bateria-copia
Feb 212017
 

Fuerzas israelíes violaron una vez más el acuerdo de cese al fuego con Palestina y continúan su asedio a pescadores palestinos en la Franja de Gaza. teleSUR.

Feb 142017
 

REALIZA FEPADE PROGRAMA ESPECIAL POR ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

A través de su programa de TV por Internet, dedicó un espacio para hablar sobre el origen de nuestra Carta Magna

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, con la colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentó en su edición semanal del programa “Fepade Difunde TV” el tema: “Aniversario de la Constitución Política”.

En dicho programa, el Titular de la Fiscalía Especializada, Santiago Nieto Castillo, advirtió que la Constitución contempla la suma de los proyectos de nación que plantearon nuestros antepasados y sirve como centro unificador del sistema jurídico de nuestro país, por lo que nada debe de estar por encima de esta ley suprema.

Nieto Castillo, mencionó que es obligación de todos los mexicanos, respetar los principios constitucionales para que, de esta manera, conseguir una Carta Magna eficaz.

El Fiscal Electoral agregó que se necesita la unidad para enfrentar los retos que vienen en este 2017, y que la única salida ante la arbitrariedad y el racismo, interno y externo, es el respeto de los derechos que emanan de la Constitución, reflejando la pluralidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y el Estado de Derecho.

Reflexionó sobre los cien años de la promulgación del texto constitucional, mismo que, dijo, ha integrado las reformas electorales necesarias para permitir que nuestro sistema electoral esté cada día más fortalecido, con instituciones electorales sólidas.

En este contexto, FEPADE, en conmemoración del centenario tendrá diversas actividades, entre ellas: una exposición sobre el Texto Constitucional, mesas de análisis y reflexión con expertos en la Carta Magna, entre otros.
El programa FEPADE Difunde TV puede verse a través de la Plataforma Electoral del TEPJF y en la página electrónica de la Fiscalía, www.fepade.gob.mx

Feb 092017
 
Uno de las decenas de spams en el correo oficial de objetivo7. Prueba: Banco de datos Objetivo7.

Uno de las decenas de spams en el correo oficial de objetivo7. Prueba: Banco de datos Objetivo7.

Una serie de ataques con spams (correos basura) enviados desde robots (en realidad es una computadora) para tumbar la página de objetivo7.com de la web fueron inciados ayer y aun no concluyen.

Esto no es nuevo, Ya hasta perdimos la cuenta de tantos ataques que deben ser alrededor de 7 pero en el periodo de Carlos Lozano de la Torre como gobernador de Aguascalientes.

Lo curioso es que los ataques iniciaron el 7 de febrero pero se intensificaron poco después de que Objetivo7 enviara a Martín Orozco Sandoval un tweet con Un “Linotipo” con referencia a él y su censura, especie de editorial de objetivo7.com.

Como Objetivo7 carece de padrino político jamás ha sido ayudado por los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión como las Comisiones Nacional y estatal de dercho Humanos, Artículo16, la Sociedad Interamericana de prensa; Reporteros Sin Fronteras y más han ignorado este caso de represión y censura que ya lleva seis años y que sólo ha cesado en Palacio municipal de Aguascalientes con la salida de Antonio Martín del Campo ahijado político de Orozco, mientras que en Congreso el jefe de Seguridad persigue, provoca y hasta escucha las pláticas de este reportero. El jefe de seguridad es una imposición de Carlos Lozano de la Torre aunque la gente corrida de Movimiento Ciudadano también buscaba lastimar físicamente a este reportero.

Los ataques iniciaron a las 10:38 del 7 febrero y siguen llegando al correo revistaagrope@yahoo.com miuntos antes de escribir esta nota. Han pasado casi 28 horas de ataques.

Martín Orozco es un gobernador caciquil que se ha beneficiado del neoliberalismo desde el Senado mexicano votó por todas las reformas del capitalismo salvaje. Piensa que el Estado y la sociedad deben estar al servicio de la Iniciativa Privada y las grandes transnacionales bajo un régimen policíaco militar.

Feb 052017
 

En México, durante el último mes, dos líderes indígenas ambientalistas han sido asesinados. Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros fueron asesinados en el país latinoamericano. teleSUR .

Feb 022017
 

Por José Martínez/Los Ángeles Press

MEXICALI, Baja California.- El pasado sábado 28 de enero se produjo una pequeña trifulca en las puertas del palacio de gobierno del Estado de Baja California. El gobernador, Francisco “Kiko” Vega de la Madrid, intentó abandonar el edificio apresuradamente para no ser visto por los manifestantes que permanecen en plantón desde hace varios días. Sin embargo, algunos de ellos lograron alcanzarle a su salida para recriminarle la falta de disposición para el diálogo.

El calor de la indignación y la rudeza empleada por los “guaruras” del gobernador panista se tradujeron en empujones, gritos e insultos, con al menos tres de las personas que se manifestaban golpeadas. Kiko Vega logró una huida a toda prisa y la sangre no llegó al río.

Sin embargo, horas después del conato de zafarrancho, algunos medios y periodistas locales hicieron viral una fotografía en la que parecía apreciarse a uno de los voceros de las mesas de diálogo dispuestas en los plantones deshinchando una de las llantas del carro del gobernador. Las redes, avivadas por estos medios de comunicación, enfocaron sus críticas al manifestante, al que incluso llegaron a calificarle de “terrorista”.

Captura del muro de facebook de Alfredo Álvarez, uno de los periodistas más conocidos en Tijuana.

El manifestante en cuestión era Damián Gómez, estudiante de medios audiovisuales y participante activo de las protestas surgidas en el Estado a partir del “gasolinazo”. Desde la filtración de la imagen, fue objeto de una campaña de difamación y linchamiento durante varios días. En este vídeo explica su acción, su participación en el movimiento de protesta surgido en Mexicali y su opinión sobre el gobierno, al que considera el verdadero “terrorista”.

Jan 302017
 


Libertad de expresión
Ernesto Hernández Norzagaray/Río Doce

El periodismo sinaloense en las últimas décadas ha transitado por caminos de asesinatos, atentados, y actos de intimidación.

Manuel Burgueño y Humberto Millán son casos emblemáticos de quienes fueron asesinados en el ejercicio de su profesión, son mártires que dejó la intolerancia y peor, que están impunes.

Así, también el ataque a las instalaciones del semanario Ríodoce y el diario Noroeste Mazatlán con granada y ráfagas, estaban destinadas a intimidar para que estos medios modificaran su línea editorial y el manejo de la información.

Llevó igual al autoexilio o el silencio a algunos para salvar sus vidas y buscar un mejor lugar para desarrollar su oficio.

