La lista negra: El show del Chapo

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Ene 182016
 

El show que ha montado el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el encuentro entre los actores Sean Penn y Kate del Castillo con Joaquín Guzmán Loera, el líder del Cártel de Sinaloa, ha sido un buen distractor para que la sociedad evite hacer las preguntas de fondo respecto a esta última recaptura del capo y al verdadero destino de éste.

Durante años mucha ha sido la falsa información que ha dado el gobierno de México respecto a Guzmán Loera y el Cártel de Sinaloa. Particularmente el gobierno de Enrique Peña Nieto ha resultado más mentiroso que otros en este tema. La recaptura de 2014, la fuga de 2015 y la recaptura de ahora.

Es mejor para Peña lavarse las manos y ofrecer al capo en extradición y no detener y llevar a juicio a todos los responsables que desde hace décadas han protegido a Guzmán Loera y al Cártel de Sinaloa: miembros de su partido político, el PRI, miembros de su gobierno, senadores, diputados, gobernadores, empresarios que han financiado campañas políticas, miembros de la iglesia Católica, etcétera. En pocas palabras, los otros señores del narco.

La versión de la captura tiene tantos agujeros como un queso gruyere. Y ha habido tantas contradicciones desde la mañana del viernes 8 de enero, hasta ahora que todo carece de sentido.

El gobierno de Peña Nieto mintió cuando dio la versión de la recaptura del Chapo en febrero de 2014. Mintió cuando informó sobre cómo ocurrió la fuga.

En 2014 el gobierno federal dijo que la recaptura del Chapo en la torre Miramar en Mazatlán, Sinaloa, fue el producto de un muy inteligente e infalible plan de la “inteligencia mexicana” planeado luego de meses de seguir a Guzmán Loera. Al operativo le pusieron el pintoresco nombre: “Operación Gárgola”. Televisa y sus conductores fueron los más entusiasmados de seguir ese guion gubernamental como pájaros que se comen las migas del suelo.

De acuerdo con esa versión rastrearon al Chapo hasta un lujoso fraccionamiento de Culiacán, Sinaloa, y gracias a un túnel debajo de la bañera, el escurridizo capo logró escaparse por el sistema de alcantarillas, en una fuga espectacular, para luego refugiarse en Mazatlán.

Según el gobierno, en esa fuga arrestaron a personas y encontraron un teléfono que sería la clave para la captura. Varios medios de comunicación repitieron la versión oficial, ¡incluso se metieron debajo de la bañera!

El propio procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, la madrugada del 22 de febrero de 2014, dijo que 30 marinos encabezaron la culminación de la “Operación Gárgola”. Abrieron violentamente la puerta del departamento 401 de la torre Miramar y ahí se encontraba un hombre de seguridad del Chapo y al propio Joaquín Guzmán Loera. Según la versión de Televisa, Guzmán Loera se ocultó en el baño. Pero hubo otras versiones.

La revista The New Yorker publicó en mayo de 2014 que en el operativo los marinos sorprendieron a Guzmán Loera en la cama con su esposa Emma Coronel, quien supuestamente clamó por la vida de su esposo y suplicó que no lo mataran.

Según la versión de este medio norteamericano, el 21 de febrero llegaron a Mazatlán no solo los marinos mexicanos sino también todo un equipo de funcionarios de la DEA, del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) y policías americanos (USA Marshals).

Ni una ni otra historia fueron verdad. Así quedó demostrado ante un tribunal colegiado meses después de la recaptura de febrero de 2014, en un litigio ganado por la defensa de Joaquín Guzmán Loera.

Según la versión dada por la PGR ante un juez a través de los testimonios de dos marinos, las cosas no pasaron como dijo Murillo Karam ni como filtraron los gringos. Dos marinos afirmaron al juez que ellos solos fueron quienes detuvieron al líder del Cártel de Sinaloa la mañana del 22 de febrero, de manera casual. Dijeron que iban pasando por ahí frente a la torre Miramar en Mazatlán cuando un desconocido en la calle les dijo que presuntamente había personas armadas adentro, por lo que ellos entraron solos al edificio y que en la puerta del departamento 401 había una persona armada.

Dijeron que cuando los vio, en vez de disparar se metió corriendo al departamento y que al entrar y gritar enérgicamente “armada de México” éste se rindió instantáneamente. Que los dos marinos comenzaron a buscar en el departamento si había más armas y supuestamente encontraron un arsenal. Dijeron que el Chapo salió en ese momento de una de las habitaciones donde también se encontraban dos mujeres y dos menores de edad.

