bateria-copia
Dec 132016
 

Para el nuevo jefe el abuso policial es un derecho humano

Ciudadanos son culpables de agresiones policiacas: Héctor Benítez
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró que el uso de la fuerza está amparado por recomendaciones de la CNDH
Por: Fernando Trejo Lugo
José Héctor Benítez López, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, responsabilizó a las personas que sufrieron agresión física y extorsión de policías municipales (Tribuna de Querétaro 708 y 709) de las afectaciones que tuvieron, debido a que no detuvieron sus vehículos cuando se les indicó ni tampoco hicieron caso a las señales “luminosas” de las patrullas.
“Los conductores no obedecen los ademanes o las señales acústicas o luminosas de los vehículos; entonces, se tiene que establecer cierta responsabilidad, porque no se detienen.
“Si estas personas no quieren detener sus vehículos, nosotros tenemos la obligación de hacerles detener su marcha. Si no quieren cooperar, es por algo”, sentenció.
Asimismo, Benítez López justificó el uso de la fuerza pública con base en “la recomendación 12 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”. Habitantes de las colonias San José el Alto y Las Rosas, entre ellos una mujer y un hombre de 69 años, sufrieron agresiones físicas de policías municipales, en hechos ocurridos en el municipio de Querétaro.
Determinó que en los casos de ‘abuso policiaco’ (Tribuna de Querétaro 708, 709) el uso de la fuerza es admitido. “Sí se justifica porque hay documentos internacionales así como acuerdos secretariales para el uso de la fuerza, y la recomendación 12 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos establece que podemos utilizar la fuerza”.
El representante de la Policía Municipal señaló que la corporación que él dirige se tiene que apegar a seis principios constitucionales y que, en caso de incumplir alguno, estarían incurriendo en una falta administrativa o, incluso, en delito.
“Tenemos que ajustar nuestro actuar a los principios constitucionales de la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos. Si en un momento determinado esos oficiales actuaron fuera de esos principios, se tiene que levantar la denuncia, como atinadamente lo hicieron los quejosos en el Ministerio Público (M.P.). Si hay delito que perseguir, pues, adelante”.
Héctor Benítez señaló que tres casos en una semana no son suficientes para que el ciudadano de Querétaro deje de confiar en la institución policiaca.
“Somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y si está la ley de nuestra parte, la tenemos que hacer cumplir sino, de entrada, estaríamos actuando de forma incorrecta. Por eso es muy importante empezar a ganarse la confianza de la propia sociedad”.
El titular de la SSPM afirmó que en caso de que se hayan realizado las denuncias pertinentes, éstas tendrán que proceder, aunque aclaró que las instituciones correspondientes aún no revisan los casos.
Dijo que se trata de “tres eventos que todavía la autoridad competente no revisa y no sale a decir qué fue lo que pasó, con evidencias y con todo lo que ello implica; entonces, yo no puedo salir, en un momento determinado, y decir si fue o no fue. Tengo conocimiento que se dio parte a la Visitaduría (de la Defensoría de los Derechos Humanos), se dio vista al M.P., (que) tiene que proceder”.
A pesar de esto, el integrante del gabinete del alcalde Roberto Loyola Vera mencionó la importancia de la formación de los oficiales: “Procuro la buena conducta del personal, todos los días se trabaja para que eso suceda y eso es lo más importante”.http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/4035-ciudadanos-son-culpables-de-agresiones-policiacas-hector-benitez

Dec 122016
 
El ahijado incomodo de Martín Orozco.

El ahijado incomodo de Martín Orozco.

El conductor de Infolínea José Luis Morales tachó a los periodistas sicarios en la nómina de Jorge López de mentir ya que no golpeó al diputado como circuló en medios de comunicación y redes sociales.

Jorge López es un diputado federal impulsado por el actual gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, es un neopanista invitado por Orozco a su equipo luego de que Luis Armando Reynoso Femat lo derrotará en una elección a gobernador. Ahora el mismo Reynoso lo hizo gobernador.

José Luis Morales filtró una llamada donde Jorge López es vinculado a narcos que habrían financiado la campaña del gobernador Orozco.

Morales aclaró que las cámaras de seguridad desmiente al diputado ya que sólo alcanzó a mentarle la madre, decirle sus verdades y empujarlo antes de que Jorge el Enano López, corriera con siempre lo hace para echarle bola a Morales con guardias de seguridad como es su costumbre valiendose por supuesto de fueros e intrigas.

Nov 232016
 

En distintos puntos de la ciudad, Policías Municipales del grupo motorizado Centauro, detuvieron a dos personas de sexo masculino que portaban entre sus pertenencias hierba verde y seca con las características de la marihuana.

En el Andador del Aura y Paseo de la Asunción del Infonavit Pilar Blanco, fue detenido CESAR NN de 40 años de edad, a quien se le encontró en la bolsa delantera derecha del pantalón un envoltorio con 5 gramos de hierba verde y seca con las características propias de la cannabis, siendo trasladado directamente a la Fiscalía General del Estado.

