bateria-copia
Nov 272016
 

la-sonrrisa-de-salinas

Ajo Blanco/Cuauhtémoc Villegas Durán

Aunque todos se arrastren a sus pies como si fuera un rey causando alegría desbordada en Martín Orozco Sandoval no debe olvidar las difíciles circunstancias que lo llevaron al poder. Durante el proceso electoral, el candidato y sus compinches pisotearon la Constitución Mexicana y cínico podrá reír a carcajadas con “el haiga sido como haiga sido”.

Hombre con periodistas sicarios a sus órdenes, lanzó una grotesca y fascista campaña de género contra Lorena Martínez Sandoval. Ladrón homófobo que suda agua bendita mientras roba y se acuesta con sus pupilas políticas. Neoliberal, producto y fiel sirviente del capitalismo salvaje.

Martín Orozco olvida que no todos los medios ni los políticos están a sus pies como hace seis años lo estuvieron con su padrino político Carlos Lozano de la Torre.

Tere Jiménez no quiere compartir la policía ni recibir dinero del narco como si lo habría hecho el gobernador, porque, la alcaldesa electa le quitará la bandera del Mando Único dejando al gobernador electo con un palmo en la nariz y con un compromiso que tampoco podrá pagar: poner a la policía municipal de Aguascalientes a la orden del narco. Al menos no con el consentimiento de la presidenta municipal según los mensajes y llamadas de su coordinador de campaña Jorge “el loco” López, su vecino y por eso diputado.

Partidos políticos que dependen del gobierno y de sus principales líderes, así como se hizo Movimiento Ciudadano que es un partido que ha demostrado que no tiene lealtad por nadie y basta la grabación que hizo de las palabras de Lorena Martínez cuando la emboscó en una comida donde la invitó su “líder”, el metrosexual Vicente Pérez Almanza. Los billetes no son suficientes para la perversidad de la homocracia que domina ese partido fascistoide y el medio que apadrinan y al que filtran privilegiada información: La Contraportada.

Por si fuera poco, el gobernador electo no tendrá margen de maniobra para actuar contra las administraciones de Lozano y Luis Armando Reynosos Femat, quienes lo sentaron en la gubernatura junto con el apoyo de la trasnochada y también homófoba diocésis de Aguascalientes. Por más que jure que perseguirá a los ladrones de sexenio no lo hará, no puede, sus compromisos con los ex gobernadores se lo impiden, aunque no es un hombre que honre palabra, es un individuo dado a la traición, a la perversa acusación fácil difundida en sus medios sicarios y de boca en boca para destruir al que no sea fascista, al extremo derechista, al que no lo busque para lamerle las botas enaltenciendo y enriqueciendo de manera oscura la mediocridad y la avaricia de los viles que lo acompañaron al poder con toda su perversidad implícita.

Todo es parte del show mediático para alargar el salinato y proteger las reformas neoliberales con la títere de Margarita Zavala “la candidata que lucha contra los corruptos y a favor de las mujeres”, según la telenovela con la que ya lavan la cabeza a la ignorante masa de mexicanos a los que en realidad les destruyó la vida con una guerra absurda, sangrienta y mácabra para los mexicanos especialmente los pobres, que se convirtió en el gran negocio de la Triada Maldita PRI-PAN-PRD firmada con un pacto para destruir a México.

Nov 142016
 

15050143_1291920450849962_2059823377_n-1Foto: la contraportada.

Aguascalientes, México.- Luis Carlos Castillo Cervantes El Rey de los Dragones fue detenido el 11 de noviembre en Texas por lavado y fraude, es otro de los amigos íntimos de gobernador favorecido por la administración estatal de Carlos Lozano de la Torre.

castillo es dueño de Impulsura Mexicana de Comercio y Construcción, Impulsora Internacional de Equipos, Insumos y Maquinaria S.A de C. V., Lucamex S.A de C. V. y Multiservicios Inmex.

Fue favorecido a dedo por el gobernador en las más importantes obras en este estado y es el segundo amigo personal involucrado en el narco. Otro fue el ejecutado Alejandro Ceja, a quien le dio los negocios más rentables de la Feria de San Marcos, el palenque y el casino, además de abrir antros y restaurantes en la avenida Colosio, conocida como zona de lavado dinero de narcos y políticos de este estado.

Aug 152016
 

Crimen-Tlatlaya-bn-768x510
Río Doce/fFrancisco Sarabia.- Open Society Justice Iniciative y organizaciones mexicanas de derechos humanos solicitan a la Corte Penal Internacional de La Haya abrir una investigación urgente contra las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano y organizaciones criminales por cometer crímenes atroces que consideran de lesa humanidad contra la población civil mexicana.

De acuerdo con el estándar empleado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya —señala Open Society— existen fundamentos razonables para iniciar una investigación e incluso algunos individuos y organizaciones mexicanas han enviado comunicados formales al Tribunal Internacional para que proceda —de acuerdo con el artículo Séptimo del Estatuto de Roma—a investigar con urgencia las “atrocidades innegables como el ataque generalizado y sistemático contra la población civil que ha cobrado más de 160 mil muertes, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y/o secuestros de personas durante el sexenio anterior y lo que va de éste”.

El informe “insólito” que ha emitido este prestigiado órgano internacional de derechos humanos, destaca que la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes atroces como delitos de lesa humanidad —y no como crímenes nacionales ordinarios—, permitirá evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, de tal manera que se pueden incluir a aquellos que dieron las órdenes y/o aquellos que no tomaron acciones para prevenir o castigar delios que ya conocían —o debieron haber conocido—.

Durante el Seminario sobre Violencia y Paz organizado por el Colegio de México “Se cometen en México crímenes de lesa Humanidad?”, al que asistieron como comentaristas del tema Eric Witte, de Open Society en México, y Ximena Medellín del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, en calidad de conferencista magistral, opinó que el informe Atrocidades Innegables; Confrontando crímenes de lesa humanidad, “es muy sólido en sus argumentos, pero sobre todo es devastador”.

Durante su participación y frente a investigadores y académicos de las principales instituciones académicas y centros de investigación del país, señaló que Open Society Justice Iniciative revela un diagnóstico muy completo y abundante sobre lo que considera una línea de conducta violenta contra la población civil por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y en especial el Cártel de Los Zetas.

“Y es que el Gobierno de México como responsable de la seguridad de su pueblo se propuso someter al crimen organizado como una meta legítima. Sin embargo lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de fuerzas armadas, la policía federal y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil, supuestamente vinculada con los cárteles de la droga, sin una regulación sobre el uso de la fuerza y menos aún sin ningún tipo de responsabilidad por los abusos cometidos”, expuso.

Pero además, los expertos que participaron en la elaboración del diagnóstico sostienen que este descontrol en el uso de la fuerza por parte del Estado no fue accidental sino parte de una estrategia política en la que se permitió a las fuerzas federales de seguridad cometer numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, dejando ver que no fueron actos aislados ni al azar.

Muchas de estas víctimas fueron miembros de los cárteles delictivos, pero también muchos civiles acusados sin fundamento de pertenecer a estas organizaciones, obligándolos mediante la tortura a auto incriminarse o culpar a otros. Se menciona también a las víctimas del “fuego cruzado”, producto de una estrategia imprudente (daño colateral) de la batalla entre el Gobierno y los cárteles.

Para Open Society, la magnitud de las desapariciones forzadas, asesinatos y torturas satisface el criterio legal para considerar la violencia como un fenómeno generalizado y sistemático, de ahí la conclusión afirmativa de que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, la jurisprudencia de la Corte de La Haya y otros tribunales internacionales.

Al analizar las acciones del Cártel de Los Zetas —sin descartar otros cárteles—, el informe sostiene que esta organización incurre en delitos de corte internacional porque utiliza su estructura jerárquica, su control sobre un territorio y su capacidad para cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil; “da la impresión de que se han propuesto utilizar la violencia como forma de control de algunas zonas del país para obligar a otros actores a pagarles parte de sus ganancias”, señala.

Con estos actos el Cártel de los Zetas ha perseguido a la población civil sembrando el terror para controlar el territorio y ha cometido asesinatos brutales, torturas y desapariciones, dice el informe.

El informe no identifica de forma individual a los actores sospechosos de estos crímenes tanto del Gobierno federal como del Cártel de los Zetas, pero sugiere que el Sistema Judicial Mexicano investigue con profundidad para fincar una responsabilidad penal, no solo de los autores directos, sino también de los responsables de las políticas que han ocasionado estos ataques contra la población civil.

La raíz de la violencia

El diagnóstico señala que las causas por las que no se ha hecho justicia ante la comisión de crímenes atroces, tiene una raíz política. Y apunta a la retórica de negación y desviación que ha caracterizado a los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Abunda que los funcionarios de mayor jerarquía sistemáticamente niegan o minimizan la escala o naturaleza de los asesinatos, torturas y las desapariciones y por el contrario, acusan sin fundamento a las víctimas de supuestos vínculos criminales.

“En vez de reconocer el problema, estos altos funcionarios optan por consigna a atacar a funcionarios de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles que critican el ambiente derivado de la violencia e impunidad”, acusa el texto.

Añade que “el restarle importancia a los crímenes atroces ha sido un componente central en la historia de la impunidad en México. Un gobierno que no desea reconocer asesinatos, desapariciones y torturas, sobre todo cuando los cometen las mismas fuerzas de seguridad del Estado, termina por ocultar los datos que describen la magnitud del problema.

“Esto agudiza la crisis porque mientras las familias de las víctimas quedan frustradas y enardecidas, los funcionarios del gobierno contabilizan las desapariciones con datos incompletos para después anunciar estimaciones falsas sobre desaparecidos”.