A otros se les ha intimidado buscando que desistan del periodismo crítico, incluso se ha llegado a crear medios de comunicación “alternativos” para hacer contrapeso desde la calumnia y la difamación.

Ahora, en el último año, estamos frente a las demandas civiles del dirigente del Partido Sinaloense (PAS) contra Teresa Guerra y Luis Enrique Ramírez, acusándolos por daño moral y por lo que exige una reparación económica.

Estamos mejorando cuando ya no se les mata, sin que esto signifique que haya desaparecido la obsesión por someter a este periodismo crítico, sino se expresa por otros medios para imponer una mordaza y limitar la libertad de expresión, un derecho por lo demás consagrado en la Constitución y las leyes reglamentarias, que no debe perderse, sino por el contrario garantizarse por encima del interés de los particulares y de los políticos.

Y deben ser los periodistas los que en primer lugar levanten la voz para defender ese derecho y proteger a sus compañeros de oficio, más allá de filias y fobias frecuentes en el gremio.

Lamentablemente muchas veces la identidad y los valores del medio de comunicación en el que se trabaja, o el miedo, impiden la solidaridad con los compañeros atacados.

La cultura del miedo y el terror de la violencia, del punto y raya, el de “es su bronca” o el más reciente de la vocera de la Asociación de Periodistas 7 de Junio que respondió burocráticamente ante la demanda de Luis Enrique Ramírez: “Es un problema entre particulares que debe decidir la asamblea”.

Las asociaciones de periodistas hoy parecen vivir ese letargo que solo despierta momentáneamente cada 7 de junio.

Entonces, se pronuncian discursos elocuentes y se recuerda a los ilustres y caídos en la brega, si es que sus dirigentes no hacen relaciones públicas con los hombres y mujeres del poder público.

Sin embargo, el asunto no es solo de periodistas, sino de las instituciones del Estado que deben salvaguardar derechos, garantizar la seguridad jurídica, como ocurrió afortunadamente en las sentencias judiciales que se han emitido para conservar un derecho mayor: el de la libertad de expresión.

Aun así, persistirá seguramente el objetivo de callar al periodista incómodo, sea por la vía de la intimidación o judicial, esperemos que no vayan al terreno de las balas, como bien lo señala el periodista Alejandro Sicairos.

Por eso, igual es un asunto de la sociedad, sus organizaciones y liderazgos que deberían pronunciarse porque haya un periodismo que cuestione, informe y eleve su voz contra las injusticias que a diario se cometen, vamos, que exhiban los atracos contra el interés público, que funja como contrapeso de la política.

Porque una sociedad sin este tipo de periodismo, estará destinada al fortalecimiento de los poderes facticos visibles e invisibles. Aquellos que no ven más alá de sus cotos de poder, sus negocios y cuentas bancarias.

Y en estos tiempos tan polarizados, es necesario un periodismo que documente, analice, proponga para mantener el tono del músculo social.

Ese que en estos días de lucha están en la calle protestando contra el llamado gasolinazo. Que no fuera más que aire, si no hubiera entrevistas, fotografías, análisis, grabaciones, radio, prensa escrita, internet.

Sólo por eso es que debemos defender a los periodistas hoy en capilla, porque con ello defendemos las instituciones públicas y a nosotros mismos.

Vamos a mostrar nuestra solidaridad con los que resisten ante los ataques. Los que están ahí en los juzgados, que viven en ellos el desasosiego que produce enfrentarse con un poderoso y que al final del día levantan la cabeza para continuar en la brega cotidiana.

En definitiva, pasar de los asesinatos, los atentados, las amenazas, el acallamiento a las demandas judiciales no representa un acto de civilidad, sino de sofisticación de la intolerancia, porque no termina de aceptarse la necesaria visibilidad de los actos de las personas públicas.

Así de sencillo.

Jan 242017
 

Jan 202017
 

Jan 092017
 

EL PAN CHANTAJEA Y OBLIGA A LOS TRABAJADORES A REGISTRARSE A CAMBIO DE CONSERVAR SU EMPLEO

El PRI comienza con una defensa férrea para que de manera jurídica se asesore y defienda a los trabajadores que han sido cesados

Están tratando de imponer su razón y a base de mentiras están condicionando a los empleados a tener un empleo ordenándoles cambiar de ideología partidista

A diario en la sede del PRI recibimos denuncias de personas que se están presentando para que se sean asesoradas por esos despidos injustificados

La Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Aguascalientes, Norma Esparza Herrera aseguró que en el instituto político que preside, comenzará una férrea defensa con el equipo de abogados para que de manera jurídica se asesore y defienda a los trabajadores que han sido cesados de sus fuentes laborales tanto del gobierno del estado y municipios por no compartir la misma ideología política de las administraciones en turno.

Al reunirse con colaboradores y militantes priístas para compartir la tradicional rosca de Reyes, la dirigente estatal denunció que principalmente el Partido Acción Nacional está “chantajeando y obligando” a los trabajadores estatales para afiliarse y sean sus militantes a cambio de conservar su fuente laboral, ya que de lo contrario los seguirán echando a la calle.

“En el PRI desaprobamos totalmente esa acción de chantajes ya que así están tratando de imponer su razón y a base de mentiras con su mentada reingeniería financiera están despidiendo trabajadores y en otros casos están condicionando a los empleados a tener un empleo ordenándoles cambiar de ideología partidista”, afirmó.

Norma Esparza detalló que a diario en la sede del PRI recibimos denuncias de personas que se están presentando para que se sean asesoradas por esos despidos injustificados así como malos tratos, y también se reciben denuncias anónimas por miedo a perder su empleo de violaciones a sus derechos a que están siendo objeto los trabajadores.

Por tanto, la Presidenta señaló que las personas que han sido despedidas tienen el total y absoluto respaldo del PRI y del equipo jurídico para que no se dejen engañar y que puedan defender sus derechos laborales.

Para concluir la líder tricolor sentenció que los priistas seguiremos como oposición responsable al pendiente de que los gobiernos estatal y municipal cumplan los compromisos de campaña y no pasen por encima de los derechos de las personas evitando así que el PAN trate de engañar a los ciudadanos para legitimarse.

Dec 192016
 
El Fantasma de la Opera tituló Carlos Payán a esta obra maestra de Cuauhtémoc Villegas.

El Fantasma de la Opera tituló Carlos Payán a esta obra maestra de Cuauhtémoc Villegas.