Más tarde, en las calles de Francisco I. Madero y Francisco Villa del fraccionamiento Salto de Ojocaliente, fue detenido JOSÉ DE JESÚS NN de 20 años de edad, a quien se le encontró en el interior de una mochila en color rojo con blanco, un envoltorio de polietileno en color amarillo, el cual contenía en su interior hierba verde y seca con las características propias de la cannabis, dando un peso de 13 gramos, siendo trasladado directamente a la Fiscalía General del Estado,

Nov 202016
 

Entre el halago a los políticos y la mediocridad imitadora, los medios de comunicación en Aguascalientes, vivieron una revolución desde el nacimiento de Objetivo7 ya que para competir tuvieron que contratar periodistas de verdad y evolucionar en sus contenidos (algunos favoritos del nuevo gobernador ni siquiera tenían fotos, ni tiene hasta ahora diseño, ni contenido pero para justificar el derroche los aplauden como profesionales cuando algún ex gobernador colabora con ellos o cuando grillan contra los verdaderos periodistas) pero al final siguen viviendo del padrinazgo, de los amigos, del chayote oculto y disfrazado, desvergonzados unos y otros se echan porras y se entregan dineros del erario en un reflejo de lo que hacen con los contratos de obras, de servicios, de proveedores, sólo los amigos valen desincentivando la economía al atacar directamente a los que si circulan y tienen tráfico, dejando de lado la competitividad que es la que en una sociedad evolucionada tendría que ser reconocida.

independencia-1

Nov 162016
 

Nov 162016
 

MEXICALI, Baja California.- En el marco de los Diálogos para crear la Comisión Internacional de Justicia y Verdad en México, convocado en Mexicali por el Frente Refundación y un grupo de organizaciones de derechos humanos locales, dos agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República intentaron llevarse a la delegación a la periodista Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press, “para hacerle unas preguntas por sus versiones publicadas sobre el Caso Wallace”.

La periodista ha publicado una serie de reportajes desde mayo de 2014 que evidencian rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, como documentos oficiales tramitados en 2010, conversaciones telefónicas grabadas después del 11 de julio de 2005 (fecha de supuesto secuestro) y siete testimonios de personas que declararon haberlo visto en años recientes, entre otras informaciones que revelan inconsistencias en la versión dada por Isabel Miranda Torres a las autoridades judiciales.

Durante el evento en el Instituto de Investigaciones Culturales de Universidad Autónoma de Baja California, Sergio Saldaña Zorrilla, coordinador del Frente Refundación, hizo una presentación sobre la situación de México en materia de derechos humanos y mencionó los casos de impunidad más emblemáticos, entre estos, el Caso Wallace. El testimonio de este caso estuvo a cargo de Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, torturada y encarcelada junto con seis personas más por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, el cual no ha podido acreditar pericial ni científicamente la PGR.

Los agentes, quienes se identificaron con gafete y declararon ser agentes ministeriales de la procuraduría, mostraron una “citación” dirigida a la periodista con el nombre de Guadalupe Lizárraga Montoya, mismo que no corresponde su segundo apellido, por lo que la periodista rechazó el documento y exigió que además se le entregara en su domicilio en California, y no en un evento académico en México, donde se encontraba de visita participando como organizadora.

Los agentes señalaron que venían de la Ciudad de México expresamente a entrevistarla por sus versiones publicadas sobre el Caso Wallace, “distintas a las versiones de la autoridad judicial”, por lo que la periodista respondió que “a quien tenían que entrevistar era Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace quien fue denunciada formalmente ante la PGR por los familiares de las víctimas de fabricación de delitos y tortura para simular el caso Wallace”.

Ante la insistencia de los agentes, Guadalupe Lizárraga echó en cara la falta de capacidad profesional y ética de la PGR, y dijo a los agentes que ellos “estaba trabajando para una criminal de derechos humanos, mientras que había siete personas que fueron encarceladas y torturadas para sostener un crimen que nunca sucedió”.

Unos once dirigentes de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos locales presenciaron los hechos ocurridos en el auditorio del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California, entre éstos Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, quien destacó que la irrupción de los agentes ministeriales en el recinto universitario era una violación a la autonomía de la universidad por parte de la autoridad judicial, además de ser “incriminatorio” para Lizárraga por su trabajo periodístico.

Por su parte, Miguel Ángel García Leyva, asesor legal de la Asociación Esperanza contra la desaparición forzada y la impunidad, enfatizó en la gravedad de los hechos, al tratarse de un hostigamiento directo a la libertad de prensa, por lo que se requería una acción urgente para frenar esta violación a los derechos fundamentales de Lizárraga como persona y como profesional del periodismo.

Ambos testigos, Ramírez Baena y García Leyva ofrecieron a la periodista ser sus representantes en México ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poner la queja y llevar las acciones correspondientes de denuncia.

Raúl Ramírez Baena, Miguel Mora, Sergio Saldaña Zorrilla, Enriqueta Cruz y Miguel Ángel García Leyva en Diálogos para crear la Comisión de Justicia y Verdad en México. Foto: Los Ángeles Press

Nov 112016
 

Ciudad de México – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy públicamente el Plan de Trabajo del Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar otorgada en favor de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la CIDH, en relación con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, México.

La CIDH solicitó al Estado mexicano el 3 de octubre de 2014 determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, como un requerimiento de la Medida Cautelar 409/14. Transcurridos dos años, este objetivo continúa incumplido. El mecanismo dará seguimiento y supervisión a las medidas que adopte el Estado a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar y a las recomendaciones de los dos informes del GIEI. Esto incluye la necesidad de avanzar en la búsqueda de verdad y justicia en este caso.

Los integrantes del Mecanismo de Seguimiento presentan el plan de trabajo en el marco de su primera visita a México, en la cual se realizan reuniones con autoridades estatales y con los familiares de los estudiantes y sus representantes, a fin de presentarles el plan de trabajo y explicar los detalles de la metodología.

“El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, y es necesario seguir en todas las líneas factibles de investigación actualmente en desarrollo”, dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro. “La principal deuda que tiene el Estado con los estudiantes, sus familiares, y la sociedad toda, es investigar hasta establecer la verdad de los hechos”, agregó.

Por su parte, el Relator de la CIDH para México y coordinador del Mecanismo de Seguimiento, Comisionado Enrique Gil Botero, señaló que a los efectos de conducir una investigación efectiva que llegue a la verdad, el GIEI incluyó recomendaciones técnicas específicas, cuyo cumplimiento está pendiente.