Afirma que “el gobierno mexicano no ha realizado ningún esfuerzo para ubicar las fosas clandestinas encontradas por todo el país y las estadísticas sobre tortura provienen de las agencias especializadas, que en muchos casos están implicadas en la perpetración de estos delitos, y cuando llegan a ser objeto de investigación estas estadísticas son manipuladas”.

Dice que “los mismos líderes políticos que niegan y minimizan estos crímenes han sido los responsables de investigarlos de manera apropiada y el Gobierno ha aceptado el uso continuo de torturas por parte de fiscales y policías para propinar castigos extra judiciales y fabricar “evidencias” y así apoyar procesos penales y para buscar a desaparecidos.

“Los gobiernos, de manera continua se han propuesto proteger al Ejército y la Marina, de investigaciones creíbles sobre su participación en estos crímenes atroces. De hecho los Gobiernos de Calderón y Peña Nieto se han propuesto militarizar las actividades policiales y esto ha propiciado que fuerzas federales y estatales de seguridad, lejos de investigar recurran a la coerción y la tortura”.

Reclama también el informe que “los fiscales federales evitan enjuiciar a actores del Estado y a otros no estatales por crímenes atroces, y en muchos casos reclasifican los crímenes atroces como ofensas menores y entierran las investigaciones para desmotivar a las víctimas a no presentar denuncia. Y esto se agudiza por la falta de independencia de los servicios forenses y protección de testigos que en muchos casos están implicados con las fiscalías.

“Cada vez que hay presión para fincar responsabilidades a Calderón y Peña Nieto por crímenes atroces, se impulsan reformas e iniciativas que al poco tiempo se abandonan, y en general, los planes para ubicar a los desaparecidos y ofrecer apoyo y reparación a las víctimas han fracasado”.

Y arremete el documento que “el telón de fondo de esta crisis de atrocidades e impunidad que vive el país se encuentra en la reforma del sistema de justicia penal y las propuestas más recientes vinculadas con los crímenes atroces”.

Consideran los relatores del informe que “un proceso de reformas exitoso está muy vinculado con una estructura sólida de rendición de cuentas a nivel institucional, y en esto muy poco se ha avanzado, está muy débil.

“En ausencia de instituciones más fuertes en la rendición de cuentas se prevé que estas reformas legales e institucionales llevará tiempo aplicarlas”.

Ximena Medellín, Investigadora del CIDE, considera que este tiempo exigirá entre diez y 20 años para consolidar instituciones democráticas que ayuden a restablecer la paz y la tranquilidad social.

Eric Witte, representante en México de Open Society Justice Iniciative, considera que la sociedad civil debe apostar a reforzar las instituciones encargadas de la impartición de justicia, debido a que turnar los casos de crímenes contra la humanidad a la Corte Internacional de la Haya es mucho más lento, por la marcada demanda que tiene este tribunal en otras regiones del planeta como el Oriente Medio y otros.

Sin embargo, sugiere avanzar en el empoderamiento de las fiscalías estatales para iniciar procesos de investigación más completos e independientes, y ejemplificó el caso Coahuila, donde personal especializado de la fiscalía está recibiendo asesoría de la organización para abordar el tema de los crímenes atroces con responsabilidad profesional e independencia del Estado.

Entre las recomendaciones que hacen los últimos dos panelistas al Gobierno de México sobre el tema se encuentra la creación de una entidad de investigación internacional con sede en México, que tenga el poder de investigar y perseguir de forma independiente los crímenes atroces y los casos de gran corrupción.

Esta entidad deberá investigar los crímenes y casos de corrupción y presentarlos ante los tribunales de México. Entre otras funciones deberá asistir técnicamente a la Fiscalía y a la Policía de Investigación.

Desarrollar también propuestas de reforma en el sector judicial y someterlas a consideración del Ejecutivo, Legislativo y la sociedad civil. Y que pueda producir informes sobre e l Estado de derecho en México y los avances de la justicia penal mexicana en materia de asesinatos, desapariciones y tortura, entre otras funciones.

Jun 292016
 

informe-gringo
Marina y Ejército, responsables de crímenes de lesa humanidad en México: Araujo Rivapalacio

Río Doce.- El informe Open Society 2016, dado a conocer recientemente, sostiene que en México se cometieron más de 150 mil homicidios entre el 2006 y 2015 y que muchos de estos crímenes, calificados “atrocidades innegables”, involucran a autoridades federales, estatales y municipales.

El abogado penalista Juan Antonio Araujo Riva Palacio, socio del Despacho Araujo, Acosta, Riquelme y Asociados, señaló que “el Gobierno federal a través de soldados del Ejército y la Secretaría de Marina, ha utilizado a la delincuencia organizada en casi todos los Estados de la República para cometer ejecuciones masivas y crímenes de lesa humanidad que explican el por qué en México hay tantas fosas clandestinas”.

Durante las jornadas internacionales sobre el derecho a la verdad y a la memoria, declaró que testimonios de primer nivel de colegas de la Barra Mexicana de Abogados, revelaron durante una cena organizada para evaluar los esfuerzos en derecho penal, que cuando Valle de Bravo sufrió una ola de secuestros, la Secretaría de Marina —que tenía su Estación en Luvianos—, se dedicó a ejecutar a todo sujeto probablemente responsable del delito y cuando la madre, la esposa o el hijo, se acercaban a preguntar, también eran ejecutados, y así resolvían el problema.

Para argumentar estos atropellos perpetrados por instituciones del Estado Mexicano, explica que en Ciudad Juárez hay testimonios muy escalofriantes de personas que vivieron la guerra sucia contra el narcotráfico y que refuerzan las hipótesis de cómo el Estado aprovechó a estos grupos delincuenciales para poner en marcha su plan de ejecuciones masivas.

Desde luego que los militares y el Gobierno federal no son estúpidos, dice. Las ejecuciones no las hacían directamente. Aprendieron muy bien lo que sucedió en el cono sur del continente. Usaron a grupos de la delincuencia organizada que conocían muy bien a grupos rivales, entre estos pandilleros y ellos se encargaban de señalar y explorar puntos específicos de reunión, sujetos a abatir, y posteriormente llegaban al lugar y ejecutaban masivamente, sin contemplación.

Al preguntarle si estos casos deberán ser denunciados ante la Corte Penal Internacional para que se abra un juicio por crímenes de lesa humanidad y se castigue a los responsables, respondió que estas ejecuciones masivas deben ser recordadas y leerse; analizar cada uno de los casos y ver la resistencia del gobierno federal, antes de llevar los casos a los tribunales.

Pobres, el 95 por ciento de los criminales

En opinión del prestigiado penalista, el derecho penal en México ha sido el derecho penal de los pobres porque más del 95 por ciento de la gente que es criminalizada por el derecho penal, son gente excluida y sin oportunidades.

Y no se necesita una ley de Tres de Tres ni un Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Se requiere un código penal eficaz. Lo que falta es pasar del derecho penal de las clases bajas al derecho penal de las clases altas donde se castigue a los delincuentes de “cuello blanco”.

Considera que hoy en día es muy urgente que se abran los archivos de los últimos dos sexenios para conocer que está pasando en el tema de crímenes de lesa humanidad.

Ya lo decía Renato Sales, recalca, que no se pueden investigar delitos cometiendo otros delitos. Y en este sistema se cometen más delitos en la investigación: cada agente puede llegar a cometer entre 12 o 15 delitos, desde tortura, intervención ilegal y otros.

Abrir el archivo negro

A pesar de que el año pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidos urgió al Estado mexicano la rendición de cuentas sobre la guerra sucia, los archivos “negros” en este país, que se encuentran en el Archivo Histórico de la Nación, aún permanecen siendo sujetos de restricciones, denuncia la directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas.

Los archivos por ley deben ser públicos y no deben estar sujetos a restricciones, señala la abogada en derechos humanos.

Tiene que haber claridad en la ley general sobre la accesibilidad y el proceso de transferencia de archivos de otras dependencias, de acuerdo con lo que establece la ONU. Si no obligamos a esto, “asumamos entonces que la impunidad seguirá, porque estas historias son elementos para castigar a los responsables de los delitos cometidos”.

Con el pretexto de defender el derecho de las víctimas, agregó, el Estado oculta expedientes de abusos y crímenes.

Lamentablemente advirtió que hay intenciones claras no solo de borrar los archivos históricos en la Galería Uno del Archivo General de la Nación y otros, sino de la intención de eliminar archivos históricos locales.

“¿Qué pasará cuando preguntemos sobre los correos entre la PGR y otros involucrados en el caso Apatzingán?”, se pregunta.

Cualquiera los puede eliminar y cada vez se perderá más información si no se toma en cuenta esta Ley General de Archivos que a México le urge para conocer la verdad.

“Estamos hartos de la impunidad, de corrupción pero no hay acciones. Los esfuerzos son vanos en el caso Ayotzinapa, Tlatlaya; Tanhuato, San Fernando, y cuando llegas a tener el caso en manos no pasa nada por la misma corrupción e impunidad”.

Citó el caso de los padres de la Guardería ABC, que se resisten a olvidar a sus hijos. Ellos quieren que la gente se dé cuenta de que sus 49 hijos murieron quemados y no ha habido justicia. Esa es la realidad en que estamos.

Ahora ven los datos personales para restringir la información. La ley en México funciona para restringir, no para garantizar, y esto nos confirma que todas aquellas normas que restringen derechos son las que se aplican, y tan es así que en una evaluación de los 32 organismos garantes de transparencia solo cumplen con el 49 por ciento de las exigencias.

