Abr 142019
 

El desplazamiento de familias enteras a otros estados de México y a Estados Unidos pone en riesgo los derechos fundamentales de personas que se encuentran en una situación vulnerable.
MORELIA (Michoacán), México.- Ante la ola de violencia desatada en las últimas semanas en municipios como Parácuaro y Buenavista Tomatlán, en la zona de Tierra Caliente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hace un llamado urgente a las autoridades estatales para que atiendan este fenómeno que ha obligado al desplazamiento de más de 100 familias.

Advierte la CEDH: “El desplazamiento forzado de personas es una violación a los derechos humanos y se traduce en violaciones al derecho a la vida, la integridad, la libertad personal y la seguridad pública; pero además conlleva violación a otros derechos como a la propiedad privada y al domicilio, cuando están implícitos la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas de los afectados”.

Este organismo advierte también de que, desde el inicio de este año, se ha recrudecido la violencia, particularmente en Tierra Caliente, en donde el miedo, la zozobra, la incertidumbre e inseguridad han orillado a algunas familias a desplazarse de manera interna.

Ante este escenario la CEDH urge al Estado mexicano restablecer las garantías de seguridad y legalidad y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas afectadas. Este organismo indica que es una responsabilidad del gobiernoen turno atender, proteger y asistir a víctimas de desplazamiento forzado y vulneradas en sus derechos para garantizar su seguridad y proveerles de lo necesario.

El Ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, instruyó al personal de las seis Visitadurías Regionales, particularmente de la que se ubica en Apatzingán, para que se mantengan atentos a este fenómeno y en los casos en que personas se acerquen a busca el cobijo de la institución se les de la orientación y asesoría que cada caso requiera.

Por su parte, el párroco Adrián Alejandre Chávez, reveló que esas comunidades ya se han convertido en pueblos “fantasmas”por el temor de los habitantes a quedar entre en fuego cruzado entre grupos del crimen organizado.

El mayor problema se produce en Maravatío y Ordeñitas, donde no queda ninguna familia.

“Algunos familiares dan vueltas en la mañana para ver cómo están sus pertenencias y luego regresan a la cabecera municipal”, afirmó Alejandre Chávez, a quien los habitantes han narrado que el miedo los obligó a abandonar sus hogares.

El religioso confirmó que los habitantes de esos poblados le han pedido apoyo, por lo cual habilitó como refugio el salón parroquial. Sin embargo, los desplazados han decidido refugiarse con familiares y amigos en la cabecera municipal y sus alrededores.

Con lo que sí se les ayudé fue con ropa, porque salieron sin ropa y han estado dándome ropa en la parroquia para ellos.

Un habitante que pidió el anonimato señaló que son cerca de 100 familias las desplazadas por la violencia y que se han convertido en pueblos fantasmasdonde solamente viven los estruendos de las armas de grueso calibre con las que se disparan los grupos al servicio del crimen organizado, además de que en las escuelas ya no hay actividades.

Desplazamientos en Michoacán

El desplazamiento de personas en Michoacán no ha cesado, pero nadie sabe qué tan agudo sea el problema en estos momentos. Ninguna instancia oficial cuenta con cifras, pero han advertido que la violencia ha acelerado la “expulsión” forzada de decenas de familias de zonas rurales y urbanas. Tierra Caliente sigue siendo el “foco rojo” en donde Los Viagra se disputan el territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque no es la única región.

Según estadísticas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, las más actualizadas, en 2017 se reportaron 1.350 personas desplazadas; 1.200 se movieron a Aguascalientes para huir de las garras del narcotráfico. La única referencia que tienen las instancias es que eran indígenas purépechas, mientras que otras 150 personas procedentes de Nueva Italia se refugiaron en Tijuana. Eran familias enteras.

José Luis Sergura Barragán, clérigo
Las personas que son “expulsadas” no acuden a denunciar ante el Ministerio Público ni a otras instancias de ayuda y prefieren alejarse por miedo. Michoacán está en el quinto lugar nacional de expulsiones después de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Oaxaca. Activistas como el fundador del movimiento de autodefensas, Hipólito Mora Chávez, y el sacerdote José Luis Segura Barragán, quienes habitan en la región de Tierra Caliente, reconocen que su atención es uno de los enormes pendientes que tienen las autoridades y que se agudiza ahora por la disputa que hay entre cárteles, y que deja en medio a familias. Incluso siguen los “levantones” y hasta la quema de casas de quienes se resisten a cooperar.

Hipólito Mora Chávez y sus autodefensas
Por otra parte, un proyecto denominado “Organizaciones Paramilitares, Grupos de autodefensas y Desplazamientos Internos forzados en México 2006-2013”, elaborado por la doctora Luz María Salazar Cruz, afirma que el desplazamiento interno forzado en Michoacán asciende a 21.000 habitantes en ese periodo.

El desplazamiento interno forzado en la entidad para el periodo estuvo vinculado al contexto de violencia, según el informe, presentado en el Senado de la República.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano apuró a las autoridades a reconocer la existencia de este fenómeno para establecer los mecanismos para la atención y solución a los conflictos que lo originan y para que se garanticen los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda y empleo de las personas desplazadas.

Asilo político en Estados Unidos
Los datos más recientes que hay se remontan al 2017 cuando la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos elaboró un informe, tomado como referencia por las autoridades, en donde se evidencia la existencia del desplazamiento de personas.

Fue en diciembre cuando se reportó la llegada a Tijuana de cientos de personas.

Las familias huyen de la violencia generada por grupos del crimen organizado y del narcotráfico en sus comunidades de origen.

Las familias emigraron a la frontera con Estados Unidos a fin de pedir asilo. A pesar de temperaturas de 10º C o menos, las personas desplazadas estuvieron durmiendo en las calles alrededor de la explanada del Instituto Nacional de Migración. Eran madres con sus hijos, niños, jóvenes menores de edad, personas mayores y hombres. No se sabe si volvieron a Apatzingán o a Nueva Italia, de donde eran originarios, refieren los informes que hoy son materia de análisis.

En otro episodio, alrededor de 300 familias indígenas decidieron desplazarse por motivos de la violencia generada en el estado a Aguascalientes.

“En el caso de los purépechas muchos son desplazados por la violencia y expresan su deseo de quedarse por miedo de que se lleven a sus muchachos (…) Se los llevan a trabajar –la delincuencia organizada- en las actividades que ellos realizan”, refiere María del Carmen Wuotto González, presidenta de la asociación MAIS, Mancomunidad de la América India Solar de ese estado.

Esas familias indígenas llegaron a Aguascalientes y posteriormente algunas han emigrado a otros estados para buscar alguna fuente de sustento. Se trata de un contingente de 300 familias, unas 1.200 personas. Tampoco se sabe si regresaron a sus lugares de origen, pero no son las únicas: el sacerdote José Luis Segura Barragán alertó que en fechas recientes la disputa entre cárteles está provocando que ese problema resurja en comunidades de los municipios de Apatzingán y Buenavista.

“No tengo números actualizados, pero el problema se ha presentado en las comunidades de El Alcalde, El Paso del Capire y Las Cagüingas. En este último lugar hasta quemaron las casas los criminales”, confesó el sacerdote.

El 2 de febrero desaparecieron a 5 personas, entre ellas y no sabemos absolutamente nada de ellos. Esa es la realidad a diario aquí y lo único que están sembrando es terror y miedo en las familias”, dijo.

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