Los dos marinos nada dijeron de la “Operación Gárgola”, nunca mencionaron el magnífico túnel debajo de la bañera. Ni una sola línea de lo que dijo el gobierno de México o funcionarios de los Estados Unidos fue sostenida por los dos marinos ante el juzgado.

Por supuesto la versión de los dos marinos tampoco es creíble. Las verdaderas condiciones en que ocurrió la recaptura de febrero de 2014 no las sabremos seguramente jamás, tampoco las de la recaptura del viernes 8 de enero pasado.

Lo único claro, cierto e irrefutable es que la detención de Guzmán Loera en 2014 no cambió nada, ni un milímetro, el poder del capo en el cártel, no disminuyó ni un ápice el poder del Cártel de Sinaloa en el mercado mundial de las drogas, y todos los cómplices de alto perfil de la organización criminal siguen impunes.

Ahora Peña Nieto y sus muchachos nos recetan una nueva versión de una nueva recaptura de Guzmán Loera ahora llamada “Cisne Negro”, para mantener los ánimos cineastas en todo esto.

Además nos distraen con el falso debate de si Sean Penn y Kate del Castillo debieron o no reunirse con Guzmán Loera, si debieron denunciarlo o no. Es obvio que no es ninguno de los dos quienes han protegido a Guzmán Loera. Honestamente de los muchos que se han reunido y reúnen con El Chapo me preocupan más otras personas: distintos presidentes de México, sus familiares y sus amigos; secretarios de Estado en turno, subsecretarios, generales, almirantes, gobernadores, diputados, senadores, candidatos, empresarios, etcétera.

La lista negra: los desaparecidos y torturados

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Dic 212015
 

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Río Doce.- Durante el sexenio de Felipe Calderón y como resultado de su falsa guerra contra el narcotráfico, 25 mil 276 personas adquirieron la imprecisa categoría de “desaparecidas”. Se trata de  25 mil 276 seres humanos que oficialmente no están vivos ni muertos. Simplemente no están. Desaparecieron.

 

Los gobiernos locales y el gobierno federal los muestran como número. Si es algo impersonal pareciera entonces ser menos dramático o importante. Lo cierto es que  detrás de cada cifra hay una mujer, un hombre o niños, y familias que sufren y esperan que aparezcan y volver a abrazarlos.

 

Ante las escandalosas cifras de muertos y desaparecidos, el gobierno de Calderón optó por la fórmula perversa de criminalizar a las víctimas. Durante todo su sexenio quiso hacer creer que todos ellos eran criminales; por desgracia el discurso oficial fue permeando en la conciencia de una sociedad aterrorizada que comenzó a especular que si alguien era asesinado o desaparecido “en algo andaba”, sin pensar que esa misma sospecha un día puede recaer en uno mismo.

 

La acusación sin sustento de que todos los muertos o desaparecidos eran sospechosos de haber participado en algún crimen provocó que los familiares de las víctimas no levantaran denuncias, ante el temor de, además de no tener justicia, comenzaran a ser perseguidos o señalados por el propio gobierno o los vecinos. Este silencio forzado de los familiares de las víctimas ha sido tan injusto y traumático como la pérdida del ser querido.

 

En diciembre de 2012, una fuente de información vinculada a la PGR me entregó la Base Integrada de Personas no Localizadas y el informe de todas las procuradurías del país actualizado hasta el 17 de julio de ese año. Cuando me la entregó me dijo que tenían miedo que esa base de datos desapareciera o fuera ocultada para siempre.

 

Ese mes, el Washington Post y yo en la revista Proceso publicamos el contenido de la infame lista. La reacción inmediata del recién llegado gobierno de Enrique Peña Nieto fue negar la existencia de la lista. Parecía que las inquietudes del informante de la PGR se estaban cumpliendo.

 

Todavía hasta febrero de 2013, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró públicamente que la lista no existía. Días después la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la señora Lía Limón, reconoció que sí existía una lista de cerca de 27 mil desaparecidos pero que apenas se había obtenido dos días antes. Eso no era cierto, mintió. ¿Por qué el gobierno entrante de Peña Nieto ocultaba una lista de personas desaparecidas en un periodo de gobierno ajeno a ellos?