May 092016
 

lucero-en-congreso

Río Doce.- A la inexistencia declarada sobre el video en el que presuntamente ingresa la diputada Lucero Sánchez López bajo una identidad falsa, ahora el expediente presenta pruebas documentales que se contradicen sobre la asistencia de Devany Vianey Villatoro Pérez a la audiencia celebrada el 4 de septiembre de 2014, con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, al penal del Altiplano.

De acuerdo con la solicitud de desafuero que presentó la PGR ante la Cámara de Diputados contra Lucero Sánchez López, la legisladora ingresó ese día al penal de alta seguridad con una identificación falsa a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez para asistir a una diligencia con Guzmán Loera.

El juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, Julio César Gutiérrez Guadarrama, informó por escrito a Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que en la acta levantada en la audiencia con Joaquín Guzmán no se desprende que Devany Vianey Villatoro Pérez hubiese estado presente.

Para demostrar que la mujer identificada como Devany Vianey Villatoro Pérez asistió a la audiencia con Joaquín Guzmán, la PGR hizo llegar a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, un oficio elaborado el 21 de agosto, pero recibido por el penal el día 8 de septiembre de 2014, es decir cuatro días después de la celebración de la referida audiencia, en donde se solicita el acceso al penal de Devany Vianey Villatoro Pérez.

El citado oficio está dirigido al director del Centro Federal de Readaptación Social Uno “Altiplano”, refiere la firma del juez Julio César Gutiérrez Guadarrama, pero solamente está signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Óscar Vázquez Ortiz.

En el acta de la audiencia informativa se consigna que la diligencia se concluyó a las 13 horas con 15 minutos. Firman el documento quienes participan en la audiencia, el juez Gutiérrez Guadarrama, el defensor particular Óscar Manuel Gómez Núñez, el agente del Ministerio Público Federal, José Nicolás Luna; el secretario Óscar Vázquez Ortiz; y Joaquín Guzmán Loera en su calidad de procesado. En el documento no aparece ni el nombre ni la firma de quien se identificó como Devany Vianey Villatoro Pérez.

De acuerdo con el artículo 22 del Código Federal de Procedimientos Penales, todas aquellas personas que hayan intervenido en la diligencia deben firmar el acta que es levantada por el juez.

En un documento enviado a Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el juez Julio César Gutiérrez contestó a un total de 20 preguntas planteadas por los legisladores, orientadas a los nombramientos de persona de confianza de los procesados y la logística para su identificación.

El juez afirma que Joaquín Guzmán Loera nombró a una mujer de nombre Devany Vianey Villatoro Pérez como persona de confianza, pero que ella no ha comparecido ante el juzgado de distrito a aceptar y protestar el cargo conferido, ni tiene en su poder documentos de identificación de la persona referida.

Expone que el abogado defensor del Chapo Guzmán le solicitó ese día en la puerta del penal al secretario adscrito al tribunal federal, Óscar Vázquez Ortiz, le permitiera el ingreso a la audiencia de una persona de confianza, de la cual no recuerda su nombre ni rasgos fisonómicos, solo que era mujer y estaba embarazada.

El juez refiere que en la audiencia no se dio por presentada a Devany Vianey Villatoro Pérez, porque argumentó que no es una exigencia procesal que las personas de confianza lo hagan, ni que se asiente su presencia.

Evidencia debilitada

Una de las certezas que tenía la PGR para demostrar que la diputada Lucero Sánchez tenía una relación con Joaquín Guzmán Loera se vino abajo, luego de que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa confirmó la existencia de una denuncia de robo del automóvil Jetta negro que fue encontrado en la casa que sirvió al capo de escape por el drenaje pluvial de Culiacán en febrero de 2014.

De acuerdo con la investigación realizada por la PGR y presentada ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Lucero Sánchez, el día 20 de febrero de 2014 el Ministerio Público Federal realizó una diligencia de cateo en la vivienda ubicada en la calle Río Humaya 130 en la colonia Guadalupe, de Culiacán. En dicho domicilio, usado como casa de seguridad del Chapo, se aseguró un automóvil tipo jetta, negro, en cuyo interior fue encontrado una credencial de conductor a nombre de Lucero Sánchez López, así como una tarjeta de presentación del Congreso del Estado.

Por tal hallazgo se infirió que los documentos encontrados dentro del vehículo eran una evidencia de la relación entre la diputada de Cosalá y el líder del Cártel de Sinaloa.

La existencia de la denuncia de robo del automóvil jetta negro 2002 había sido señalada por la diputada cuando rindió su declaración ministerial el pasado 2 de febrero de 2016, ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).

En la declaración ministerial, que la PGR no hizo llegar a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la legisladora solicitó se girara un oficio al procurador de Justicia de Sinaloa para que informara si existía el reporte de robo del vehículo jetta negro, en el que había extraviado sus identificaciones y que enviaran copias certificadas de la denuncia a la SEIDO.

El oficio, firmado por Julio César Romanillo Montoya, subprocurador regional de justicia de la zona centro norte, confirma que sí existe una denuncia de robo de vehículo señalado.

Apr 242016
 

delpaso

Río Doce.- Al recibir el premio Cervantes de Literatura 2015 de manos del rey Felipe VI, el escritor mexicano Fernando del Paso criticó que en México, donde “las cosas no han cambiado sino para empeorar”, la respuesta de las autoridades son leyes que asoman “el principio de un estado totalitario, que no podemos permitir”.

Del Paso recibió el galardón que lleva el nombre del autor de El Quijote, coincidiendo con la fecha del 400 aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra.

Aunque en su discurso Del Paso repasó su infancia, pasajes de su vida, la creación de su obra y su amor por la belleza del idioma español, el autor de Palinuro de México aprovechó para hacer una cruda denuncia sobre la respuesta de la autoridad ante el estado de descomposición que vive el país.

“Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüenza” y aprovechó para poner el foco en esa ley que aprobó el Estado de México. “No denunciarlo, eso sí que me daría vergüenza”.

Reconoció sobre la expectación que había en su discurso, luego del que ofreció al recibir el premio José Emilio Pacheco a la Excelencia Literaria, por ello advirtió que “las cosas no han cambiado en México sino para empeorar, continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, lo abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo”.

Resaltó que esa legislación “opresora” “habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas. Subrayo: es a criterio de la autoridad, no necesariamente presente, que se permite tal medida extrema”.

El escritor, sexto mexicano en recibir el Cervantes y que se definió como “casado con la literatura y amante de la historia”, repasó con humor desde su nacimiento, el 1 de abril de 1935, cuando el médico anunció a su madre que era niño. “Yo no quería nacer y a veces todavía pienso que no quiero nacer”.

Es tal su amor por el castellano, dijo, que “lloro en castellano, cuando me río, incluso a carcajadas, me río en castellano y cuando bostezo, toso y estornudo”, lo hace en castellano.

Para recibir el galardón, Del Paso hizo un guiño a España al vestir con su traje azul marino, una corbata con los colores rojo y amarillo de la bandera española.

Recordó a todos aquellos escritores que lee y que han influido en él, inclusive, señaló que “a los escritores españoles no los cito como influencia porque no son influencias sino que los llevo en la sangre” y resaltó a muchos escritores americanos, en particular a Juan Rulfo.

 

Con sentido del humor y luego de hacer un repaso de todos sus males de salud, las quince operaciones que le han hecho, incluidas dos a corazón abierto, aseguró que cuando lo cuestionaron si vendría a Madrid a recibir el premio, contestó: “Yo a España voy así sea en camilla de propulsión a chorro”.

También refirió que toda su vida ha tenido “una riña” entre su mano izquierda, que pintaba, y su mano derecha, que escribía. “Ninguna de las dos ha triunfado y esto ha significado para mí un conflicto muy profundo. Sin embargo, mi mano derecha se ha impuesto, no sé si soy escritor, pero sé que no soy pintor, nunca he dejado de escribir para dibujar y siempre he dejado de dibujar para escribir”.

Por su parte, el rey Felipe VI destacó que Del Paso no solo declaró “su amor por nuestro idioma compartido”, sino que “lo ha honrado de la mejor manera haciendo que brille en sus libros con la pericia de un orfebre capaz de sacar el mejor partido a los metales preciosos”.

“En pocos literatos se demuestra como en Fernando del Paso la conciencia de vivir en el idioma, en el español, una herramienta de trabajo que él siempre ha agradecido haber recibido para expresarse como creador”.

Destacó la “artesanía lingüística” en su obra, por el uso del lenguaje en el que “aúnan el respeto por la tradición y la audacia innovadora”.

El monarca resaltó que Fernando del Paso es “un creador poliédrico” no solo en el campo de la literatura, sino en las artes plásticas e incluso en la publicidad”.

Felipe VI recordó a escritores homenajeados este año, entre otros a Shakespeare, a Ramon Llull, Cela y otros, pero puso énfasis en Cervantes, porque en el idioma de este autor, el español, representa un elemento de comunicación y cohesión entre la gran comunidad de sus habitantes”.

Señaló que Del Paso, igual que Cervantes, cultivó diversos géneros literarios y, también es un autor agradecido a otros, como hace con Juan Rulfo y con Miguel de Cervantes, cuyas obras le han acompañado desde niño.

Apr 142016
 
Imagen de la violación que circula en redes sociales. Foto tomada de You Tube producido por  "los Porkys".

Imagen de la violación que circula en redes sociales. Foto tomada de You Tube producido por “los Porkys”.

