Jun 192019
 

coca-decomiso-1-o9gu95pw7gdifpfsztqd4z8b41itnipoonkj5e6vt4.jpgJuez determina ilegal el mayor decomiso de cocaína en Sinaloa y libera a imputado
Por Alejandro Monjardín

El Ejército realizó el mayor decomiso de cocaína en el estado y detuvo a una persona el año pasado, pero todo fue ilegal.

El aseguramiento fue de 505 kilos de cocaína en un aljibe de un estacionamiento ubicado a un costado del “Mercadito” en Culiacán, donde capturaron a José Antonio “N”.

Lea: Decomiso de cocaína en Culiacán revela conexión Colombia-México-Ecuador https://bit.ly/2ZvjRu1

El detenido fue vinculado a proceso penal solo por 2 kilos de droga, ya que el resto fue decomisado de manera ilegal; y un año después fue absuelto porque la detención también fue ilegal.

La noche del pasado lunes 10, en el Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, el Juez dio a conocer el fallo del juicio oral y ordenó la inmediata liberación de José Antonio.

El Juez concluyó que el imputado fue detenido dentro de una propiedad privada y no se acreditó la flagrancia, por lo que la intromisión del Ejército al inmueble fue ilegal, así como la detención, las pruebas obtenidas durante el arresto y las investigaciones realizadas posteriormente.

El arresto fue el 30 de mayo de 2018, en un estacionamiento propiedad de José Antonio ubicado por la calle Benito Juárez, en la colonia Centro.

En 11 audiencias realizadas durante 10 días de juicio oral, citaron a comparecer a 22 personas entre militares, peritos, investigadores y civiles y se presentaron pruebas.

De los testimonios rendidos por los militares ante el juez en la sala de audiencias, se desprende que el 30 de mayo de 2018, al mediodía, una persona llegó a la entrada principal de las instalaciones del cuartel general de la Novena Zona Militar y entregó un sobre que dijo era una denuncia anónima.

Un militar recibió el sobre y lo entregó al subjefe de Estado Mayor, quien lo abrió y revisó el contenido.

El mensaje —exhibido en la sala de audiencias durante el juicio—, escrito a mano en una hoja de papel, menciona el estacionamiento y su ubicación, y que en ese lugar personas armadas “mueven droga” en una camioneta Nissan color blanco y proporciona el número de placas y además señala que guardaban droga en un hoyo.

El militar envió a un grupo de fuerza de reacción a buscar el lugar y alrededor de las 14:00 horas, los soldados observaron la camioneta que describía el mensaje y vieron a José Antonio cargando unos paquetes hacia el vehículo, pero al notar la presencia de los soldados los arrojó al suelo y trató de subirse a otra camioneta.

Los militares declararon que pidieron autorización para ingresar el inmueble a un cerrajero que tiene su negocio a un costado de la entrada del estacionamiento y que éste les respondió “es un estacionamiento público” e hizo un ademán con la mano para que entraran.

Los soldados dijeron que las camionetas las dejaron afuera y ellos entraron caminando.

Los militares detuvieron a José Antonio y de los paquetes que arrojó al suelo recogieron los dos más próximos a él y con esos lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

El estacionamiento quedó resguardado por soldados debido a que había más droga en un subterráneo, pero necesitaban orden de cateo para ingresar.

El ministerio público solicitó la orden en dos ocasiones a diferentes jueces y en ambas fue negada.

Tras varios días de mantener sitiado el estacionamiento, los militares decidieron entrar sin la orden judicial y sacar la droga, ya que consideraron que por la cantidad que se trataba había riesgo de que llegara un grupo armado y ocurriera un enfrentamiento y es una zona de alta afluencia de personas.

El noveno día de juicio, José Antonio dijo que los militares se metieron en las patrullas al estacionamiento y se desplegaron tanto en el interior como en exterior, para después dirigirse hacia la Nissan, luego le preguntaron si era el dueño y contestó que ese vehículo lo habían dejado ahí desde hacía más de un hora.

Narró que los militares lo subieron a la camioneta y le dijeron que se quedaría ahí hasta que llegara el dueño y ahí lo tuvieron durante alrededor de tres horas; luego lo trasladaron a la delegación de la Fiscalía General de la República y durante varias horas más estuvo arriba de un vehículo afuera del edificio.

El cerrajero que según los militares autorizó el ingreso al estacionamiento, fue llamado a declarar durante el juicio y dijo que los soldados se metieron al inmueble en tres camionetas y una vez que estaban dentro se dirigieron hacia él para pedirle autorización.

Al juicio también fue llamado a declarar el entonces comandante de la Novena Zona Militar, Alejandro Vadillo, para que hablara sobre un oficio que envió al ministerio público federal en octubre de 2018, en respuesta a una solicitud de información sobre el operativo de detención.

El general reiteró lo que decía el documento: que él no tenía información debido a que el grupo que hizo la detención pertenece a la zona militar con sede en el Estado de México y es a esas autoridades a las que rinden cuentas.

Tras valorar los testimonios y las pruebas, el juez resolvió absolver al imputado debido a que se violaron sus derechos fundamentales y el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Explicó que en este caso no se acreditó que había flagrancia ya que los militares declararon que vieron a la persona cargando paquetes que no sabían qué contenían, pero sospechaban que era droga, por lo que antes de entrar al estacionamiento solo tenían indicios que permitían suponer que tal vez se estaba cometiendo un delito.

Diferente hubiera sido si portara un arma, ahí sí no hay duda que se estaba cometiendo un delito, indicó el Juez.

Detalló que aunque los militares justificaron que el cerrajero les dio autorización para ingresar, esa persona no estaba facultada para autorizar, ya que legalmente solo tienen facultades el dueño o administrador del estacionamiento, o una persona con quien tengan un contrato o convenio.

Al no tener certeza de que había flagrancia ni tener autorización, solo podían entrar con una orden de cateo.

La intromisión sin orden judicial, viola el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, mencionó.

Señaló que todo lo obtenido por el Ejército con ese actuar es ilícito, por lo que no tienen validez la detención, el decomiso ni las investigaciones realizadas después.

José Antonio estuvo recluido durante un año en el Centro Penitenciario Aguaruto.

Artículo publicado el 16 de junio de 2019 en la edición 855 del semanario Ríodoce.

Sorry, the comment form is closed at this time.