May 162018
 

Ismael Bojórquez/Río Doce

Hace unos días, Artículo 19 publicó una especie de informe denominado Democracia simulada, nada que aplaudir. Es un recuento de sus diez años en México, trabajando todos los días, en todas las regiones del país, por defender la libertad de expresión. El panorama que expone esta organización internacional, fundada en 1987, es desolador y sus conclusiones son permeadas por la desesperanza. “En este país —dice—no hay nada más barato que la vida humana”.

Imposible no pensar en quienes mataron a Javier Valdez y lo que cobraron por “aventarse el jale”. O en la conclusión de que sus asesinos ni siquiera sabían a quién estaban acribillando. Y que lo hicieron con tal saña que muchos pudimos pensar que tenían “motivos” personalísimos para atacarlo casi con resentimiento. Matar por oficio y luego hasta por gusto.

El sexenio de Enrique Peña Nieto queda hasta ahora como el más violento de la historia moderna de México. E igual cuando se habla de agresiones a periodistas es una de las administraciones más ineficaces y cómplices. Registradas, nos dice Artículo 19, van 1 mil 986 agresiones y solo en 2017 se denunciaron 507, incluidos 12 asesinatos, entre ellos los de Miroslava Breach en Chihuahua y Javier Valdez en Sinaloa.

Pero si las cifras de agresiones son ya espeluznantes, el nivel de impunidad lo es más: 99.6 por ciento. Es decir, en términos caseros, el cien por ciento de estas agresiones queda sin castigo. ¿Puede hablarse así de un auténtico estado de derecho? En la letra sí, en los hechos no.

¿Y quién se preocupa por los periodistas? Se escucha muy chingón eso de que “cuando asesinan a un periodista matan también una parte de la sociedad, porque bla, bla, bla…”. Es verdad, la libertad de expresión y el derecho a la información son de los derechos más sagrados de un ciudadano en cualquier sociedad democrática. Pero en México estos derechos están siendo acribillados y conculcados todos los días y no solo por las bandas del crimen, sino también y principalmente desde instituciones del Gobierno.

Un ejemplo es la resistencia del Estado a legislar sobre publicidad oficial, pues está documentado cómo la mayor parte de los miles de millones de pesos que el gobierno federal destina para promover sus “logros”, van a parar a las cajas de las poderosas empresas de radio y televisión —regularmente mansas con el sistema—, a las grandes casas editoriales y a columnistas abyectos. Y lo mismo ocurre en la mayoría de los estados.

En el Estado recae la responsabilidad de brindarles protección a los ciudadanos y a garantizar sus derechos y sus libertades, pero ¿Qué hacer cuando esto no ocurre o pasa lo contrario? ¿Hacia dónde mirar? ¿Dónde ampararnos? ¿Cómo protegernos? ¿A quién acudir cuando es el mismo Estado nuestra más clara amenaza?

En los últimos años se ha estado dando una desbandada de buenos periodistas que salen de las grandes empresas periodísticas tradicionales y buscan espacios en el ejercicio independiente, muchos de ellos enfocados en temas que requieren mayores dosis de investigación. Algunos lo hacen con recursos propios, otros con apoyos de fundaciones y unos más ofreciendo productos terminados a medios que están dispuestos a ofrecer sus plataformas impresas y digitales para publicar.

Pero si los reporteros que laboran en las grandes empresas no tienen ninguna seguridad —a veces ni social—, los independientes se encuentran en el más completo desamparo. No hay organizaciones nacionales de periodistas y las que existen en los estados la mayoría están corrompidas y enchufadas a los poderes municipales y estatales, de tal forma que lo que menos importa para ellas es el bienestar y la seguridad de sus agremiados.

A partir del asesinato de Javier Valdez se desplegaron iniciativas para la construcción de una organización nacional de periodistas que velara realmente por sus intereses; no solo de seguridad ante las crecientes agresiones sufridas sobre todo en zonas de gran calado criminal, sino también en materia laboral, de seguridad social…

No será fácil concretar este esfuerzo, pero es urgente, inaplazable que se intente. Si el estado no cumple con su obligación de garantizar la libertad de los periodistas, éstos deben forjar sus propios mecanismos de protección.

Bola y cadena
ESTA SEMANA SE CUMPLE UN AÑO del asesinato de Javier Valdez Cárdenas. ¿Qué ganaron los asesinos con su muerte? ¿Qué buscaban al acabar con su vida? ¿Cobraban con los disparos algún agravio? ¿Qué quisieron demostrar? El dolor que le han causado a su familia, a sus amigos, a la sociedad, es irreparable. Y ni mil castigos sobre los autores materiales e intelectuales harán justicia porque no hay justicia posible que se equipare al valor que Javier significaba para miles de sinaloenses y mexicanos.

Sentido contrario
LAS IMÁGENES SON ESTRUJANTES, las consignas, las palabras. La marcha fue pequeña, apenas dos docenas de madres y familiares de personas desaparecidas. Se aprovechó el día de las madres para salir a las calles en varias ciudades del país. “Mamá, este es tu regalo, una pala, para que busques lo más valioso que perdí: a mi padre”. Del otro lado de las protestas, la indiferencia del Gobierno, la omisión y la complicidad.

Humo negro
NO ESTUVO MAL EL DEBATE ENTRE candidatos al Senado de la República realizado por el INE en Sinaloa, un buen ejercicio donde se plasmaron propuestas y se enderezaron ataques entre los contendientes, como es normal. Y como dijo Rubén Rocha: “Que bueno que se dieron esos ataques, porque la gente tiene derecho a saber quiénes somos”. Nadie regresó a casa igual de peinadito pero eso no afectará mucho las preferencias, empezando por la poca audiencia que tuvo el evento.

Columna publicada el 13 de mayo de 2018 en la edición 798 del semanario Ríodoce.

Medio independiente de Aguascalientes.

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