Oct 092019
 
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El presidente y Morena lo tenían pensado así pero todo indica que hay una prudente inflexión: el proyecto de reforma constitucional que se aprobó en comisiones del Senado de la República para la revocación del mandato y consulta popular contempla que el procedimiento —si se lleva a cabo—sería hasta 2022, no en julio de 2021, como se había propuesto inicialmente por la Cámara de Diputados, con el fin de que el nombre de Andrés Manuel López Obrador apareciera de nuevo en las boletas e influyera en la decisión de los electores, tal como fue en las elecciones pasadas, cuando la popularidad del tabasqueño originó un efecto “tsunami” que descalabró las aspiraciones de cientos de candidatos y hundió estructuras históricas como la del PRI.

No es muy probable que el ejercicio se haga —por ahora—, si el proyecto se aprueba como va, pues se establece que para llevar a cabo una consulta para la revocación de mandato se requerirá que sea solicitada por al menos el 3 por ciento del padrón electoral, alrededor de 2.5 millones de ciudadanos. Y nadie, después de tres años de mandato va a solicitar una consulta si el Presidente mantiene los niveles de aceptación que ha mostrado hasta ahora. Locos como Vicente Fox, tal vez; o inadaptados como Felipe Calderón, pero solo para mantenerse “vigentes”, no porque piensen que pueden juntar 2.5 millones de firmas.

La propuesta tiene muchos detalles de procedimiento, pero destaca que para que sea válido el proceso de revocación, el porcentaje de participación total debe ser de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. De este total, el 40 por ciento debe ser de las entidades federativas. Una cifra muy alta para una consulta así, tomando en cuenta que las estructuras partidistas no se movilizarían como ocurre en procesos electorales.

Este proceso legislativo apenas inicia y puede sufrir muchos cambios; falta que se discuta en el pleno del Senado y luego que regrese a la Cámara de Diputados. Sin embargo no debe desdeñarse que en el Senado se destrabó un desacuerdo a partir de que los propios legisladores de Morena propusieron que la consulta se realizara tres meses después de concluida la primera mitad de la administración federal, es decir, en febrero de 2022, si fuera el caso. Incluir al Presidente en la boleta de 2021 solo con la intención de provocar el mismo fenómeno que en 2018, hubiera sido un abuso “antidemocrático”. Sí, antidemocrático, como calificó AMLO a la oposición por acordar que la consulta esté sujeta a candados que casi imposibilitan que se lleve a cabo.

Al final, si las cosas no cambian en el pleno del Senado de la República, la reforma constitucional quedará como un instrumento para casos extremos, de amplia y profunda aversión social a un gobierno, pero de nula e innecesaria aplicación en tiempos normales. Menos en casos como el actual, donde el Presidente, a casi un año de su mandato, goza de una popularidad incuestionable.

Qué bueno que la reforma no lleva el camino de poner en la boleta del 2021 el nombre de Andrés Manuel. Hubiera sido un abuso. A más de uno se le caía la baba ante esa posibilidad. Ahora, si no es así, cada aspirante deberá pelear palmo a palmo su distrito, su municipio, su estado. No hay que olvidar que ese año se renueva la Cámara de Diputados, trece gubernaturas, los 32 congresos locales y todos los municipios. Los candidatos de Morena se probarán a sí mismos, ya sin el cobijo de su líder, frente a sus opositores. Y serán contiendas donde Morena mediará con certeza cuál es su fuerza real, su peso verdadero, libra por libra.

Bola y cadena

NO HABRÁ, ENTONCES, UN MANTO QUE CUBRA las elecciones de 2021 en todo el país para favorecer a un partido. Eso indica el acuerdo previo del Senado. Por lo tanto, las cosas se resolverán de acuerdo a las condiciones de cada estado, cada municipio, cada distrito; de acuerdo a la estructura real de los partidos, del carisma y fuerza de los candidatos; también del dinero y de las presiones. Y por qué no, de acuerdo a la influencia que puedan tener los poderes fácticos, entre ellos el narcotráfico.

Sentido contrario

NO SE HA REVISADO LA LISTA COMPLETA de Fundar sobre las firmas y personajes que fueron beneficiados por el SAT para que no pagaran impuestos en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña. Las cifras son exorbitantes, “inmorales”, legales pero inaceptables. En resumen, los más ricos en este país no pagan impuestos. Qué chingón. En una revisión somera de Ríodoce de los documentos, encontramos que los hoteles del gobernador, por ejemplo, fueron beneficiados. También las empresas Coppel, Sukarne y decenas más. Las condonaciones son ganancias puras y limpias para las empresas. La pregunta es con qué criterios una empresas sí y otras no. De cuánto era la tajada. Quiénes desde el gobierno se beneficiaron.

Humo negro
AL LLEGAR A LA OFICINA ALGUIEN ME asaltó con una pregunta ¿Existe la izquierda en México? Le dije que sí. Y sí existe, está en todas partes, desde hace por lo menos un siglo. De muchas formas, con diferentes matices, a veces reformista, a veces radical, a veces suicida. Ahora cobra forma de manera dispersa. Está en Morena, en el PRD, en organizaciones marginales, en células guerrilleras todavía, en el zapatismo, en muchos proyectos sociales, en sindicatos. Podemos ubicarlas por los fines que proclama y persigue. Se enfocan en la justicia social, en la igualdad, en las libertades, en el discurso del cambio. Pero no hay una izquierda acuerpada en un proyecto. El más grande hasta ahora, el PRD, duró “lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks”, como dice Sabina. Y ese es el gran reto de Morena. Tiene el perfil, la visión. Le falta cuerpo. Más allá de su cabeza.

Ismael Bojórquez

Director y fundador de RíoDoce, uno de los mejores semanarios del mundo y el mejor de México en cobertura de narcotráfico.

Columna publicada el 6 de octubre de 2019 en la edición 871 del semanario Ríodoce.

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