SOLICITA PGR A INTERPOL EMITIR NOTIFICACIÓN ROJA CONTRA TRES JÓVENES COMO PROBABLES RESPONSABLES DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL

En el marco de los compromisos de cooperación internacional, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), a través de INTERPOL, emitió la notificación roja para la localización y detención de tres de los cuatro jóvenes acusados de atacar sexualmente a una menor de edad hace un año en el estado de Veracruz.

En apoyo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la también llamada ficha roja se emitió el pasado seis de abril, en los 190 países que forman parte de la red de INTERPOL, en contra de Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales y Diego Cruz Alonso.

Apr 142016
 

Un indignante vídeo en las redes sociales demuestra la forma de “investigar” de las autoridades mexicanas, mismas que muchas veces lo hacen por órdenes del crimen organizado que aveces ellos mismos encabezan por lo que es común este tipo de escenas en todo el territorios nacional: sólo así se entiende que México tenga miles de fosas clandestinas de cuerpos de todos los carteles, inocentes y más ya que en este país todos están mezclados con uno u otro cartel con una u otra institución de seguridad-

Apr 082016
 
El cacarizo Appendini y el loco Jorge. Mono: Mito.

El cacarizo Appendini y el loco Jorge. Mono: Mito.

Cuauhtémoc Villegas Durán

Recuerdo la cara de terror como si yo fuera al diablo de Enrique Appendini Carrera, gato del borracho, ladrón , ruín,  sin palabra y traficante de influencias, Martín Orozco Sandoval

Recuerdo su cara cacariza viendo como yo tomaba de la cintura a la senadora panista Mariana Martín del Campo con mi cara lisa y llena de amor por ser libre sin dueño criminal como Appendini.

Él dira lo quiera de mí pero siempre será el gato de un criminal y en consecuencia él es otro criminal. Hacen todo lo de lo que me acusan y más, alcohólicos, ladroness, robavotos, robaelecciones, traficantes de influencias y envidiosos que no saben aceptar que personas que no presumen pedigre periodístico y hasta sin carrera tengan más ética y libertad que estos apéndices de la mafia panista.

También mis vecinos me envidian y me quieren hacer daño y lanzan acusaciones falsas porque las mujeres bellas de la colonia me saludan con sus ojos llenos de amor. Que triste debe ser tan feo y gato aunque se ganen decenas de miles al mes por escudar mentirosos ruines. Todo sea por la chuleta y la ambición desmedida, aunque dejen a millones en la miseria y en la vorágine de su guerra estúpida: dinero lleno de sangre y dolor con el que alimenta a su familia.

Apr 052016
 

lozano-de-la-torre-panamapapers
Objetivo7

Medios locales han cuestionado el por qué el gobernador del estado aparece en la portada del post de los Papeles de Panamá pero el gobierno del Estado ha mantenido silencio y no ha pedido una explicación a Joaquín López-Doriga quiemn la publicó en el noticiero estelar de el >Canal de la Estrellas,

El gobierno de Aguascalientes se ha visto involucrado en casos de nepotismo, desvío de recursos, acusasiones de saqueo, mal uso del la ley para detener periodistas incómodos, interferencias en elecciones, preferencias por las cuentas chuecas en empresa multimillonarias como Nissan II y hasta en el asesinato del narcoamigo del gobernador, el prestanombres de los Zetas Alejandro Ceja, un crminal que ensangrentó Aguascalientes y que fue asesinado en un elegante restaurate de

Apr 042016
 

panistas
El acuerdo disuelve definitivamente al CDE por favorecer a Lucero Sánchez
por: Miriam Ramírez/Río Doce

PAN Sinaloa descuidó su “fama” y “prestigio”, acusa CEN

La extinta dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa habría violado sus propios estatutos al no fijar una postura mediática de rechazo ante la vinculación de la diputada Lucero Sánchez López con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

Con la postulación de la candidata en 2013 y las declaraciones mediáticas externadas en 2015 al darse a conocer la supuesta vinculación, la dirigencia panista habría violado el artículo 12 de los Estatutos Generales del PAN que obliga a todos sus militantes a “salvaguardar la buena fama pública y el prestigio del partido”.

Lo anterior se concluye en el “Acuerdo por el que se resuelve en definitiva la disolución del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Sinaloa”, un documento que consta de 35 páginas y que fue emitido el pasado 21 de marzo por la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

Firmado por el Secretario General del CEN del PAN, Damián Zepeda Vidales, el acuerdo detalla cronológicamente los antecedentes del proceso electoral de 2013 en Sinaloa, el inicio del procedimiento de disolución del comité estatal y las conclusiones a las que se llega para determinar la disolución definitiva.

“Los actos y omisiones descritos llevan a esta Comisión a considerar que en el CDE existe una tendencia de apoyo hacia la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, que se dio desde su registro como candidata y se ha prolongado con la postura pública que han asumido algunos integrantes de dicho Comité, lo cual se considera grave, dado que esa postura de apoyo está afectando la imagen del partido en el Estado y actualmente está en curso el proceso electoral”, se destaca en el documento.

Juicio mediático

Las entrevistas concedidas por Edgardo Burgos Marentes, Adolfo Rojo Montoya y Guadalupe Carrizoza Cháidez a diversos medios de comunicación locales y replicadas en medios nacionales, en torno a la situación de la diputada Lucero, fueron utilizadas como el principal referente para que la Permanente acusara la violación a los estatutos internos de Acción Nacional.

En su acuerdo, la Permanente señala que Burgos Marentes, Rojo Montoya y Carrizoza Cháidez habrían manifestado respaldo a la diputada y minimizado la situación, una postura contraria a la asumida por el CEN.

“Las posturas de apoyo público de algunos de sus integrantes y la omisión de los demás de repudiarlas, constituyen conductas que afectan seria y gravemente la imagen del partido, lo cual es particularmente relevante, si se toma en cuenta que actualmente está en curso el proceso electoral en la entidad”, consideró la Permanente en su Acuerdo.

Además de las declaraciones mediáticas, la Comisión Permanente se remontó a febrero de 2013 cuando el CDE reservó diversos distritos para la cuota de género, entre ellos el distrito 16 de Cosalá.

Apuntó que en ese distrito también se canceló el proceso interno de selección de candidatos y se optó por la designación directa. Además, en 2013 mientras el PAN en Sinaloa competía en alianza con el PRD y el PT, fue sólo en Cosalá donde el PAN llevó una candidatura común con el Partido Sinaloense.

A partir de la investigación realizada por el diputado federal Federico Doring Casar, la Comisión Permanente encontró que no hay un documento que sustente por qué se reservó la cuota de género en el distrito 16 de Cosalá y tampoco existe una explicación del por qué la candidatura común con el PAS exclusivamente en Cosalá, en el distrito de Lucero.

“Claramente para esta comisión la circunstancia de que se reservara el distrito para mujer y que luego se llevara a cabo una candidatura común, valorados en su conjunto, generan indicios suficientes para afirmar que el CDE actuó con parcialidad para lograr la postulación de Lucero”, apunta el acuerdo.

La defensa desechada

Una vez concluida la investigación de Doring Casar, la Permanente detalla que se le notificó a los integrantes del Comité Estatal del inicio de la disolución. En respuesta, el 19 de febrero pasado, los integrantes de la dirigencia panista solicitaron una ampliación del plazo para ofrecer pruebas y alegatos.

A través de una misiva, los integrantes del CDE solicitaron acceso al expediente de la investigación, la notificación del inicio del procedimiento sancionador, el cargo que se enfrenta, quién lo denuncia, consecuencias de la sanción, plazo para preparar defensa y oportunidad de ofrecer pruebas.

La Permanente autorizó alargar el plazo para que los militantes ofrecieran sus alegatos, pero al mismo tiempo decretó como medida cautelar la suspensión provisional de las actividades del CDE en Sinaloa y la integración de una Comisión Especial, debido a la urgencia por el desarrollo del proceso electoral, según se explica en el acuerdo.

Para los primeros días de marzo se reciben los alegatos de los integrantes del CDE, como una misiva firmada por Adolfo Rojo Montoya, quien reprueba el uso de las declaraciones mediáticas como evidencia para condenarlos y asegura que sus afirmaciones fueron ejercidas en apego a su derecho a la libertad de expresión y al derecho de Lucero Sánchez a la presunción de inocencia, ya que en ese momento la diputada no enfrentaba ningún proceso penal.

Sin embargo, la Permanente determinó que los integrantes del CDE incurrieron de forma consecutiva en omisiones para favorecer a Lucero Sánchez y posteriormente cuando se ventiló su relación con el líder del Cártel de Sinaloa, la dirigencia estatal habría sido omisa en fijar una postura de rechazo a la diputada.

“Estos hechos generan una afectación importante para el PAN, por un lado porque la falta de claridad sobre su rechazo a la postulación de candidatos vinculados con el narcotráfico le está generando una afectación de imposible reparación de cara a los comicios que se desarrollarán en Sinaloa. Por otro lado, la parcialidad con la que se ha conducido el Comité no genera condiciones de certeza para la selección de candidatos en la próxima elección”, concluye.

Mar 302016
 
Otra más de los criminales con fuero. Foto: Megáfonomx.

Otra más de los criminales con fuero. Foto: Megáfonomx.

La comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana con el voto de todos los partidos, a excepción de Morena, el dictamen para reglamentar el artículo 29 de la Constitución y permitir que, a solicitud del Presidente, el Congreso de la Unión apruebe la suspensión de garantías o un estado de excepción en el país.

