misma fecha en la cual se ausentó de la sesión de cabildo. Fue hasta que le otorgaron la suspensión del acto reclamado cuando el funcionario regresó a cumplir sus actividades al Ayuntamiento del Autlán.

Mientras que, en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco, pidió un amparo Irma Lizbeth Damián Ramírez y Saúl Flores Tinajero. En el Juzgado Sexto de Amparo en Materia Penal del Jalisco, requirió un juicio de garantías Omar y Efraín, ambos de apellidos Caro Urias.

Por su parte, Oscar Armando Jiménez Hernández, también se amparó en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco.

Por su parte, Raúl Flores Hernández, apodado el Tío, actualmente preso en el penal de Almoloya de Juárez, también se acogió a la protección de la justicia federal, en el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales de la Ciudad de México, contra segregación, incomunicación, tortura y malos tratos.

En el caso de las ocho personas, el amparo que promovieron fue en contra de orden de aprehensión y orden de detención con fines de extradición, y contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias.

Los juzgadores concedieron el acto reclamado en todas las causas menos contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias, las cuales se encuentran actualmente congeladas.

Es importante mencionar, que el jugador Rafael Márquez al igual que el cantante grupero Julión Álvarez, no han buscado hasta el momento la protección de la justicia federal.

Aug 142017
 

LA JUSTICIA QUE NO LLEGA.


Con un alto índice en impunidad, la Alerta de Género es letra muerta en Sinaloa

Eunice era ama de casa. Con 28 años de edad y madre de dos hijos, era originaría de Camino Real de Piaxtla, San Ignacio; según las primeras revisiones de la Vice Fiscalía General Zona Sur, fue víctima de abuso sexual y lesiones con un machete. Su crimen ocurrió en Mazatlán.

Del caso no se conoce más. La Vice Fiscalía señala que por motivos de secrecía no puede revelar datos, sólo un nombre y parte de los hechos. Y los números no mienten, Eunice se convirtió en la víctima 51 de feminicidio en Sinaloa en lo que va de 2017.

En el mismo período del año pasado ocurrieron 10 en todo el Estado y en contraparte, según cifras oficiales, ocurrieron 45 durante todo el 2016. Fue a partir del primer día de abril en que la Alerta de Género entra en vigor en Sinaloa, pero nada ha mejorado.

La esperanza de que la escalada de feminicidios en el Estado no siguiera culminó rápido: en el lapso entre abril y julio se han registrado 28 casos y 2 más en lo que va de agosto. Y antes, en los primeros cuatro meses del año, Sinaloa acusaba 25 feminicidios. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) parece no estar funcionando.

Pero el problema es de antaño, va más allá. En Sinaloa han sido asesinadas 801 mujeres entre 2005 y 2016, y la mayoría de los casos siguen impunes. En Sinaloa, durante el sexenio pasado, solamente hubo castigo penal a 116 de 521 casos de feminicidios ocurridos, y en lo que va de 2017, la Fiscalía General del Estado tiene apenas 14 sentencias, de las cuales 13 son condenatorias.

Historias que se repiten

Pegados en una pared de un inmueble abandonado, nueve carteles con la imagen de una mujer joven y una leyenda: “Justicia para Perla Vega”. Como caso histórico se encuentra su crimen, ocurrido el 27 de mayo de 2012 y el delito sigue impune.

Desde entonces, cada año a Perla se le recuerda en lo que fuera casi como su segunda casa, las canchas de voleibol del Centro Cívico Constitución. Ahí, familiares, amigos y compañeras deportistas, rinden honor su memoria durante la última semana de mayo, y cada año la decepción crece. La justicia no llega.

Y a cinco años de distancia, la procuración de justicia sigue perdida. El presunto culpable quedó libre por fallas en el proceso. Amigos y familiares aseguran que fue él quien le quitó la vida a Perla, ya que antes de morir sufrió acoso y violencia emocional de parte del imputado, quien además fuera novio de Perla.

El primer caso registrado en Sinaloa después de que se tipificó en el Código Penal del Estado el feminicidio, fue el de la estudiante de Cobaes Oriana Elizabeth, de 16 años. Data de enero de 2013 y su cuerpo sin vida fue encontrado en un predio de la colonia La Campiña.

Los culpables le quitaron la vida por asfixia por sofocamiento, bajo el supuesto de darle un susto. los imputados, presos, aún no reciben sentencia.

Pero el conteo de casos históricos no para ahí. Junto a Perla y Oriana Elizabeth está el de la activista Sandra Luz Hernández, asesinada el 12 de mayo de 2014. La mataron por investigar el homicidio de su hijo, Édgar Guadalupe García Hernández y ambos crímenes siguen impunes.

Nueve días después del asesinato de Sandra Luz Hernández, la entonces Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJE ahora Fiscalía General del Estado) presentó al presunto homicida, quien se declaró culpable del homicidio.

Sin embargo, el 13 de marzo de 2015 fue liberado. La versión de la Secretaría de Seguridad Pública señaló que no se logró acreditar su presunta responsabilidad en el caso, ya que las pruebas aportadas por la ahora Fiscalía no se pudieron corroborar, obteniendo así la sentencia absolutoria.

La impunidad sí es el problema

El alto índice de impunidad en Sinaloa en casos de feminicidios provoca que el delito siga reproduciéndose en la entidad, y pesar de la declaratoria de la Alerta de Género, los asesinatos contra mujeres continúan, pues luego de su implementación (el 31 de marzo) en Sinaloa se han suscitado 30 casos más.

Para Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios, la impunidad sí abona al problema: “La hipótesis es bastante clara. Evidentemente la impunidad de los casos de feminicidio manda un mensaje de tolerancia por parte del Estado y eso genera o agrava la problemática de feminicidio que pueda estar viviendo”.

Contactado vía telefónica, Domínguez Márquez señaló que otro punto importante es que existen protocolos que necesitan mayor seguimiento sobre su implementación, como la deficiencia de la investigación al interior del Estado junto con el fortalecimiento de las capacidades al interior de la Fiscalía.

“Sabemos de muchos casos que han quedado en la impunidad y que tienen qué ver con la falta de evidencia en la investigación”, añade.

—Tras la declaratoria de la AVGM han ocurrido alrededor de 28 o 29 feminicidios, parece que no está funcionando.

—Mi impresión también es la misma. Creo que falta mucho trabajo por hacer en materia de atención de violencia extrema que se vive en la entidad. Hay un tema que a mí en lo particular me preocupa muchísimo que es el de órdenes de protección donde hay serias deficiencias en la implementación del mecanismo.

No hay una buena atención a las víctimas y eso favorece a la ocurrencia de mayores casos de feminicidios, siendo que es mecanismo de protección que tendría que estar previniendo ese tipo de violencia, añade el especialista.

También, el Grupo de Trabajo detalla en su informe que el personal del Poder Judicial tiene diversos estereotipos y prejuicios respecto a las mujeres, lo cual obstaculiza la adecuada interpretación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

“Son medidas de seguridad, justicia y prevención. Dentro de las acciones que se tendrían que estar priorizando muchas tienen que ver con la procuración de justicia y el fortalecimiento de la instancia, particularmente la creación de equipos especializados de investigación”, explica Domínguez Márquez.

Como parte toral de las medidas de la Alerta de Género, se encuentra la revisión de todos los expedientes y carpetas de investigación de casos relativos al homicidio doloso de mujeres y/o feminicidios durante los últimos ocho años, así como la creación de un grupo-unidad especializado en el tema. Y ahí esperan decenas de casos aún no resueltos.

Como punto final de la declaratoria, el documento señala que el Ejecutivo Estatal deberá enviar un mensaje de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres, mismo que deberá ser divulgado en medios de comunicación y replicado por otras autoridades estatales y municipales, particularmente, en los municipios donde se activó la Alerta (Ahome, Guasave, Navolato, Culiacán y Mazatlán).

Pero Eunice es el número más reciente en la escala de la cero tolerancia del Ejecutivo Estatal, misma que ya documenta 50 casos de feminicidio este 2017, a pesar de la Alerta de Género.

mapa-feminicidios-color

México de cruces

El mapa de la República Mexicana fue llenado de cruces para evidenciar la muerte de mujeres reportada por la prensa, de enero de 2016 hasta la fecha.

La activista María Salguero creó, con la ayuda de la aplicación Google Maps, el mapa interactivo Los Feminicidios de México (https://feminicidiosmx.crowdmap.com/main), el cual registra el nombre de las víctimas, la fecha y hora en que murieron, además de cómo y dónde fueron localizados los cuerpos.

El gráfico lo comenzó a desarrollar en enero de 2016, explicó Salguero en una entrevista vía telefónica a Ríodoce, con el objetivo de dar a conocer lo que está pasando en el país, poner el tema en la agenda pública y expresar que todas las víctimas tienen un nombre.

En el caso de los feminicidios, la activista crea los reportes de acuerdo a las publicaciones de los medios, principalmente de los impresos, sin retomar cifras oficiales.

“Primero lo comencé creando un mapa con los desaparecidos de todo México, igual con las notas que recababa, pero me fue muy difícil, razón por la cual deje de hacerlo”, explicó.

Para representar las muertes de las víctimas utilizó dos tipos de cruces, una de color rojo que refleja las muertes del 2016 y otras de color morado, las que simbolizan las víctimas del 2017.

De acuerdo a dichos datos, en México el número de mujeres asesinadas ha ido en aumento. En 2016 fueron reportados por la prensa mil 985 casos, según la información de la investigadora. En Sinaloa en el mismo año se registraron 94 muertes, colocando a Culiacán en el primer lugar con mayor número de casos, le sigue Los Mochis y después Mazatlán. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas a balazos y a puñaladas.

De acuerdo a la base de datos del Semáforo Delictivo, una plataforma ciudadana alimentada de datos oficiales de la Fiscalía de Sinaloa, en el mismo año se registraron 43 feminicidios, siendo el mes de octubre el más violento para las mujeres con 11 casos. Le sigue febrero, agosto y septiembre con siete víctimas.

En el gráfico de Salguero no sólo aparecen los datos de feminicidios, también algunos otros casos que tuvieron que ver con violencia en contra de mujeres.

Una de las partes el mapa es la división de la edad de las mujeres, la relación del feminicida con la víctima, modo en que fueron asesinadas, el escenario del crimen, entre otras.

Además lleva a los usuarios a un apartado donde se encuentra la nota completa recabada del hecho.

De enero a agosto del presente año Semáforo Delictivo contabilizó en el estado 51 casos, siendo mayo el mes con más crímenes de mujeres, y donde Culiacán ocupa el primer lugar con 11 casos.

Para María Salguero, representar a las víctimas en un mapa es algo importante, ya que en él se puede decir que no sólo existe la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y el Distrito Federal, sino también en otros estados.

A casi cinco meses de haber sido emitido el mecanismo en la entidad aún no se han puesto en práctica las estrategias para disminuir el número de feminicidios, provocando que las cifras vayan en aumento y el mapa siga sumando más cruces.

Aug 142017
 

A Panamá, mazatlecos acusados de ser enlaces entre el Cártel de Sinaloa y las FARC

Una pareja de mazatlecos está a punto de ser extraditada a Panamá. Wendy Isabel Larragaña Velarde y Martín Rafael Beltrán Delgadillo, son señalados por las autoridades panameñas de ser el enlace del Cártel de Sinaloa con el grupo guerrillero FARC.

A ella la acusan de movilizar a los guerrilleros en vehículos y a él de coordinar el envío de cargamentos de droga a México desde Panamá.

Están acusados de los delitos contra la seguridad colectiva (asociación ilícita) y contra la seguridad colectiva (relacionado con drogas).

El matrimonio vivió en ese país durante 2013 y 2014, y regresaron a México después de que la Policía Nacional y la Fiscalía empezaron a capturar a miembros de la red como parte del Operativo Internacional Águila.

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, la investigación inició luego de recibir información que daba cuenta de la actividad en ese país de un grupo criminal integrado por ciudadanos mexicanos, colombianos y panameños dedicados al tráfico internacional de drogas procedente de Colombia.

El traslado de la droga era encabezado por Martín Leonel Pérez Castro, líder del grupo insurgente “Frente 30” de las FARC, con injerencia en las riberas de los ríos Naya y Micay, en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, de la república de Colombia.

La droga salía en lanchas rápidas desde Colombia hasta las costas del pacífico panameño, donde era recibida y enviada vía terrestre a Centro y Norteamérica, por colaboradores de la organización, principalmente por colombianos y mexicanos; Martín se encargaba de recibirla en Panamá y ponerla en manos del Cártel de Sinaloa en México.

El líder del “Frente 30” enviaba a sus colaboradores a la ciudad de Panamá, a fin de coordinar directamente con los mexicanos, liderados por Martín, todo lo relacionado con la mercancía ilícita.

Martín era el encargado de coordinar lo concerniente al recibo, pago y envío de la droga a México.

Para los fines delictivos la pareja se instaló en Panamá en compañía de su hijo menor, sin trabajo conocido y dedicado a actividades del tráfico de drogas.

A través de las diligencias de verificaciones, el operativo de vigilancia, el informe de relación general de los hechos, y los decomisos de cargamentos de drogas, se descubrió la forma de operar de este grupo criminal internacional, y sus integrantes, señala la Fiscalía.

Durante el proceso de investigación, a través del operativo de vigilancia y seguimiento previo a los decomisos de drogas, la presencia de Wendy fue captada en las reuniones de coordinación para los envíos de droga.

Una de las funciones definidas en el grupo criminal que ejercía la mazatleca, consistía en alquilar los vehículos que fueron utilizados para realizar los movimientos de sus integrantes y para las reuniones de coordinación previas al tráfico de drogas.

A ella le correspondió recoger y llevar al aeropuerto a miembros de la guerrilla colombiana, el Frente 30 de la FARC, que viajaban a Panamá a realizar labores de coordinación de eventos de drogas.

El 20 de marzo de 2014, según informe de vigilancia y seguimiento, un miembro del grupo conducía un vehículo Mazda 6, de color gris que entregó a una tercera persona, una vez hizo entrega del automóvil, Wendy recogió a esa persona y lo devolvió a su apartamento. El automóvil Mazda días después fue decomisado con droga.

Existen fotografías del 6 de junio de 2014 de la sinaloense utilizando un vehículo Nissan Teana, que fue decomisado el 17 de junio de 2014, junto con 109 kilos de cocaína, en el sector de Condado del Rey.

En la residencia donde fue asegurado, se advirtió la presencia de un coche de bebe de color anaranjado, el cual había sido visto en innumerables ocasiones mientras se realizaron las labores de inteligencia al grupo de los mexicanos, portado por Wendy, para movilizar a su hijo.

Durante 18 meses las autoridades panameñas investigaron a la red de tráfico de drogas y en 2014 empezaron con las detenciones de los miembros, que sumaron más de 50.

La pareja regresó a México y en diciembre de ese año, el gobierno de Panamá solicitó al gobierno mexicano su detención y los ubicó en Mazatlán.

El 30 de marzo de 2015, un Juez decretó la orden de detención con fines de extradición y el 4 de abril se tuvo por cumplimentada la orden.

El 26 de noviembre de ese año, el gobierno mexicano concedió la extradición pero no han sido enviados a Panamá debido a que tramitaron juicios de amparo.

Los jueces negaron el amparo y declararon procedente la extradición y ambos solicitaron la revisión en el Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Mazatlán.

El expediente de Wendy Isabel fue turnado a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en julio pasado los magistrados resolvieron devolver el expediente para que el Tribunal sea quien resuelva juicio.

El juicio de amparo de Martín Rafael en el Tribunal Colegiado todavía no concluye.

El Rey Midas de las FARC

Los mexicanos eran el enlace del Cártel de Sinaloa con Martín Leonel Pérez Castro, alías el Richard, líder del Frente 30 de las FARC.

El cabecilla guerrillero era considerado por las autoridades como el “Rey Midas” de las FARC debido a que era el “gran financiador” del grupo por los ingresos que generaba con la venta de drogas.

Fue detenido en julio de 2014 y contaba con 28 órdenes de aprehensión.

Las autoridades lo involucran en siete emboscadas, en la planeación y ejecución del secuestro de 12 diputados colombianos de los cuales 11 fueron asesinados y la toma de bases militares.

Además contaba con una orden de extradición a Estados Unidos, pero fue beneficiado con la amnistía establecida en el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, por lo que quedó suspendida.

Aug 142017
 

La alcaldesa Tere Jiménez asistió a la ceremonia de destrucción de más de 837 armas blancas, entre cuchillos, navajas y machetes, además de 50 pistolas y rifles que fueron decomisados en lo que va del año.

En el evento, realizado en las Tres Centurias, Leonardo Montañez Castro, Secretario del H. Ayuntamiento, agradeció al Coronel Arma Blindada José Saúl Herrera Lara, Comandante del IV Regimiento Mecanizado de la XIV Zona Militar por contribuir a retirar este material de las calles de Aguascalientes.

El director de Justicia Municipal, Carlos España Martínez, dio a conocer que, en atención al compromiso de resguardar la paz y la seguridad de los ciudadanos, se realiza este proceso gracias a la colaboración de Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, a través de la XIV Zona Militar de Aguascalientes.

Aug 142017
 


Ismael Bojorquez

Después de la orden presidencial se esperaba que la Fiscalía Especializada para la Atención de Agresiones contra Periodistas (Feadle) fuera expedita en elaborar una teoría sobre el crimen del periodista Javier Valdez Cárdenas e imputara responsabilidades contra los autores materiales e intelectuales.

Dijimos, desde el mismo día en que se cometió la infamia, que dejábamos en manos de las autoridades la investigación de los hechos, aunque sin mucha esperanza. Pero también ésta tiene sus tiempos y sus límites. Y creo que ya es hora de que las fiscalías, la estatal y la federal, salgan a dar la cara y digan lo que tienen respecto a las investigaciones –siempre y cuando no afecte las pesquisas— y cuál de ellas, como se ha pedido desde hace dos meses de manera formal, está al frente del caso.

Hubo el compromiso de hacerlo y se hizo ante la familia, ante Ríodoce y ante el representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, Jean Albert, pero no se ha cumplido hasta el momento, ahora bajo la “razón” de que se siguen nuevas líneas de investigación y deben agotarlas. En realidad la Feadle no quiere hacerlo, a pesar de que el impacto causado por el crimen y la dimensión del caso lo exige. Y esto evidencia una sordera y un desdén por parte de la PGR que invita a sospechar que en realidad no tienen cabos sólidos para culminar una investigación y hacer imputaciones hacia los que cometieron el crimen y contra quien lo ordenó.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Feadle, apenas había llegado a esta dependencia cuando asesinaron a Javier y tenía la oportunidad de reivindicarla después de que sus niveles de eficiencia, si nos atenemos a las sentencias logradas, no alcanzan ni el 1 por ciento. Sí, el 1 por ciento, de acuerdo a datos oficiales publicados por el diario digital Animal Político.

El reto, entonces, era descomunal. Pero la magnitud del crimen de Valdez Cárdenas era al mismo tiempo una oportunidad de oro para sacudir ante la sociedad la imagen de la Fiscalía, cosa que parece alejarse según la información que hasta ahora tenemos en nuestras manos.

Según información reciente de animalpolítico.com, que obtuvo datos de la propia Feadle, de julio de 2010 a diciembre de 2016, esta dependencia registró 798 casos de agresiones contra periodistas, de las cuales 47 fueron por asesinato. La misma Feadle aceptó que de este universo, solo tiene registradas tres sentencias condenatorias. Es decir, que prácticamente el cien por ciento de los casos permanece impune. Y si no se abaten estos criminales niveles de impunidad, no habrá política ni mecanismo que detenga la cacería de periodistas en nuestro país.

Por eso es urgente que casos como el de Javier, como el de Miroslava Breach, asesinada en Chihuahua y tantos otros donde queda claro que el origen se encuentra en su trabajo profesional, sean esclarecidos y los responsables llevados a juicio.

No hemos perdido la esperanza pero eso no significa que estaremos esperando a que las autoridades resuelvan el caso. El caso Ayotzinapa fue metido en un hoyo y se intentó consumirlo en una hoguera que nunca existió. Debieron existir poderosas razones de Estado para que se inventara esa “mentira histórica, como parafrasea muy bien Témoris Grecko a la vandálica expresión del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, cuando “explicó” cómo habían muerto los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y sentenció lapidariamente que esa era la “verdad histórica”.

Tuvo que venir a investigar una comisión de expertos internacionales para demostrar que la teoría del crimen sobre los muchachos de Iguala fue elaborada para ocultar la verdad, manoseando evidencias, inventando testimonios, borrando huellas, todo con el propósito vil de proteger a las instituciones del Estado.

Bola y cadena

EN EL CASO DE JAVIER NO SABEMOS si se está manoseando información, si se están borrando huellas o si están inventando protagonistas. De hecho, si solo se pretendiera, no habría condiciones para ello. Las fiscalías lo saben. Ni la familia, ni Ríodoce ni los periodistas del país y muchos extranjeros, incluyendo organismos internacionales, permitirían tal cosa. Menos ahora que Javier ha logrado, con su soledad asesinada —vaya paradoja—, unir a buena parte de los periodistas del país.

Sentido contrario

Y PRECISAMENTE ESTA SEMANA QUE pasó se llevó a cabo en Ciudad de México el Coloquio Internacional sobre Organizaciones de Periodistas, al que convocó la inusitada y abrupta Agenda para Periodistas, que encabezan Guillermo Osorno y otros periodistas y medios y organismos que están desarrollando iniciativas para que los periodistas podamos por fin discutir en la diversidad los problemas que afligen al gremio. Agenda nació cuando el cuerpo de Javier todavía estaba tibio. Fue su trágica partida la inspiración para tres o cuatro periodistas que dijeron “tenemos que hacer algo, ya, sin demora…”. Y a la vuelta de unas horas se volvieron decenas de periodistas y medios, luego cientos. Se hizo un primer evento en el que se inscribieron 600 participantes y asistieron casi 400, en torno a seis mesas de debate. Hoy se propuso algo más reducido pero no menos significativo. Estuvieron periodistas de Colombia, Brasil, Perú, Argentina, El Salvador y México. Cómo organizarnos, fue el tema central, hacia dónde ir. Y no tengo duda que habrá claridad hacia dónde ir. Aún en la diversidad y los desencuentros y los encontronazos. Es urgente.

Humo negro

AHORA TODOS LEÍMOS A RIUS. Yo también, y también me influyó. Las primeras notas que leí sobre marxismo fueron en su Marx para principiantes. Y fui vegetariano un tiempo gracias a La panza es primero. Me creía muy chingón porque en mi morral traía el libro, una zanahoria y una naranja. Eduardo del Río García murió el martes pasado a los 83 años, amado por miles, leído por millones. Su obra queda en América Latina, como una de las más portentosas en su género, de monos y reflexiones.

Aug 052017
 

AGUASCALIENTES. Jairo Ibarra Huízar, director de Seguridad Pública de Nochistlán, fue asesinado a balazos por sujetos armados luego de salir de un nosocomio en Aguascalientes, donde había acudido a visitar a uno de sus hijos que está actualmente internado.

Los hechos se registraron pasadas las 11 horas de este sábado, a unos metros del Hospital Hidalgo, entre las calles Galeana, esquina con Ignacio T. Chávez.

Fuentes oficiales confirmaron que el director de Seguridad en aquel municipio había solicitado permiso para ir a visitar a su hijo internado en el mencionado hospital.

Fue cerca de las 10:40 horas cuando Ibarra Huízar, de 35 años de edad, caminaba hacía su motocicleta estacionada a unos metros, cuando dos personas a bordo de otro caballo de acero se le aproximaron para dispararle al menos en siete ocasiones en diversas partes del cuerpo.

El oficial murió minutos después de recibir atención médica y ser trasladado al mismo hospital en donde se encuentra su hijo internado.

La situación quedó a cargo de la Fiscalía de Aguascalientes, aunque la Procuraduría General de Justicia en el Estado ya tuvo un acercamiento con las autoridades de Aguascalientes para trabajar en conjunto.

La zona fue acordonada hasta que las instancias ministeriales del vecino estado acudieron a tomar parte de la investigación y, tras concluir con el levantamiento de pruebas, el cadáver del policía zacatecano fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Pese al fuerte operativo que se desplegó por la zona, las fuerzas del orden no dieron con rastro de los probables responsables.http://www.joseacontreras.net/blog/estados/archivos/124500

Aug 012017
 

Río Doce.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha dado de baja a 140 elementos de la Policía Estatal Preventiva por supuestamente haber cometido irregularidades en su trabajo, pero los agentes despedidos alegan que ni siquiera saben el motivo del despido.

En marzo, en las instalaciones de la SSPE, Daniel firmó un documento en el que él solicita a la dependencia adherirse al procedimiento de baja con opción de pago de finiquito y manifiesta su voluntad de aceptar una liquidación después de tres años de servicio.

El ex agente nunca solicitó la baja y no redactó ese documento, el personal administrativo de la Secretaría se lo dio para que lo firmara.

La dependencia lo estaba corriendo, pero el ex policía nunca supo los motivos y tampoco hubo un procedimiento administrativo de por medio para que pudiera defenderse.

Los despidos los hicieron en grupos, citaban a 10 o 20 agentes de la SSPE y ahí les daban el documento a firmar.

De acuerdo con el Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, la corporación inició un proceso de mejora continua con el que busca limpiar las filas y sacar a los elementos que han cometido irregularidades.

Los despidos de elementos, aseguró, no han afectado la operatividad de la corporación, ya que cuentan con el apoyo de los agentes de la Policía Militar patrullando la ciudad.

Para sustituir a los elementos corridos la dependencia tardará meses, pues apenas está en el proceso de reclutamiento de aspirantes y luego deben entrar a capacitación en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.

El funcionario reconoció que ha sido un proceso complicado porque los jóvenes no quieren ser policías, pero encontraron militares interesados.

“Es un proceso de depuración que debe ser permanente, aquel elemento que se aleje del buen camino es un elemento que en vez de servir a la sociedad le causa daños, independientemente a la sanción disciplinaria o administrativa que tenga que ver, pues inmediatamente separarlo del cargo”, dijo.

Señaló que los despidos de elementos continuarán mientras sigan cometiendo irregularidades.

Recientemente, dijo, detectaron que en las filas había elementos que tenían antecedentes penales en México y en Estados Unidos.

“Ahorita que tenemos buena relación con Estados Unidos, se realizan los famosos exámenes de control de confianza para ver quienes pueden ser susceptibles de capacitación en Estados Unidos y resulta que por ahí han brincado algunos nombres que nosotros no teníamos considerados”.

Detalló que los agentes han cometido actos de corrupción que van desde pedir dinero a los ciudadanos, hasta omisiones para realizar detenciones.

Castañeda Camarillo asegura que tienen documentados los casos de corrupción y muestra imágenes de dos casos.

En el primer asunto, explica, enviaron una patrulla a revisar a un supuesto puntero que detectaron con las cámaras de vigilancia, pero cuando los agentes llegan y hablan con él, con la mano le señalan hacia las cámaras y supuestamente le dicen que lo están viendo y que se vaya de ahí. El halcón se retira del lugar y los policías también.

En otras imágenes, también mandaron elementos con un puntero y cuando llegan el halcón arroja el radio hacia atrás y los policías reportaron que no habían encontrado a la persona, pero minutos después arribaron policías militares y encontraron el radio tirado.

La SSPE, señaló, tiene documentados esos casos con imágenes y otros más graves.

Como el mejor ejemplo de que no se tolerarán irregularidades, cita al ex director de la Policía Estatal Preventiva, Carlos Ramiro Rojas Guzmán, cesado después de que apuntó con su fusil y amenazó a visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y custodios penitenciarios dentro del reclusorio de Aguaruto.

Baja voluntaria, pero forzada

Daniel aceptó la liquidación y finiquito y el acuerdo fue que en los antecedentes policiales, su salida de la corporación quedaría como baja voluntaria.

Un mes después, recibió el documento con su baja definitiva pero aparecía como baja por control de confianza.

Con ese antecedente difícilmente podrá entrar a otra corporación.

“Nos jugaron el dedo en la boca, firmamos una cosa y después salieron con otra”, señaló.

Manifestó que cuando lo despidieron nunca supo los motivos, solo le pidieron que firmara su baja y tras varias negociaciones cedió.

El examen de control de confianza solo lo hizo cuando entró a la corporación hace cuatro años y nunca supo el resultado, pero supone que lo pasó porque lo aceptaron en las filas de la corporación.

Aseguró que varios de los elementos despedidos emprenderán una batalla jurídica con amparos para que se elimine de los antecedentes que fueron dados de baja por control de confianza.

“Ya no nos pueden reinstalar, nada más queremos que nos limpien el expediente y que pongan que fue por baja voluntaria como estaba en el papel que firmamos”, indicó.

Según el agente, para darlos de baja debieron haberles iniciado un procedimiento administrativo para que ellos tuvieran oportunidad de ser escuchados y defenderse, pero la dependencia optó por hacerlos firmar la supuesta baja voluntaria para obviar el proceso.

Para Daniel “todo fue irregular desde que no abrieron procedimiento de baja, pero aceptamos irnos así porque de todas formas ya nos traían en la mira”.

Militares buscan militares

Los militares que encabezan la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recurrieron a la Secretaría de la Defensa Nacional para reclutar aspirantes de policías.

Los civiles, manifestó, no están interesados en formar parte de las filas de la PEP.

Castañeda Camarillo señaló que la Sedena está promoviendo la convocatoria de reclutamiento entre sus elementos para que se integren a la Policía Estatal.

“La Sedena nos está apoyando con personal de soldados que tiene buena conducta, según la Ley Orgánica militar, los soldados cuando no ascienden al grado inmediato superior puede servir hasta nueve años y posteriormente según lo que marca la Ley es la baja”, explicó.

Los militares que están por causar baja debido a que no han ascendido, detalló, son los que están interesados.

También están reclutando conscriptos que realizan su servicio militar encuadrados en alguna compañía del Ejército.

Hasta el momento, dijo, son alrededor de 200 militares y conscriptos los que iniciaron los trámites para entrar a la PEP.

Aug 012017
 

LOS ARELLANO FÉLIX

Río Doce.- Benjamín Arellano logra anular dictamen de 22 años por delitos contra la salud

Benjamín Arellano Félix logró que un Tribunal Unitario anulara una sentencia por 22 años de prisión que un Juez dictó en México, antes de que lo extraditaran a Estados Unidos.

El líder del Cártel de los Arellano Félix está recluido en una prisión estadounidense desde 2007 purgando una sentencia de 25 años.

En México tenía una condena por 22 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud y otra de 5 años cuatro meses por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Un Tribunal Unitario con sede en Toluca revocó la sentencia de 22 años por violaciones en el proceso debido a que el Juez no fundamentó cómo se acreditan los delitos con los testimonios.

La sentencia fue dictada el 3 de septiembre de 2007 por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, pero los abogados apelaron la resolución.

El 18 de diciembre de 2008, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito confirmó la sentencia y los abogados presentaron un recurso de revisión en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Los magistrados del Segundo Tribunal resolvieron a favor de Arellano Félix y anularon la sentencia condenatoria.

El Juez Cuarto deberá reponer el proceso y dictar una nueva resolución.

Benjamín Arellano, apodado el Min, fue detenido en 2002 en Puebla y extraditado en 2011.

La sentencia anulada era por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud y el pago de una multa de 3 mil 153 pesos.

En esa causa penal, en 2007 el Juez lo absolvió de los delitos de cohecho y posesión de mariguana con fines de venta.

Los magistrados del Tribunal Colegiado consideraron que la sentencia se encuentra carente de suficiente motivación y por lo tanto viola los derechos fundamentales del acusado.

Para la sentencia condenatoria, señala el expediente de amparo, se tomaron en cuenta varias declaraciones ministeriales de diversos testigos de cargo exhibidas en copias certificadas, sin expresar en forma clara y precisa las razones o argumentos que tuvo el Juez para ponderar su contenido como verdaderos testimonios y considerarlos como indicios.

En ningún momento el Juez argumentó por qué esas declaraciones podían tener injerencia, relevancia y cómo podían ser consideradas para demostrar los delitos y responsabilidad.

De 17 testimonios de colaboradores y testigos protegidos que presentaron contra Benjamín, el Tribunal señaló que 11 eran copias de causas penales distintas.

Con esas declaraciones el Juez tuvo por acreditados los delitos de asociación delictuosa y contra la salud en la modalidad de introducción y extracción del país de mariguana y cocaína, a pesar de que no existen argumentos para darles valor probatorio.

Basado en los testimonios, el Juez determinó la existencia del “Cártel de Tijuana”, conformada por más de tres personas para delinquir por lo menos desde 1985 y hasta el 7 noviembre de 1996, en la que existía una estabilidad o certeza de permanencia de los asociados, quienes se reunían para cometer delitos indeterminados, tales como contra la salud en las modalidades de transporte, posesión, introducción y extracción del país de marihuana, cocaína y efedrina.

También cometían homicidios y secuestros en contra de personas antagónicas a la agrupación o miembros de diversos cuerpos policiacos que interferían con sus intereses, portación de armas de fuego, falsificación de documentos y uso de éstos.

Por los testimonios, a Benjamín lo ubicó como uno de los líderes de la agrupación, así como a diversos sujetos quienes efectuaban conductas a favor de la empresa criminal.

Los miembros, estableció el Juez, operaban a través de células, cuyas actividades consistían en introducir cargamentos de droga provenientes de Colombia por vía aérea o marítima; realizando el traslado de los narcóticos a los municipios de Mexicali, Ensenada, Tecate y Tijuana, en el estado de Baja California, a fin de que en su oportunidad fueran internados a Estados Unidos de América.

Para determinar la responsabilidad penal el Juez valoró el contenido de los relatos emitidos en otro procedimiento penal.

“Respecto de las citadas declaraciones allegadas en copias certificadas, se considera que la responsable incurre en una deficiente motivación en lo referente a la valoración probatoria, habida cuenta que para tener por acreditado los delitos invocados y la

plena responsabilidad del justiciable, se consideraron como pruebas testimoniales diversas declaraciones, siendo que no expuso por qué se valoran como verdaderos testimonios”.

El Tribunal Colegiado dejó insubsistente la sentencia por violaciones al debido a proceso y solicitó al Juez valore de nueva cuenta los testimonios y dicte otra resolución.

El declive de los Arellano

Para el gobierno de Estados Unidos, el Cártel de los Arellano Félix quedó “aniquilado” desde 2013, cuando Eduardo se declaró culpable en una corte de ese país.

Para esa fecha, los hermanos Francisco Rafael y Ramón estaban muertos; y Benjamín y Eduardo presos; solo Francisco Javier seguía en libertad pero un año después fue capturado.

En primero en ser detenido fue el mayor de los hermanos, Francisco Rafael, en 1993 y extraditado en 2006, donde fue puesto en libertad dos años más tarde. Volvió a Baja California y en 2013 lo asesinaron durante una fiesta infantil.

A Ramón lo asesinaron a balazos en febrero de 2002.

Meses después, en Puebla capturaron a Benjamín y en 2007 fue extraditado a Estados Unidos donde purga una sentencia de 25 años.

Francisco Javier fue detenido en 2006 en un yate, en las costas de Baja California, y condenado a cadena perpetua por una corte de estadounidense, pero en 2015 le conmutaron la pena a 23 años de prisión por cooperar con las investigaciones de las autoridades.

Otro de los hermanos, Eduardo, fue detenido en 2008 durante un enfrentamiento con elementos policiales en Tijuana. Cuatro años después fue extraditado y sentenciado a 15 años de prisión. Cuando éste se declaró culpable de los cargos, para la DEA fue el fin del cártel. “Clava el último clavo en el féretro de la organización Arellano Félix”, dijo en esa ocasión el jefe regional de la DEA en San Diego, William Sherman.

Aug 012017
 

DÁMASO LÓPEZ SERRANO. Final de partida.

Río Doce.- Perdida la guerra contra los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, Dámaso López Núñez le habría ordenado a su hijo que se entregara a la DEA para salvar la vida. La PGR ya respiraba en su nuca y la sentencia de Los Menores era su peor amenaza.

Dámaso López Núñez habría pedido a su hijo, el Mini Lic, entregarse a Estados Unidos para evitar ser ejecutado, luego que sus principales operadores, o fueron asesinados o se unieron al bando de Ismael el Mayo Zambada, y al quedar éste desprotegido, el Licenciado decidió pactar con el gobierno estadunidense con el afán de salvarle la vida a su hijo, revelaron fuentes familiarizadas con el caso.

Esa habría sido la razón por la cual Dámaso López Serrano el Mini Lic, caminó el jueves de la semana pasada rumbo a la garita de Caléxico, en Mexicali, para entregarse a agentes de la DEA, pues con ello no sólo salvaba la vida, sino además se integraba al programa de testigos protegidos, sería reubicado, y eventualmente testificaría contra altos mandos del Cártel de Sinaloa, incluyendo Joaquín el Chapo Guzmán.

“Irse fue lo mejor que pudo hacer, porque si se quedaba un poco más, iba a acabar tres metros bajo tierra”, observó un colaborador de la facción controlada por Ismael el Mayo Zambada, de quien se dice, fue quien tomó el control de la zona que antes pertenecía a los Dámaso.

De acuerdo a juristas estadunidenses entrevistados por Ríodoce, al entregarse el Mini Lic, su destino quedó definido, pues estando ahora en poder de Estados Unidos, y el hecho que todas las agencias de ese país nieguen su paradero, sugiere que el narcotraficante colaborará con autoridades estadunidenses, aún cuando al momento de su entrega ninguna corte de los Estados Unidos había presentado cargos en su contra.