“El segundo informe del GIEI es muy preciso en el análisis de los problemas que tuvo la investigación y las recomendaciones para resolverlos”, señaló. “Abarca desde las limitaciones y obstrucciones que enfrentó la investigación, la ausencia de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos, la falta de atención adecuada a los familiares, la revictimización, y las deficiencias de los informes médicos realizados a las personas detenidas tras las denuncias de haber sido torturadas”, explicó Gil Botero.

“La misión del Mecanismo de Seguimiento es supervisar el cumplimiento de la Medida Cautelar y de las recomendaciones del GIEI. Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia”, agregó el Comisionado.

El plan de trabajo consta de cuatro objetivos fundamentales: el avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y las medidas estructurales de no repetición. El mecanismo de seguimiento está integrado por el Comisionado Gil Botero como coordinador, quien además cumplirá una función de portavoz, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. También podrán participar en el mecanismo otros Comisionados. De acuerdo a la resolución 42/16, el mecanismo de seguimiento tendrá acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información. El plan de trabajo detalla el cronograma tentativo de las visitas a realizar, en coordinación con el Estado, así como el seguimiento a través de audiencias públicas y reuniones de trabajo.

“Agradecemos al Estado la garantía de los recursos necesarios para el funcionamiento del Mecanismo, el alto nivel técnico del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y su conocimiento detallado del caso estarán al servicio del Mecanismo de Seguimiento”, explicó el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Nov 052016
 

 

 

728d88c0d8dad1a436-ogp151030-cndh13-c-702x468La directora del semanario Zeta, Adela Río Doce.- Navarro Bello, dio a conocer que en días recientes distintas personas se comunicaron con ella para informarle que colaboradores del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, iniciarán una campaña de desprestigio en su contra.

En una columna titulada: “Periodismo de investigación vs campañas negras”, Navarro destaca que esos ataques desde el gobierno estatal tienen que ver con información difundida por Zeta sobre los malos manejos en la administración gubernamental de Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o las arbitrariedades o conductas irregulares denunciadas sobre el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en el ámbito local y en el nacional, del adeudo del gobierno de Francisco Vega con la Universidad.

A continuación, el texto publicado por el semanario este viernes 4:

En los días recientes, distintas personas por distintos medios, se han comunicado con quien esto escribe y con personas allegadas, para decir lo mismo: colaboradores de Francisco Vega de Lamadrid, el gobernador del Estado, iniciarán una campaña de desprestigio contra tu persona. De manera sistemática ese fue el mensaje; en alguna ocasión incluyeron como objetivo de la campaña también a la periodista Dora Elena Cortés Juárez.

En mi caso fueron contundentes: Referirán públicamente infamias con tu vida privada como protagonista. Días después, la información se hizo pública. En los periódicos El Mexicano y El Informador, en el portal noticioso AFN Noticias, en Radio Enciso y en redes sociales, la versión era la misma: hay personas relacionadas con el gobierno, intentando desprestigiar a la directora de ZETA.

Hace unos meses, la Unesco nos convocó a un foro sobre seguridad para comunicadores. Ellos quisieron sumarse a la red de protección y defensa de los periodistas en el mundo. Cuando hablamos de las difamaciones, refirieron que tal acción era un atentado a la libertad de expresión en la modalidad de ataque a la moral y la credibilidad de una persona para acabar con un medio.

Algo así sucede en Baja California en estos momentos y desde hace tres años. Justo cuando el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid dio inicio. Será coincidencia o un acto premeditado, pero así ha sucedido. Si el tema que les preocupa es periodístico, estamos a sus órdenes y públicamente en el mismo lugar donde inició este proyecto periodístico hace ya 36 años.

No nos escondemos ni acudimos al anonimato. Somos responsables, suscribimos y sostenemos lo que aquí se ha publicado por el equipo de editores, reporteros y fotógrafos. Si quieren encontrarme aquí estoy, en el semanario ZETA, en Américas 4633 Fraccionamiento El Paraíso, en La Mesa, Tijuana, en los teléfonos 664 6816913 al 17 y en correo electrónico adela@zetatijuana.com, para cualquier información, aclaración o si buscan derecho de réplica –aun cuando tenemos como principio buscarlos para entrevista y normalmente nos la niegan–, el espacio aquí está para una carta, una aclaración.

Pero si el tema es atacar la vida privada de un periodista para acabar con la moral y la credibilidad de un medio, se equivocan. El periódico que codirijo con César René Blanco Villalón desde su fundación ha respetado la vida privada de los funcionarios públicos. Y no por falta de información, sino por principio y compromiso periodístico. El interés público es sobre el desarrollo del gobierno y quienes en él se mueven, siempre y cuando no crucen la delgada línea que separa la vida pública de la vida privada, mezclando la primera con la segunda generalmente en el ejercicio y aprovechamiento del presupuesto.

A raíz de publicaciones sobre los malos manejos en la administración gubernamental de Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o de las arbitrariedades o conductas irregulares denunciadas sobre el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en el ámbito local y en el nacional, del adeudo del gobierno de Francisco Vega con la Universidad, supimos que desde la coordinación de Comunicación y las secretarías de Finanzas y Desarrollo Económico, iniciarían una campaña de desprestigio.

Esa información se hizo pública la semana que termina. El miércoles 2 de noviembre, Gerardo Fragoso, un columnista del periódico El Mexicano, publicó: “En los próximos días, una de las periodistas más reconocidas de Baja California podría enfrentar una dura campaña de desprestigio… (Consiste) en publicar diversas infamias sobre la vida personal de Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA… Quien platicó con nosotros nos dijo que la razón por la cual tiene a Navarro entre ceja y ceja, era por exhibir los pecados de Carlos Humberto Bonfante Olache y Antonio Valladolid Rodríguez”. El columnista señala que los personeros de quienes amenazan con una campaña contra mi persona, han ofrecido dinero a cambio de publicar tales dichos.

El jueves 3 de noviembre en la columna principal del periódico El Informador que dirige Luis Fernando Vázquez Bayod, publicaron con el título “campaña de desprestigio” lo siguiente: “No se ha dicho de dónde, no se ha dicho de parte de quien, pero al parecer ha iniciado una campaña de desprestigio contra la codirectora del semanario ZETA, Adela Navarro Bello. Los ataques no van exclusivamente contra su reconocida trayectoria profesional, pues han comenzado a echar tierra, de forma sucia y vulgar, a su vida personal. En esta casa editorial hemos recibido supuestos pitazos informativos vía correo electrónico en los que se mencionan todo tipo de calumnias contra la persona de la periodista…”. Finaliza el texto: “Una campaña infundada contra una figura como Adela Navarro es un ataque a la libertad de prensa y, por lo mismo, un ataque contra otros medios de comunicación”.

Unas horas antes, en el portal AFN de la periodista Dora Elena Cortez, la misma publicó: “Apenas ayer comenté con Roberto Karlo López Páez, director de Comunicación Social del gobierno del estado, que tenía información muy precisa en el sentido de que el ‘dilecto’ ‘director de imagen’ del gobernador Kiko Vega, el exreportero Jorge Alberto Cornejo Manzo, estaba instrumentando sendas “campañas sucias o negras” en contra de la compañera Adela Navarro Bello, codirectora del semanario Zeta y contra una servidora, porque estaba sumamente molesto por el hecho de que hubiésemos criticado sus argucias para acallar a la prensa, sobre todo en el tema del adeudo del gobierno del estado con la Universidad Autónoma de Baja California”.

Otros periodistas han sido solidarios con ZETA. Incluso nos han revelado cómo Jorge Cornejo, quien trabaja de subordinado de Roberto Karlo López, pero contratado por el gobernador Francisco Vega, se ha apersonado en algunas redacciones, y comunicado a otras, para ordenar no se aborde un tema –éste en específico–, se saque de circulación una nota, con la amenazada que de no hacerlo se les cortaría o rebajaría el convenio publicitario a los medios.

Al cierre de edición, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que encabeza Melba Olvera, emitió un comunicado, “Urge CEDHBC a garantizar el respeto al libre periodismo”, donde informa que “reiteró un llamado enfático a las autoridades de gobierno, en especial al Ejecutivo del estado, para que instrumenten acciones orientadas a la garantía y el respeto al ejercicio libre del periodismo”.

Además, iniciaron el expediente 120640/4VG para investigar “posibles vulneraciones a los derechos humanos derivados de estos hechos”. Insisto: en ZETA desde su fundación el 11 de abril de 1980, hemos participado en la vida de Baja California con periodismo de investigación, análisis y opinión.

Hemos mantenido una línea editorial crítica, contestataria, anti oficialismo. Hemos sido amenazados por narcotraficantes. Generalmente del mismo cártel que asesinó a nuestros compañeros Francisco Javier Ortiz Franco y Luis Lauro Valero, y desde el cual intentaron quitarle la vida al director fundador, J. Jesús Blancornelas, el cártel de los hermanos Arellano Félix.

También hemos sido presionados por políticos, funcionarios y gobiernos, pero no hemos cedido a ese hostigamiento. ZETA se mantiene firme en su compromiso con el periodismo, la información veraz, y sostiene todas y cada una de las letras aquí publicadas desde 1980. Nuestro trabajo es en aras de la transparencia, la justicia social, el buen gobierno, la democracia, la seguridad y el bienestar. No hemos comprometido nuestra línea editorial y no lo haremos, el derecho a informar y ser informado supera en mucho la pequeñez de cualquier funcionario que corruptamente manipulando el dinero público pretenda orquestar alguna campaña de desprestigio.

A quienes se han solidarizado con nosotros, gracias. A nuestros compañeros periodistas que no han hecho eco de la campaña de desprestigio, nuestra solidaridad y confianza. A quienes desde el anonimato, con recursos públicos e infraestructura gubernamental pretenden presionar para inhibir la publicación de irregularidades, les decimos que en ZETA seguiremos, más allá de amenazas, haciendo periodismo de investigación, respondiendo a la denuncia ciudadana, cerca de la sociedad y lejos del gobierno.

Nov 022016
 

Ajo Blanco/Cuauhtémoc Villegas Durán

A todos mis muertos, esos que me arrancaron un pedazo de vida…

“Más vale morir de pie que arrastrarse como un gusano”, Zapata.

Acostumbrados a revolcarse juntos en el cochinero del desprestigio de la corrupción y la mediocridad, los diputados le han regalado un premio de periodismo a sus cuates, a los que dicen que los gobernantes corruptos y saqueadores son “hombres de Estado” y como no lo van a decir si los mantienen a ellos y sus medios por muy “prestigiosos” que sean pero que, al final, viven del erario, aunque ahora se digan grandes cuando imitaron a Objetivo7 porque antes pensaban que el periodismo era recojer declaraciones de políticos, aunque echen lodo a esta empresa para seguir recibiendo los favores del poder como los chayoteros prostitutos que son, aunque se disfracen de intelectuales. Hasta los dictadores tienen sus “intelectuales”.

Cuando hace tres años le plantee a Marco Arturo Delgado un premio de periodismo para reconocer a periodistas independientes le dije que tendrían que ser libre del gobierno y como el Premio Nacional de Periodismo. Hoy, todos sabemos que el premio es para sus amigos a los que mantienen porque les sonríen y se pican el ombligo. Que los que saben tragar mierda se la coman, sus amigos diputados ya les sirvieron la mesa.

Cómo estos señores del sistema hablan de competencia cuando a uno le echan a la policía y sus guardaespaldas mientras a otros les dan charola de la Secretaria de Gobierno, vales de gasolina, favores, chayotes y/o chayotes disfrazados de publicidad y no se diga la bendición del gobernante en turno, el padrinazgo que enferma al país, los cientos de miles o millones para medios electrónicos sin tráfico ni calidad, impresos sin circulación real. Los diputados tenían que salir con su batea de babas y sus intereses mezquinos por delante.