Con el apoyo del PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal, la comisión aprobó sin cambios la minuta que el Senado avaló el 9 de diciembre pasado, bajo el argumento de que es preferible contar con un mecanismo que regule la atribución presidencial de suspender garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

El único partido que se posicionó y votó en contra de dicha iniciativa fue Morena; por otra parte, Salomón Tamez de Movimiento Ciudadano (MC) se quedó callado en el debate y se abstuvo en la votación, mientras que Clemente Castañeda, coordinador de MC, quien forma parte de la comisión, no se presentó.

Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de Morena, señaló que en el dictamen y en el contenido de la ley no se define “qué se entiende por perturbación grave de la paz pública, conflicto o invasión”.

“Les pregunto, como está planteada la ley, ¿hay la seguridad, está garantizado el respeto al ciudadano a decirle que se le considera una amenaza pública? No”, sentenció Nahle García.

El dictamen aprobado establece que ante un riesgo a la paz pública o una invasión, se suspenderán o restringirán el ejercicio de derechos humanos y el “sacrificio temporal de derechos”, entre éstos, los derechos a la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o de derecho de autor.

El dictamen aprobado hoy establece: “Pueden mencionarse ejemplificativamente las perturbaciones de factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, epidemias… Así como también revueltas internas de gran calado; incursiones de grupos armados internos; graves afectaciones a la paz o la estabilidad interna del propio Estado; crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público; eventos derribados de la intervención humana (casos fortuitos) como incendios, accidentes nucleares o liberación de plagas/epidemias; entre muchas otras”.

Con información de La Jornada

Mar 182016
 

congreso-lucero-3-550x320

Río Doce/Anabel Ibañez.- La Cámara de Diputados notificó oficialmente, la mañana de hoy, a Lucero Sánchez López el inicio del procedimiento de desafuero en su contra.

La notificación oficial fue recibida por la asistente de la legisladora en las oficinas que ocupa en el edificio del Congreso del Estado.

A partir de la notificación oficial la diputada de Cosalá tiene un plazo de siete días hábiles para responder, en tanto que su defensa, con el apoyo de sus abogados, sería ante la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados el día que ellos fijen.
Tanto la diputada como los abogados no habían tenido acceso al expediente para conocer cuáles son los delitos que se le imputan.

En la notificación entregada al personal de la legisladora se anexa una copia del expediente y de la investigación realizada por la PGR.

La legisladora había sido retenida el pasado 20 de enero por la PGR en Culiacán y trasladada a la ciudad de México en calidad de indiciada por una averiguación previa por el uso indebido de documentos falsos para visitar en el penal del Altiplano a Joaquín Guzmán Loera.

En la misma retención la PGR aprovechó para tomarle una declaracion como testigo en otra investigacion por el delito de delincuencia organizada.
La PGR solicitó formalmente el desafuero de Lucero Sánchez para estar en condiciones legales para poder procesar a la legisladora por el delito que se le imputa.

Feb 182016
 

desaparecidos reunión pgr febrero 2016

Se presentan los resultados obtenidos en los tres meses de la segunda etapa de la investigación.

Boletín PGR.- La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, se reunió este jueves en oficinas centrales de la institución, con los familiares de los normalistas desaparecidos, para informarles sobre los últimos avances obtenidos dentro de la indagatoria del Caso Iguala.

En su intervención, la Procuradora subrayó la disposición institucional para atender sus inquietudes y dio cuenta del desahogo de los compromisos asumidos en las reuniones previas.

Asimismo, expuso el trabajo ministerial realizado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Oficina de Investigación encargada de la averiguación previa del caso.

desaperecidos pgr 2

La titular de la Institución subrayó que la indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas está abierta y se desarrolla contando, de manera estrecha, con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables a través del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal. Se acordó también que la siguiente reunión conjunta de trabajo se realice el próximo 17 de marzo.

Durante la reunión se informó de los trabajos concretos de búsqueda y localización en diversos puntos y con el uso de la tecnología más avanzada, adquirida exprofeso para este fin. Lo anterior con el propósito de atender todas las líneas de investigación del caso.

En la sesión estuvieron presentes, además de los familiares de los estudiantes, Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; José Aarón Pérez Carro, Titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala; los integrantes del GIEI, Ángela María Buitrago Ruiz, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa, Francisco Cox Vial y Carlos Martín Beristaín, así como los representantes de las familias.

desaparecidos pgr

Feb 162016
 

Ismael Bojórquez/Río Doce.- Hay una expresión que viene del corazón del malovismo: “Basta con ver las caras de comemierdas que traen todos para concluir que nos fue de la chingada con la designación de Quirino Ordaz”.

Más allá de los números, de las posiciones otorgadas a esta corriente —si es que se le puede dar esta categoría— que nació en 2010, los estados de ánimo se imponen. Tal vez no en la cúpula, donde debieron prepararse, incluso para un escenario peor, sino en los cuadros medios.

Los malovistas se van del gobierno y lo hacen prácticamente sin nada. O con migas en las manos, que viene siendo lo mismo. Y aparte calladitos, porque les está prohibido siquiera andar de bocones. Más aún, algunos se han integrado al equipo de campaña del mazatleco, con la consigna de ganar la elección a costa de lo que sea. Si un escenario no puede concebirse en el malovismo ahora, a pesar de esos rostros, es que Ordaz Coppel pierda la elección.

Así, como muestra icónica de esta mansedumbre abrupta, en el trébol de cuatro hojas que tanto se esgrimió como símbolo de la nueva era de este malovismo pretendido, a través del secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, se ha montado el nombre del precandidato del PRI. ¿Así o más humillante?

Podría hablarse de pragmatismo, pero no. Eso ocurrió en 2010, cuando estos priistas se unieron a una coalición opositora para lograr la candidatura. Ahora se trata de una imposición de Estado porque estamos frente a una elección de Estado en la que se están poniendo en movimiento todos los mecanismos que éste tiene para sacarla adelante. Y lo que falta por ver.

Si el candidato de la alianza PAN-PAS es Martín Heredia o Roberto Cruz, la campaña de Quirino será como un paseo bicicletero, cansado el pedaleo pero sin estrés. Pero si el candidato es Héctor Melesio Cuen Ojeda echarán mano de todos los recursos para asegurar la elección, aun con las contradicciones que su candidatura pueda generar en el panismo tradicional.

Por lo pronto, a la estructura del PRI puede sumársele la de los ayuntamientos que controla este partido. En el norte, una de las zonas más disputadas, Ahome está en manos del tricolor pero, además, siendo de allá Mario López Valdez, no puede darse el lujo de que Ordaz Coppel tenga menos votos que la coalición PAN-PAS pues sería su tumba. (Como lo fue para Aarón Irízar López el no haber logrado contener la avalancha malovista hace cinco años y que le costó el veto de Jesús Vizcarra en este proceso interno).

En los municipios del centro todo indica que la candidatura de Quirino Ordaz no tendrá muchos problemas. La plaza principal, Culiacán, va amarrada con dos candidaturas centrales, la de la alcaldía, con Jesús Valdez y la del distrito 13 con Aarón Rivas, lo cual le da solidez al voto priista, dado el liderazgo de éstos en el llamado grupo Culiacán, que se dio el gusto de trabajar contra el candidato priista a la diputación federal por el distrito 05 en la elección federal pasada, Ricardo Hernández, permitiendo que ganara la elección Manuel Clouthier Carrillo, como independiente.

Y en el sur las cosas parecen más definidas para el aspirante priista por su origen, a pesar de que hay ahí un panismo histórico muy leal a sus colores, con liderazgos, aunque regionales, muy fuertes, con estructuras que no han dejado de estar activas en los últimos años y que pueden funcionar a la perfección en pos de la causa aliancista si se respeta el acuerdo de civilidad firmado sea quien sea el candidato.

Pero los escenarios están todavía en proceso y dependerá mucho de lo que ocurra en el PAN, PAS y, por su cuenta, en el PRD, para saber qué rumbo tomarán las campañas, con qué intensidad, la orientación de los discursos, y si será necesario o no que algunos de los protagonistas echen mano de la guerra sucia que en otros procesos, aquí mismo, en Sinaloa, ha dado tan buenos dividendos.

Bola y cadena

SI QUIRINO ORDAZ COPPEL quisiera emular el discurso de Malova, no tendría dudas para identificar a su “padre empresarial”, en la figura de Eleovigildo Carranza, dueño de Pinsa, una de las empresas atuneras más importantes de América Latina y ahora metido también en negocios turísticos (es dueño del complejo Estrella de Mar y compró al menos 400 hectáreas en el megaproyecto de Teacapán, el CIP). Carranza fue uno de sus principales promotores y financiadores en la campaña para diputado federal y, hace días, anfitrión del mismísimo Presidente de la República, en su reciente visita a Mazatlán. En esa misma línea, el padre político sería sin duda Antonio Toledo Corro, quien fue compadre de Quirino Ordaz Luna (qepd) y alcalde de Mazatlán precisamente cuando Toledo fue gobernador.

Sentido contrario

AHORA JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, el Bronco, sabe que no es lo mismo estar enfrente del gobierno, criticando a sus anchas su ejercicio, que ser gobierno. Lo ocurrido en el penal de Topo Chico, donde murieron casi 50 internos en medio de un enfrentamiento, habla de sus deficiencias como gobernante. Y no hay pretextos. Él es el gobernador de Nuevo León y a él le corresponde ofrecer cuentas. Fue un excelente candidato que reivindicó la figura de las candidaturas independientes. Pero ya en la silla puede ser igual o peor. Ya se verá.

