Mapa interactivo del terror y desplazados en Sinaloa

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Sep 262017
 

Conoce nuestro mapa interactivo con información sobre los pueblos desplazados por la violencia en 2017 en Concordia, San Ignacio y Badiraguato.

Al abrir el mapa encontrarás iconos en color rojo, los cuales representan los poblados que han abandonado sus habitantes y los iconos en color negro representan los sucesos violentos que han marcado la zona serrana, en orden cronológico.

También encontrarás enlaces a notas periodísticas en las que se registran los hechos de violencia que han provocado el éxodo de mas de un millar de habitantes en Sinaloa.

Puedes alejar y acercar el mapa para conocer a detalle la información.

Río Doce.- Un millar de pobladores huyeron de zonas violentas en Concordia, San Ignacio y Badiraguato

Por lo menos mil 333 personas han sido expulsadas de la sierra de Sinaloa, en Concordia, San Ignacio y Badiraguato, tan sólo en lo que va del 2017.

El control del territorio para la siembra y producción de drogas por parte de organizaciones delictivas, ha generado hechos violentos que obligan a los pobladores a huir del lugar y las pocas opciones productivas en la zona como la minera han tenido que parar labores, admitió el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores.

Desde el primer minuto de enero hasta la fecha, los sucesos violentos en la zona serrana no han cesado.

De acuerdo con los registros de notas periodísticas, tan sólo en la sierra de Concordia se han presentado 26 sucesos violentos en lo que van del año: enfrentamientos, asesinatos con tortura y mutilaciones y asaltos a los poblados.

En un ejercicio de geolocalización, se ubicaron los sucesos violentos en los poblados donde ocurrieron y coincidieron con cada una de las comunidades que han sufrido el éxodo de sus habitantes. Lo mismo ocurrió en San Ignacio y Badiraguato.

Según las cifras oficiales que reporta la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Sinaloa, en 2017 de Concordia se han desplazado 977 pobladores; en San Ignacio se contabilizan 208 desplazados y en Badiraguato huyeron 148 habitantes de la sierra.

De Concordia han huido atemorizados los habitantes de los poblados Chirimoyos, La Petaca, Pánuco, El Coco, La Guayanera, Potrerillos, Mesa del Carrizal, Hacienda de Urías, El Encinal, Las Charcas y Santa Lucia.

Apenas el pasado viernes 22 de septiembre, en la comunidad de Santa Lucia en Concordia, un grupo armado amedentró a los pobladores, asaltó sus hogares y los obligó a prepararles alimentos.

En entrevista, el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, admitió que los hechos violentos y el desplazamiento de los habitantes están relacionados con el control del territorio que impone el crimen organizado para poder sembrar y producir drogas.
“Pretenden tener libre el territorio para sus actividades, las relacionadas con la delincuencia organizada. La siembra y producción, principalmente, lo que ellos controlan por esa zona”, explicó Gómez Flores.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado, admitió que grupos mineros han pausado sus operaciones en la sierra de Concordia debido al fuerte clima de violencia que también los ha alcanzado a través de extorsiones y “cobro de piso”.

El registro que lleva la SEDESO de 2017, marca que en San Ignacio 59 familias abandonaron los pueblos de Ajoya, El Sauz de Ajoya y Santa Apolonia. En esa zona, se han registrado por lo menos 10 asesinatos en lo que va del año.

Mientras que en Badiraguato se expulsaron a 37 familias de Huixiopa y La Tuna, poblados que en 2016 también habían registrado un fuerte desplazamiento.

Según reporta la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Sinaloa, a las familias de desplazados que han tenido que abandonar sus hogares este año se les ha apoyado con mil despensas y mil 440 bultos de lámina negra.

Desplazados del sur:

Concordia 977 pobladores 200 familias

San Ignacio 208 pobladores 59 familias

Badiraguato 148 pobladores 37 familias

Pueblos fantasma por la violencia

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Sep 252017
 


La inseguridad pública persiste en la zona serrana del sur de Sinaloa, donde las ejecuciones continúan cobrando vidas humanas, las más recientes perpetradas con armas AR15.