Ajo Blanco/Cuauhtémoc Villegas

Ser fotoreportero me llevó por caminos y cielos tras la gráfica informativa con calidad y contenido. Con mi cámara y sin padrinos que me lleven de la mano como el próximo gobernador llevará a sus periodistas a conocer a Peña Nieto, yo sin padrinitos y con mi camara tomé fotos de Fidel Castro, de Carlos Salinas, de Alberto Fujimori, de decenas de presidentes de naciones aun en censura y sin gafete, asistí a a la primera cumbre iberoamericana y otros eventos internacionales. He conocido a los grandes líderes del país y a muchos de sus intelectuales. Fui el único que fotografió a Elena Garro a su regreso de Europa. Fue el la feria de Libro de Guadalajara. Conocí al Maquio y tomado fotos de Cárdenas y López Obrador.

Fundé Objetivo7, el primer medio verdaderamente independiente de Aguascalientes y el primer medio de datos en México.

Foto de Cuauhtémoc Villegas en El Informador.

Foto de Cuauhtémoc Villegas en El Informador.

He laborado o colaborado desde los 18 años, en El Jalisciense, El Informador, Televisa, El Norte, Margen de cambio aglutinó al Héctor Morquecho que se fue en la plena madurez intelectual y periodística, Falcón, Jabaz, Alberto Nájar y otros grandes salidos desde Jalisco.

Conozco y he platicado con Marco antonio Cruz, Pedro Valtierra, y otros grandes fotoreporteros que han fijado en fotos de una manera inmensa y auténtica la historia de este país.

Soy el editor, corrector, fotógrafo, monero y hasta “ingeniero” a fuerza de hackeos y ataques cibernéticos que han dejado a Objetivo7 fuerza del internet por semanas, ataques orquestados por mentes perversas, siniestras, criminales, obcecadas por el poder y sus placeres, el sexo, el alcohol, las drogas, el crecimiento de las riquezas de políticos y medios de comunicación que apenas hace unos años eran asquerosos y grotescos pasquines que apadrinados hasta por gente del salinato ahora resultan impecables profesionales que obtiene decenas y hasta cientos de miles de pesos e las arcas de los gobiernos estatal, municipal y todos los poderes que en este estado dependen del gobernador en turno y sus compinches.

Carlos Salinas en una foto de Cuauhtémoc Villegas.

Carlos Salinas en una foto de Cuauhtémoc Villegas.

No recibo un peso de esto, vivo de préstamos, empeños, vender mis cosas, mis propiedades, de vender cuadros que pinto.

Conozco el poder. Sé,como los poderosos que pelean en público se funden fiestas, trasvestidos, alcholizaos, drogados, desde obispos y cardenales hasta senadores y secretarios de Estado. Desde joven supe de las desviaciones del hijo de Miguel de la Madrid y de su joven, guapo y corpulento amante de televisa. Años después, Loret de Mola habló de las Boquitas Pintadas, los homosexuales que amnizana las fiestas en Los Pinos. Este presidente homosexual sepultó lo poco logrado por el régimen revolucionario y entregó México en las manos del neoliberalismo y de hombre asesino y perverso que aún decide todo en México: El Innombrable.

Nunca he estado en el circulo rojo y no me averguenzo, todo lo contrario, no me entiendo con los políticos. Son mentirosos, ruines, egoístas y no se diga la izquierda llena de pequeños aspirantes a burgueses a costa del dinero emanado del sudor y la aflicción de los que sí trabajan, los que se levantan en la madrugada para bañarse a cubetazos para ir a trabajar para pagar al neo Infonavit casas que en vez de bajar la deuda sube y sube dejando miles de hogares abandonados por impagables por todo el territorio nacional, no se diga en este estado donde las inmobiliarias fraccionan en terrenos arrebatado a campesinos ingenuos, engañados por personas que les roban sus tierras, sus casas,sus ilusiones. Robados por supuesto desde el poder.

Veo como los políticos neoliberales buscan toda costa hacer de todo el estado Aguascalientes una megalópolis, con los subsecuentes beneficios para los grupos políticos ya que, ellos mismos, sus amigos y familiares fraccionan, ponen Oxxos, Aurreras, Walmarts, centros comerciales, antros, cines, burdeles, en un claro desprecio por la naturaleza y un amor desmedido por enaltecer a sus propios familiares como el caso de la extrema derecha que aquí que hasta saca hasta a sus abuelitas de la la tumba y la oscuridad para ponerlas como grandes e ilustres aguascalentenses como en el caso de Guadalupe Appendini que cualquier día podría pasar a ser más grande que el mismo Guadalupe Posada. Y es que, Aguascalientes no es pródigo en hombres grandes como sí lo es Jalisco. Se han apropiado hasta de López Velarde a falta de grandes personajes, es una tierra escasa de intelectuales reales y comprometidos. Los que se autoproclaman hombres de letras están en la nómina de los “hombres de Estado” que así llaman a los saqueadores e impunes gobernadores que aquí han conformado un triunvirato mientras ruedan cabezas más pequeñas pero no menos corruptas y perversas.

Jodido el oficio periodístico porque, como en la mafia, dependiendo de tu padrino, tendrás ingresos y solucionarás problemas como demandas por censura o persecución política y policiaca, ataques cibernéticos y hasta físicos. Si no tienes padrinos mueres como un perro de la calle entre falsas acusaciones como sucede en México, periodistas no solo despojados de sus vidas sino además, acusados y vejados aun antes de la investigación que en México jamás, es profesional. Somos el Tercer Mundo no vamos en vías de desarrollo: vamos al abismo.

Los medios viven gracias a lo recursos que los políticos les dan. Las traiciones están a flor de piel, por años dependen sus negocios del dinero que les da algún funcionario de partido desde los vales gasolina y el dinero en chayotes y publicidad y cuando ya están en las nóminas de los municipios y Estado olvidan la lealtad que juran tener y que acusan a uno de carecer, claro todo sea por dinero. El mundo al revés.

Dec 152016
 

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES PRESS.- “Querían que dijera que la señora Marisela y yo trabajábamos para el cártel de Sinaloa, que éramos gente del Chapo Guzmán”, denuncia en su testimonio, Manuel García, quien ayudaba voluntariamente a la asesinada Marisela Escobedo mientras ella exigía justicia a las autoridades de Chihuahua por el crimen de su hija Rubí Marisol Frayre. El testimonio de García revela amenazas de muerte y la intención fabricar pruebas por parte de la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

Una semana después del asesinato de Marisela Escobedo perpetrado el 16 de diciembre de 2010, a través del “comandante Santacruz”, la fiscal Rosa María Sandoval, intimidaba a Manuel García para que cambiara su declaración ante el Ministerio Público e incriminara a Marisela Escobedo y a sí mismo, como miembros del cártel de Joaquín “Chapo” Guzmán. La relación la podrían fabricar, a raíz de una narcomanta aparecida la madrugada del 21 de diciembre, en Ciudad Juárez, de la supuesta autoría de este cártel en la que se solidarizaban con los familiares de Escobedo, y pedían información sobre Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol.