Oct 312016
 

Diagonal.- El otoño empieza caliente en el Rif. La muerte de Mohssine Fikri B. en la ciudad de Alhucemas (norte de Marruecos), ha supuesto una ola de movilizaciones por todo el Estado marroquí. En las redes sociales se ha llegado a comparar a Fikri con Mohammed Bouazizi, el joven vendedor ambulante tunecino que se inmoló el 17 de diciembre de 2010 en protesta por la confiscación de su puesto de frutas, uno de los desencadenantes de las revueltas populares en Túnez. La muerte de Fikri ha evocado el recuerdo de los cinco jóvenes que murieron durante las protestas del 20 de febrero del 2011, y que tuvieron lugar en Alhucemas.

Mohssine Fikri, de 31 años y natural de la provincia Alhucemas (Marruecos), vendía pescado en su puesto ambulante, cuando la policía nacional le requisó la mercancía por venta ilegal. Las autoridades hicieron llamar al camión de la basura y lanzaron el pescado incautado. Mohssine no dudó en meterse en la compactadora del camión para salvar su pescado, “su único medio de vida”, explicaba su hermano para la televisión. Con desenlace fatal, ser aplastado y morir en el acto.

Los testigos cuentan que el agente de policía le pidió dinero a cambio de dejarle continuar vendiendo. Ante la negativa de Fikri, el agente le requisó el pescado y lo lanzó al camión. En el vídeo sobre el suceso que circula en las redes se puede ver a Mohssine tratando de salvar el pescado dentro del camión, unos ciudadanos le ayudan, cuando de repente el camión se enciende y aplasta al vendedor. Se oyen gritos: “No la encendáis, que está dentro todavía”, y después: “Lo han matado, lo han matado (en referencia a la policía)”, seguido de gritos y lloros.

Los testigos presentes no tienen dudas, los agentes de la Policía nacional, “expertos en la humillación pública de los rifeños”, explican los manifestantes, ordenaron al conductor que encendiera la máquina a sabiendas de que Mohssine trataba de salvar con sus propias manos el pescado. Los demás consiguieron salir; él quedó atrapado. También denuncian que el policía le gritó al conductor: “trituradle (en referencia a Mohssine)”.

Manifestaciones en solidaridad

Durante el día de ayer se celebró el funeral por la muerte de Mohsinne en Imzouran, en la provincia de Alhucemas. Más de 40.000 personas participaron en una gran marcha que acompañó el funeral, en unas movilizaciones sin precedentes. Las calles de la ciudad quedaron vacías, los taxis detuvieron sus motores y los comercios cerraron como protesta.

Teniendo como origen Alhucemas, las movilizaciones en solidaridad se han extendido por todo el país. Durante las protestas se hablaba de “fraternidad y justicia” en todo Marruecos. El mensaje se repetía por las calles, Fikri no es un caso aislado, sino la mecha que ha hecho explotar años de una práctica sistematizada y ampliamente conocida por toda la ciudadanía que la sufre. Los manifestantes han exigido el fin de la brutalidad policial, la corrupción, los abusos y la permisibilidad de sus mandatarios.

Las llamadas hechas desde las redes sociales hicieron el resto, invitando a salir a las calles este domingo, para denunciar el “asesinato” de Mohssin. Una tras otra se publicaron noticias de movilizaciones en diferentes ciudades. Rabat, Nador, Tetuán, Casablanca, Fez, Agadir, Marrakech y sobre todo de Alhucemas. Fikri no sólo ha levantado una ola de indignación en el Rif, y en Marruecos, sino también en la diáspora.

Las autoridades todavía no han comentado ningún detalle sobre las circunstancias de su muerte. Durante el día de ayer, el ministro del Interior, Mohammed Hassad, expresó a los medios que el rey le pidió expresamente visitar a la familia de Fikri, así como garantizar una investigación “rigurosa”. Por su parte, el primer ministro, Abdelilah Benkirane, que manifestó en un comunicado sus condolencias e instó a los miembros y simpatizantes de su partido a abstenerse de participar en cualquier tipo de protestas, en el día de hoy ha dicho que “no entiende el motivo de las manifestaciones”.

Los líderes sindicales y movimientos de izquierdas han denunciado las muertes de estudiantes, trabajadores y activistas por brutalidad policial que viene sufriendo el país desde hace décadas.

Las reivindicaciones del Rif

Entre las denuncias expuestas en las movilizaciones, que han sido pacíficas desde el inicio, se encuentran la referencia a los agentes de policía presentes en el norte de Marruecos, en su mayoría policías que sólo hablan árabe, en un territorio cuya lengua principal es el bereber, lo que dificulta la falta de comunicación.

Que haya sucedido en Alhucemas no es causa del azar. Se trata de la cuna de Aldelkrim, líder rifeño que en la década de 1920 declaró la independencia del Rif y proclamó la República (1921-1926). Aunque las malas relaciones entre el Rif y el Reino de Marruecos vienen de muchos siglos atrás, con la independencia de Marruecos en 1956, Hassan II, padre del actual monarca, mantuvo un rechazo total hacia el líder rifeño y la población de esta zona. Incluso no dudó en utilizar napalm para reprimir las manifestaciones rifeñas a finales de los años 50. Hassan II murió en 1999 dejando tras de sí una política de persecución y represión, así como no dudó en sumir en la ignorancia a un pueblo rural y negarle su identidad.

En el año 2011, con las revoluciones árabes y ante las manifestaciones que estallaron en algunos puntos del país africano en Tánger, Fez, Casablanca o Alhucemas, Mohammed VI declaró la primera Constitución del país, para tratar de hacer un guiño a la población del Rif. Por primera vez se aceptaba su lengua bajo el estatus de lengua oficial, lo que ha permitido que exista un espacio creciente en la televisión pública, la educación y las instituciones.