El pasado 20 de septiembre, cuatro hombres integrantes de una familia, fueron asesinados durante las primeras horas del día; entre las víctimas se encontraban dos menores de edad.

Según las primeras versiones, el ataque es atribuido a un presunto conflicto familiar en el poblado Buena Vista, de El Rosario, con el que se dio muerte al jefe de familia.

Feliciano “N”, de 42 años, José Arturo “N”, de 21 años, Óscar Damián “N”, de 17 años; y Nevarez “N”, de 14 años.

El supuesto altercado entre la familia habría sido en el contexto de consumo de alcohol, que ameritó que sacaran las armas conocidas como “cuernos de chivo” para acabar con el pleito.

Un mes antes, el 24 agosto, tres hermanos fueron ejecutados en la sindicatura de La Rastra, poblado asentado también en la sierra de El Rosario.

Identificados como Pedro “N”, Felipe “N” y Jesús “N”, cuyos cuerpos quedaron en las inmediaciones del panteón local, se sumaron a las estadísticas oficiales, esas a las que el ejército ha dado por llamar “brotes aislados”.

El pasado 13 de septiembre, el comandante de la Tercera Región Militar, general Juan Ernesto Bernal Reyes fue cuestionado por la prensa respecto a los hechos violentos ocurridos en Concordia, donde un día antes de la entrevista, un grupo armado privó de la libertad a un hombre para después asesinarlo, además de saquear una tienda y quemar casas y vehículos.

“Son brotes aislados (…) que se multiplican justamente por la percepción que se proyecta en los medios”, respondió.

Al comandante le han atacado en dos ocasiones las bases militares que manda en comisión a la sierra de Concordia, agresiones que ya cobraron la vida de un cabo, pero por encima de ello, sostuvo que son aislados los hechos de alto impacto ocurridos en esa zona.

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Los brotes del sur

En un hecho que también se dijo había sido por cuestiones familiares, el pasado 28 de agosto, cinco personas fueron asesinadas en la sindicatura Isla del Bosque, Escuinapa, dos de ellos adolescentes de 16 y 17 años de edad.

Originarios de La Mesa, Durango, Pedro “N”, de 23 años; Jorge “N”, de 19; Jacinto “N”, de 28 años; Marcos “N”, de 16 y Jaime “N” de 17 años de edad, fueron asesinados mientras dormían. Los perpetradores fueron hombres con el rostro cubierto, llegaron a bordo de una motocicleta.

La escalada de brotes continuó el 21 de septiembre con la persecución y balacera ocurrida en La Cruz de Elota entre militares y policías contra un grupo delictivo.

El saldo fueron tres personas heridas con arma de fuego, que además fueron detenidas y hubo aseguramiento de armas.

Este mismo mes, pero de nuevo en la sierra de Concordia, la presunta tranquilidad fue alterada de nuevo a causa de un grupo armado, que saqueó una tienda Diconsa en Santa Lucía, además de otros domicilios, en donde un grupo delictivo ingresó a los hogares.

En total impunidad, durante dos horas, se dieron a la tarea de saquear y permanecer en la vía pública sin el temor de ser molestados.

Los lugareños denunciaron que las autoridades no llegan, sino hasta después de horas de ocurridos los asaltos.

A partir de ese momento, en unas 12 horas, fueron alrededor de 16 familias que decidieron dejar Santa Lucía. Según relataron a este semanario, las primeras 10 salieron el mismo jueves y otras seis lo hicieron el viernes.

Se ha vuelto común observar cómo las familias van sacando poco a poco sus pertenencias de los hogares, organizando una mudanza forzada.

Las personas mayores estiman que en Santa Lucía habitaban poco más de 200 familias, pero a partir del incendio de viviendas y vehículos, la mitad salió del pueblo.

Con este segundo ataque —a la tienda Diconsa— se dio otra “desbandada”. En el transcurso del viernes ya estaban saliendo las últimas familias y si acaso quedarían unos tres o cuatro.

Durante el fin de semana se esperaba que el desplazamiento de familias continuara, pues ni la llegada de personal militar ha sido efectiva, como lo ha ostentado el gobierno del estado y la Tercera Región Militar.

El 22 de agosto el gobierno estatal que encabeza Quirino Ordaz Coppel anunció que el ejército reforzaría su presencia en la sierra de Sinaloa y Durango.

El Grupo de Coordinación Seguridad estuvo en el Centro de Adiestramiento Regional de la Tercera Región Militar, donde se les hizo una demostración con acciones de combate ofensivo, un ejercicio de ataque que no se ve reflejado en la sierra del sur de Sinaloa, donde los brotes son cada vez menos aislados y los desplazados por la violencia, los vulnerables que se resisten a seguir poniendo los muertos.

Ante la sordera de Malova, desplazados por la guerra piden 1 despensa a Peña Nieto

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Sep 162013
 

solosyolvidadosAnte la sordera estatal, desplazados piden ayuda a Peña Nieto

Río Doce.-
Solo una despensa.

Eso dicen algunos de los desplazados en cartas enviadas a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, que les han dado las autoridades en un año siete meses de conflictos violentos, personas muertas, casas incendiadas y saqueadas, amenazas y ruinas: una despensa el Ayuntamiento de Sinaloa y otra el Gobierno del Estado.

Los inconformes acusan al mandatario estatal, Mario López Valdez, de haberlos ignorado a pesar de que le han enviado cartas en las que le solicitan diversos apoyos. Algunos de los documentos han derivado en oficios de la oficina del gobernador a otras dependencias como la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría General de Gobierno, sobre la demanda de atención de parte de cientos de familias afectadas por el actuar del crimen organizado, pero ninguna se ha traducido en hechos que atiendan el problema.

Los inconformes piden la instalación de bases militares y patrullaje por parte de las fuerzas castrenses, pies de casa, servicios públicos o en su caso ayuda para reinstalarse en otras comunidades o ciudades, ante las agresiones, homicidios y hostigamiento que siguen sufriendo de parte de los grupos criminales.

“Ya anteriormente pedimos su intervención ante el secretario de la Defensa Nacional para ver si era posible la instalación de bases militares permanentes en algunas comunidades serranas; esto con la finalidad de que se diera el regreso de dichas familias a sus lugares de origen pero esta nos fue negada por no ser hecha por el gobernador del estado a pesar de que desde el 8 de febrero de 2012 a la fecha se lo hemos estado solicitando y habiéndose cumplido ya un año siete meses de nuestro desalojo no hemos recibido ayuda ni del Gobierno del Estado ni del Municipio. Solo una despensa por parte de cada uno de ellos”, reza el documento.

La carta fue enviada a Peña Nieto el 29 de julio de este año y firmada por personas desplazadas, quienes pidieron mantener el anonimato. El temor de sufrir represalias de parte de los grupos armados y de las autoridades sigue presente, argumentan.

La situación que padecen, agregaron, es difícil. Suman cerca de mil familias afectadas de alrededor de 43 comunidades, entre ellas Ocurahui, San José de los Hornos, Sierrita de Germán, Los Laureles y otras ubicadas en la serranía del municipio de Sinaloa. Datos de las víctimas advierten que suman al menos 30 personas muertas a balazos, entre ellas varias mujeres y menores, y unas 5 mil familias desplazadas.

“Nos vemos en la necesidad de recurrir a usted para pedirle ayuda, ya que nuestra situación es cada día más difícil pues hay familias que viven hasta cuatro o cinco en una sola vivienda a causa de la falta de empleo, algunos por la edad y otros por no tener estudios suficientes. Esto hace casi imposible poder rentar casa pues con lo poco que se consigue alcanza solo para malcomer”.

Del total de desplazados, señalaron, alrededor de 118 familias están en Salvador Alvarado y otras 70, también originarias de la zona alteña del municipio de Sinaloa, se han refugiado en Culiacán. Piden además que se aplique un programa de atención a los desplazados por la violencia.

Informes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) indican que suman unas 30 mil personas desplazadas en la entidad por las operaciones que realizan en la zona grupos criminales del narcotráfico.

“Ante la falta de atención y ayuda por parte de nuestros gobiernos estatal y municipal, han emigrado a los estados de Sonora, Nayarit y Jalisco. Así como por todo el estado, en el cual cada día son desalojadas más comunidades pues esos grupos criminales siguen operando sin que se haga nada al respecto”.

También le piden que trate el tema con López Valdez, con la importancia y delicadeza del asunto, ya que mientras no se acepte el problema su solución será difícil y “nosotros como afectados le podemos asegurar que la situación existe y es muy grave”.

Crimen, ruego y omisión

A Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, le dijeron que les hiciera caso y les ayudara. Fue el 10 de junio pasado, pero antes ya le habían notificado de los problemas y solicitudes de los desplazados de esta zona, y no hizo nada.

“Le pedimos encarecidamente que esta vez no haga caso omiso a nuestra petición y nos brinde la ayuda y apoyo que le estamos pidiendo, pues cada día que pasa es más difícil para nosotros esta situación. Tenga en cuenta que lo perdimos todo (viviendas, tierras, animales y en algunos casos hasta familiares)… es por eso que recurrimos a usted nuevamente pues nos urge poder regresar para ver qué podemos recuperar ya que allá es donde está todo lo que tenemos o teníamos, pues poco o mucho es lo único que es nuestro”.

Esta solicitud, le recuerdan, ya se la habían hecho el 18 de mayo de 2012 —más de un año antes—, a través de un documento enviado al gobernador, quien lo turnó a la Secretaría General de Gobierno “pero por lo visto no se le dio seguimiento ni respuesta, ya que el día 4 de marzo del presente año enviamos la misma petición al presidente de la República, Enrique Peña Nieto”.

El documento tiene sello y firma de recibido por esa secretaría, el 10 de junio de 2013 a las 14 horas. En el sello aparece el nombre de Alma Edith Armenta.

1200 familias desplazadas en Sinaloa son ignoradas por autoridades de los 3 niveles de gobierno

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May 272013
 

desdenporvictimasenfugaDesdén por víctimas en fuga
Paúl Mercado/Río Doce
Desplazados por violencia: todos lo saben, todos lo ignoran…

Desde el gobernador del estado, Mario López Valdez, pasando por su secretario de Desarrollo Humano, regidores, diputados locales, federales, autoridades municipales, alcaldes, la titular de la Sedesol federal, e incluso hasta el secretario de la Defensa Nacional, todos saben que en Sinaloa el problema de los desplazados por razones de violencia es real, crudo, pero nada o poco ha sido la respuesta.

El problema de los desplazados en Sinaloa, como en el país, no es exclusivamente motivado por la violencia, pero ha sido esta razón lo que ha mediatizado el fenómeno, mismo que no termina por encontrar eco en los escritorios de los que gobiernan y menos ha inspirado una política pública para atenderlo.

El recordatorio más reciente que se le hizo a las autoridades “competentes” sobre este asunto fue vía recomendación general emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a manera de informe especial sobre los desplazamientos de personas en Sinaloa, pero la respuesta ha sido la misma: indiferencia.

“Hasta el momento no se ha recibido respuesta ni del titular del Poder Ejecutivo ni de los 18 presidentes municipales, a quienes va dirigida la recomendación”, reveló Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH, quien aclaró que aunque no están obligados por ley a responder la recomendación, por hábito se les solicitó que informen sobre las medidas y acciones que lleven a cabo y remitan constancias que lo acrediten.

El ombudsman sinaloense deja en claro que los gobiernos sí atienden el problema mediante un plan de soluciones inmediatas que atiende situaciones que se les van reportando, pero hasta el momento se carece de un proyecto que los encare de manera integral. “Lo que se busca es generar una política preventiva, pero es algo que todavía no encontramos en ninguna instancia”.

Que se sepa

El fenómeno de los desplazados es algo que siempre ha ocurrido, por diferentes causas, como la falta de oportunidades y problemas familiares, pero a partir de la guerra entre los cárteles de las drogas y del Gobierno contra ellos, la violencia ha disparado el número de víctimas, sobre todo en regiones que como Sinaloa son focos de disputas por las plazas entre grupos de narcotraficantes.