Como si no fuera suficiente injusticia por la desaparición impune de más de 25 mil personas en seis años (2006-2012), el gobierno pretendió durante dos meses ocultar en la infamia del olvido los nombres de cada una de las 25 mil 276 personas.

Pese a que se conocen cotidianamente casos de personas desaparecidas en todo el país, las cifra de personas desaparecidas en los registros oficiales de los gobiernos estatales y federal permanece prácticamente inamovible. ¿Aparecieron los que se esfumaron?, ¿Regresaron a sus hogares? ¿Se encontró su cadáver?

En septiembre pasado la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron al congreso que hasta el 31 de diciembre de 2014 se habían registrado 25 mil 230 personas extraviadas o desaparecidas en todo el país, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que Gobernación envió al Senado.

El 10 de diciembre pasado, Peña Nieto envió al Congreso Federal dos iniciativas de ley, una para sancionar los delitos de desaparición forzada y otra contra la tortura y tratos degradantes. Según su propio discurso “son proyectos de gran trascendencia para enfrentar con determinación estos flagelos”.

En su propuesta de ley sobre desapariciones piensa crear un Sistema Nacional de Búsqueda y un Registro Nacional Forense, controlado principalmente por el gobierno federal. En tanto que en la iniciativa contra la tortura se sugiere la creación de Unidades Especializadas de Investigación tanto a nivel federal como en los gobiernos estatales, así como un Registro Nacional de Delitos de Tortura y Tratos Degradantes, alimentado por información proporcionada por la PGR y las procuradurías de justicia estatales.

El caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, y la detención de más de 110 personas acusadas de haber participado en los hechos, son la muestra clara que una vez más, Peña Nieto pretende resolver en el papel lo que su gobierno se niega a solucionar en los hechos.

Cada vez hay más evidencias de la participación del gobierno federal a través del Ejército, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en los hechos ocurridos en Iguala contra los estudiantes de la Normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Pero con  ley o sin ley contra desapariciones forzadas, la administración de Peña Nieto se niega a reconocer  su participación y hasta ahora ha protegido a los mayores responsables de los hechos ocurridos esa terrible noche en Iguala.

Es tal el encubrimiento a los que participaron en la desaparición de los 43 normalistas, que la PGR hasta ahora se ha negado a llamar a declarar a los militares del 27 Batallón de Infantería que esa noche controlaban las cámaras de seguridad instaladas en el municipio, las cuales fueron claramente manipuladas, e incluso se presume que las videograbaciones fueron alteradas para borrar evidencia.

La PGR tampoco ha llamado a declarar a Luis Antonio Dorantes Macías, el jefe de la base de la Policía Federal en Iguala, cuyos muchachos participaron activamente en al menos una de las agresiones contra los estudiantes.

¿Qué ley contra la desaparición forzada puede funcionar cuando el mismo gobierno protege a los que perpetraron la desaparición?

De acuerdo con los dictámenes médicos practicados por la propia PGR o por los penales federales al momento del ingreso de los detenidos, el 80 por ciento de las 111 personas arrestadas por la PGR acusadas de haber participado en el ataque y desaparición de los normalistas fueron brutalmente torturados por la Marina, Ejército, Policía Federal y Policía Federal Ministerial para hacerlos confesar falsedades y con ellas dar por resuelto el caso, para que no se indague más.

La información documental y testimonios que he obtenido en los últimos 12 meses señalan torturas brutales que van desde toques eléctricos en paladar, testículos, y recto, hasta agresiones sexuales contra los detenidos para obligarlos a firmar declaraciones previamente redactadas por la propia PGR.

Pese a las graves lesiones en muchos de los detenidos, algunos de los cuales después de las torturas apenas y podían caminar, la PGR y la administración de los penales federales han obstaculizado que se les aplique el Protocolo de Estambul, prueba pericial que prueba si hubo o no tortura.

Ese gobierno que en este caso aplicó masivamente la tortura, es el mismo que hoy quiere legislar en contra de esta práctica y adjudicarse a través del “Registro Nacional de Delitos de Tortura y Tratos Degradantes” el derecho de decir quién ha sido torturado y quién no, cosa sumamente peligrosa.

Los registros nacionales de personas desaparecidas o torturadas, bajo ninguna circunstancia deberían quedar en manos del o los gobiernos que desaparecen y torturan personas, eso es un sinsentido. Para que esos registros puedan arrojar verdad  y justicia es indispensable que queden totalmente fuera del control o influencia del gobierno federal y de los gobiernos estatales.