La negativa de García a “manchar la memoria de Marisela Escobedo” fue el motivo de la amenaza de muerte y la retirada de la protección policíaca, según confiesa. Si aceptaba cambiar su declaración, “la fiscal lo podía mandar hasta China, si quería”, dice en su testimonio, porque el comandante le insistía en que “la fiscal lo podía ayudar y darle protección, si también él la ayudaba a ella”. Fue cuando un agente de la Policía Ministerial, lo amenazó de enviarlo a “Monterrey, a Puebla o a Guadalajara, y en esos lugares, nadie lo iba a proteger”.

García tuvo que salir de Ciudad Juárez por sus propios medios para salvar su vida y con la orientación jurídica de dos organismos de derechos humanos locales que guardamos su identidad por seguridad a sus miembros. Primero, fue a Torreón buscando refugio, de donde llamó a Norma Ledezma, de la organización Justicia para nuestras hijas, pidiendo ayuda. Ledezma respondió que sólo podía enviarle mil pesos para “rentar un lugar y comer”, pero que ya no lo podía ayudar más.

Después de varios meses, la esperanza de encontrar un apoyo más sólido volvió a Manuel García. El 9 de junio de 2011, la marcha ciudadana de Javier Sicilia, activista por la muerte de su hijo, tenía lugar en Ciudad Juárez. Manuel sabía de la lucha de Sicilia, por lo que comentaba Marisela Escobedo. Sin embargo, su esperanza no logró concretarse en apoyo, porque “en medio de tanta gente, no había posibilidades de contarle mi problema”, dice.

Con la ayuda de los organismos de derechos humanos locales pudo viajar a Ciudad de México y mantenerse bajo protección. Pero el acoso no cesaba, y pese a que varias veces le ayudaron a cambiar su número de celular, la Policía Ministerial de Chihuahua volvió a llamarle, intimidándolo para que aceptara involucrar a Marisela Escobedo con el narcotráfico.

Manuel García afirma que junto con Marisela Escobedo, antes de ser asesinada, y el hermano de ella, entregaron toda la información investigada a la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, incluyendo un CD con tres canciones grabadas por el asesino Sergio Rafael Barraza. La letra de estas canciones narraba cómo había asesinado a Rubí Marisol, “y todo lo que le había hecho”, afirmó García, quien él mismo llegó a escucharlas. Pero a la fiscal Sandoval, eso no le interesó, ni la nueva evidencia ni la investigación que Escobedo realizaba con sus propios esfuerzos. Así que, frente al comandante mencionado, según el testimonio, decidió destruir el CD, junto con otras dos copias.

La investigación de las ahora víctimas también incluía evidencias de que el asesino Sergio Rafael Barraza se encontraba en Fresnillo, Zacatecas; y precisaron, ante la fiscal, el domicilio. La información fue desestimada de inmediato por Sandoval, porque dijo que ella estaba en comunicación con la madre de Barraza, y le había dicho que su hijo se encontraba en Estados Unidos.

El 22 de agosto de 2011, la funcionaria de la fiscalía responsable de investigar los feminicidios insistió todavía en crear falsas pistas de investigación en el caso de Marisela Escobedo. Declaró a la prensa mexicana, a través de un comunicado conjunto con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, dirigido por Emma Saldaña, que algunos de los casos “podrían estar relacionados con el crimen organizado”.

En aquel momento, enfatizó Sandoval que “el modus operandi con que se perpetraron algunos feminicidios, como el uso de armas de grueso calibre, tortura y mensajes de grupos criminales”, podrían ser evidencias de esta relación. Y con una afirmación contundente, que hoy podríamos interpretar como demagógica, concluyó la funcionaria que “la Fiscalía está investigando esos y todos los casos de homicidios de mujeres para esclarecer las causas, así como detener y procesar a los responsables”.

Testimonio de Manuel García

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Otros testimonios

La responsable legal de uno de los organismos de derechos humanos de Ciudad Juárez que apoyó a Manuel García confirmó a Los Ángeles Press que sí tenía conocimiento de las amenazas directas por parte de la fiscal al joven. “Un muchacho muy humilde, que necesitaba mucha ayuda y nadie lo escuchaba”, dijo, por lo que se decidió solicitar el apoyo de otra organización y actuar con rapidez para salvar la vida de García, enviándolo a la Ciudad de México.

Al entrevistarlo sobre el hostigamiento del que era víctima, García confesó a la responsable de esta organización de la que nos reservamos su identidad, “que querían que dijera que Marisela Escobedo traficaba droga, y que si testificaba le conseguirían asilo en Estados Unidos”.

Sostiene la defensora de derechos humanos que el mayor acoso que recibió Manuel García en Ciudad Juárez fue entre abril y mayo de 2011, que fue cuando ella intervino con su gestión para poder sacarlo de la ciudad. Pero también confirmó que este acoso continuó en la Ciudad de México, por lo que tuvieron que sacarlo del país. Concluye que “Manuel sí había dado a las autoridades de la fiscalía la ubicación precisa del asesino de Rubí Marisol, y las autoridades, en todo este tiempo, no lo han detenido”.

Las irregularidades y delitos de la fiscalía Foto: entrelíneas.com.mx

En la reunión con las madres de desaparecidas en las instalaciones de la fiscalía el pasado 12 de diciembre, Rosa María Sandoval Chávez aceptó públicamente el encubrimiento de información por negligencia de las autoridades, y dijo que se debía a que eran “funcionarios nuevos”. Este encubrimiento se refería a los cadáveres retenidos por años en la morgue.

Sin embargo, no son pocas ni aisladas las irregularidades y delitos en los que ha incurrido la fiscalía del estado sobre los crímenes de niñas y jóvenes. La más frecuente es la de “perder” declaraciones para quitar líneas de investigación. Incluso se han perdido partes importantes de expedientes o no se entregan las copias completas a las madres de las víctimas.

También existe como excusa “la falta de tiempo” por parte de la fiscalía para analizar cada uno de los expedientes o para tomar declaraciones de personas que están dispuestas a aportar información valiosa para las investigaciones. Un ejemplo de ello, es el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008. El responsable de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, Ricardo Esparza Jurado, solicitó el 10 de noviembre de 2009 a la agente del Ministerio Público, Edith Acevedo Martínez, una constancia sobre la existencia de algún reporte de desaparecida que coincidiera con las características físicas que aportaba el informe forense en este caso.

El expediente de Sarmiento dice textualmente “que Edith Acevedo contesta poco después que no se ha encontrado ningún reporte con esas características”, y la fecha es del 12 de noviembre de 2009. Adriana Sarmiento fue asesinada, según el análisis forense, en noviembre de 2008, y según la fiscalía encontró el cuerpo el 5 de noviembre de 2009, mismo día en que se llevaría a la morgue de Juárez.