Durante las manifestaciones se ha visto mucha simbología en alusión a la bandera de la República, la bandera de los pueblos bereberes y retratos de Abdelkrim, símbolos que significan resistencia, además de autodeterminación.

Oct 212016
 

La organización Artículo 19 denunció la creciente criminalización del periodismo en el Estado México en su más reciente reporte donde señala tanto a funcionarios públicos y a policías de esa entidad como los principales agresores.

Son siete las agresiones que Artículo 19 denunció, el mismo número de agresiones que ocurrieron en el mes de septiembre del presente año. Con esta cifra suman ya 16 casos a dos meses de que acabe el 2016, lo que supera por dos casos la cifra total reportada en 2015 cuando las incidencias de este tipo fueron 14.

En el informe que fue publicado este miércoles 19 de octubre, la organización defensora de la libertad de expresión consideró “indignante y preocupante” la violencia contra la prensa que hay en el estado de México por lo que exigió que se garantice a esta el derecho a informar y a recibir información por parte del gobierno estatal.

Artículo 19 consideró que es indispensable que la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) que pertenece a la Fiscalía General de México, pueda investigar los hechos que en este reporte se relatan y a su vez castigue a quienes resulten culpables.

Tres casos que destacan
Dentro de los casos denunciados por esta organización se encuentra el del periodista Augusto López Velasco, quien es fundador de Prensa Universitaria de Universitarios Activistas del Estado de México. López Velasco fue despedido por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) el pasado dos de septiembre.

Este despido pudo ser en represalia contra el periodista ya que realizó denuncias de abuso de autoridades de esa institución educativa mismas que publicó en su página de internet.

La investigación del comunicador comenzó a principios de este año e implican desvíos de recursos y abusos de autoridad por parte de María de los Ángeles Manzur Quiroga, hermana del actual Secretario de Gobierno del estado, José Manzur Quiroga.

Denuncian la creciente criminalización del periodismo en México

Oct 212016
 

comision_interamericana

Noche del jueves 25 de agosto. Gabriela Díaz, del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), y Karen Mejía, de la organización Médicos Sin Fronteras, salen de una reunión con el relator especial sobre situación de defensores de derechos humanos de la ONU, Michel Forst, en Tegucigalpa. Es tarde y deciden tomar un taxi para dirigirse a casa. A mitad de camino, el conductor aparca y se baja del taxi hasta que lo pierden de vista. Poco después aparece una patrulla de cuatro policías, que se acerca a ellas y comienza a interrogarlas. “El taxi es robado, ¿dónde está el conductor?”, les preguntan en un principio. Al no obtener respuesta, empiezan a revisarles el bolso y a cachearlas, obligándolas finalmente a subir al coche policial.

La detención se llevó a cabo a pesar que se identificaran reiteradamente como defensoras, a lo que los policías respondieron con insultos y amenazas. “Llegaron a ponerme una pistola en la cabeza para que subiera al coche”, cuenta Díaz. Sin explicaciones y sin derecho a ser acompañadas por su abogado, las trasladaron a la estación de la Policía metropolitana, donde fueron liberadas tres horas después al no haber pruebas para inculparlas.

Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad, el taxista declara que las pasajeras le hicieron “preguntas extrañas” y no se ponían de acuerdo sobre la ruta que querían tomar, por lo que se sintió amenazado e interpuso una denuncia de secuestro. “No creemos la versión del taxista, en muchos de los casos de persecución a defensoras se ha intentado armar un relato alternativo para jugar al despiste”, explica Karla Lara, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

La Red denuncia que Díaz y Mejía fueron detenidas ilegalmente, expuestas de forma irresponsable a los medios de comunicación y que sus derechos, como el de la presunción de inocencia, fueron vulnerados. La Policía Nacional se ha excusado por lo ocurrido justificando que “lo único que se hizo es atender la solicitud de un ciudadano”.

Tras el suceso, el relator de la ONU Forst ha exigido al Estado hondureño adoptar inmediatamente medidas efectivas para proteger a estas personas con el fin de que puedan desempeñar su labor libremente, sin miedo ni amenazas. De hecho, desde 2010 han sido asesinados más de cien activistas, ocho durante el año 2016.

Además, Olban Milla, locutor de la radio comunitaria del COPINH, fue arbitrariamente detenido por la policía en la madrugada del jueves frente al COPINH y liberado horas después sin cargos. Milla iba a reunirse con otros miembros del consejo para viajar a Tegucigalpa, a una movilización para exigir castigo a los funcionarios que autorizaron el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, por el que asesinaron a Berta Cáceres.

Lo ocurrido pone de manifiesto una vez más la vulnerabilidad que viven los defensores en Honduras. El hostigamiento es habitual y en el peor de los casos termina en asesinatos como el de la líder indígena Berta Cáceres. “Su muerte mandó un mensaje claro a las defensoras y la persecución que vivimos es un aviso para amedrentarnos. Los y las líderes públicas están en peligro”, alerta Lara, y añade que los miembros de organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) son los más vulnerables por defender derechos territoriales en contra de los intereses privados.

En un contexto de violencia y militarización tras el golpe de Estado de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe indica que el riesgo que los defensores enfrentan es grave hasta el punto de ser uno de los países más peligrosos para los activistas, donde el 90% de los delitos quedan impunes.

Impunidad y proyecto de ley ‘Berta Cáceres’

Congresistas estadounidenses presentaron en junio el proyecto de ley “Berta Cáceres para los Derechos Humanos”. El objetivo es que EE UU cese la ayuda militar a Honduras –18 millones de dólares en 2016– hasta que el Estado investigue denuncias e implemente las correspondientes penas a militares y policías involucrados en asesinatos.