Humo negro

FALTA MUCHO PARA ESO, SI OCURRE, pero es posible que las próximas confrontaciones de Joaquín Guzmán Loera y Alfredo Beltrán Leyva, se den en una corte de los Estados Unidos. Aunque hay ahí lazos familiares que amainarían el temporal. Por lo pronto, el Mochomo enfrentará, entre otros, un careo con Reynaldo Zambada García, el Rey, quien, al parecer, se acogió al programa de testigos protegidos. Beltrán Leyva, a diferencia de otros capos que han caído en manos de la justicia norteamericana, se declaró inocente de los cargos que se le imputan.

Feb 092016
 

12654205_1109321139098117_1383600501490885638_n
Sanjuana Martínez/Facebook

Hoy no voy a escribir más. Me voy con esta imagen aterradora del crimen de la periodista Anabel Flores, clavada en el corazón. Imagino sus horas de angustia. Imagino el gélido aliento de la muerte caminando a su lado, sabiendo que sería asesinada. Pienso en el dolor físico ocasionado por la tortura. Pienso en sus dos hijos. Y se me parte el alma. Matar periodistas no significa matar la verdad. Matar al mensajero no significa matar el mensaje. ¿Cuando lo van a entender?… Cada vez que matan un periodista en México matan una parte esencial de nuestra débil democracia.

El martirologio de periodistas en México no debe seguir aumentando. 16 periodistas asesinados en Veracruz y Javier Duarte se convierte así en el gran depredador de la prensa. Algo tiene que suceder para terminar con esta impunidad endémica que invita a la repetición del delito.

Hoy fue Anabel, ¿quién sigue? ¿Nos quedaremos esperando la llegada del verdugo? Necesitamos su apoyo. Quienes defienden el trabajo que hacemos, quienes defienden periodistas, defienden la libertad de expresión, defienden la libertad de prensa, defienden nuestro derecho a estar informados, a conocer la verdad.
Hoy, me van a disculpar, no voy a escribir más. Hoy tengo derecho a llorar.

Feb 012016
 

Lucero-2-300x268

Lucero Sánchez, la “papa caliente” entre Gerardo Vargas, Melesio Cuen y Edgardo Burgos

 

Río Doce.- Sin ningún padrino, sin trayectoria o relación política, sin siquiera ser militante, Lucero Sánchez López llegó sola al Partido Acción Nacional (PAN) y así, con sólo su aspiración, se convirtió en candidata a diputada local.

Por lo menos, esa es la versión que el ex dirigente estatal del PAN, Edgardo Burgos Marentes, defendió enérgicamente en una rueda de prensa en la que además deslindó al líder del partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, y al secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, de apadrinar a la legisladora relacionada con Joaquín el Chapo Guzmán.

Antes de la rueda de prensa convocada de forma urgente al mediodía del viernes, Edgardo Burgos Marentes no había emitido un posicionamiento oficial de lo ocurrido en el 2013, cuando la alianza PAN, PRD, PAS postuló a Sánchez López en el distrito 16 de Cosalá.

Pero tras una semana en la que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN “castigó” al diputado Guadalupe Carrizoza por su relación con Lucero Sánchez y diversos actores políticos señalaron a Vargas Landeros como el artífice detrás de la candidatura de la diputada local, Burgos Marentes regresó al Comité Estatal al que renunció apenas a mediados de año pasado.

Acompañado de la diputada Yudith del Rincón, quien sin emitir una sola palabra se dedicó a asentir con su cabeza cada una de las expresiones de Burgos Marentes, el ex dirigente panista detalló paso a paso el proceso interno del PAN en 2013.

“Tumbo el mito: ni la trajo el diputado Carrizoza, ni me la presentó el secretario General de Gobierno, ni tampoco el maestro Héctor Melesio Cuen”, expresó.

“El PAN actuó siempre de buena fe, en ese momento no había señalamiento ni imputación alguna contra ella y si bien es cierto que fue candidata de la coalición, ella fue propuesta del PAN, a través de nuestra reglamentación y de nuestra convocatoria”, agregó.

La “papa caliente” al final fue aventada a las manos de la Comisión Nacional de Selección de Candidatos, la cual según Burgos Marentes, fue instalada en abril de 2013 por acuerdo del CEN del PAN para designar a los candidatos a diputados y alcaldes en Sinaloa.

En Cosalá, Lucero Guadalupe fue la única interesada en la candidatura del distrito 16, un distrito tradicionalmente priista. Fue así que Lucero presentó su documentación a través del Comité Estatal, el cual operó como órgano receptor y transfirió los documentos de Lucero hacia la Comisión de Selección de Candidatos, explicó Burgos Marentes.

En este proceso, dijo haberse reunido con Lucero en una sola ocasión; junto con el entonces candidato a alcalde, José Manuel Ceballos Padilla, y el presidente del comité municipal de Cosalá, Ricardo Soto Madueño, en un encuentro institucional que de acuerdo con Burgos Marentes tan sólo duró 25 minutos.

 

—¿Quién te presentó a Lucero? —se le cuestionó al ex dirigente.

—Nadie, ella se presentó en una reunión con un servidor, se les escuchó 25 minutos, como se les escuchó a ‘N’ candidatos y de ahí en fuera siguieron la ruta institucional.

 

La ruta institucional en 2013 consistió en presentar a la Comisión Nacional de Selección de Candidatos la documentación requerida, entre ellos copia de credencial de elector, carta de aceptación de candidatura, carta de aceptación y compromiso, carta de aspiración dirigida al CEN, carta bajo protesta y esperar la designación de la Comisión.

La documentación de Lucero antes referida fue entregada a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de Burgos Marentes, sin embargo, a excepción de la copia del IFE, ninguna de las cartas muestra un sello oficial u hoja membretada y tan sólo cuentan con la firma de la legisladora.

En su exposición, Burgos Marentes admitió que en Sinaloa la narcopolítica es una realidad pero, defendió, no es el caso de su partido.

“Para mi tranquilidad sabemos en Sinaloa quién maneja esas líneas y quién no, tengo claro que yo no manejo esas líneas de comunicación, relación, o acercamiento con la narcopolítica y el crimen organizado. Se dice y se sabe quienes manejan esas líneas en Sinaloa y no es el caso de un servidor”, señaló.

Dec 212015
 

narco (1)

Río Doce/Miguel Ángel Vega.- Entre el 80 y el 90 por ciento del dinero que se gasta en campañas políticas mexicanas es ilícito, y habría muchos casos en donde este financiamiento proviene de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, aunque el problema que verdaderamente lacera a México no es el narcotráfico, sino la corrupción política mexicana, expuso Edgardo Buscaglia.

“El narcotráfico es una mínima proporción comparado con el tema de lavado de dinero, que tiene su origen en la corrupción política que hay no sólo en México sino en todo el mundo, y la cual se abastece de conflictos de intereses, tráfico de influencias, malversación de fondos y sobornos, entre otros”, expuso Buscaglia, autor del libro Lavado de Dinero y Corrupción Política.

El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana y catedrático de la Universidad de Columbia, destacó situaciones en las que políticos llegan a cargos de elección popular, y al término de sus administraciones son dueños de propiedades valuadas en varios millones de dólares, o son socios de empresas cuyas acciones millonarias adquirieron mientras administraban el erario público.

“Cada jefe de gobierno, cada gobernador, o jefe delegacional se hizo de propiedades o tiene un negocio ligado a empresarios legales, en donde les pasan un pedazo del pastel; es el modus operandi por el cual la política mexicana se ha constituido y se ha convertido en un negocio empresarial”, observó Buscaglia, durante una entrevista con Ríodoce.

El señalamiento del investigador trae a la memoria casos como el del ex gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, quien al término de su administración era dueño del Rancho Las Cabras, el cual vendió posteriormente en mil 203 millones 123 mil pesos.

Otro caso documentado es el de Juan Millán, quien terminando su sexenio se le contabilizaron varias propiedades en Sinaloa. También está el caso de Jesús Aguilar Padilla, quien al finalizar su mandato resultó con varios bienes inmuebles, y hasta era socio de Jesús Vizcarra, con varias acciones valuadas en millones de pesos.

“Toma el caso que quieras, al final de cuentas la metodología es la misma: el funcionario termina ligado a empresas legales, pero la pregunta es de dónde provino ese dinero: de malversación de fondos o fue tráfico de influencias o sobornos, el resultado siempre es el mismo”, reviró Buscaglia.

Pero el activista no se queda ahí, y tomando como referencia su libro, critica la política mexicana que ignora cómo los partidos llegan a obtener financiamiento del narcotráfico, y en algunos casos, son los mismos partidos quienes imponen a sus candidatos, los cuales, gracias a compromisos previos que hicieron con grupos criminales, pueden resultar mafiosos o gente ligada al narcotráfico.

“Esto significa que les estás dando un parque de diversiones a las organizaciones criminales porque no sólo financian campañas para obtener inmunidad, sino que además colocan a mafiosos en las listas. Estamos ante un sistema electoral cerrado, y en los países o estados donde se aplican estos sistemas, es donde menos controles patrimoniales y auditorías hay; es un paraíso”, insistió el activista.

De acuerdo con reportes hechos por diversos medios de comunicación, en Sinaloa hay casos en los que funcionarios electos fueron ligado al narcotráfico o con personas dedicadas a esa actividad, algunos de ellos, incluso investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como fueron los ex gobernadores de Sinaloa: Jesús Aguilar, Juan Millán, Toledo Corro. O como ocurrió con el ex presidente municipal de Culiacán Jesús Vizcarra Calderón, o bien el caso del diputado Oscar Lara, y más recientemente la diputada  Lucero Guadalupe Sánchez López. Todos ellos fueron acusados, pero la autoridad mexicana nunca los investigó, en cambio los señalados le apostaron al olvido.