La desaparición de la joven Sarmiento fue publicado profusamente mediante pesquisas y medios digitales que se pueden constatar haciendo una simple búsqueda en Internet y dará los resultados por fechas. El reporte lo había puesto su madre Ernestina Enríquez desde el mismo día en que no volvió a casa. No había manera de no saber sobre su ausencia, y sin embargo, la agente Acevedo Martínez negó la existencia del reporte de la desaparecida al funcionario que lo solicitaba.

En este mismo caso de Sarmiento, fueron entregados los restos a la madre el primero de diciembre de 2011, después de que se enterara por nuestro medio que el cadáver de su hija estaba en la morgue por años. La misma fiscal, Rosa María Sandoval, todavía negó la información a la madre hasta que a la noche del día siguiente se vio obligada a entregar el cuerpo. Ernestina Enríquez declaró destrozada que “en el celular de su hija aparecieron unos números de México y que hasta allá fueron a buscarla, haciéndose pendejos”, porque a su hija ya la tenían en la morgue.

El caso de Brenda Berenice Castillo, desaparecida el 6 de enero de 2009, es contundente también en irregularidades y falta de profesionalismo y ética por parte de la fiscalía del estado. Cuando recién desapareció Brenda de 17 años, Irma Cornejo fue testigo visual y habló por teléfono a la fiscalía para avisar que había visto a la joven en el centro de Juárez, con dos hombres, y que ella iba golpeada y llorando. Pero no fue tomada su declaración en ese momento, y tiempo después, en marzo de 2009, el perito José Fernando Chávez solicitó, a través de oficio por escrito, a la funcionaria del Ministerio Público, Haydeé Guzmán, la elaboración de los retratos hablados de los presuntos agresores con la declaración de la testigo.

Los dos retratos se realizaron con el número de oficio PGJE-UEIPAE-CDJ-646/2009 y se tomó oficialmente la declaración de la testigo. Sin embargo, para principios de septiembre de 2011 que Los Ángeles Press investigaba este caso, buscó la declaración de Irma Cornejo en la Unidad de de Desaparecidas para cotejarla con la información de nuevas pistas de la víctima. A dos años y medio, ya no existía ninguna declaración de la testigo Irma Cornejo. Incluso, las autoridades confirmaron que esa parte del expediente “se había perdido”.

La omisión, la fabricación o la destrucción de evidencias han sido los delitos más frecuentes en las investigaciones sobre feminicidios por parte de los funcionarios de la fiscalía. Como lo hizo la fiscal Rosa María Sandoval con el CD de las canciones del asesino de Marisela Escobedo y su hija. Así también han desaparecido o ignorado varias de las declaraciones de algunas madres de víctimas que han recibido llamadas telefónicas presuntamente de sus hijas, y al aportar números y referencias, en declaraciones ante el Ministerio Público, la fiscalía no da seguimiento a los hechos.

El cambio de competencias entre las dependencias gubernamentales también parecería ser un juego sucio para frenar las investigaciones y no sólo en casos recientes. El caso de Silvia Arce, desaparecida el 11 de marzo de 1998, ha sido ignorado por mucho tiempo, y se ha pasado de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía del Estado, quedando paralizado por completo.

La fiscalía de Estado de Chihuahua también ha sido acusada de la fabricación de culpables, como da cuenta el testimonio de Manuel García sobre la fiscal Rosa María Sandoval. Muchos de los casos aparentemente resueltos contienen denuncias de tortura y errores judiciales, a los que difícilmente se puede tener acceso informativo, por las constantes amenazas de muerte y hostilidades a los investigadores. Amenazas que se han extendido a la responsable de esta investigación.

Los familiares de las desaparecidas también son amenazados de muerte y algunas de estas amenazas las han intentado cumplir, según pone en evidencia el reciente atentado de Norma Andrade, madre de Liliana Alejandra García, asesinada a sus 17 años en febrero de 2001. Hay otros casos que aún pueden ser contados por los dueños de estas experiencias, por ejemplo, el caso de Nora Sarahí Castillo, quien buscaba con insistencia a su hermana Brenda Berenice, y en marzo de 2009, Nora fue amenazada telefónicamente por una voz masculina que le dijo “cuídate, porque ya sé dónde vives”. Pese a que puso la denuncia ante el Ministerio Público, en la que declaró tener miedo por su vida, no le dieron seguimiento. Y Nora dejó de buscar a Brenda.

Las amenazas a Manuel García para que incriminara a Marisela Escobedo como narcotraficante, es sólo una parte de la gran madeja de corrupción, ineptitud e indiferencia de las autoridades investigadoras en los feminicidios de Juárez. Las madres están solas. Los márgenes de actuación de los defensores de derechos humanos están limitados por la hostilidad del poder. Y las desaparecidas, aún vivas, tienen muy pocas esperanzas de volver a casa.

Esta reportaje forma parte de la investigación Mujeres guardadas en la morgue, y se autoriza su reproducción citando debidamente su fuente.

Dec 132016
 

Para el nuevo jefe el abuso policial es un derecho humano

Ciudadanos son culpables de agresiones policiacas: Héctor Benítez
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró que el uso de la fuerza está amparado por recomendaciones de la CNDH
Por: Fernando Trejo Lugo
José Héctor Benítez López, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, responsabilizó a las personas que sufrieron agresión física y extorsión de policías municipales (Tribuna de Querétaro 708 y 709) de las afectaciones que tuvieron, debido a que no detuvieron sus vehículos cuando se les indicó ni tampoco hicieron caso a las señales “luminosas” de las patrullas.
“Los conductores no obedecen los ademanes o las señales acústicas o luminosas de los vehículos; entonces, se tiene que establecer cierta responsabilidad, porque no se detienen.
“Si estas personas no quieren detener sus vehículos, nosotros tenemos la obligación de hacerles detener su marcha. Si no quieren cooperar, es por algo”, sentenció.
Asimismo, Benítez López justificó el uso de la fuerza pública con base en “la recomendación 12 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”. Habitantes de las colonias San José el Alto y Las Rosas, entre ellos una mujer y un hombre de 69 años, sufrieron agresiones físicas de policías municipales, en hechos ocurridos en el municipio de Querétaro.
Determinó que en los casos de ‘abuso policiaco’ (Tribuna de Querétaro 708, 709) el uso de la fuerza es admitido. “Sí se justifica porque hay documentos internacionales así como acuerdos secretariales para el uso de la fuerza, y la recomendación 12 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos establece que podemos utilizar la fuerza”.
El representante de la Policía Municipal señaló que la corporación que él dirige se tiene que apegar a seis principios constitucionales y que, en caso de incumplir alguno, estarían incurriendo en una falta administrativa o, incluso, en delito.
“Tenemos que ajustar nuestro actuar a los principios constitucionales de la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos. Si en un momento determinado esos oficiales actuaron fuera de esos principios, se tiene que levantar la denuncia, como atinadamente lo hicieron los quejosos en el Ministerio Público (M.P.). Si hay delito que perseguir, pues, adelante”.
Héctor Benítez señaló que tres casos en una semana no son suficientes para que el ciudadano de Querétaro deje de confiar en la institución policiaca.
“Somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y si está la ley de nuestra parte, la tenemos que hacer cumplir sino, de entrada, estaríamos actuando de forma incorrecta. Por eso es muy importante empezar a ganarse la confianza de la propia sociedad”.
El titular de la SSPM afirmó que en caso de que se hayan realizado las denuncias pertinentes, éstas tendrán que proceder, aunque aclaró que las instituciones correspondientes aún no revisan los casos.
Dijo que se trata de “tres eventos que todavía la autoridad competente no revisa y no sale a decir qué fue lo que pasó, con evidencias y con todo lo que ello implica; entonces, yo no puedo salir, en un momento determinado, y decir si fue o no fue. Tengo conocimiento que se dio parte a la Visitaduría (de la Defensoría de los Derechos Humanos), se dio vista al M.P., (que) tiene que proceder”.
A pesar de esto, el integrante del gabinete del alcalde Roberto Loyola Vera mencionó la importancia de la formación de los oficiales: “Procuro la buena conducta del personal, todos los días se trabaja para que eso suceda y eso es lo más importante”.http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/4035-ciudadanos-son-culpables-de-agresiones-policiacas-hector-benitez

Dec 122016
 
El ahijado incomodo de Martín Orozco.

El ahijado incomodo de Martín Orozco.

El conductor de Infolínea José Luis Morales tachó a los periodistas sicarios en la nómina de Jorge López de mentir ya que no golpeó al diputado como circuló en medios de comunicación y redes sociales.

Jorge López es un diputado federal impulsado por el actual gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, es un neopanista invitado por Orozco a su equipo luego de que Luis Armando Reynoso Femat lo derrotará en una elección a gobernador. Ahora el mismo Reynoso lo hizo gobernador.

José Luis Morales filtró una llamada donde Jorge López es vinculado a narcos que habrían financiado la campaña del gobernador Orozco.

Morales aclaró que las cámaras de seguridad desmiente al diputado ya que sólo alcanzó a mentarle la madre, decirle sus verdades y empujarlo antes de que Jorge el Enano López, corriera con siempre lo hace para echarle bola a Morales con guardias de seguridad como es su costumbre valiendose por supuesto de fueros e intrigas.

Nov 232016
 

En distintos puntos de la ciudad, Policías Municipales del grupo motorizado Centauro, detuvieron a dos personas de sexo masculino que portaban entre sus pertenencias hierba verde y seca con las características de la marihuana.

En el Andador del Aura y Paseo de la Asunción del Infonavit Pilar Blanco, fue detenido CESAR NN de 40 años de edad, a quien se le encontró en la bolsa delantera derecha del pantalón un envoltorio con 5 gramos de hierba verde y seca con las características propias de la cannabis, siendo trasladado directamente a la Fiscalía General del Estado.

Más tarde, en las calles de Francisco I. Madero y Francisco Villa del fraccionamiento Salto de Ojocaliente, fue detenido JOSÉ DE JESÚS NN de 20 años de edad, a quien se le encontró en el interior de una mochila en color rojo con blanco, un envoltorio de polietileno en color amarillo, el cual contenía en su interior hierba verde y seca con las características propias de la cannabis, dando un peso de 13 gramos, siendo trasladado directamente a la Fiscalía General del Estado,

Nov 202016
 

Entre el halago a los políticos y la mediocridad imitadora, los medios de comunicación en Aguascalientes, vivieron una revolución desde el nacimiento de Objetivo7 ya que para competir tuvieron que contratar periodistas de verdad y evolucionar en sus contenidos (algunos favoritos del nuevo gobernador ni siquiera tenían fotos, ni tiene hasta ahora diseño, ni contenido pero para justificar el derroche los aplauden como profesionales cuando algún ex gobernador colabora con ellos o cuando grillan contra los verdaderos periodistas) pero al final siguen viviendo del padrinazgo, de los amigos, del chayote oculto y disfrazado, desvergonzados unos y otros se echan porras y se entregan dineros del erario en un reflejo de lo que hacen con los contratos de obras, de servicios, de proveedores, sólo los amigos valen desincentivando la economía al atacar directamente a los que si circulan y tienen tráfico, dejando de lado la competitividad que es la que en una sociedad evolucionada tendría que ser reconocida.

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Nov 162016
 

Nov 162016
 

MEXICALI, Baja California.- En el marco de los Diálogos para crear la Comisión Internacional de Justicia y Verdad en México, convocado en Mexicali por el Frente Refundación y un grupo de organizaciones de derechos humanos locales, dos agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República intentaron llevarse a la delegación a la periodista Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press, “para hacerle unas preguntas por sus versiones publicadas sobre el Caso Wallace”.

La periodista ha publicado una serie de reportajes desde mayo de 2014 que evidencian rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, como documentos oficiales tramitados en 2010, conversaciones telefónicas grabadas después del 11 de julio de 2005 (fecha de supuesto secuestro) y siete testimonios de personas que declararon haberlo visto en años recientes, entre otras informaciones que revelan inconsistencias en la versión dada por Isabel Miranda Torres a las autoridades judiciales.

Durante el evento en el Instituto de Investigaciones Culturales de Universidad Autónoma de Baja California, Sergio Saldaña Zorrilla, coordinador del Frente Refundación, hizo una presentación sobre la situación de México en materia de derechos humanos y mencionó los casos de impunidad más emblemáticos, entre estos, el Caso Wallace. El testimonio de este caso estuvo a cargo de Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, torturada y encarcelada junto con seis personas más por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, el cual no ha podido acreditar pericial ni científicamente la PGR.

Los agentes, quienes se identificaron con gafete y declararon ser agentes ministeriales de la procuraduría, mostraron una “citación” dirigida a la periodista con el nombre de Guadalupe Lizárraga Montoya, mismo que no corresponde su segundo apellido, por lo que la periodista rechazó el documento y exigió que además se le entregara en su domicilio en California, y no en un evento académico en México, donde se encontraba de visita participando como organizadora.