Son ocho los homicidios durante 2016, entre los cuales se encuentra el de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido hace seis meses; el de Nelson García, pocos días después, y el más reciente, el caso de Lesbia Yaneth Urquía, personas identificadas con las luchas de los pueblos indígenas y en contra del modelo extractivista.

Amnistía Internacional ratifica que la mayoría de los casos de agresiones denunciadas por personas defensoras, incluyendo los homicidios que deben ser investigados de oficio, se quedan estancados en las investigaciones preliminares.

Oct 212016
 

joseangelflores_honduras_redinformativah

El presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores, fue asesinado ayer, martes 18 de octubre, en la comunidad La Confianza, en Tocoa, Honduras. Según informan desde la organización Soldepaz Pachakuti, el dirigente del MUCA fue ametrallado en el taller de mecánica que la organización campesina tiene en la Comunidad de La Confianza, supuestamente por cuatro hombres. Otra persona más, Silner Dionisio George, también resultó y fue llevado aún con vida al Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, donde murió minutos después.

El presidente del MUCA tenía medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pero dichas medidas nunca fueron cumplidas por el gobierno hondureño, según afirman desde Soldepaz.

Pocos días después del asesinato de Berta Cáceres, en la Esperanza, José Ángel Flores fue detenido ilegalmente por la Policía hondureña, pero fue puesto en libertad horas más tarde. En esa ocasión, miembros de su familia también fueron requeridos por los cuerpos de seguridad del Estado.

Leer más: “Honduras es el país más peligroso del mundo para ser ecologista”

Hace pocos días la organización que presidía Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cuyo coordinador Tomás Gómez sufrió también un atentado con armas de fuego el pasado 9 de octubre, había exigido que cesara la persecución y los asesinatos en el Aguán.

Desde Soldepaz señalan que, poco después del asesinato, el embajador de Estados Unidos, James Nealon, se apresuró a enviar mensajes de condena, reclamando “una investigación inmediata y exhaustiva”. “Debe recordarse la implicación de EEUU en el golpe de estado contra Zelaya y el protagonismo directo que se le achaca a la candidata Clinton en aquella defenestración antidemocrática que generó nuevos atropellos a los derechos humanos, también en el valle del Aguán donde las organizaciones campesinas llevan docenas de años tratando de recuperar tierras que han sido apropiadas por terratenientes de la palma aceitera”, apuntan desde la organización.

Leer: “Honduras es un Estado en guerra altamente militarizado”

En esta zona de Colón precisamente se están recordando los 19 años del asesinato de Carlos Escalera líder ambientalista y dirigente popular de Tocoa asesinado hace 19 años y de cuya muerte asumió responsabilidad el pasado año el Gobierno de Honduras

Oct 212016
 

Un tribunal penal de primera instancia de la localidad venezolana de Valencia ha ordenado la prohibición de salida del país del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, y otros siete opositores, informó este viernes el propio dirigente en la red social Twitter.

La prohibición de salida del país afecta también al secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, según la orden del tribunal publicada por Capriles en su cuenta en Twitter, que no específica los motivos de esa decisión.

El escrito del tribunal va dirigido al director del Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (Saime), Juan Carlos Dugarte, para que haga efectiva la orden. Además de a Capriles y Torrealba, el tribunal prohíbe la salida del país a los opositores Ramón José Medina, José Luis Cartaya, Oscar Antonio Barreto, Ricardo Francisco Sucre, Luis Ernesto Aparicio y Arnoldo Gabaldón. La orden no detalla las razones de la prohibición de salida del país del grupo de opositores.

El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, había instado el jueves a que se detuviese a los responsables del supuesto fraude realizado por la oposición en la recolección de firmas para el revocatorio.

“Esperamos que ahora se busque a los responsables, se ordene su detención y vayan a prisión por el engaño que han hecho”, dijo Diosdado en el estado de Monagas después de confirmar que un tribunal de esa entidad había anulado la recogida de firmas con las que se había activado el proceso para el revocatorio.

Otros cuatro tribunales de otros tantos estados gobernados por el chavismo decretaron también el jueves la anulación de la recogida de firmas realizada por la oposición por supuesto fraude, lo que llevó posteriormente al Poder Electoral a suspender la recogida del 20% de apoyos al revocatorio en todo el país, prevista para la próxima semana.

En el mensaje de Twitter en el que Capriles publicó la orden judicial con la prohibición de su salida del país, el también gobernador del estado Miranda aseguró que “pierden una vez más su tiempo”.

“Y acá nos dictan prohibición de salida del país!Pierden una vez más su tiempo!Atentos a los anuncios en las próximas horas!”, escribió el excandidato presidencial. Los dirigentes de la MUD rechazaron unánimemente ayer la decisión del Poder Electoral de suspender la recolección del 20 por ciento de apoyos y anunciaron que durante este viernes anunciarán las acciones que emprenderán a partir de ahora.

Oct 202016
 
Impunidad garantizada. Mito/Objetivo7.

Impunidad garantizada. Mito/Objetivo7.

Oct 172016
 
Oct 172016
 

la-bestia

Objetivo7

Aguascalientes, México.- José Luis Morales conductor de Infolínea y dueño de un conglomerado de medios de comunicación denunció acoso por parte de la Policía Estatal ya que de manera ilegal le intentaron quitar una de sus camionetas desde donde transmite notas para su radioestación.

Fue el día de ayer alrededor de la 4 de la tarde cuando el oficial Colmenero de la Policía Estatal intentó quitarle al medio de comunicación la camioneta conocida como La Bestia ya que al deber en Jalisco tenencias, fue el argumento para intentar llevarse la camioneta aunque en la Ley de Tránsito de Aguascalientes no éste un motivo para quitarles el automotor.

El conductor dijo que intentaran un atentado en su contra o intentarán sembrarle drogas o armas.

José Luis Morales ha denunciado que a la Policía Estatal y al gobernador siendo el Mando Único, los acusa de dejar al estado en el olvido pues ya van de salida.

Sep 292016
 
Alejandro González, perseguido polìtico. Por: Mito.

Alejandro González, perseguido polìtico. Por: Mito.

Sep 052016
 

IMG-20160903-WA0019-169x300 (1)
Los Mochis, Sinaloa.- Policías hostigan a colonos.

Los Mochis, Sinaloa/Río Doce.- Utilizando la fuerza policial preventiva y equipamiento armado, el gobierno municipal de Ahome comenzó a hostigar a la población civil que se opone a sus planes de donación de áreas verdes a una inmobiliaria local.

El ataque oficial contra manifestantes ocurrió en el fraccionamiento Hacienda Santa Clara, al oriente de la ciudad.

En este, los residentes mantienen desde hace tres semanas un conflicto con la constructora Mezta porque esta los engañó vendiéndoles casas con la promesa de construir un parque recreativo frente a sus hogares, pero finalmente la superficie fue fraccionada para construir más vivienda, teniendo la anuencia del cabildo priista y la aprobación del alcalde, Duarte García.

El ataque contra los residentes sucedió este medio día de sábado en la calle Santa Santa Isabel entre Playa San Juan y Santa Adela.

Los policías que no se identificaron ordenaron a los civiles mover sus vehículos, pese a que estaban correctamente estacionados y sin causar molestia a terceros. Cuando los colonos se negaron, una grúa de Tránsito comenzó a remolcarlos, lo que los irritó.

Los policías que no llevaban oficio de comisión ni ordenamiento judicial ni realizaban alguna diligencia judicial decidieron no trasladar los vehículos a la pensión de vehículos.

La acción intimidatoria y servil de la policía fue para liberar una motoconformadora propiedad de inmobiliaria Mezta.

Aug 292016
 

plagio-peña-768x512

La revelación del equipo de investigación de Carmen Aristegui que descubrió que el presidente Peña Nieto plagió a diversos autores en la elaboración de su tesis de licenciatura en la Universidad Panamericana y que tuvo,como director al magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, ha estimulado comentarios de manera que a grosso modo hay dos bandos: los que atacan a la mensajera y los que atacan al plagiario. Sólo unos pocos los que toman distancia.

Un plagio es un robo. Es el tomar algo que no es tuyo y hacer uso de él para obtener un beneficio personal, en este caso, un título profesional que no era poca cosa todavía a principios de los 90 pues, como vemos, servía como escalera social y política.

Cualquiera que sea la manifestación del plagio es sancionable. Lamentablemente una más que la otra. El que roba un objeto puede ir a prisión, mientras el plagiario intelectual, en México en el peor de los casos recibe una sanción al honor. No pasa de la quemada pública aunque, en el caso de un académico, puede traer consigo la pérdida del empleo o beneficios pecuniarios. Recuérdese, lo que sucedió no hace mucho tiempo, con un académico de la Universidad autónoma de Baja California, que fue denunciado por plagio ante el Sistema Nacional de Investigadores y al encontrase evidencias se le retiró el nombramiento de investigador nacional.

En este caso que involucra a un Presidente de una República, si bien sustantivamente es lo mismo —pues robó el trabajo de otros—, debería ser sancionado no sólo en su honor, sino también con el cargo público.

En la primavera de 2012 sucedió un caso que conmocionó al mundo político europeo. Pal Schmitt era un médico que se desempeñaba como Presidente del Gobierno en Hungría. Todo iba bien hasta que un día estalló una bomba mediática en la Universidad de Medicina de Budapest. El claustro de profesores le retiró el grado que le había otorgado, porque encontró que su tesis doctoral era fraudulenta, al igual que la de Peña Nieto. Esto fue suficiente para que el Parlamento húngaro iniciara un proceso de investigación que terminó con la separación del cargo de quien dejaba de ser Presidente…y médico.

Se ha dicho que esta comparación no es válida, porque a diferencia de los húngaros tenemos un sistema presidencialista. Cierto, el sistema parlamentario tiene mecanismos que pueden llevar en forma expedita a la revocación de mandato, incluso a la disolución del parlamento para una nueva convocatoria de elecciones.

Pero esa posibilidad de separación del cargo, que se atribuye exclusivamente a los sistemas parlamentarios, no es ajena en los presidencialistas.En América Latina ha habido presidentes que han sido separados del cargo por incurrir en corrupción.

Hoy mismo está en proceso el caso de Dilma Rousseff, presidenta electa democráticamente, con todo y que el impeachment (juicio político) pueda ser un golpe parlamentario.

Así que este argumento no es válido y es un engaña bobos con la jerga politológica. En realidad encierra una defensa velada del plagio de marras.

Tampoco es cierto que sea un asunto que se inscribe exclusivamente en el ámbito académico y es ahí donde debe revisarse, y en su caso, si así fuere, en el que se le debe sancionar al plagiario. No, porque los límites del plagio rebasa stricto sensu el ámbito de las universidades.

En un país de leyes las disposiciones orgánicas y reglamentarias no son ajenas a la Constitución y a las leyes en materia de educación. Aquí en México es el artículo Tercero constitucional, y su ley respectiva en materia de educación es la fuente de la titulación en los distintos grados académicos.

Así, tampoco vale la lastimosa expresión del rector de la UAS, quien sin más absuelve a Peña Nieto porque: “si cumplió los requisitos que marca una institución, significa que en su momento fue acreditada, pasó la tramitología”. O sea haz la trampa, si sales de ella como haya sido, estás acreditado.

Bárbaro, si ésta es la nueva filosofía que rigen los exámenes profesionales en la UAS, me parece que es una puerta abierta para la trampa académica.

Esperemos que no, por sus mejores profesores y estudiantes.