“Lo que vemos aquí es que no hay participación ciudadana; un periodista, o un líder social reporta una anomalía, y qué hace la sociedad, la abandona y se olvida de ellos, cuando en otros países se les reconoce y se les trata como héroes”, dijo Buscaglia.

Como una rápida solución, Buscaglia propone en su trabajo de investigación auditorías e inspecciones, no sólo a las empresas que donen dinero a las campañas políticas de algún candidato, lo cual aliviaría parte del problema, sino también auditar a los partidos, a los candidatos, a los funcionarios públicos, y ello va a contribuir a que gobernadores no aparezcan con negocios, o con casas de cuatro millones de dólares.

Agregó: “Es preocupante que México se olvide de auditorías electorales, auditorías estatales y controles judiciales. Sin esos tres poderes, les estás dando un parque de diversiones a los grupos criminales y a funcionarios para generar más lavado de dinero, y que a su vez sigan saqueando al estado”.

 

México: el paraíso

 

En su libro, publicado en noviembre de este año, Buscaglia destaca cómo entre el 68 y el 70 por ciento del lavado de dinero en el mundo va a parar a las economías con mayor seguridad jurídica, como México, que indiscutiblemente ha resultado un paraíso para los lavadores de dinero.

“Es la paradoja de la sociedad mexicana: la política mexicana lava dinero con la sangre y lágrimas de sus ciudadanos, pero además está la otra cara de la moneda, que son las 27 mil desapariciones forzadas que hay en el país; y todo ocurre a través de cientos de transacciones que pasan desde compras de edificios en el DF, hasta fondos de inversión, fondos de pensión, con que fácilmente compran un Penhouse en Manhattan, o invierten en hoteles en Las Vegas”, sostuvo.

Con esto digo, añadió, que este fenómeno no sólo se está dando en México, también en Estados Unidos, inclusive, gente como Rafael Caro Quintero, que llegó a comprar grandes fraccionamientos en Guadalajara en los 80, ahora invierte en el extranjero, pero lo mismo hacen funcionarios mexicanos, que gracias a la corrupción política se siguen enriqueciendo a costa de la sociedad, y cuyo objetivo principal es hacer que circule el dinero por el mundo, lejos de donde se obtuvo ilícitamente.

 

—¿Qué pasa con el otro porcentaje que no proviene del lavado de dinero? —se le cuestiona.

—Ese porcentaje cubre costos operativos, que no sólo son armas, sino incluye hasta un sistema de seguridad social para las familias de las víctimas que caen, fachadas de empresas que sólo muestran el frente del edificio, sin nada adentro (Shell companies), acciones que generalmente son aplicables en lugares donde los controles patrimoniales son tan débiles, y donde el costo para traer capital es nulo.

En uno de los apartados del libro, Buscaglia hace referencia al caso del banco HSBC en Sinaloa, que realizó transacciones por hasta mil 100 millones de dólares, sólo en el 2008, y aun cuando fue un caso bien documentado, ni las autoridades mexicanas ni las de Estados Unidos castigaron a nadie.

“México es la economía ilícita más grande del planeta, sólo superado por China y Rusia; y ello demuestra cómo los oligopólicos mexicanos se han disfrazado de empresarios y se han aprovechado de un sistema que sirve al poder político, lo cual expone que la delincuencia mexicana, no son delincuentes, sino políticos”.

Para finalizar, Buscaglia hace referencia a reportajes hechos por Ríodoce, en los que se publicaron nombres y hasta direcciones de empresas que estaban en manos de familiares de Joaquín el Chapo Guzmán, o de Ismael el Mayo Zambada, que hasta recibía subsidios del gobierno, sin que las autoridades siquiera les hicieran auditorías tributarias, calificando casi como surrealista.

Con ello, no sólo se demuestra la falta de interés del gobierno y el pacto de impunidad existente, lo cual expone que hay políticos que protegieron esas redes, como ocurriera con la segunda fuga del Chapo, lo cual nos lleva a donde mismo; los políticos mexicanos que, incluso, llegan a tener negocios legales, pero que provienen de la corrupción política mexicana, y mientras no se frene el dinero sucio en la política, no habrá democracia.

 

 

RECUADRO…

 

Manhattan y Las Vegas, dos de los circos del Tío Sam

 

Aun cuando la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) fue creada en 1950 para detectar operaciones y empresas que son una amenaza para Estados Unidos, realizar transacciones en el vecino país del norte no representa un obstáculo significante; sólo basta tener el dinero y una bien elaborada cadena de cómplices que borren toda huella de fraude o lavado de dinero.

Una muestra de ello es el edificio de condominios Time Warner Center, de Manhattan, cuyos dueños de departamentos sólo se identifican con siglas y números, que según expertos, es el nuevo “modus operandi” de empresarios lavadores de dinero y políticos mexicanos que adquieren propiedades millonarias en Estados Unidos, para de ese modo esconder su identidad.

De acuerdo con una investigación hecha por el diario estadunidense New York Times, los dueños de departamentos sólo se identifican como 25CC ST74B LLC, que muchas veces son Sociedades Anónimas fantasmas o empresas falsas, conocidas en Estados Unidos como “Shell Companies” (Compañías de Caparazón), que nunca establecen de dónde proviene el dinero, además que dificultan identificar a sus dueños.

“Hasta un 54 por ciento de los compradores de Pent-houses de lujo, ocultan su identidad, principalmente porque se trata de políticos mexicanos, o lavadores de dinero que no desean que se conozca quienes son, ni de dónde sacaron el dinero”, explica la investigación del diario neoyorkino.

Y mientras en México, la OFAC se ensaña metiéndose a cada rincón de territorio nacional, acusando a empresas como el centro recreativo Los Cascabeles, o bien a notarios públicos como Antonio Núñez Bedoya, incluso a medios de comunicación como Unomásuno, no expone lo que ocurre en su propio territorio, donde todo tipo de transacciones de lavado de dinero evidentemente ocurren, sin que se acuse o se exponga a nadie.

“Es claro que el lavado de dinero existe, no sólo en Estados Unidos, también en todo el mundo, pero el gobierno federal ya empieza a tomar cartas en asuntos relacionados con transacciones de los mercados capitales del país”, dijo a Ríodoce Howard Weston, vicepresidente de la agencia para el Sistema Regulatorio de los Mercados Capitales de Estados Unidos.

En la investigación de New York Times, también se explica que al menos 16 de los dueños de Pent-houses en el Time Warner Center de Manhattan son o fueron funcionarios públicos de México, Rusia, China o Colombia, y que llegaron a adquirir departamentos valuados entre 15 y 20 millones de dólares.

Ríodoce ha intentado adquirir documentación en las oficinas del registro público de la propiedad en Las Vegas, en Nevada, y en Nueva York, pero hasta el momento no han aparecido nombres conocidos, muchas veces porque hay prestanombres de por medio, o porque se crean empresas fantasmas o fondos de inversión con que se escritura la propiedad.

Edgardo Buscaglia señala que no sólo políticos mexicanos están adoptando esta medida, sino que también narcotraficantes que adquieren ingresos millonarios por sus actividades ilícitas, y terminan invirtiendo, no sólo en Estados Unidos y México, sino también en Londres, Singapur, París, etcétera.

“Es lo que digo, hay países que son paraísos fiscales para políticos corruptos, narcotraficantes, lavadores de dinero, y es lo que trata mi libro”, dijo Buscaglia.

La cadena de lavado de dinero incluye no sólo agentes de bienes y raíces, sino también abogados, contadores, funcionarios municipales, dueños de los departamentos, y como señalara un ex administrador de esos edificios, “a nosotros no nos interesa saber de dónde viene el dinero, sino que se logre la transacción”.

En Las Vegas, empresas como MGM Resorts, que son dueños de Hoteles y Casinos como Mandalay, MGM, Mirage, Bellagio, entre otros, y cuyo consorcio está valuado en 26 mil millones de dólares, cuenta con accionistas de todo el mundo, incluyendo mexicanos, que bien pueden se políticos, aunque el corporativo no reveló los nombres de los accionistas por cuestiones de privacidad, según dijeron.

“Cuando políticos mexicanos compran en Estados Unidos, el gobierno de ese país nunca cuestiona de dónde provino el dinero”, dijeron fuentes del New York Times.

El sistema estadunidense resulta tan incongruente, que incluso hace más preguntas cuando un mexicano común y corriente cruza la frontera a pie, que sería el caso de un migrante de bajos recursos, pero no haría tantas preguntas cuando un mexicano adinerado llega a comprar un Pent-house, ahí los cuestionamientos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desaparece.

Dec 072015
 

 

fosas

Río Doce.- En México la defensa de los derechos humanos quedó en mera simulación porque encima de que las autoridades quedaron rebasadas en materia de investigación, el principal enemigo de los activistas  por la defensa de los derechos del hombre es el mismo Estado mexicano, que instauró una violencia institucional que persigue y criminaliza a quien protesta, señalan defensores de derechos humanos.

No es el crimen organizado el responsable de tanta muerte en el país, dicen. El mismo Ejército está involucrado en esa escalofriante cifra de asesinatos y desapariciones forzadas que hablan de 400 mil entre los que reportan y los que no reclaman, en tan solo nueve años, afirma el abogado Miguel Ángel García Leyva, asesor legal y coordinador de enlace de la Asociación Esperanza contra la Impunidad y la Desaparición Forzada de Personas en el Noroeste del país.

