¿Cuándo existe la duda razonable, si no tiene definición? Columna de Óscar González Mendivil

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Mar 202018
 

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¿Sospecha razonable? Inspeccionar ciudadanos para investigar
por: Óscar Fidel González Mendivil en 20 marzo, 2018/Río Doce

El pasado 12 y 13 de marzo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sesionó para analizar dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de 13 preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre las normas cuestionadas se encuentra el artículo 268 de la ley citada, el cual establece que, al investigar delitos, la Policía puede realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones, siempre y cuando exista flagrancia, o bien, existan indicios de que oculta entre sus ropas o lleva pegados al cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con un delito.

El código impugnado sostiene que la revisión consiste en una exploración externa de la persona e impone a la policía la restricción de contar con una orden judicial en caso de que la inspección implique exponer partes íntimas del cuerpo de una persona. Incluso, antes de realizar una inspección, la Policía debe informar al ciudadano cuál es el motivo de la revisión.

Javier Laynez Potisek, ministro ponente del proyecto de resolución, planteó la pregunta central de la discusión: “¿Es constitucional que la policía pueda realizar la inspección de personas y de vehículos en la investigación de los delitos, sin que se exija que cuenten con orden escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder?”.

Para la CNDH, parte actora de la controversia desde 2014, al practicar estas inspecciones se atenta contra la libertad personal y de tránsito de los ciudadanos, ya que, así sea en forma indirecta, son sujetos de una posible detención arbitraria en que podrían incurrir la Policía y el Ministerio Público al momento de realizar sus investigaciones.

El ministro Laynez propuso que la inspección de personas constituye un control preventivo provisional que se encuentra autorizado constitucionalmente en la investigación de delitos y cuyos parámetros de validez derivan de la propia Carta Magna. En otras palabras, respondió a su propia pregunta afirmando que sí es constitucional la inspección de personas y vehículos que realiza la Policía, con las condiciones que fija el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Después de dos días de discusión, el más alto tribunal del país decidió, por mayoría de siete votos de 11 posibles, la constitucionalidad de las inspecciones de personas y vehículos que efectúa la Policía en la investigación de los delitos.

Frente a la decisión, la CNDH emitió su postura declarándose respetuosa de la determinación de la Corte, pero manifestando, a la vez, su preocupación “porque más allá de contribuir a que exista un entorno de mayor seguridad y menor violencia en nuestro país, los preceptos que fueron impugnados sigan propiciando violaciones a derechos y libertades básicas de las personas, sobre todo en contra de adolescentes y jóvenes”.

La SCJN respondió a través de las redes sociales aclarando que si un policía recibe una denuncia y está investigando un delito, puede inspeccionar personas y vehículos, pero esta facultad no es ilimitada y tampoco la ejerce a su antojo. La Policía puede inspeccionar siempre y cuando se encuentre en curso una investigación criminal, o bien en casos de flagrancia, sólo si hay una sospecha razonable de que la persona coincide con las características del sujeto denunciado.

El comunicado de la Corte agrega que la inspección de vehículos procede si el agente de policía observa hechos o circunstancias que lo hagan suponer que se está cometiendo un delito. Si no se cumplen estos requisitos, las revisiones de personas y carros serán ilegales y arbitrarias, incluyendo los casos en los cuales la única razón que se invoca para justificar la inspección sea una infracción de tránsito.

Todos entendemos que la Policía necesita herramientas legales para actuar ante la flagrancia delictiva o en una investigación criminal, y también es benéfico que los ciudadanos estemos conscientes de los alcances y límites de esas atribuciones. Por eso el empleo de la frase “sospecha razonable” causa inquietud, pues al no estar definida se convierte en un espacio de probable decisión arbitraria.

En los EE.UU. se emplea un término similar, probable cause o “causa probable”. Deriva de la Cuarta Enmienda a su Constitución, que establece que la Policía, para arrestar a alguien, debe tener una causa probable, aunque la ley tampoco define qué significa. La Suprema Corte norteamericana ha reconocido que causa probable es un concepto impreciso, fluido, que depende del contexto de la acción.

En el caso Illinois v. Gates (1983), el tribunal estadounidense sostuvo que la causa probable debe verse como un estándar práctico y no técnico, que toma en cuenta consideraciones fácticas y pragmáticas de la vida cotidiana, sobre las cuales actúan los seres humanos de manera razonable y prudente. Lo anterior significa que las cortes del país vecino deben emplear un estándar de razonabilidad para juzgar si existió la causa probable.

También en México haría falta que la SCJN definiera un modelo similar que nos ayude a comprender cuándo es razonable la sospecha. Esto serviría para que los agentes del Ministerio Público y jueces que califiquen las detenciones, cuenten con una herramienta para controlar el margen de decisión que emplea la Policía al revisar a las personas y sus vehículos.

Artículo publicado el 18 de marzo de 2018 en la edición 790 del semanario Ríodoce.

Medio independiente de Aguascalientes.