“No tiene porqué existir una acusación contra él, y si esta persona se entregó es porque va a cooperar, aunque su entrega tal vez tuvo algo que ver con la situación de su padre, que es posible que también esté cooperando con el gobierno”, opinó Eduardo Balarezo, abogado penal en Washington D.C.

La entrega del Mini Lic viene a fortalecer el número de testigos potenciales que en su momento podrían testificar contra Joaquín el Chapo Guzmán, preso en Brooklyn Nueva York, aunque el motivo principal de buscar la protección estadunidense, es salvar la vida.

Manny Medrano, ex fiscal del USDOJ y quien ha participado en casos de alto impacto relacionados con el narcotráfico en México, explicó que cuando un narcotraficante está en peligro de muerte, puede integrarse al programa de Testigos Protegidos, y desde ahí cooperar con la fiscalía para, ya sea revelando información que ayude a desmantelar una organización criminal, o bien para testificar contra otros narcotraficantes.

“Pero son los US Marshals quienes deben de aprobar la petición para que una persona se una al programa de testigos protegidos, y a partir de ahí la persona desaparece, y ya nadie conoce su paradero, ni siquiera su propio abogado”, explicó Medrano, quien fungiera como fiscal contra los acusados por el homicidio de Enrique Camarena.

De ser aprobada por los US Marshals la petición hecha por la DEA, y que el Mini Lic se integre al programa de testigos protegidos, éste desaparecería por siempre de la vida pública, y ni sus amigos más cercanos sabrían de él, pues se le cambiaría de identidad, y se le ubicaría en zonas que son controladas por el gobierno de Estados Unidos.

Historia de una debacle

La caída del Mini Lic comenzó luego del arresto de su padre, Dámaso López Núñez, el Licenciado, aprehendido el pasado 2 de mayo en Ciudad de México.

Antes, el 19 de enero pasado, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, y justo entonces los problemas para los Dámaso comenzaron, pues justo entonces empezaron a disputar el control de la facción con los hijos: Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar.

En medio de una guerra que puso a temblar a Sinaloa, el número de homicidios se incrementó notablemente hasta que el Licenciado fue arrestado en la Ciudad de México, y el Mini Lic, quedó entonces completamente desprotegido.

“Entonces daba miedo salir, porque había mucha violencia, pero cuando arrestaron a ese señor (El Licenciado), como a las dos semanas todo se calmó, pues se decía que los operadores del Mini Lic, o los habían matado, o se habían hecho de lado del Mayo Zambada, mientras que él había huido”, explicó un residente de Eldorado, quien solicitó no se revelara su identidad.

Solo, y con la muerte siguiéndole los pasos, López Serrano se mantuvo ocultó en sitios desconocidos, hasta que se parapetó en una casa de seguridad de Mexicali, desde donde sólo mantenía comunicación con los abogados de su padre, preso en el penal Altiplano, en el Estado de México, y quien le habría pedido entregarse, para así evitar la muerte.

Fue por eso que aquel 27 de julio por la mañana, el Mini Lic llegó solo a la garita con Caléxico, y al estar frente al agente de migración e identificarse como Dámaso López Serrano, el agente simplemente lo escoltó a donde varios agentes de la DEA ya lo estaban esperando.

Ni la DEA, ni la Oficina de Migración y Aduanas (CBP), ni los US Marshals, ni el USDOJ, emitieron ningún comentario sobre la detención o el paradero de López Serrano, lo que indirectamente ha confirmado que su integración al Programa de Testigos Protegidos será inminente.

Si los US Marshals aprueban la petición hecha por la DEA, el Mini Lic será reubicado en una zona que sólo el gobierno de Estados Unidos conocerá, se le creará una nueva identidad, y cuando llegue su momento, será llevado a una corte federal para que testifique en contra de personas que conoce o conoció. Mientras tanto su ubicación será un misterio.

“Es lo que ha ocurrido con otros casos como es el caso de Jesús el Rey Zambada, quien ya no aparece en el sistema penitenciario de Estados Unidos, y en el caso de esta persona (El Mini Lic), su juicio será llevado a puertas cerradas, si es que alguna vez ocurre”, consideró Balarezo.

La hegemonía del Cártel de Sinaloa

Luego de la disputa entre los hijos del Chapo Guzmán, y Dámaso López el Licenciado, el Mayo habría ordenado un cese al fuego, incluso, las fuerzas del Mayo estaban listas para ir a pelear a Eldorado, aunque esa orden se detuvo cuando el Licenciado fue arrestado.

Tras esa detención, los más fieles operadores de los Dámaso, o se unieron a él, o fueron muertos a tiros, hasta que, a mediados de mayo, el Mini Lic huyó con destino desconocido. Entonces ya nadie supo su paradero.

Según fuentes consultadas por Ríodoce, quien ahora controla la zona de Eldorado y gran parte del acceso hacia las playas que sirven como puente para el tráfico de droga, son gente allegada a la facción del Mayo Zambada, aunque hay zonas que también son controladas por otras familias, todo con anuencia de los Zambada.

“El viejón lo que quiere es que todo esté tranquilo, nada más eso: que no haya violencia, ni robos de auto, ni robos en general”, dijo el contacto que colabora con la gente del Mayo Zambada, y quien solicitó no se revelara su identidad.

Con López Serrano en poder de Estados Unidos, y la inminente extradición del Licenciado, el USDOJ cuenta con dos testimonios sumamente sólidos para hundir al Chapo Guzmán, si es que estos deciden testificar en su contra, además de tener también en su poder a una de las amantes del capo, la ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez, con lo cual el gobierno estadunidense tendría el cuadro completo para enfrentar al otrora capo más poderoso de México.