“La simulación es tal, que a falta de investigación están surgiendo en el país ejércitos de familiares armados con pico y palas que diariamente buscan entre montes, parajes solitarios, arroyos, o la misma fosa común, los cuerpos de sus padres, hijos, hermanos, hombres y mujeres, niños, jóvenes o ancianos, porque la PGR quedó rebasada entre tantos casos frente a un reducido equipo de investigación que solo atiende casos recomendados por políticos o cuerpos de amigos o familiares involucrados en la farándula, donde los reflectores hacen creer a la población que la lucha contra la violencia y la impunidad es real”, indica.

La estadística oficial revela que hay 40 mil desaparecidos en el sexenio de Calderón y lo que va de este, pero la realidad alarma si consideramos que hay mucho más si se suman los que no están reportados por los familiares, asegura García Leyva, quien desde 1998 trabaja en la defensa de los derechos humanos, justo cuando se formó en Sinaloa el Frente de Defensa contra la Violación de los Derechos Humanos, encabezado por los activistas Norma Corona y Michel Jacobo, ciudadanos que tiñen de luto e indignación a esta región sacudida por la delincuencia organizada y la violencia institucional.

Es muy desgastante que en México los familiares de las víctimas tengamos que salir a buscar a nuestros desaparecidos y a armarnos con pico y pala para ir a desenterrar fosas clandestinas  ante la desesperación de ver que la PGR ni se interesa por investigar, dice Fernando Oseguera Flores, padre de un joven ingeniero recién egresado de la Universidad en Baja California.

En una reunión nacional de defensores de los derechos humanos, en la que la Comisión Mexicana del ramo entregó 150 mil firmas al gobierno para exigir respeto a las garantías de los representantes de colectivos y Organismos No Gubernamentales (Ong’s) en el noroeste del país, coinciden por separado que hay un terrorismo de Estado selectivamente dirigido, contra gente que está denunciando las violaciones.

Esto es una pesadilla, señalan, tan solo en Sinaloa, conforme al Registro Nacional de Personas Desparecidas, hay reportadas mil 800 personas solamente en los últimos nueve años, pero quienes estamos más de cerca en la búsqueda y rastreo de cuerpos de las víctimas reportadas y no como desaparecidas, sabemos que sube a 18 mil si no es que más, porque no se cuentan las de los sexenios anteriores de la llamada “guerra sucia” y los expedientes de los 90.

En la zona serrana de Sinaloa hay cientos de familias que aún recuerdan a sus familiares desaparecidos y otros que quedaron tirados, sin vida y dispersos entre las veredas de arroyos o sobre las laderas de caminos y montes cuando el Ejército entró al “triángulo dorado” y por parejo mataba a mujeres y hombres, sean niños o adolescentes, asesinados muchas veces hasta por encubrir el paradero de sus padres. Muchos de ellos emprendieron el desplazamiento forzado al quemarse sus viviendas y otros corrieron la mala suerte de quedar ahí, tendidos sobre los pisos o los patios de sus casas.

Los activistas informaron que al hacerse los trabajos de excavación para instalar el gasoducto, en los municipios serranos de Choix, Ahome y El Fuerte, se han encontrado fosas con osamentas de gente ejecutada, y lo mismo está ocurriendo en Nuevo León, Guerrero, Veracruz, Michoacán u otros, pero el Gobierno oculta los casos.

Y no es solo Sinaloa, que está en el quinto sitio con más desapariciones forzadas. En todo el país hay fosas clandestinas. México se convirtió en el mayor cementerio abierto del mundo. Desde los años 40 que empezaron a emigrar braceros a Estados Unidos se reportan personas cuyos cuerpos todavía son buscados por sus familiares.

Para el abogado sinaloense Miguel Ángel García Leyva, en el contexto actual hay una grave crisis de derechos humanos.

“Nos encontramos en un país con gobernantes que provocan y cometen genocidios, donde el terrorismo de Estado se ha vuelto cotidiano.  En México el estado de derecho está basado en la ilegalidad y por tanto está contaminado. Eso se refleja en casos tan preocupantes como los crímenes de lesa humanidad, y no solo hablamos de desapariciones forzadas sino también de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, tortura”.

Al narrar sus experiencias, argumenta que buscando a cinco, diez, veinte o cien desaparecidos te encuentras mil fosas clandestinas en diversos estados. Por todos lados están surgiendo ejércitos de rastreadores formados por familiares de personas desaparecidas que buscando a sus parientes han encontrado hasta mil fosas clandestinas y esto se sale del asombro.

“Estamos hablando de un genocidio, algo extremadamente grave, estamos peor que en los países en guerra porque vivimos en un estado de derecho simulado, arropado, encubierto  y rebasado por la ilegalidad y esto es macabro, fatal porque en un país que se supone está gobernado por civiles no debe ocurrir”, dice García Leyva.

“Los mexicanos estamos viviendo un gobierno de lo peor. Estamos en un estado de excepción. Da horror saber que el Estado está como garante de tus derechos sabiendo de toda la violencia institucional que hay contra todo el que protesta y defiende sus derechos. Se pensó al principio que era la delincuencia organizada, pero la realidad es que las mafias de narcotraficantes no operan por sí solas si no es con la complacencia y protección propia del Estado”.

Afirma que “la gente no denuncia los casos de familiares desaparecidos o las violaciones de sus derechos por temor a ser perseguidos o acosados por esa violencia institucional que silencia lo que ocurre a diario en el país. Les dicen que andaba mal el muchacho y que pertenecía al crimen organizado y con eso se justifican o en el peor de los casos intimidan a los familiares para que dejen de insistir. La delincuencia organizada es un alma de Dios comparada con la violencia que ejerce el Estado”.

Con cierto desencanto expone que aunque ahora hay más activistas y más lucha social, el respeto a los derechos ha ido en franco retroceso, porque el Gobierno Federal, en vez de salvaguardar los intereses de los mexicanos, defiende los de compañías trasnacionales que están propiciando una escalada de atropellos contra defensores del medio ambiente y los derechos humanos.

Investigación propia

Fernando Oseguera inicio su incursión en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas en el 2007, a raíz del secuestro de su hijo, un ingeniero recién titulado que fue interceptado por un comando vestido con uniformes de policías adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones, y no regresó jamás.

Desde entonces ha tocado puertas y dialogado con gobernadores, procuradores, diputados, senadores y por lo menos pudo lograr que se atrapara a la banda que desapareció a su hijo.

Pero el derecho que tienen los sicarios a no declarar, ha entorpecido las investigaciones, por lo que desde hace ocho años empezó a buscarlo por su cuenta. Dice que en el camino ha visto mucho cochinero y a veces le dan ganas de dejar todo, pero siempre está la voz silenciosa de su hijo que le empuja a seguir.

Así, narra su viacrucis y comenta que resignados ante el desinterés de la autoridad que jamás investiga los casos, él y un grupo de familiares de víctimas en Baja California, con pico y pala en mano empezaron desde el 2009 a recorrer veredas y montes señalados por testigos anónimos, quienes les dan pistas sobre fosas con cuerpos a cambio de gratificaciones que entregan a sus familias.

Cuando se dio la detención de Santiago Meza, el Pozolero, recuerda que le llegó a su casa en forma anónima el expediente en copia de este delincuente, donde se indicaba la lista completa de los sitios donde había enterrado todos los cuerpos y así fue como empezó a excavar sepulturas clandestinas con la esperanza de encontrar los restos de su hijo y los que se van sumando en el camino.

La ruta del Pozolero permitió dar con tres predios donde encontraron las primeras dos fosas con alrededor tres mil partes de huesos, 500 partes dentales, frenos, tornillos quirúrgicos. Le indicaron a la autoridad el sitio para que iniciara las investigaciones y a la fecha, todo está sin avanzar. Se queja con resignación al señalar que las Ong’s están haciendo el trabajo investigativo de la autoridad.

Y en esta misma situación, dice, están los padres de los 43 normalistas y muchos otros familiares del interior del país que a diario rastrear parajes solitarios donde pudieran estar sus familiares, que han sido asesinados o desaparecidos.

No hace poco, un detenido quiso dar pistas sobre una fosa y en lugar de rentar helicóptero para tomar fotografías, optaron por comprar dos drones con cooperación de las familiares y el esfuerzo de localización tuvo mejores resultados en la localización de sitios. Entre el monte y a unos kilómetros encontraron una fosa con cincuenta cuerpos.

“No entiendo cuál es la situación de la PGR —se pregunta—, pasó de  una unidad de búsqueda a unidad especializada mediante el acuerdo 009, pero de nada sirvió. La PGR quedó totalmente rebasada. En la Unidad de Búsqueda que se instituyó con el ex procurador Jesús Murillo Karam, hay mil 175 averiguaciones previas en toda la República y alrededor de 25 agentes del Ministerio Público.

Los agentes de la SEIDO, agregó, tienen un promedio de 250 a 300 averiguaciones previas cada uno “¿Cuándo cree usted que se va a resolver esto?  Está colapsado el trabajo de investigación criminal por parte de SEIDO y del grupo de búsqueda. A mí nunca me han negado la atención, pero les he dicho que ya basta”.

Dijo que en la Comisión Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos están haciendo un frente común para exigir que se investigue y busquen a los desaparecidos.

“Por fortuna o por desgracia, yo ya me he resignado y miro las cosas con más frialdad y no me irrita como al principio el hecho que tenga yo que cavar una fosa con la esperanza de que el cuerpo de mi hijo pueda estar ahí. “A veces me quiebro porque llevo ya ocho años escarbando parajes para ver si lo encuentro. Y vivir con esa angustia es cruel”, señaló.

Manifestó que ayudar a otra persona a buscar a sus familiares desaparecidos lo incentiva a no dejar de investigar el paradero de su hijo.

“Ahora solo quiero recuperar su cuerpo porque en esos restos está una parte de mí”.