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Ay Aguascalientes: El gobernador decidirá al fiscal electoral

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Jul 242015
 

HCE_01 Sesión Ordinaria Jueves 23 julio 2105

Este jueves, fue aprobado el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve la iniciativa por la que se deroga la Fracción XIV del Artículo 27 y se reforman los Artículos 42, 43, 45, la Fracción X del Artículo 46; los artículos 48, 49, 50, la Fracción II del 57 y el Artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

Dicho proyecto de ley, modifica las atribuciones de la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo y devuelve algunas de ellas al Secretario de Gobierno, que pasa a denominarse Secretario General de Gobierno.

Sobre el dictamen, la diputada del PAN Martha Márquez Alvarado indicó que esta reforma sólo busca regresar a la estructura de gobierno que se tenía antes, y por ende el Gobierno del Estado no quiere hacerle “frente al fracaso que resultó la creación de la figura de Jefe de Gabinete”.

En la votación respectiva, el dictamen obtuvo una votación unánime, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, diputado Juan Antonio Esparza Alonso, ordenó se remitiera al Poder Ejecutivo para la publicación del decreto respectivo en el Periódico Oficial del Estado.

En otro punto del orden del día, se realizó la votación para la designación del Fiscal Especial Electoral del Estado de Aguascalientes, a partir de la terna remitida por la Fiscalía General del Estado, integrada por los abogados Guillermo Rafael Escárcega Álvarez, Gerardo Cruz Bedolla y José Guadalupe López Ramírez.

Previamente, se dio lectura al informe de la Comisión de Justicia, donde se establece que los integrantes de la terna remitida por la Fiscalía General del Estado cumplían con los requisitos previstos referidos en el “Acuerdo Legislativo por el que se propone la lista de cinco candidatos para designar al Fiscal Especial en Delitos Electorales” emitido por la Comisión de Gobierno.

Al respecto, el diputado del PAN Mario Álvarez Michaus solicitó el uso de la voz para cuestionar la trayectoria de Gerardo Cruz Bedolla, de quien señaló que fue partícipe como Agente del Ministerio Público en la detención y encarcelamiento de indígenas en el estado de Querétaro, por el presunto secuestro de Agentes Federales de Investigación, y que luego de unos años fueron liberadas por falta de pruebas.

Sobre el aspirante Guillermo Escárcega Álvarez, Álvarez Michaus cuestionó su militancia en el PRI, además de ser funcionario del Gobierno del Estado, por lo que consideró que de ser el elegido se pondría en duda la honorabilidad de una institución como la Fiscalía Especial de Delitos Electorales.

Enseguida, la diputada Sylvia Garfias acusó que se está preparando una elección de estado, pero que de todas maneras su partido va a recuperar la gubernatura. Dijo que la designación del fiscal especial electoral deja mucho qué desear, pues el informe solo expone una “dudosa interpretación jurídica”.

La panista afirmó que el derecho electoral debe ser el más transparente, por lo que descalificó la militancia de algunos de los candidatos incluidos en la terna. Afirmó que solo hay un aspirante que cumple con los requisitos plenos de ley, además de una trayectoria con ética y valores, “que últimamente no se ve en el Congreso del Estado”.

En su oportunidad, el diputado del PAN Leonardo Montañez Castro insistió en el hecho en el que se vio involucrado el aspirante Cruz Bedolla, ya que dijo, violó los derechos humanos de tres indígenas otomíes, tras cuestionar sí con tales antecedentes sería capaz de respetar los derechos electorales.

De Escárcega Álvarez dijo que no resulta el perfil idóneo para ocupar la Fiscalía Especial por su afiliación priista, y aunque fuera de otro partido e incluso de Acción Nacional “tendríamos la obligación ética y moral de no permitir que ningún afiliado partidista ocupe una institución que tiene que garantizar la imparcialidad en los procesos electorales”.

A continuación, el legislador J. Jesús Rangel de Lira, hizo una reflexión con respecto a la elección del fiscal electoral, al subrayar que realmente no tiene una relación directa con una problemática social, y que por el contrario, se disfrazan las ansias del poder con una defensa a ultranza de tal o cual candidato y la denostación de otros.

El representante popular por el Partido del Trabajo adelantó su voto por Guillermo Escárcega, pues hizo mención de que las dudas que tuvo las hizo en su momento en la Comisión de Justicia.

Intervino brevemente el diputado Leonardo Montañez Castro para señalar que el único pecado cometido por su candidato, José Guadalupe López Ramírez, fue “haber participado en el Gobierno de Barberena Vega a invitación de Don Pedro Rivas”, por lo que aclaró “que no estamos llevando agua a nuestro molino”, en relación a acusaciones de tipo partidista por el voto de su bancada.

En la votación secreta por cédula, el resultado fue el siguiente: Para Guillermo Escárcega, 16 votos; José Guadalupe López Ramírez, 9 votos; Gerardo Cruz Bedolla, 0 votos y 2 abstenciones. Así pues, al no reunir la mayoría calificada ninguno de los anteriores, la terna fue devuelta al Fiscal General del Estado, quien según el acuerdo legislativo, tendrá la facultad para hacer el nombramiento de manera directa.