Los agentes señalaron que venían de la Ciudad de México expresamente a entrevistarla por sus versiones publicadas sobre el Caso Wallace, “distintas a las versiones de la autoridad judicial”, por lo que la periodista respondió que “a quien tenían que entrevistar era Isabel Miranda Torres o María Isabel Miranda de Wallace quien fue denunciada formalmente ante la PGR por los familiares de las víctimas de fabricación de delitos y tortura para simular el caso Wallace”.

Ante la insistencia de los agentes, Guadalupe Lizárraga echó en cara la falta de capacidad profesional y ética de la PGR, y dijo a los agentes que ellos “estaba trabajando para una criminal de derechos humanos, mientras que había siete personas que fueron encarceladas y torturadas para sostener un crimen que nunca sucedió”.

Unos once dirigentes de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos locales presenciaron los hechos ocurridos en el auditorio del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California, entre éstos Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, quien destacó que la irrupción de los agentes ministeriales en el recinto universitario era una violación a la autonomía de la universidad por parte de la autoridad judicial, además de ser “incriminatorio” para Lizárraga por su trabajo periodístico.

Por su parte, Miguel Ángel García Leyva, asesor legal de la Asociación Esperanza contra la desaparición forzada y la impunidad, enfatizó en la gravedad de los hechos, al tratarse de un hostigamiento directo a la libertad de prensa, por lo que se requería una acción urgente para frenar esta violación a los derechos fundamentales de Lizárraga como persona y como profesional del periodismo.

Ambos testigos, Ramírez Baena y García Leyva ofrecieron a la periodista ser sus representantes en México ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poner la queja y llevar las acciones correspondientes de denuncia.

Raúl Ramírez Baena, Miguel Mora, Sergio Saldaña Zorrilla, Enriqueta Cruz y Miguel Ángel García Leyva en Diálogos para crear la Comisión de Justicia y Verdad en México. Foto: Los Ángeles Press

Nov 112016
 

Ciudad de México – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy públicamente el Plan de Trabajo del Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar otorgada en favor de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la CIDH, en relación con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, México.

La CIDH solicitó al Estado mexicano el 3 de octubre de 2014 determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, como un requerimiento de la Medida Cautelar 409/14. Transcurridos dos años, este objetivo continúa incumplido. El mecanismo dará seguimiento y supervisión a las medidas que adopte el Estado a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar y a las recomendaciones de los dos informes del GIEI. Esto incluye la necesidad de avanzar en la búsqueda de verdad y justicia en este caso.

Los integrantes del Mecanismo de Seguimiento presentan el plan de trabajo en el marco de su primera visita a México, en la cual se realizan reuniones con autoridades estatales y con los familiares de los estudiantes y sus representantes, a fin de presentarles el plan de trabajo y explicar los detalles de la metodología.

“El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, y es necesario seguir en todas las líneas factibles de investigación actualmente en desarrollo”, dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro. “La principal deuda que tiene el Estado con los estudiantes, sus familiares, y la sociedad toda, es investigar hasta establecer la verdad de los hechos”, agregó.

Por su parte, el Relator de la CIDH para México y coordinador del Mecanismo de Seguimiento, Comisionado Enrique Gil Botero, señaló que a los efectos de conducir una investigación efectiva que llegue a la verdad, el GIEI incluyó recomendaciones técnicas específicas, cuyo cumplimiento está pendiente.

“El segundo informe del GIEI es muy preciso en el análisis de los problemas que tuvo la investigación y las recomendaciones para resolverlos”, señaló. “Abarca desde las limitaciones y obstrucciones que enfrentó la investigación, la ausencia de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos, la falta de atención adecuada a los familiares, la revictimización, y las deficiencias de los informes médicos realizados a las personas detenidas tras las denuncias de haber sido torturadas”, explicó Gil Botero.

“La misión del Mecanismo de Seguimiento es supervisar el cumplimiento de la Medida Cautelar y de las recomendaciones del GIEI. Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia”, agregó el Comisionado.

El plan de trabajo consta de cuatro objetivos fundamentales: el avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y las medidas estructurales de no repetición. El mecanismo de seguimiento está integrado por el Comisionado Gil Botero como coordinador, quien además cumplirá una función de portavoz, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. También podrán participar en el mecanismo otros Comisionados. De acuerdo a la resolución 42/16, el mecanismo de seguimiento tendrá acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información. El plan de trabajo detalla el cronograma tentativo de las visitas a realizar, en coordinación con el Estado, así como el seguimiento a través de audiencias públicas y reuniones de trabajo.

“Agradecemos al Estado la garantía de los recursos necesarios para el funcionamiento del Mecanismo, el alto nivel técnico del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y su conocimiento detallado del caso estarán al servicio del Mecanismo de Seguimiento”, explicó el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Nov 052016
 

 

 

728d88c0d8dad1a436-ogp151030-cndh13-c-702x468La directora del semanario Zeta, Adela Río Doce.- Navarro Bello, dio a conocer que en días recientes distintas personas se comunicaron con ella para informarle que colaboradores del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, iniciarán una campaña de desprestigio en su contra.

En una columna titulada: “Periodismo de investigación vs campañas negras”, Navarro destaca que esos ataques desde el gobierno estatal tienen que ver con información difundida por Zeta sobre los malos manejos en la administración gubernamental de Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o las arbitrariedades o conductas irregulares denunciadas sobre el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en el ámbito local y en el nacional, del adeudo del gobierno de Francisco Vega con la Universidad.

A continuación, el texto publicado por el semanario este viernes 4:

En los días recientes, distintas personas por distintos medios, se han comunicado con quien esto escribe y con personas allegadas, para decir lo mismo: colaboradores de Francisco Vega de Lamadrid, el gobernador del Estado, iniciarán una campaña de desprestigio contra tu persona. De manera sistemática ese fue el mensaje; en alguna ocasión incluyeron como objetivo de la campaña también a la periodista Dora Elena Cortés Juárez.

En mi caso fueron contundentes: Referirán públicamente infamias con tu vida privada como protagonista. Días después, la información se hizo pública. En los periódicos El Mexicano y El Informador, en el portal noticioso AFN Noticias, en Radio Enciso y en redes sociales, la versión era la misma: hay personas relacionadas con el gobierno, intentando desprestigiar a la directora de ZETA.

Hace unos meses, la Unesco nos convocó a un foro sobre seguridad para comunicadores. Ellos quisieron sumarse a la red de protección y defensa de los periodistas en el mundo. Cuando hablamos de las difamaciones, refirieron que tal acción era un atentado a la libertad de expresión en la modalidad de ataque a la moral y la credibilidad de una persona para acabar con un medio.