Anabel Hernández: Iguala, noche de perros (1)

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Sep 072015
 

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Río Doce.- Desde el 26 de septiembre de 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto puso todos sus esfuerzos en esconder los hechos que ocurrían en Iguala, Guerrero, cuando fueron atacados más de 100 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos en los que tres fueron asesinados, 10 resultaron heridos y 43 desaparecidos.

Durante casi un año, con una perversidad inaudita, premeditación, alevosía y ventaja, el gobierno federal y el gobierno de Guerrero han jugado con los hoyos negros que ellos mismos crearon esa noche para hacer creer a los padres de esos estudiantes y a la sociedad en general una historia muy distinta a la que realmente ocurrió.

La PGR ha dicho que el ataque fue ordenado por el alcalde perredista de Iguala José Luis Abarca porque los estudiantes iban a sabotear esa noche el informe de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF municipal. En esa versión, el Abarca, a quien acusa la PGR de estar involucrado con un supuesto grupo criminal llamado Guerreros Unidos, ordenó a la policía municipal detener a los estudiantes.

Según la versión oficial, los estudiantes fueron llevados en patrullas de la policía municipal a la base de dicha corporación y después en las mismas patrullas habrían transportado a los 43 estudiantes desaparecidos a un paraje llamado Loma de Coyote y ahí los entregaron a Felipe Rodríguez alias el Cepillo y a Patricio Reyes Landa alias el Pato, quienes habrían matado a los estudiantes y quemado en el basurero de Cocula desde la media noche hasta el amanecer.

Hasta ahora esa es la historia que el gobierno logró contar a través de medios de comunicación nacionales e internacionales. Pero ya no podrán contarla más.

Durante diez meses, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California, en Berkeley, he investigado junto con mi colega Steve Fisher el ataque contra los estudiantes. Desde hace diez años he investigado desde adentro la forma de operar de los cárteles de la droga en México; desde un principio la historia contada por el gobierno sonó absurda y por eso decidí investigar.

He dedicado cientos de horas en leer los tomos de los expedientes de las averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y por la PGR. Con una estrategia logré tener acceso a la matriz del caso penal: miles de fojas con declaraciones ministeriales de las víctimas, testigos y supuestos victimarios. He ido decenas de veces a esa ciudad ubicada apenas a tres horas de distancia de la ciudad de México y ahí he obtenido videos, fotografías y testimonios de la brutal cacería contra los estudiantes.

De aquí al 20 de septiembre, en esta columna y en reportajes que serán publicados en la revista Proceso, hablaré de lo que he encontrado.

Luego de una larga batalla legal tuve acceso a 36 declaraciones ministeriales rendidas ante la PGR en diciembre pasado por efectivos del 27 Batallón de Infantería ubicado en Iguala Guerrero. Contrario a lo que ha dicho el gobierno de Peña Nieto y la SEDENA, los militares sí actuaron esa noche de perros y estuvieron en todos los lugares donde ocurrieron los ataques y la desaparición de los estudiantes.

Sus declaraciones ministeriales ni siquiera coinciden con los partes militares enviados por el 27 Batallón a la 35 Zona Militar ubicada en Chilpancingo.

El comandante del batallón, el coronel José Rodríguez Pérez, quien súbitamente fue removido de su cargo en julio pasado, reconoció que estuvieron monitoreando a los estudiantes desde por lo menos las siete y media de la noche ese 26 de septiembre y que sí tuvo información en tiempo real de cada uno de los eventos que ocurrieron incluyendo los ataques a los estudiantes.

Un comandante confesó que estuvo presente cuando uno de los camiones en los que viajaban los estudiantes fue agredido frente al Palacio de Justicia ubicado en la carretera de Iguala a Chilpancingo, supuestamente por la policía municipal, e incluso tomó fotografías de esa agresión.

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció hace unas semanas que las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia grabaron ese ataque contra los estudiantes, pero que las imágenes desaparecieron.

Los miembros del 27 Batallón confesaron que esa noche, para atender la “emergencia”, salieron dos escuadrones en cuatro vehículos militares, uno de ellos una tanqueta blindada y artillada. Todos iban armados con el rifle de asalto G3 y con la instrucción de que había gente armada en las calles y debían de actuar. Los dos escuadrones estaban en las calles de Iguala cuando la peor parte de la noche ocurrió.