Después de la votación, hubo una moción de la diputada Martha Márquez Alvarado para que se realizara una segunda votación, pero al no haber acuerdo se procedió a la declaratoria de un receso, tras el cual, se procedió a continuar con los demás asuntos del orden del día, ya que no se optó por una nueva ronda ni por algún procedimiento alternativo.

Enseguida, se puso a consideración de la representación popular de Aguascalientes, el dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que contiene la Iniciativa por la que se adiciona el Título Séptimo bis denominado “El Genoma Humano”, con un Capítulo Único y con los Artículos 104 bis al 104 bis 5 de la Ley de Salud del Estado, presentada por el Ciudadano Diputado José Israel Sandoval Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La propuesta original fue modificada para quedar en adiciones al Artículo 28 de la norma en mención, para señalar expresamente que al Ejecutivo del Estado de Aguascalientes por conducto de la Secretaría de Salud, le corresponderá “fomentar la no discriminación ni conculcación de derechos, libertades o dignidad de las personas con motivo de sus caracteres genéticos; y salvaguardar en términos de la normatividad aplicable, la confidencialidad de los datos genéticos de todo grupo o individuo, obtenidos o conservados con fines de diagnóstico, prevención, investigación, terapéuticos o para cualquier propósito, salvo en los casos que exista orden judicial”

Sin intervenciones con respecto a la iniciativa, se pasó a levantar los sufragios de los diputados, obteniendo la unanimidad de ellos a favor, por lo que de igual forma fue remitida al Poder Ejecutivo para los trámites de rigor.

ASUNTOS GENERALES

DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes, que plantea derogar la facultad que actualmente tiene la autoridad a nivel estatal para nombrar a los jefes policiacos de los ayuntamientos y otorgársela a los alcaldes, conforme lo marca la constitución, según lo expuso en su intervención en la tribuna legislativa.

LEGISLADOR ENRIQUE JUÁREZ RAMÍREZ

Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, el diputado del PRI Enrique Juárez Ramírez, reveló que según un estudio del INEGI Aguascalientes se ubica en los primeros lugares del país con un registro menor en el delito de homicidios, pues durante el año 2014 se cometieron cuatro hechos delictivos de este tipo por cada 100 mil habitantes durante 2014, superado solamente por el estado de Yucatán.

Juárez Ramírez aseveró que estos datos reflejan la eficacia de la figura del Mando Único, el cual ha contribuido para que se redujera en un 40 por ciento la tasa de asesinatos en la entidad. Por ello, hizo un llamado para que el rubro de la seguridad pública no sea politizado y usado como botín partidista, pues es un tema sensible para la ciudadanía y los estudios demuestran que “las cosas se están haciendo bien”.

DIPUTADA NORMA ADELA GUEL SALDÍVAR

En la tribuna del salón de sesiones, la diputada Norma Guel Saldívar presentó una iniciativa de reforma a la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, con el objetivo de preservar la integridad física de la población en general y la infraestructura pública en situaciones emergencia.

La legisladora del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del PRI y PVEM, expresó que se busca cumplir con las normas internacionales en la conformación de los cuerpos de bombreros, principalmente en cuanto al número de los elementos en proporción a la población existente, y en cuanto a la dotación de equipamiento necesario para el desempeño de su trabajo.

LEGISLADORA ANAYELI MUÑOZ MORENO

En su oportunidad, la legisladora Anayeli Muñoz Moreno, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI-PVEM, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Protección para el Estado de Aguascalientes, para contemplar la preservación, fomentar el cuidado y restitución del arbolado urbano, especificando causales que justifiquen la poda o derribo de árboles.

La propuesta de reforma también prevé que en los proyectos de trazos de caminos, pavimentación de calles, construcciones o remodelaciones, los vegetales deben integrarse a los planes de obra con el objeto de proteger la integridad de los árboles.

DIPUTADO ADOLFO SUÁREZ RAMÍREZ

Posteriormente, el diputado Adolfo Suárez Ramírez tomó la palabra para realizar un posicionamiento sobre el proceso de nombramiento del fiscal electoral, de la que dijo, es una obligación del Congreso del Estado de Aguascalientes, persona que electa, debería velar por la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos.

El integrante de la bancada panista, lamentó que en su momento no haya sido tomada en cuenta su propuesta de reserva a la Ley de la Fiscalía General del Estado, donde propuso que el encargado de la persecución de los delitos electorales tenía que cumplir con los mismos requisitos que un magistrado; es decir, carecer de militancia o no haber sido dirigente partidista.

Sin otro asunto en el orden del día, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Juan Antonio Esparza Alonso, clausuró los trabajos parlamentarios, no sin antes citar a la próxima sesión para el próximo día 30 de julio del presente año, a las 11:00 horas, en el salón de sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, recinto oficial del Congreso del Estado.

Medio independiente de Aguascalientes.

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