DF, nido de narcos

 dinero, país  Comentarios Desactivados en DF, nido de narcos
Dic 072015
 
Share

cárteles-en-el-df

Anabel Hernández/Río Doce.- Pese a que desde hace 18 años los mandatarios del gobierno federal y del Distrito Federal pertenecen a partidos políticos totalmente opuestos, en ambos niveles de gobierno han coincidido en querer  mostrar a la capital del país como un lugar exento de la nociva presencia de los cárteles de la droga que visiblemente han afectado, o francamente devastado,  otras zonas del país como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán o Guerrero, por citar algunos.

La estrategia tiene dos principales razones. La primera es, por supuesto, política y económica. Reconocer públicamente la operación de cárteles en la Ciudad de México afectaría la ya muy desgastada imagen internacional de México, el turismo, las inversiones actuales y futuras, y en general la economía de la ciudad.

La segunda razón es que si se admitiera que hay una importante operación de los cárteles de la droga en el DF, la pregunta inmediata sería ¿Y quién los tolera o protege? Ahí las cosas se tornarían aún más complejas.

El gobierno del DF diría que el combate al narcotráfico no entra dentro de sus competencias y que eso es tema del gobierno federal, y aunque legalmente es cierto, es poco creíble que los cárteles pudieran operar en el DF, o en cualquier otro estado de la República, sin la complicidad de autoridades locales.

Para el gobierno federal tampoco hay una salida fácil si reconoce la operación de estas organizaciones delictivas en la capital. No sólo porque está en su jurisdicción combatir el narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades relacionadas con el tráfico de drogas, sino porque en el DF está la sede del Poder Ejecutivo, las oficinas centrales y principales bases de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, PGR y Policía Federal. No podría entenderse la operación de cárteles de la droga en las narices de las principales oficinas que se supone deberían de combatirlo, sin la complicidad de una o varias de esas instituciones.

El DF es la ciudad más poblada del país y por lo tanto el mercado nacional de consumo de drogas más importante. Además por su situación geográfica es una zona estratégica para el traslado o almacenamiento de droga, sobre todo para aquellos cárteles que tienen sus operaciones en estados como Jalisco, Michoacán y Guerrero, o  Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Desde hace al menos diez años he venido leyendo expedientes judiciales donde los narcotraficantes refieren sus operaciones en el DF en las distintas casas de seguridad instaladas igual en la lujosa zona de Polanco, que en Las Lomas, Bosques de las Lomas o Santa Fe.

En el año 2009, cuando el Cártel de Sinaloa intentó hacer una tregua con el clan de los Beltrán Leyva y Los Zetas, al menos una de esas reuniones se llevó a cabo en el corazón de Polanco. Cuando las huestes de Jesús Reynaldo Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, negociaba con altos mandos de la Policía Federal, algunos de esos encuentros se llevaron a cabo en una residencia en Bosques de las Lomas y en la zona de la Basílica de Guadalupe.

En mayo pasado, Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno del DF, afirmó categóricamente que no operan ahí los cárteles de la droga. Señaló que durante una plática con la titular de la PGR, Arely Gómez, ésta le afirmó que “no hay información que permita establecer actividades de narcotráfico en la capital del país”.

Sin embargo durante el mes de julio aparecieron en la carretera Picacho-Ajusco, de la delegación Tlalpan, mantas supuestamente firmadas por el Cártel de Sinaloa en las cuales anunciaba que iban a tomar control de la “plaza” y para ello contaban con el apoyo de la Policía Federal y la PGR.

A principios de octubre aparecieron nuevos mensajes públicos en el DF, presuntamente firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, anunciando también que estaban en disputa por el control de la capital y pedían a Mancera que “no se meta”.

Y a finales de ese mes apareció el cuerpo de un joven de 25 años de edad colgado de un puente en la concurrida avenida Ignacio Zaragoza, en la delegación Iztapalapa.

La negativa de los dos  niveles de gobierno que confluyen en el DF  en reconocer la operación de los cárteles de la droga no hace que el problema desaparezca por sí solo, al contrario. Al no admitir el problema, los gobiernos no hacen nada para combatirlo.