La Procuraduría General de Justicia de Guerrero encontró decenas de casquillos calibre 7.62, el mismo calibre del G3 que esa noche portaban los militares en la calle Juan N. Álvarez donde resultaron diez estudiantes heridos, 2 muertos y varios desaparecidos. También los encontró en la escena del ataque contra el equipo de futbol Avispones, cuyo camión fue rafagueado en la carretera hacia Chilpancingo.

Esos casquillos no son de las armas usadas por los policías municipales ni de Iguala ni de Cocula. Esos policías portaban un rifle de asalto G36 cuyo calibre es 5.56. En las escenas de los crímenes también se encontraron casquillos de ese calibre.

La PGJG nunca hizo peritajes a las armas del Ejército, tampoco pudo inspeccionar el 27 Batallón de Infantería en su totalidad. El 28 de septiembre cuando se presentó ahí un grupo de peritos, Pérez Rodríguez solo les mostró una pequeña bodega donde supuestamente tenían droga asegurada, pero por “razones de seguridad nacional” no les dio acceso al resto del batallón y dijo que para eso debían pedir permiso a sus mandos superiores.

Los militares confesaron que esa noche vieron a Daniel Solís y a Julio Cesar Ramírez tirados sobre el pavimento en la calle Juan N. Álvarez mojándose bajo la intensa lluvia. Para ellos no hubo ni un momento de misericordia. Dicen que no se pararon a auxiliarlos y que siguieron su camino hacia el hospital Cristina ubicado en esa misma calle, donde se refugiaban otros estudiantes.

Testigos afirman que los militares no solo no ayudaron a los estudiantes sino que los patearon en el suelo.

Casi con remordimiento, uno de los militares interrogados por la PGR dijo: “… una de las reglas en el Ejército es que las órdenes se acatan, no se discuten ni se interrogan”.

En junio de 2014, el Ejército masacró a 21 personas en Tlatlaya, Estado de México, y durante meses intentaron ocultarlo tejiendo una red de mentiras. Durante diez meses ha intentado esconder a toda costa su participación en las horas clave cuando unos estudiantes fueron asesinados y otros desaparecidos.

Los padres de los normalistas asesinados, heridos y desaparecidos esa noche, y toda la sociedad, merecemos la verdad y justicia. El presidente de Guatemala Otto Pérez Molina tuvo que renunciar a su cargo por un escándalo de corrupción y está siendo enjuiciado. Después de tener con absoluta claridad el engaño del gobierno de Peña Nieto ¿Qué va a pasar? Eso depende de la sociedad mexicana, de nadie más.

Anabel Hernández: Un año de infierno para la población mexicana

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Ago 312015
 

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La lista negra/Anabel Hernández/Río Doce

 

Entre el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto rendido ante sus amigos o comparsas el uno de septiembre de 2014 y este nuevo informe que también será rendido solo para los que le aplauden, hay un infierno.

Infierno no para los verdaderos responsables del ataque contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en el cual resultaron tres estudiantes muertos y 43 desaparecidos, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.  Infierno no para Peña Nieto “exonerado” por él mismo de conflictos de intereses por el caso de la llamada “Casa Blanca” en Las Lomas, Ciudad de México, construida por el empresario Armando Hinojosa, la cual está a nombre de su esposa Angélica Rivera, cuyo caso fue revelado por el equipo de la periodista Carmen Aristegui en noviembre de 2014. Tampoco para el señor Luis Videgaray, Secretario de Hacienda,  quien también fue favorecido por el mismo empresario para hacerse de una mansión en un lujoso club de golf en Malinalco, Estado de México, por la cantidad de 7.5 millones de pesos, según reveló el periódico Wall Street Journal, en diciembre de 2014.

Infierno no para los policías federales que torturaron y mataron con saña a 42 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho El Sol, en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015. Ni para quienes desde la Secretaría de Gobernación, con todo cinismo, dejaron salir a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo de la prisión de máxima seguridad conocida como “El Altiplano”, el pasado 21 de julio.

Para los autores de todos esos hechos todo va bien. El infierno sólo ha sido para el resto de la población.

¿Qué cuentas rendirá Peña Nieto ante sus invitados especiales este próximo 1 de septiembre, cuando lo único que ha administrado en este último año es el desastre?  Veamos.

Peña Nieto dirá que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa los principales responsables están en la cárcel y se ha hecho justicia. La realidad es otra. De acuerdo con meses de investigación he tenido acceso a documentos, videos y testimonios que prueban que esa noche no hubo un operativo aislado y unilateral de la policía municipal de Iguala, sino que hubo todo un operativo de Estado organizado por el gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre, compadre de Peña Nieto, por la Policía Federal y por el Ejército, todos coordinados desde el C4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando).  La autoridad menor de esa terrible noche fue el gobierno municipal.

Aunque el defenestrado alcalde José Luis Abarca está en prisión, el gobierno federal no ha logrado acusarlo por el caso de los estudiantes. Según la información de las seis causas penales abiertas contra Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hasta ahora ningún juez ha dictado una orden de aprehensión en su contra por ese asunto, y ellos permanecen detenidos por un supuesto crimen ordenado por él contra integrantes del PRD en 2013, y contra su esposa por supuestos nexos con el crimen organizado. Los policías estatales, ministeriales, militares y federales que esa noche de perros cazaron a los estudiantes, siguen libres e impunes.

En el caso de la “Casa Blanca” el presidente dirá que su empleado Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública (SFP), en una investigación “independiente”, descubrió que no hubo ningún conflicto de interés y que la compra de la residencia, por más de 70 millones de pesos de su esposa, fue correcta.

La verdad es que no hubo ninguna investigación, ni siquiera simulada. En el documento de cientos de fojas subido a internet por la Secretaría de la Función Pública sobre el contenido de su investigación, ni siquiera fue incluido el reportaje hecho por el equipo de periodistas de Carmen Aristegui y se omitieron todas las pruebas y testimonios contenidos en ese trabajo periodístico, que fue el origen del escándalo.

Según esos documentos a Peña Nieto se le hizo un “intenso” interrogatorio sobre el caso consistente en dos preguntas, ninguna relacionada a su relación de amistad con Hinojosa y a los miles de millones de pesos en contratos que siendo gobernador del Estado de México dio al empresario, ni tampoco relacionada con su participación directa en la toma de decisiones en la construcción de la casa en la que él y su esposa vivieron antes de mudarse a Los Pinos.

La investigación sobre el conflicto de interés de Videgaray  y su casa en Malinalco fue tan “exhaustiva” como la que se le hizo al presidente. Andrade omitió señalar que la operación de la compra de la casa cuya poca ventajosa operación no generó ninguna ganancia al empresario Hinojosa, fue concluida cuando ya era Secretario de Hacienda, según dio a conocer el jueves pasado la agencia Bloomberg, aunque en su exoneración la SFP había dicho que toda la adquisición se hizo antes de que fuera titular de la SHCP y beneficiara a Hinojosa con muchos jugosos contratos.

Respecto al caso de Tanhuato, Peña Nieto dirá que la Policía Federal actuó con apego a la legalidad, basándose en un informe parcial rendido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, ventajosamente días previos al informe presidencial. Lo que no se dirá es que según señalan fuentes vinculadas al Ejército, cuando los militares llegaron al rancho después del operativo de la PF, vieron los abusos cometidos, excesivos incluso para ellos.  Fueron militares quienes tomaron las fotos que comenzaron a circular por redes sociales, gracias a las cuales pudo conocerse que la PF alteró la escena del crimen y sembraron armas a quienes fueron asesinados desarmados.

Sobre la salida del Chapo del penal de máxima seguridad “El Altiplano”, Peña Nieto dirá que ha ordenado una investigación profunda, casi tanto como la que hizo la SFP sobre su casa, y que dará con los responsables “caiga quien caiga”. Pero no presentará ante la porra que estará presente en su informe el video con audio en el que se ve como Guzmán Loera se esfumó de la prisión acompañado del sonido de una televisión, que según el reglamento interno del penal no debía tener ni bocinas, y los fuertes golpes de metal contra el concreto ante los ojos y oídos de los elementos del CISEN y la Policía Federal que tenían la responsabilidad de vigilarlo.  Tampoco explicará que su gobierno mostró el video sin audio a la sociedad para ocultar la complicidad de   su gobierno al más alto nivel y no sólo tres empleados de menor jerarquía, que son los únicos detenidos hasta ahora.

El 1 de septiembre, cuando Peña Nieto rinda su tercer informe de gobierno, los que no fueron invitados también estarán ahí presentes como una losa sobre su ominosa y acicalada figura: todas las víctimas de la corrupción y los crímenes de su gobierno.  Apenas van tres años y faltan tres más.