Por esa razón fue que el gobernador Mario López Valdez, aunque ha minimizado el asunto, aprovechó la reunión con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, previo a su participación en la XXIX Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario del 20 de diciembre del 2012, para plantearle el tema de los desplazados y buscar cómo protegerlos.

Cinco meses atrás, en julio de ese mismo año, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) entregó un estudio al gobernador Malova, donde se le advertía que los desplazados por violencia podrían rondar la cifra de las 16 mil familias en 11 municipios.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), que dirige Juan Ernesto Millán Pietsch, respondió con un estudio que arrojó la existencia de 3 mil desplazados por esa causa, pero los datos de la Secretaría de Seguridad Pública y los de los ayuntamientos no coincidían, lo que planteó la necesidad de realizar un censo. Todavía no se sabe con exactitud cuántas personas se ven afectadas por este fenómeno.

Pero no solo la Sedena, el Gobierno del Estado y la Sedeshu ya estaban enterados del problema. El mismo estudio se envió al Congreso del Estado y personalmente se dirigió a la diputada local Rosa Elena Millán Bueno, entonces presidenta de la Mesa Directiva. A partir de eso, desde la perspectiva parlamentaria los desplazados no han pasado de un posicionamiento.

En el documento de la CEDH denominado Informe Especial Sobre los Desplazamientos Internos de Personas en Sinaloa, y que se entregó el pasado mes de marzo al titular del Poder Ejecutivo, se consigna como contexto un hecho que ratifica que las autoridades están plenamente enteradas del fenómeno. Se trata de la denuncia que un poblador de Ocorahui, municipio de Sinaloa, presentó ante la Comisión, donde expone que la falta de apoyos por parte de las autoridades municipales estaría violentando sus derechos y el de varias familias afectadas. La queja quedó radicada bajo el expediente de investigación número CEDH/V/VZE/002/2012.

Al ser requerida la autoridad municipal, admitió estar enterada de los hechos y procedió a brindar ayuda vía Sistema DIF municipal con la entrega de despensas y cobertores. Además informaron que se dio aviso al Gobierno estatal. Los apoyos, aunque sí fluyeron, no llegaron a todos.

Otra forma de enterar a la autoridad de que este problema estaba creciendo, fue a partir de que la CEDH detectó vía reportes periodísticos que un número cada vez mayor de personas abandonaban sus comunidades ante la violencia que prevalecía en ellas.

Caso concreto y motivante fue la grave situación de violencia que se vivía y todavía se padece en la región de Choix, Guasave y Sinaloa, donde grupos antagónicos del crimen organizado mantienen una férrea lucha por la plaza.

“Particularmente un incidente ocurrido entre Choix y El Fuerte, donde hasta quema de viviendas hubo. Ahí fue donde decidimos que la Comisión no podía pronunciarse nada más, por lo que decidimos hacer la recomendación general”, precisó Ríos Estavillo.

Lo que vio la CEDH, como lo había visto la CDDHS y ya lo sabían los ayuntamientos de los municipios afectados, es que Sinaloa ya vivía un desplazamiento en regiones del sur de Sinaloa, en el centro, particularmente Badiraguato, y de manera más intensa en el norte, entre Choix, El Fuerte y Sinaloa.

Pese a la falta de respuesta a la recomendación número 10, el defensor de los derechos humanos acota que sí se ha visto voluntad oficial por ir atendiendo los problemas que plantea el fenómeno, incluso alcaldes como los de Culiacán y Mazatlán impulsaron en su momento programas de empleo temporal, pero el resto no tiene la capacidad para hacerlo.

Tal es el caso de Concordia, cuyo alcalde lamentó que el Estado no disponga de políticas públicas para atender el fenómeno, y que en consecuencia dejen solos a los municipios en este problema.

Coincidentemente, el presidente de la CEDH confirma que ese es el nivel de la respuesta, a través de despensas, cobijas, etcétera, pero no hay una política de fondo.

—Supongo que la Comisión tenía una expectativa de respuesta respecto de esta recomendación —se le comenta a Ríos Estavillo.

—Sigue existiendo la expectativa, sobre todo de atención mínima. Hay voluntad en el Gobierno, yo sí puedo decir que en el Poder Ejecutivo encontramos voluntad. Pero no ha sido suficiente.

Incluso el tema se ha puesto sobre la mesa de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, quien el 7 de febrero recibió al gobernador Malova y al titular de la Sedeshu, dejando en claro a través de las redes sociales que entre otros temas se “consideraron soluciones a los desplazados”.

Sin embargo, la Sedesol no cuenta con un programa oficial dirigido especialmente a este sector, y solo ha hecho anuncios de que algunos apoyos se canalizarán vía Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Otra instancia enterada del problema es el Congreso federal, pues la diputada Francisca Corrales hizo saber que se estaba viendo que en la cruzada SinHambre se incluyera a Mazatlán y Concordia, precisamente por padecer desplazamientos por la violencia.

La legisladora priista dejó en claro que no había una solución ni un programa estructurado al respecto.

Previo a la primera visita del presidente de la República a Sinaloa, el gobernador se reunió con el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, al que le planteó el problema de los desplazados y concretamente la falta de vivienda. Todo quedó en una segunda reunión para definir acciones de apoyo.

Todos estos encuentros del mandatario estatal con autoridades federales, planteando el problema de manera superficial, habla de la falta de seriedad del Gobierno del Estado pues no cuenta con un plan o una idea clara para atacarlo.

El 2 de mayo en Mazatlán, reporteros lo cuestionaron y le hicieron ver que estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS criticaban la falta de estrategia para atender el asunto y les respondió: “El tema de los desplazados es un tema vigente y es un tema en las conferencias de prensa; he contestado lo mismo, que vamos a implementar nuestros operativos en la parte de conflicto”.

Pero el desdén no tiene límite. El 9 de mayo, tras poner en marcha la campaña estatal contra el dengue, también en Mazatlán, le insistieron en el tema y dijo que estaba por dispersarse el programa Cadena, pero que no sabía quiénes serían los beneficiarios: “Vienen recursos y vamos a poder hacer acciones para atender a todos los sinaloenses. Si los desplazados son sinaloenses también recibirán apoyo de estos recursos”.

Historia sin fin

Para el presidente de la CEDH el de la migración es un problema que va a continuar, que no tiene fin, de ahí la relevancia de que se coordinen todas las instancias de Gobierno involucradas en el tema y diseñen políticas públicas que lo atiendan.

“Queremos ir más allá de la entrega de despensas y cobijas. Nos preocupa por ejemplo, que la misma premura que se ha dado para resolver de inmediato ciertos problemas ha llevado a la falta de operatividad en la construcción de políticas públicas para resolver el problema”, destacó.

Para Ríos Estavillo la clave está en saber de qué se trata con exactitud, de ahí la importancia de generar información precisa.

—¿Qué es lo ideal que debe hacerse?

—Que se conozca el problema. No vamos a poder resolver un problema si no lo conocemos. Y sobre todo multidisciplinariamente. No existe, no se encuentra un trabajo de vinculación entre diversas áreas responsables del tema.

—¿Por lo que se observa esto va a seguir?

—Sí, por eso consideramos que para efecto de este estudio no fue propiamente la violencia lo que incidió a hacer la recomendación, aunque hay víctimas de la violencia, hay mucha gente víctima de falta de oportunidad productiva, del fenómeno de la sequía…

Para la CEDH, una acción concreta sería la creación de una instancia especial para atender a los desplazados, como ocurre con los adictos, etcétera, y estima que debe hacerse ya porque el fenómeno avanza y ya no se tiene la certeza de que se trate solo de mil 220 familias afectadas.

Mil 220

familias desplazadas en Sinaloa de al menos 11 de los 18 municipios.

Sinaloenses en fuga

Municipios Afectados*

Sinaloa 587

Mocorito 160

Badiraguato 140

Concordia 139

El Fuerte 65

Elota 64

Rosario 38

* Familias víctimas de violencia.