De acuerdo con un reporte publicado en noviembre por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), las operaciones de los cárteles ha crecido durante los últimos años de manera  acelerada en el DF.

En el  informe anual de “Evaluación nacional de la amenaza de las drogas” correspondiente a 2015, la DEA publicó el mapa de la geografía actual de los cárteles de la droga en México, el cual sale tan colorido como un árbol de navidad por la cantidad de organizaciones criminales que predominan en diferentes partes del territorio mexicano.

Llama la atención las cinco esferas dibujadas por la agencia del gobierno de EU sobre el DF: el color naranja representa al Cártel de Sinaloa, la verde al grupo de Los Zetas, azul al Cártel de los Beltrán Leyva, el color lila es de los Caballeros Templarios y la roja el Cártel del Golfo. Según la DEA estos cinco grupos criminales tienen importante o creciente presencia en la capital.

Esa situación convierte al DF en una bomba de tiempo latente, y el encubrimiento del problema por parte de  los dos niveles de gobierno revela su complicidad. Eso significa que la aparente “paz” en la capital obedece más a una decisión unilateral de los cinco cárteles y no a un trabajo del gobierno federal, por lo cual de la misma manera espontánea puede surgir la violencia como lo hemos visto en los últimos años en otras ciudades “pacíficas” de México.

El Cártel de Sinaloa ha sido recurrentemente señalado por la DEA como la organización de tráfico de drogas más importante del mundo. El Cártel de Los Zetas es considerado uno de los más violentos y mantiene su peligrosa alianza con el Cártel de los Beltrán Leyva.

En vez de permanecer cómplices negando el problema, el gobierno federal en coordinación con el del DF, deberían ir instrumentando un plan respecto a la presencia de estos cárteles en la capital del país, para no tener que llegar a los niveles de violencia y emergencia de otros estados de la República.

Share

Anabel Hernández: Un año de infierno para la población mexicana

 la lista negra, opinión  Comentarios Desactivados en Anabel Hernández: Un año de infierno para la población mexicana
Ago 312015
 
Share

peña-nieto-1

La lista negra/Anabel Hernández/Río Doce

 

Entre el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto rendido ante sus amigos o comparsas el uno de septiembre de 2014 y este nuevo informe que también será rendido solo para los que le aplauden, hay un infierno.

Infierno no para los verdaderos responsables del ataque contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en el cual resultaron tres estudiantes muertos y 43 desaparecidos, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.  Infierno no para Peña Nieto “exonerado” por él mismo de conflictos de intereses por el caso de la llamada “Casa Blanca” en Las Lomas, Ciudad de México, construida por el empresario Armando Hinojosa, la cual está a nombre de su esposa Angélica Rivera, cuyo caso fue revelado por el equipo de la periodista Carmen Aristegui en noviembre de 2014. Tampoco para el señor Luis Videgaray, Secretario de Hacienda,  quien también fue favorecido por el mismo empresario para hacerse de una mansión en un lujoso club de golf en Malinalco, Estado de México, por la cantidad de 7.5 millones de pesos, según reveló el periódico Wall Street Journal, en diciembre de 2014.

Infierno no para los policías federales que torturaron y mataron con saña a 42 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho El Sol, en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015. Ni para quienes desde la Secretaría de Gobernación, con todo cinismo, dejaron salir a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo de la prisión de máxima seguridad conocida como “El Altiplano”, el pasado 21 de julio.

Para los autores de todos esos hechos todo va bien. El infierno sólo ha sido para el resto de la población.

¿Qué cuentas rendirá Peña Nieto ante sus invitados especiales este próximo 1 de septiembre, cuando lo único que ha administrado en este último año es el desastre?  Veamos.

Peña Nieto dirá que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa los principales responsables están en la cárcel y se ha hecho justicia. La realidad es otra. De acuerdo con meses de investigación he tenido acceso a documentos, videos y testimonios que prueban que esa noche no hubo un operativo aislado y unilateral de la policía municipal de Iguala, sino que hubo todo un operativo de Estado organizado por el gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre, compadre de Peña Nieto, por la Policía Federal y por el Ejército, todos coordinados desde el C4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando).  La autoridad menor de esa terrible noche fue el gobierno municipal.