Algo así sucede en Baja California en estos momentos y desde hace tres años. Justo cuando el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid dio inicio. Será coincidencia o un acto premeditado, pero así ha sucedido. Si el tema que les preocupa es periodístico, estamos a sus órdenes y públicamente en el mismo lugar donde inició este proyecto periodístico hace ya 36 años.

No nos escondemos ni acudimos al anonimato. Somos responsables, suscribimos y sostenemos lo que aquí se ha publicado por el equipo de editores, reporteros y fotógrafos. Si quieren encontrarme aquí estoy, en el semanario ZETA, en Américas 4633 Fraccionamiento El Paraíso, en La Mesa, Tijuana, en los teléfonos 664 6816913 al 17 y en correo electrónico adela@zetatijuana.com, para cualquier información, aclaración o si buscan derecho de réplica –aun cuando tenemos como principio buscarlos para entrevista y normalmente nos la niegan–, el espacio aquí está para una carta, una aclaración.

Pero si el tema es atacar la vida privada de un periodista para acabar con la moral y la credibilidad de un medio, se equivocan. El periódico que codirijo con César René Blanco Villalón desde su fundación ha respetado la vida privada de los funcionarios públicos. Y no por falta de información, sino por principio y compromiso periodístico. El interés público es sobre el desarrollo del gobierno y quienes en él se mueven, siempre y cuando no crucen la delgada línea que separa la vida pública de la vida privada, mezclando la primera con la segunda generalmente en el ejercicio y aprovechamiento del presupuesto.

A raíz de publicaciones sobre los malos manejos en la administración gubernamental de Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o de las arbitrariedades o conductas irregulares denunciadas sobre el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en el ámbito local y en el nacional, del adeudo del gobierno de Francisco Vega con la Universidad, supimos que desde la coordinación de Comunicación y las secretarías de Finanzas y Desarrollo Económico, iniciarían una campaña de desprestigio.

Esa información se hizo pública la semana que termina. El miércoles 2 de noviembre, Gerardo Fragoso, un columnista del periódico El Mexicano, publicó: “En los próximos días, una de las periodistas más reconocidas de Baja California podría enfrentar una dura campaña de desprestigio… (Consiste) en publicar diversas infamias sobre la vida personal de Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA… Quien platicó con nosotros nos dijo que la razón por la cual tiene a Navarro entre ceja y ceja, era por exhibir los pecados de Carlos Humberto Bonfante Olache y Antonio Valladolid Rodríguez”. El columnista señala que los personeros de quienes amenazan con una campaña contra mi persona, han ofrecido dinero a cambio de publicar tales dichos.

El jueves 3 de noviembre en la columna principal del periódico El Informador que dirige Luis Fernando Vázquez Bayod, publicaron con el título “campaña de desprestigio” lo siguiente: “No se ha dicho de dónde, no se ha dicho de parte de quien, pero al parecer ha iniciado una campaña de desprestigio contra la codirectora del semanario ZETA, Adela Navarro Bello. Los ataques no van exclusivamente contra su reconocida trayectoria profesional, pues han comenzado a echar tierra, de forma sucia y vulgar, a su vida personal. En esta casa editorial hemos recibido supuestos pitazos informativos vía correo electrónico en los que se mencionan todo tipo de calumnias contra la persona de la periodista…”. Finaliza el texto: “Una campaña infundada contra una figura como Adela Navarro es un ataque a la libertad de prensa y, por lo mismo, un ataque contra otros medios de comunicación”.

Unas horas antes, en el portal AFN de la periodista Dora Elena Cortez, la misma publicó: “Apenas ayer comenté con Roberto Karlo López Páez, director de Comunicación Social del gobierno del estado, que tenía información muy precisa en el sentido de que el ‘dilecto’ ‘director de imagen’ del gobernador Kiko Vega, el exreportero Jorge Alberto Cornejo Manzo, estaba instrumentando sendas “campañas sucias o negras” en contra de la compañera Adela Navarro Bello, codirectora del semanario Zeta y contra una servidora, porque estaba sumamente molesto por el hecho de que hubiésemos criticado sus argucias para acallar a la prensa, sobre todo en el tema del adeudo del gobierno del estado con la Universidad Autónoma de Baja California”.

Otros periodistas han sido solidarios con ZETA. Incluso nos han revelado cómo Jorge Cornejo, quien trabaja de subordinado de Roberto Karlo López, pero contratado por el gobernador Francisco Vega, se ha apersonado en algunas redacciones, y comunicado a otras, para ordenar no se aborde un tema –éste en específico–, se saque de circulación una nota, con la amenazada que de no hacerlo se les cortaría o rebajaría el convenio publicitario a los medios.

Al cierre de edición, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que encabeza Melba Olvera, emitió un comunicado, “Urge CEDHBC a garantizar el respeto al libre periodismo”, donde informa que “reiteró un llamado enfático a las autoridades de gobierno, en especial al Ejecutivo del estado, para que instrumenten acciones orientadas a la garantía y el respeto al ejercicio libre del periodismo”.

Además, iniciaron el expediente 120640/4VG para investigar “posibles vulneraciones a los derechos humanos derivados de estos hechos”. Insisto: en ZETA desde su fundación el 11 de abril de 1980, hemos participado en la vida de Baja California con periodismo de investigación, análisis y opinión.

Hemos mantenido una línea editorial crítica, contestataria, anti oficialismo. Hemos sido amenazados por narcotraficantes. Generalmente del mismo cártel que asesinó a nuestros compañeros Francisco Javier Ortiz Franco y Luis Lauro Valero, y desde el cual intentaron quitarle la vida al director fundador, J. Jesús Blancornelas, el cártel de los hermanos Arellano Félix.

También hemos sido presionados por políticos, funcionarios y gobiernos, pero no hemos cedido a ese hostigamiento. ZETA se mantiene firme en su compromiso con el periodismo, la información veraz, y sostiene todas y cada una de las letras aquí publicadas desde 1980. Nuestro trabajo es en aras de la transparencia, la justicia social, el buen gobierno, la democracia, la seguridad y el bienestar. No hemos comprometido nuestra línea editorial y no lo haremos, el derecho a informar y ser informado supera en mucho la pequeñez de cualquier funcionario que corruptamente manipulando el dinero público pretenda orquestar alguna campaña de desprestigio.

A quienes se han solidarizado con nosotros, gracias. A nuestros compañeros periodistas que no han hecho eco de la campaña de desprestigio, nuestra solidaridad y confianza. A quienes desde el anonimato, con recursos públicos e infraestructura gubernamental pretenden presionar para inhibir la publicación de irregularidades, les decimos que en ZETA seguiremos, más allá de amenazas, haciendo periodismo de investigación, respondiendo a la denuncia ciudadana, cerca de la sociedad y lejos del gobierno.