Aunque el defenestrado alcalde José Luis Abarca está en prisión, el gobierno federal no ha logrado acusarlo por el caso de los estudiantes. Según la información de las seis causas penales abiertas contra Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hasta ahora ningún juez ha dictado una orden de aprehensión en su contra por ese asunto, y ellos permanecen detenidos por un supuesto crimen ordenado por él contra integrantes del PRD en 2013, y contra su esposa por supuestos nexos con el crimen organizado. Los policías estatales, ministeriales, militares y federales que esa noche de perros cazaron a los estudiantes, siguen libres e impunes.

En el caso de la “Casa Blanca” el presidente dirá que su empleado Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública (SFP), en una investigación “independiente”, descubrió que no hubo ningún conflicto de interés y que la compra de la residencia, por más de 70 millones de pesos de su esposa, fue correcta.

La verdad es que no hubo ninguna investigación, ni siquiera simulada. En el documento de cientos de fojas subido a internet por la Secretaría de la Función Pública sobre el contenido de su investigación, ni siquiera fue incluido el reportaje hecho por el equipo de periodistas de Carmen Aristegui y se omitieron todas las pruebas y testimonios contenidos en ese trabajo periodístico, que fue el origen del escándalo.

Según esos documentos a Peña Nieto se le hizo un “intenso” interrogatorio sobre el caso consistente en dos preguntas, ninguna relacionada a su relación de amistad con Hinojosa y a los miles de millones de pesos en contratos que siendo gobernador del Estado de México dio al empresario, ni tampoco relacionada con su participación directa en la toma de decisiones en la construcción de la casa en la que él y su esposa vivieron antes de mudarse a Los Pinos.

La investigación sobre el conflicto de interés de Videgaray  y su casa en Malinalco fue tan “exhaustiva” como la que se le hizo al presidente. Andrade omitió señalar que la operación de la compra de la casa cuya poca ventajosa operación no generó ninguna ganancia al empresario Hinojosa, fue concluida cuando ya era Secretario de Hacienda, según dio a conocer el jueves pasado la agencia Bloomberg, aunque en su exoneración la SFP había dicho que toda la adquisición se hizo antes de que fuera titular de la SHCP y beneficiara a Hinojosa con muchos jugosos contratos.

Respecto al caso de Tanhuato, Peña Nieto dirá que la Policía Federal actuó con apego a la legalidad, basándose en un informe parcial rendido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, ventajosamente días previos al informe presidencial. Lo que no se dirá es que según señalan fuentes vinculadas al Ejército, cuando los militares llegaron al rancho después del operativo de la PF, vieron los abusos cometidos, excesivos incluso para ellos.  Fueron militares quienes tomaron las fotos que comenzaron a circular por redes sociales, gracias a las cuales pudo conocerse que la PF alteró la escena del crimen y sembraron armas a quienes fueron asesinados desarmados.

Sobre la salida del Chapo del penal de máxima seguridad “El Altiplano”, Peña Nieto dirá que ha ordenado una investigación profunda, casi tanto como la que hizo la SFP sobre su casa, y que dará con los responsables “caiga quien caiga”. Pero no presentará ante la porra que estará presente en su informe el video con audio en el que se ve como Guzmán Loera se esfumó de la prisión acompañado del sonido de una televisión, que según el reglamento interno del penal no debía tener ni bocinas, y los fuertes golpes de metal contra el concreto ante los ojos y oídos de los elementos del CISEN y la Policía Federal que tenían la responsabilidad de vigilarlo.  Tampoco explicará que su gobierno mostró el video sin audio a la sociedad para ocultar la complicidad de   su gobierno al más alto nivel y no sólo tres empleados de menor jerarquía, que son los únicos detenidos hasta ahora.

El 1 de septiembre, cuando Peña Nieto rinda su tercer informe de gobierno, los que no fueron invitados también estarán ahí presentes como una losa sobre su ominosa y acicalada figura: todas las víctimas de la corrupción y los crímenes de su gobierno.  Apenas van tres años y faltan tres más.

Share
%d bloggers like this: