Gobierno de Sinaloa retiene mil millones a sus trabajadores

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Ago 042014
 

Recibo

Gobierno del Estado retiene a sus trabajadores pagos por servicios funerarios, seguros de vida, créditos y fideicomisos de jubilación, pero no los paga a los contratistas

Ante la inminente muerte de su padre, un trabajador del Gobierno del Estado acudió a la funeraria San Martín, con la que había contratado un paquete funerario a mediados del 2010, un servicio que a lo largo de tres años y medio se le descontó puntualmente cada quincena, a través de su nómina.

En medio de la tragedia que configura la muerte, el burócrata, quien pidió ocultar su nombre por temor a represalias, se encontró con otra terrible noticia. A pesar de estar al corriente en sus aportaciones, el “patrón” no había depositado a la empresa los pagos de los últimos dos años.

Del plan, con un costo de 16 mil 320 pesos, el trabajador logró conciliar con la funeraria el rembolso de un pequeño porcentaje equivalente a los pagos que el patrón sí había realizado.

Para enterrar a su padre, la familia tuvo que completar con ahorros y préstamos.

Impactado por la situación de su compañero, otro trabajador del aparato gubernamental, quien también había contratado el servicio, solicitó un estado de cuenta en la empresa fúnebre, en el cual descubrió la misma situación: sus retenciones no habían sido depositadas desde septiembre de 2013.

A pesar de que cada quincena, a los burócratas que tienen contratado el servicio se les descuentan 170 pesos bajo el concepto de servicios funerarios, el gobierno del Estado no entrega la retención que realiza al trabajador. El destino del recurso se desconoce.

Según el informe de Resultados de la Revisión a la Cuenta Pública del semestre de 2013, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó dos mil 114 retenciones que no han sido pagadas a 30 beneficiarios desde el 2012.

Pero no sólo se dejaron de pagar los contratos con la empresa funeraria, también hay adeudos con empresas de seguros de vida, créditos simples, créditos bancarios y fideicomisos de jubilación.

En la relación de beneficiarios a quienes el gobierno del Estado les debe las aportaciones del trabajador, destacan las empresas de seguros de vida Inbursa, Axa Seguros, Metlife, Magistral Agente de Seguros; las empresas funerarias Moreh Inhumaciones y San Martín y empresas
crediticias como Famsa y Crédito Fácil, entre otras.

“¿Qué están haciendo con nuestro dinero?, el dinero existe porque a mi me lo descuentan pero entonces ¿dónde está?”, cuestiona uno de los trabajadores afectados, quien muestra su recibo de nómina más reciente, donde se observa la deducción por el concepto de servicio funerario.

Mil millones en el limbo
De acuerdo con el informe de la ASE, la Secretaría de Administración y Finanzas detalló un adeudo de mil 146 millones 133 mil 584 pesos obtenidos de las retenciones efectuadas a los trabajadores y que no han sido pagadas al beneficiario desde 2012 y a lo largo de 2013.

De esa cantidad, destaca un adeudo con el Instituto de Pensiones de Sinaloa por 414 millones 624 mil 908 pesos, le sigue una cuenta con el Banco Santander por 265 millones 837 mil 307 pesos y una deuda por 203 millones 774 mil 461 pesos con ISSSTEESIN, entre otras.

Tan sólo en el segundo semestre de 2013, el gobierno estatal retuvo 27 millones 343 mil 451 pesos, por las pólizas de seguros de vida y planes funerarios contratados con seis empresas, de ese total sólo pagó 807 mil 113 pesos, generando un pasivo de 26 millones 536 mil 337 pesos.

Por ejemplo, mientras a los trabajadores se les descontó de su nómina un millón 122 mil 582 pesos para pagar el servicio de Funeraria San Martín, el gobierno estatal no realizó un solo pago en el periodo de junio a diciembre de 2013.

Otro caso es el de los seguros de vida Metlife, por el cual los trabajadores pagaron 20 millones 861 mil 793 pesos, pero el Ejecutivo tampoco entregó ningún pago en el mismo periodo.

Además de las retenciones no pagadas, la Auditoría Superior observa que la Dirección de Recursos Humanos sólo cuenta con convenios de Metfile y San Martín por la prestación del servicio, pero no existe evidencia de los convenios con Moreh Inhumaciones, Seguros Inbursa, Axa Seguros y Magistral Agente de Seguros.

En el informe de la cuenta pública, la Auditoría Superior del Estado advierte de la afectación que se le provocará al trabajador al no entregar las retenciones a los prestadores de servicios y al Instituto de Pensiones de Sinaloa.

“Pudiendo ser suspendidos los beneficios de los servicios que les brindan estas instituciones y/o empresas, así como lo relativo a las aportaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, lo cual pone en riesgo que no esté en posibilidad de pagar a los trabajadores los beneficios a que tienen derecho”, destaca el informe.

Y como si mil millones de pesos no fuera suficiente, la Secretaría de Administración y Finanzas también retuvo el Impuesto sobre la Renta de la nómina de los burócratas, en el segundo semestre de 2013, por un importe total de 88 millones 046 mil 377 pesos, de los cuales no entregó 40 millones 422 mil 199 pesos.

Este movimiento irregular ya había sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación en su informe de resultados de la fiscalización a la cuenta pública de 2012.
Al llegar el 2013, de nueva cuenta, el gobierno estatal cobró los impuestos por la nómina de administrativos, magisterio, nómina por honorarios, honorarios profesionales externos y la nómina centralizada de organismos, pero no enteró de la mitad de lo recaudado a la tesorería del gobierno federal.

No hay ningún problema: ASE
Antonio Vega Gaxiola, auditor del Estado, dijo desconocer en qué se han utilizado más de mil millones de pesos retenidos a los trabajadores del aparato gubernamental en Sinaloa.

Durante la primera rueda de prensa que el nuevo auditor ofreció a los medios de comunicación, Vega Gaxiola justificó que las retenciones por concepto de cuotas sindi cales, impuesto sobre la renta y del Instituto de Pensiones de Sinaloa son recursos operativos que se pueden disponer para gastos extraordinarios.

“Ese recurso como es operativo tu lo estas reteniendo y lo estás incluyendo en tus bancos, a veces tienes necesidad de recurrir a un gasto extraordinario y puedes disponer de ese recurso y no hay ningún problema, sí trae un origen pero no quiere decir que no puedas disponer de él”, señaló.

Sin embargo, al cuestionarle específicamente sobre el recurso retenido al empleado por concepto de servicios funerarios y pólizas de seguros, el cual de acuerdo a testimonios de trabajadores sí ha provocado una afectación, Vega Gaxiola dijo no estar enterado de ese concepto.

“En el caso de los funerales no tenía conocimiento yo, eso no tenía conocimiento”, expresó.

—¿La ASE sabe en qué se utilizó todo este recurso?, se le cuestionó.
—No lo sabemos, pero lo vamos a investigar.

El pasado martes 29 de julio, 34 diputados de la 61 legislatura del Congreso local aprobaron por mayoría la cuenta pública del gobierno estatal, pese a la moción de suspensión propuesta por la diputada perredista Imelda Castro Castro.

Castro Castro enlistó las observaciones a las retenciones irregulares a los trabajadores como una de las razones principales para suspender la cuenta del Ejecutivo hasta
que se explique a detalle el uso de los recursos.

“El tema central es la falta de claridad en las cuentas.

No sólo hay una serie de errores en todas estas cuentas, sino que hay un problema muy serio en el registro de los recursos”, enfatizó Castro Castro.

A la votación en contra de la aprobación de la cuenta pública del Gobierno del Estado, sólo se sumaron los diputados Ramón Lucas Lizárraga, del PRD; Jesús Burgos Pinto, del PRI e Imelda Castro.

Prohibido informar en Sinaloa: nada de fotos, textos , entrevistas de nota roja

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Ago 012014
 
Esta foto que dio la vuelta al mundo, es delito el publicarla en Sinaloa, de donde es el capo que aún domina el estado, aun por quienes ordenaron esa ley y quienes están acusados de protegerlo. Foto: Cuartooscuro.

Esta foto que dio la vuelta al mundo, es delito el publicarla en Sinaloa, de donde es el capo que aún domina el estado, aun por quienes ordenaron esa ley y quienes están acusados de protegerlo. Foto: Cuartooscuro.

Por Claudia Beltrán, especial para SinEmbargo Culiacán, 31 de julio (SinEmbargo/Noroeste).– El Congreso del Estado aprobó ayer reformas a la Ley Orgánica de la Procu­raduría General de Justicia del Estado en las que limita el trabajo de los medios en la cobertura policiaca. En el artículo 51 Bis se establece que los medios de comunicación tendrán ac­ceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requi­sitos marcados por las leyes en materia de transparencia. En ningún caso, dice el dictamen, se podrá autorizar a los medios de comunica­ción el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de au­dio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al mane­jo de información relaciona­da con la seguridad pública o la procuración de justicia. Ningún funcionario de la PGJES podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del Procurador General de Jus­ticia del Estado o de la uni­dad de acceso. La reforma detalla que sólo la víctima u ofendido, a través de su asesor jurídi­co y el imputado, a través de su defensor, son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siem­pre que no se afecte el desa­rrollo de la misma. Las comisiones de Puntos Constitucionales y Gober­nación y de Seguridad Pú­blica y de Justicia, dictami­naron dos iniciativas. Una iniciativa la pre­sentó el 3 de junio de 2014, César Freddy Montoya Sán­chez, diputado del PRI, y la segunda el 16 de julio de 2014, por el Gobernador Mario López Valdez. El titular del Ejecutivo propuso reformar, adicionar y derogar diversas disposicio­nes de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Jus­ticia y de la ley de Seguridad Pública, ambas del Estado.

http://www.sinembargo.mx/31-07-2014/1074468.

Se multiplican los homicidios en Sinaloa

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Jun 302014
 

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Río Doce.- Si la violencia ha disminuido sensiblemente a partir de 2011, los niveles de impunidad se han incrementado, revela el capítulo Sinaloa del estudio Índice de Paz en México

La impunidad e ineficiencia del sistema de justicia y la violencia generada por los enfrentamientos de la delincuencia organizada, constituyen los principales desafíos para alcanzar la paz en Sinaloa, concluyó el Índice de Paz en México, capítulo Sinaloa.

Ubicado en el lugar 30 de 32 entidades del país, Sinaloa se ha mantenido, a lo largo de una década, en los números rojos de los indicadores de paz que revela el informe elaborado por el Institute for Economics and Peace.

Y es que a pesar de que en diez años, Sinaloa ha incrementado en un 76 por ciento los recursos económicos destinados a contener la violencia, casi el doble del incremento promedio en el país, las cifras de homicidios, crímenes contra la salud pública y delitos con arma de fuego se mantienen muy por encima de la media nacional.

“La situación a lo largo del periodo analizado no ha sido para nada promisoria, con calificaciones por encima de la media del país en todos y cada uno de los años desde 2003. En Sinaloa, la situación de paz ha empeorado”, señala el informe.

Sin embargo, para Sinaloa hay esperanza, el Índice de Paz destaca un concepto denominado “pilares de la paz”, indicadores a través de los cuales se detectó que la entidad está bien posicionada en cuanto a políticas públicas a largo plazo, un buen ambiente de negocios y condiciones para la captación de inversión extranjera.

Más homicidios y más impunidad.
En el análisis de la situación de violencia desde el 2003 al 2012 se observa un incremento considerable en el número de homicidios pero se destacan como alarmantes, las cifras de homicidios que han quedado impunes.

En diez años, Sinaloa incrementó su taza de impunidad en homicidios de un 67 por ciento en 2003, hasta un 88 por ciento de crímenes impunes en el 2012.

En el 2010, año en que Sinaloa registró el índice más alto, un 92 por ciento del total de los asesinatos se quedaron sin castigo.

A nivel nacional, la taza de impunidad llegó hasta el 77 por ciento en 2012, superado en once puntos porcentuales por Sinaloa.

Pese a que las cifras de homicidios y delitos presentan una tendencia a la baja, la tasa de impunidad no ha logrado descender, apunta el informe.

“La función de la procuración de justicia tiene un ejercicio de marcada ineficacia e insuficiente capacidad para defender los intereses de la sociedad y aportar resultados en la investigación del delito, su persecución y esclarecimiento”, señala el documento.

Según el análisis, la alta ineficiencia del sistema judicial se corrobora en el Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa donde se indica que en el Estado hay 77 agencias del Ministerio Público, las cuales sólo alcanzan un rango de 2.75 por cada 100 habitantes, ubicando a Sinaloa entre los estados con menos cobertura.

Otro aspecto que contribuye con la impunidad, según el informe, es el retraso en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

De acuerdo a un estudio realizado en 2013 por el Centro de Investigación para el Desarrollo, Sinaloa presenta un bajo nivel de progreso, mucho menos avanzado que otras entidades que también trabajan en la implementación del nuevo sistema, como Chihuahua, Nuevo León o Baja California.

Pese a que en el discurso se asegura lo contrario, la percepción de Sinaloa como un estado violento está arraigada.

Si bien, la tasa de asesinatos pasó de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2010, a 33 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2012, Sinaloa aún lidera los primeros lugares de entre los 10 estados más violentos del país.

El Índice de Paz recoge los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, en la cual se detalla que un 77 por ciento de la población sinaloense percibe a su estado como inseguro.

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Homicidios. Índices a la alza.

Culiacán, el más violento
Al focalizar el estudio hacia cada uno de los 18 municipios del Estado, Culiacán aparece con los índices más altos en todos los delitos de alto impacto.

Sin embargo, en el análisis de diez años, Salvador Alvarado, Mazatlán y Navolato incrementaron sus tazas de homicidios hasta en un 220 por ciento.

“Los incrementos en las tazas de delitos por homicidios a partir de 2007 en estos municipios fueron exorbitantes, lo cual coincidió con lo que sucedió a nivel nacional, a partir del inicio de la guerra contra las drogas en dicho año”, indica el estudio.

Por el contrario, Choix y Badiraguato destacan entre los municipios que lograron reducir sus índices y ubicarse por debajo del promedio en la entidad.

El Índice de Paz llama la atención respecto a la inclusión de Ahome y Culiacán en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, implementado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para prevenir el delito.

Según se destaca en el informe, Ahome registró los niveles más altos de crímenes en el 2010 pero al analizar sus tazas de violencia por cada 10 mil habitantes se ubica entre los cinco municipios menos violentos, a diferencia de otros que fueron excluidos del programa federal, como Salvador Alvarado, Mazatlán y Navolato.

“Esta disparidad de situaciones entre los municipios exige de las autoridades una extrema precaución al momento de implementar políticas o decidir la asignación de recursos, lo que quizás podría ser mejorado con una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y total transparencia en las acciones de gobierno”, destaca el índice.

El costo de la violencia
El impacto económico que ha generado la violencia en Sinaloa, desde la inversión gubernamental para combatir la delincuencia hasta los costos sociales de la muerte, el miedo y la reducción de la productividad laboral, en un periodo de 10 años, ha llegado hasta los 804 mil millones de pesos.

Para calcular dicha cifra, el Índice de Paz consideró indicadores como los homicidios, crímenes violentos, impacto de armas de fuego, encarcelamientos, financiamiento policial, seguridad privada, sistema judicial, gasto militar, miedo y primas de seguros.

Tan sólo en el 2010, la sociedad sinaloense gastó 123 mil millones de pesos en la contención de la violencia, para el 2012 el gastó llegó a 94 mil millones de pesos.

Del 2003 al 2012, el impacto económico de la violencia en Sinaloa se incrementó en un 76 por ciento, el doble que a nivel nacional en el mismo periodo de tiempo.

“El gasto total en contención de la violencia en Sinaloa para el 2012 representó casi el doble de los egresos presupuestados para el 2014, con tan sólo el dos por ciento del total en contención de violencia se podría pagar el gasto en salud, desarrollo regional, infraestructura económica, social y urbana de 2014”, critica el informe.

Los retos que vienen
Para la investigadora Patricia de Obeso, representante del Instituto de Economía y Paz en México, las tendencias en seguridad han comenzado a mejorar en todo el país.

Ahora, el reto consiste en redireccionar las estrategias hacia la prevención del delito, la participación ciudadana y la erradicación de la corrupción, consideró la investigadora.

“Creo que sí vamos en buen camino porque definitivamente las tendencias van a la baja, sin embargo, ahora el tema está en los detalles y en poder encontrar ese nivel que teníamos hace 10 años”, destaca.

La estrategia que plantea el Instituto de Economía y Paz para lograr ambientes pacíficos se fundamenta en los pilares de la paz, los cuales consisten en un buen funcionamiento del gobierno, sólido entorno empresarial, distribución equitativa de los recursos, aceptación de los derechos de los demás, buenas relaciones con los estados vecinos, libre flujo de la información, alto nivel de capital humano y bajos niveles de corrupción.

“En este gobierno, sobretodo el federal, vemos una nueva apuesta por la prevención del delito, se ha tomado con mayor seriedad, se han hecho más análisis a nivel estatal y municipal”, considera.

En el caso de Sinaloa, Patricia de Obeso señala que el camino para lograr la paz es más largo, debido a los altos índices de violencia que se alcanzaron.

La asignación de recursos para seguridad aún no se redirecciona hacia la prevención, hay tareas pendientes en cuanto a la aplicación de justicia y no se observa un libre flujo de información debido a diversas quejas respecto a ataques a los medios de comunicación, concluye.

LAS CIFRAS
Sinaloa se ubica en el 30 de 32 entidades en el Índice de Paz.
En el 2012, el 88 por ciento de los homicidios quedaron impunes.
Al 2013, el 77 por ciento de la población sinaloense aún percibía a su estado como inseguro.
La violencia en Sinaloa ha generado un impacto económico de 804 mil millones de pesos.

La misteriosa muerte del “Azul”

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Jun 162014
 

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Juan José Esparragoza sufre un infarto y el Gobierno dice que no sabe nada

Río Doce.- La especie empezó a correr en Culiacán al medio día del domingo: Murió el Azul. Primero que en Guadalajara, después que en la ciudad de México. Pero había un dato que no se movía: murió de un infarto. La información, desde que llegó a Ríodoce, siempre fue imprecisa, dudosa. Por eso se requirió la confirmación de fuentes diversas, amigos de la familia, gente ligada al cártel de Sinaloa —Culiacán es una ciudad muy chica y están por todas partes— y algún policía. Todos coincidieron: murió. Tuvo un accidente y después de varios días de convalecer sufrió un infarto. Los restos, dijeron las fuentes, fueron cremados.

Si en días hábiles es difícil conseguir información oficial sobre temas escabrosos, pensar que en domingo se encontraría a alguien dispuesto a hablar, en México o en los Estados Unidos, hubiera sido una ingenuidad.

Al día siguiente, la reacción de las autoridades fue cortante. “No podemos confirmar nada, yo no tengo información”, dijo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, entrevistado en Madrid, cuando la noticia del hecho había circulado por todo el país.

Más tarde, en Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmaría que no darían información al respecto “hasta estar seguros, hasta que tengamos elementos”. Y agregó: “cuando se tenga información correcta la daremos a conocer”.

Pasó una semana y ni una ni la otra dependencia volvió a tocar el tema. La DEA, en contacto con Ríodoce desde Washington, reviró que se enteró el lunes de la presunta muerte del Azul y que ya su oficina en México estaba investigando el caso. Tampoco volvió a decir nada. En medio de la especulación por la falta de elementos contundentes, el Gobierno mexicano estaba entrampado.

Un triduo para el Azul

Más allá de lo que ocurría en la ciudad de México, en diversos círculos culiches se reforzaba la versión de que, efectivamente, Juan José Esparragoza Moreno, uno de los narcotraficantes más poderosos de este país en las últimas dos décadas, había muerto.

El martes por la mañana se presentó un hombre a la oficina de la Parroquia del Espíritu Santo, ubicada en la colonia Las Quintas, de Culiacán, para ordenar tres misas en honor de “José Moreno”. Dijo llamarse “Manolo”.

Ríodoce pudo constatar que, en el libro de registros de la parroquia, junto con otros nombres, aparece el de “José Moreno”.

En realidad las misas eran para Juan José Esparragoza Moreno, el Azul. Se realizaron el martes, miércoles y jueves, todas a las 19:15 horas y asistieron a ellas familiares y amigos de los Esparragoza, entre ellos María de los Ángeles Beltrán Caro y su hija Rocío Quintero Beltrán, hija del legendario Lamberto Quintero y viuda de Juan Ignacio Esparragoza, un hijo del Azul que murió hace dos años después de sufrir un accidente, al caerse del cuarto piso de un edificio ubicado en Colinas de San Miguel, en Culiacán.

El lunes, cuando la noticia ya estaba en todos los medios nacionales, el gobernador fue cuestionado al respecto y solo alcanzó a decir que “solo son rumores, no tenemos nada oficial”.

El jueves, un funcionario de “inteligencia” del Gobierno estatal fue cuestionado en torno a si se estaba investigando la muerte del Azul y dijo que no, que solo se acercaron a algunos familiares del capo y que les dijeron no saber nada.

Pero el viernes, cuando apareció la noticia de que se habían celebrado tres misas en honor de Esparragoza Moreno, se les dio la orden de investigar el asunto, tratando de establecer la verdad sobre lo que se estaba publicando. Por la noche, uno de estos elementos ya lo tenía confirmado.

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Parroquia del Espíritu Santo. Tres misas para el Azul.

Sus orígenes

Alguien, no se sabe quién, le puso el Azul por el color de su piel, profundamente oscura. Nació el 3 de febrero de 1949 en Huixiopa, Badiraguato, un pueblo de apenas cien casas, muchas de ellas construidas de barro y varas de guinolo entreveradas. De allí mismo eran sus padres, doña Rosario Moreno y don Ignacio Esparragoza, un hombre que se había dedicado a la cría de ganado pero que había aprovechado bien el boom de la producción de mariguana y amapola a partir de los años 40 en esa región de la sierra sinaloense.

La familia emigró a Culiacán y con ella Juan José Esparragoza, que llegó a la ciudad en guaraches de tres puntadas, mismos que se negaba a dejar. Estudió sin terminar en la secundaria Federal 2, que operaba en el edificio que ahora ocupa el Cobaes 25, ubicado por la calle Rafael Buelna.

Convivió, durante años, con sus amigos de la cuadra. Vivía por la calle Ignacio Zaragoza, en la casa de sus padres, entre Morelos y Domingo Rubí. Su padre tenía con qué mantenerlos sin problemas, así que no se esforzaba mucho por trabajar. Eran siete hermanos, tres hombres y cuatro mujeres. De los varones, uno murió de cáncer y el otro cuando fue atacado por abejas enloquecidas, en Badiraguato. De las mujeres le sobreviven tres.

Ya entrado en años el Azul se metió casi de manera natural al negocio de las drogas, primero sin mucho éxito, si se mide por el tiempo que pasó en las cárceles.

A mediados de los años setenta fue detenido en la esquina del bulevar Gabriel Leyva Solano y Ramón Corral con un fuerte cargamento de mariguana. Fue en una casa pequeña que le servía de bodega. Eran los tiempos en que convivía con el legendario Pedro Avilés, el León de la sierra, asesinado por la Dirección Federal de Seguridad el 15 de septiembre de1978.
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Libro de registros. Servicios para José Moreno.

Por esa causa, Esparragoza Moreno estuvo preso en Mazatlán cerca de dos años. Salió de la cárcel pero no estuvo mucho tiempo en Sinaloa, pues la Operación Cóndor, en 1977, lo obligó a refugiarse en Guadalajara, Jalisco. De allí se fue a la frontera a probar suerte, pero de nuevo fue detenido con un cargamento de droga, ahora en Mexicali, donde estuvo preso varios años, hasta principios de 1983.

A pesar de sus encierros, nunca perdió su derecho a estar en los círculos importantes del narcotráfico en Sinaloa. El 28 de mayo de ese año, cuentan sus amigos, asistió a la boda de Rodolfo Sánchez Duarte —hijo del ex gobernador Leopoldo Sánchez Celis—, quien se casó con Teholenda López Uriarte. Los padrinos fueron Miguel Félix Gallardo y su esposa María Elena.

Desde entonces, el Azul sentó sus bases en Jalisco. Ese fue su segundo hogar después de Sinaloa. Pero lo alcanzó la cacería de capos que se desató a raíz del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985. Cayó preso de nuevo en 1986 después de un tiroteo. El 11 de marzo de 1986, Juan José Esparragoza ingresó al Reclusorio Sur de la ciudad de México y con ello iniciaba su tercer y último encierro. Igual que Joaquín, el Chapo Guzmán, se dijo agricultor y ganadero. No se le acusó del crimen de Camarena y el juez de la causa lo sentenció a siete años y dos meses de prisión.

El Azul pasó cuatro años en el Reclusorio Sur y en 1990 fue trasladado al Reclusorio Norte, donde pasó dos años. En Marzo de 1992 fue recluido en la recién inaugurada cárcel de máxima seguridad del Altiplano —antes Almoloya—, donde estuvo un año. En 1993 obtuvo su libertad gracias a una preliberación otorgada por la Secretaría de Gobernación.

Salió de la prisión por su propio pie y caminó dos kilómetros hasta que abordó un taxi para desaparecer. Después solo sus amigos, su familia y sus socios supieron de él. Regresó a Badiraguato a ver a los suyos, siempre acompañado de un séquito de hombres armados hasta los dientes.

A finales de 1993 se llevó a cabo la cumbre de narcos donde las organizaciones criminales se repartieron el país como si fueran dioses. La reunión fue promovida por Esparragoza Moreno.

Después de esto se instaló en Jalisco, se avecindó en Morelos y sus visitas a Sinaloa eran esporádicas, de paseo o por negocios.

Hace dos años estuvo en Santiago de los Caballeros, visitando familiares, siempre de bajo perfil, sin fiestas ni música. Para él, atrás habían quedado las bebidas y las drogas a las que durante años fue afecto.

Nunca, nadie, ha inventado ni ha cantado un corrido dedicado al Azul.
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Juan José Esparragoza. Una vida en las prisiones.

De perfil diplomático

Durante lustros el Azul fue considerado un poderoso narcotraficante, pero también, dentro de la mafia, como un diplomático. No se peleaba por cualquier cosa y fue siempre un puente entre las distintas organizaciones criminales, y, en ocasiones, entre éstas y el Gobierno.

Tal vez por eso no se le perseguía. La revista Proceso publicó en diciembre de 2011 un extenso expediente que radicaba en la PGR desde 2002, donde se consignan decenas de elementos que conforman la estructura criminal del Azul: casas, ranchos, empresas para lavar dinero, cómplices, rutas para el trasiego de la droga, relaciones internacionales, casas de seguridad en diversos estados de la república, sobre todo en Sinaloa, Jalisco, Morelos, el Distrito Federal…

Pero el expediente reposaba en un rincón de la PGR y nadie actuaba contra el hombre de Huixiopa. Los propios investigadores que participaron en la investigación se quejaban de que no había servido de nada el trabajo y los riesgos que corrieron para realizarla, muchas veces infiltrados en la organización, pues, al parecer, el Gobierno había negociado con el capo.

No era para dudarse: a mediados de la década pasada, inició en México la confrontación más fuerte que se haya dado entre el estado mexicano y las organizaciones criminales, sobre todo por el surgimiento de cárteles que hacían uso de una violencia que no se conocía en el país.

En el propio cártel de Sinaloa la paz se rompió con la detención de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero de 2008. A partir de ese hecho Arturo Beltrán Leyva les declaró la guerra a Ismael Zambada y a Joaquín Guzmán, al tiempo que se aliaba con Vicente Carrillo y con Los Zetas.

El país se incendió y el Azul no pudo hacer nada para detener la guerra. Habló con Arturo y le dijo que no se dejara llevar por la rabia, que esa confrontación no conduciría a nada bueno, que había que mantener la unidad del cártel. Pero el Barbas no cedió y terminó sus días en Cuernavaca durante un enfrentamiento con la Marina, que llegó hasta una de sus casas de seguridad, apoyada por la DEA.

Encuentra ejecutado en La Costerita, Sinaloa

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Jun 132014
 

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Tenía varios impactos de bala

Río Doce.- Maniatado y con varios disparos en su cuerpo, fue encotrado un hombre ejecutado por La Costerita.

La víctima no portaba identificación alguna entre sus ropas. Al parecer no llega a la edad de 25 años y es de baja estatura.

El occiso fue localizado esposado de las manos hacia la espalda, así como sujetado de los pies.

El cuerpo fue encontrado por la orilla del libramiento Benito Juárez, mejor conocida como “Costerita”, en las inmediaciones de la antigua pensión de la Policía Federal Preventiva.

Policías de homicidios tomaron como evidencia 13 casquillos calibre .45 y 9 milímetros.

Familiares confirman muerte del “Azul”; gobierno la niega

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Jun 132014
 

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Río Doce.- El Gobierno federal dice no tener indicios de la muerte de Juan José Esparragoza Moreno, pero en la parroquia del Espíritu Santo, ubicada en la colonia Las Quintas, se celebraron tres misas en su honor.

Las ofrendas se llevaron a cabo los días martes miércoles y hoy jueves, las tres a las 19:15 horas y en todas ellas, entre otros, fue nombrado el señor “José Moreno”, para que los feligreses elevaran oraciones por sus almas.

A la misas asistieron familiares y amigos de Esparragoza Moreno, mismos que confirmaron que éste había muerto y sus restos cremados.
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En el libro de registros de la parroquia, junto con otros nombres, aparece el de “José Moreno”.

Cuando a una de las encargadas de la oficina se le pregunta si se han solicitado los servicios para Juan José Esparragoza Moreno, responde que solo para una persona de apellido “Moreno”. Y muestra el libro, donde aparecen otros diez nombres.

De la misma familia ha salido la versión de que quieren manejar la muerte de Juan José Esparragoza con la mayor reserva posible.

De acuerdo a la información publicada por Ríodoce, Esparragoza Moreno habría muerto de in infarto días después de sufrir un accidente.

Un funcionario de “inteligencia” del Gobierno estatal fue cuestionado en torno a si se estaba investigando la muerte del Azul y dijo que no.

Tanto la Procuraduría General de la República como la Secretaría de Gobernación han dicho, en voz de sus titulares, que no se tienen indicios para afirmar que Esparragoza Moreno haya muerto.

Amenaza cumplida: el asesinato del opositor a Malova

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Jun 092014
 

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Advertencia cumplida: Ramón Corrales lo dijo muchas veces: “me van a matar”.

Potrero de Cancio, Choix.-Ramón Corrales Vega, ex comisariado ejidal de esta comunidad y defensor de la mina Cuauhtémoc, despojada a los comuneros naturales por la chihuahuense María Hermila Márquez y la empresa de capital chino Paradoux Global Resources, fue asesinado a sangre fría y por la espalda. Siete meses antes, él y sus 17 compañeros ya temían por sus vidas.

Por principio estaban presos en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el ejido Felipe Ángeles, acusados de despojo agravado en agravio de Paradoux Global Resourcer.

Ramón era el único que estaba en libertad, gracias a que se mantenía a salto de mata, pues sabía que era buscado por policías ministeriales por un delito que no cometió, y había consigna gubernamental por atraparlo y silenciarlo.

Desde el encierro, el 12 de octubre del 2013, en carta escrita a mano acusaron “…que si algo nos pasara dentro del penal y fuera de él a los 15 internos o algunos de sus familiares, hacemos RESPONSABLES DIRECTOS A: JUAN SIGFRIDO MILLAN LIZÁRRAGA (ex gobernador); GERARDO VARGAS LANDEROS (secretario de gobierno); Marco Antonio Higuera Gómez (procurador de Justicia), RAUL PÉREZ MIRANDA (director de Gobierno) y al licenciado Juan Ignacio Bastidas Lomelí (juez penal del municipio de Choix, Sinaloa). …” Y la firman todos los internos, incluyendo Gervasio Osuna Contreras, considerado como la bujía del movimiento en contra de la minera, así como tres hermanos de Ramón: José Átalo, Julio y Leobardo, todos de apellido Corrales Vega.

Antes de ser asesinado, Ramón se había ocultado en su rancho, en Buyachapa, a unos cinco kilómetros sierra arriba de esta comunidad. Había llegado ahí 20 días atrás de ese fatídico 22 de mayo, escapando de la Policía Ministerial del Estado, que en dos ocasiones fue a su casa, en la colonia La Higuerita, para aprehenderlo. Ramón tenía pendiente de ejecución una orden de aprehensión por el mismo delito por el que sus hermanos y 12 de sus compañeros estaban presos, aunque él nunca estuvo en el bloqueo y jamás se pronunció a favor de él, pero resultó culpable del cargo por invención del entonces director de averiguaciones previas, Arturo Arellano y sus auxiliares, que manipularon las declaraciones para incriminar al líder ejidal. Por eso, porque sabía que era un objetivo a silenciar por el gobierno malovista, Ramón se ocultaba. Durante 20 días lo consiguió.

Hasta esa media mañana que salió a reparar el cerco del corral. Llevaba púas en su mano derecha. Se acuclilló para tomar el martillo, pero cayó de bruces. Su rostro pegado al suelo detuvo la caída completa de su cuerpo. Un certero disparo le perforó la nuca. La bala le llegó por la espalda y desde el monte, a unos 40 metros de distancia. Cuando su esposa María escuchó el disparo, y otros más, se crispó. Acompañada de algunos de sus cuñados y hermanos, llegó al corral y vio muerto a Ramón.

En las diligencias, los deudos dijeron no conocer los hechos, porque estos fueron clandestinos. Desde el monte le dispararon, narraron. Y cuando se habló de problemas que el fallecido tendría con alguien para desearle la muerte, los nombres brotaron: María Hermila Márquez, la que se apropió de la mina Cuauhtémoc y que Ramón defendía; los inversionistas chinos de Paradox Global Resources; el gobernador Mario López Valdez porque defendía a la mujer y al capital chino; el ex gobernador Juan Sigfrido Millán, a quien le atribuyen estar detrás de las tácticas para quedarse con la mina; Gerardo Vargas Landeros, secretario de Gobierno, porque nunca atendió la demanda social; Marco Antonio Higuera Gómez, procurador de Justicia, porque su despacho legal defiende a María Hermila Márquez y a la minera Paradoux Global Resourcer; Raúl Pérez Miranda, director de Gobierno estatal, porque engañó a los campesinos con artimañas para alargar el juicio, y el licenciado Juan Ignacio Bastidas Lomelí, juez penal del municipio de Choix, Sinaloa, porque manipuló el juicio penal para encarcelar a los campesinos. La familia de Ramón teme también por su vida y por eso no habla.

Cuando el conflicto con la mujer (María Hermila Márquez) estaba en su punto álgido, aparecieron papeles amenazantes en la casa con la leyenda “¿Saben por qué murió Porfirio Díaz?” Entonces nadie le tomó importancia y ninguno de la familia guardó una sola reproducción. Hoy saben que aquello era una amenaza de muerte, que fue cumplida en la vida de Ramón. Para la familia, el asesino es el gobernador, Mario López Valdez. Y tienen dos razones para pensarlo.

Una es que en las negociaciones su gente amenazó con levantarlo, y, dos, que siempre los engañó, incluso públicamente. Ramón siempre decía: “Será el Gobierno el responsable de lo que me pase”. Y terminó asesinado.

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Amenaza cumplida.

La unidad

Habiendo sepultado a Ramón Corrales Vega, los ejidatarios que están libres por defender la mina Cuauhtémoc, acordaron no matar a su líder con el olvido y la renuncia a la lucha, sino mantenerlo vivo con cada día de protesta. En asamblea se reorganizaron. Replegaron fuerzas y acordaron no identificarse ante reporteros, mantener la secrecía de sus identidades, e incluso boicotear al diario de mayor circulación estatal por parcial contra su causa.

“Sólo una cosa, amigo, no mataron a Ramón, lo hicieron mártir.

Un gobierno asesino se lo llevó, pero nos dejó su causa. Ramón no ha muerto, vive en la lucha, y lucharemos”, coinciden hasta las mujeres, las ancianas y las niñas. En la sierra, prometen, se conocerá que Malova es un asesino.

Mientras Malova expresa el apoyo a empresarios mineros, asesinan a Ramón Corrales.
Mientras Malova expresa el apoyo a empresarios mineros, asesinan a Ramón Corrales.

El próximo

Asustado por ser el nuevo perseguido del “Gobierno del cambio”, Manuel Humberto Chan teme por su vida, pues policías ministeriales han allanado su casa en dos ocasiones, buscándolo; la primera por ser sospechoso de narcomenudista y la segunda para ajustarle cuentas por sus declaraciones públicas en contra de las instituciones estatales.

Y para salvar su vida, Chan agarró a sus hijas y puso tierra de por medio. Abandonó lo que él llama su casa, pero que no es más que un cuarto que lo mismo sirve de cocina, que de sala y recámara. Carece de todos los servicios, pero para él es suficiente porque no puede pagar renta por no tener trabajo. El empleo de jornalero, que es su fuerte, se acabó, y la recolecta de cartón y plástico ya no da más.

Y ahora, cazado por la ministerial, menos sale. Desde la clandestinidad a veces y en ocasiones con un amigo que le sirve de vocero, Manuel Humberto Chan expone que la presencia de los policías ministeriales ocurrió el martes de la semana antepasada y el miércoles pasado, en calle 4 y Paparaqui.

Los agentes no mostraron orden judicial para allanar la casa, pero la catearon. Para merecer tal hostigamiento y hasta la imputación policial de “vendedor de drogas”, Chan considera que fue porque denunció ante Río Doce que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa le fabrica delitos cometidos en contra de la integridad sexual de sus hijas, Yumiko Analí y Adelina Abigail, quienes a principios de marzo del 2014 se fugaron de su casa y fue él quien las encontró, tras encabezar investigaciones propias.

La denuncia y el hostigamiento son producto de que el padre de familia acusó que nadie lo ayudó en la búsqueda de sus hijas y que fueron precisamente los policías quienes se burlaron de la virginidad de sus niñas, aduciendo que “la virginidad de tus hijas no vale nada”.

Vía telefónica, Humberto Chan señala que él denunció en papel y le responden con armas, balas, patrullas y ministeriales engorilados, cuando debieron hacerlo con justicia y nada más. Chan considera que teme ser la siguiente víctima del “Gobierno del cambio”, después del asesinato de Ramón Corrales Vega, por exigir justicia pronta y expedita, como dice el librito.

Muere la madre de Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”

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Mar 172014
 

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Río Doce.-Cuando era atendida en un hospital privado de Culiacán, murió Aurora Fuentes López, madre de Amado y Vicente Carrillo Fuentes, líderes del Cártel de Juárez, originarios del municipio de Navolato pero con operaciones delictivas en el estado de Chihuahua.

Al parecer, Fuentes murió debido a complicaciones originadas por la diabetes y problemas renales, a lo que se agregó un infarto sufrido la mañana de este lunes. Sus viajes a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada eran recurrentes.

Aurora Fuentes dio la cara públicamente en el 2008, para exigir al gobierno federal y específicamente a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ejército Mexicano, la entrega de su hijo José Cruz Carrillo Fuentes, quien aparentemente había sido privado de la libertad por personal militar en la ciudad de Navolato, del municipio del mismo nombre, a poco más de 20 kilómetros de esta ciudad capital.

El gobierno federal señaló insistentemente que José Cruz, conocido como crucito, fue asesinado e incinerado por grupos delictivos, y su cadáver fue robado del Servicio Médico Forense (Semefo), en Culiacán. Fue ella quien encabezó protestas y gestiones, y firmó desplegados en medios informativos locales y nacionales para denunciar esta desaparición.

En 1997 encabezó además las exequias del mayor de sus hijos, Amado Carrillo Fuentes, conocido como El señor de los cielos y fundador del Cártel de Juárez, muerto durante una intervención quirúrgica en la Ciudad de México. Otro de los Carrillo, Adolfo, fue muerto a tiros junto con su esposa cuando salían de la plaza comercial Cinépolis, en esta ciudad capital, en septiembre de 2004, por un comando.

Aurora Fuentes vivía en la comunidad de El Guamuchilito, donde ella y su familia tienen la finca Aurora, sembraban maíz y frijol y tenían ganado. Ahí, en ese poblado ubicado en el municipio de Navolato, será velada a partir de este lunes.

Relevo militar en territorios del Chapo: Sinaloa y Durango

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Feb 032014
 

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Eduardo Emilio Zárate landero llega a Mazatlán como nuevo comandante de la Tercera Región Militar, en sustitución de Moisés Melo García, apenas a escasos dos meses que fue ascendido a General de División. Cauto y observador, el nuevo jefe del Ejército para los estados de Sinaloa y Durango, conoce el territorio del narco del lado de Chihuahua, donde los militares apenas si pudieron medio controlar la ola de violencia que aun sacude ese estado.

Juan Veledíaz/Especial para Ríodoce

Era el mes de julio del 2012 cuando un sonriente Eduardo Emilio Zárate Landero apareció ante los medios de comunicación en la sede de la Quinta Zona Militar de Chihuahua. Habían transcurrido casi dos años de que el entonces general de Brigada asumió la titularidad de la comandancia —en sustitución del cuestionado general Felipe de Jesús Espitia Hernández, un oficial de caballería que había sido señalado de manera muy severa por organizaciones no gubernamentales debido a las continuas violaciones a los derechos humanos de soldados bajo su mando en el contexto del “operativo Conjunto Chihuahua”—y se disponía a entregar el mando a su relevo, el general Leopoldo Noé García Ochoa. Su beneplácito lo explicó de esta manera ante cámaras y micrófonos de la prensa local.

“Creo que podemos decir que salimos muy bien de aquí porque… bueno, hay otros cambios que se dan en medio especulaciones, acusaciones, señalamientos, y en mi caso no es así, sali- mos a una mayor responsabilidad, creo que con buenos resultados, ahí están a la vista”.

Zárate Landero se refería a que cuando fue nombrado por el alto mando militar comandante de la Quinta Zona con cuartel en la capital de ese estado, la situación que encontró fue crítica. estaba el escándalo de la guarnición militar de Ojinaga, donde un general, un teniente coronel y varios jefes y oficiales, estaban acusados de desapariciones forzadas, homicidios y robos contra la población civil.

También estaban las sospechas de que en Ciudad Juárez operaban escuadrones de la muerte, que realizaban incursiones de “limpieza social” en centros de adicción y barrios de la periferia, “tolerados” por el mando militar. Desde su óptica, todo eso, desde que él llego a Chihuahua, había desaparecido.

“Cuando asumimos en esta zona era más complicado, ahora están los restaurantes abiertos en las noches, la gente vuelve a salir a las calles, las carreteras son mas seguras, creo que en estos años logramos avances importantes, pero no hay que bajar la guardia, eso le toca como reto al que llegue. (…) Por fortuna la institución militar es tan sólida que un cambio de general no cambia la esencia de nuestra labor porque las misiones siguen”, explicó.

El contexto en el que se dio aquel relevo en Chihuahua fue muy diferente a como pasó año y medio después, cuando su sustituto, el general de brigada Leopoldo Noé Gaytán Ochoa, tuvo que ser relevado “de emergencia”, luego de que se le iniciara una causa penal por abuso de autoridad tras protagonizar una riña en los días previos a navidad del 2013. el comandante militar de Chihuahua se lió a golpes contra su número dos, el brigadier Arnulfo Caballero Sánchez, jefe del estado Mayor de la zona y a quien se le acusó de insubordinación. a los dos se les reti- ró la acción penal días después de que fueron enviados al penal de la Tercera Región Militar en Mazatlán, y pudieron pasar las fiestas de fin de año en libertad.

Al “santuario” del Chapo

Zárate Landero es considerado como uno de los militares mexicanos más competentes por sus pares del ejército de los Estados Unidos. En noviembre del 2012, durante una visita a las instalaciones de Fort Benning, Georgia, sede del comando de la Escuela de las Américas y de la escuela de Paracaidistas, le ofrecieron una cena de honor y se le vio relajado y conversador. En ese entonces tenía unos meses que había sido nombrado, tras su paso por la comandancia militar de Chihuahua, como director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. en esta posición viajó tam- bién a Santiago de Chile, donde fue recibido por los mandos militares de aquel país en la escuela de Carabineros. Su roce internacional lo complementa, de acuerdo a su hoja de servicios militares, con encomiendas en diversas zonas y unidades militares del país.

Desde que en noviembre pasado fue ascendido a ge- neral de División —era el más joven entre los cuatro gene- rales que alcanzaron este grado—, se sabía en la Defensa nacional que tendría una misión especial para este año 2014. En diciembre durante la rotación de mandos de región militar, se barajó la posibilidad de enviarlo a Guerrero, a la compleja Novena Región Militar, y otra opción fue la Cuarta Región con jurisdicción en los estados de nuevo León y Tamaulipas. Pero todo fueron especulaciones.

Con la edad reglamentaria de 65 años cumplidos para pasar a retiro, el divisionario Moisés Melo garcía entregó por estos días la comandancia de la Tercera Región Militar, que abarca Sinaloa y Durango, al general Zárate Landero, quien estrena su grado de divisionario al mando de las tropas en los estados cuya zona serrana alberga las principales guaridas de los capos Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada.

Desastre ecológico por el robo de gasolina a ductos

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Ene 132014
 

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Río Doce.- El derrame de combustible en dos lagunas de Estación Rosales, municipio de Culiacán, tendrán consecuencias negativas durante diez años en mantos freáticos, suelo de uso agrícola, ganadería y especies marinas y avícolas, advirtió Juana Cázares Martínez.

La jefa de la Unidad de Proyectos y Servicios Ambientales de la Escuela de Biología, de la Universidad Autónoma de Sinaloa lamentó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) se haya tardado en intervenir y limpiar las lagunas, aparentemente afectadas por una fuga de diesel desde los últimos días de diciembre.

“En este caso en particular se trató de minimizar la contingencia ambiental por parte de Pemex, sin embargo, ahora sabemos por los medios de comunicación que es mucho más grave de lo que se había pensado (…) tal vez ni ellos mismos conocen cuánto tiempo se estuvo derramando el diesel en estas tomas clandestinas”, sostuvo.

Aquí en Estación Rosales, donde confluyen aguas del dren Batamote, agricultores han advertido que si no se atiende el problema del derrame en ambas lagunas —que miden alrededor de cuatro hectáreas— después no podrán sembrar porque los daños pasarán a la tierra donde actualmente cultivos maíz, frijol y otros productos.
Por lo pronto, miles de peces, torturas y aves, además de la flora, han muerto debido al diesel que todo lo copa en el lugar.

La lista negra de la ordeña

Petróleos Mexicanos informó que durante el 2013 el valor del combustible sustraído ilegalmente de sus instalaciones fue de alrededor de 7 mil 605 millones de pesos. Otras versiones de autoridades federales ubican al crimen organizado detrás de estas fugas y por lo tanto de los derrames que han afectado el medio ambiente, provocando explosiones con saldos fatales.

Los datos de la paraestatal indican que en comparación con el 2011, cuando la afectación para Petróleos Mexicanos fue de 5 mil 072 millones de pesos, la incidencia de este delito incrementó sustancialmente.

A octubre de 2013, en el país se detectaron alrededor de 2 mil 160 tomas clandestinas, “lo que significa un récord en el robo de combustibles en la historia de la paraestatal”, informó la dependencia, a través de un comunicado.

En el 2012, sumaron mil 749 puntos de ordeña, mientras que en 2011 hubo mil 419. Los estados con más casos de toma clandestina son Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Sinaloa y Puebla, que concentran el 74.7 por ciento del total nacional.

Tan sólo Tamaulipas tiene el 20 por ciento de las tomas con un total de 441. El tamaño del robo es tal que las pérdidas estimadas de la petrolera este año son 11.5 por ciento superiores a las ventas de gasolina Premium en el mes de octubre y representan más del doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Energía este año, que ascendió a 3 mil 294 millones de pesos, y supera con 600 millones al de la Cámara de Diputados.

Fernando González Piña, secretario general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, advirtió que el elevado índice de robo ya está afectando el suministro en Puebla, donde las terminales de abasto se quedan sin combustibles.
Manifestó que a pesar de este grave panorama, actualmente sólo es posible consignar por robo de combustibles cuando se detecta en flagrancia durante la extracción de una toma clandestina.

“Cuando un empresario detecta una actividad ilícita, la única herramienta que tiene es denunciar, pero, finalmente, la venta de la gasolina en tambos no es un delito”, lamentó González Piña.

Los productos robados, sostuvo, se comercializan al margen de las carreteras, sobre todo en el caso de diesel, pese a lo cual, dijo, en los estados donde más robo existe no se castiga dicha actividad.

Escurrimientos

Para Roberto Moreno León, también investigador de la Facultad de Biología, los derrames de combustible provocados por tomas clandestinas han provocado muchos daños ambientales en Tabasco, Veracruz, Michoacán y ahora Sinaloa. Dijo que hasta el momento es difícil conocer la gravedad de la contaminación en Estación Rosales, porque el combustible se escurre por el subsuelo.

Advirtió que el problema mayor está por venir, porque no solamente es la muerte de peces, aves y la oxidación del agua, “ya que falta ver qué impactos tenemos en el subsuelo y en los mantos freáticos, para lo cual se necesitan hacer técnicas analíticas”.

De no atender de manera oportuna este problema, agregó, se ponen en riesgo las actividades productivas de la agricultura y ganadería de la zona, y puede haber un desabasto de agua para las comunidades aledañas porque extraen líquido de los mantos freáticos.

“No debe quedar la menor duda que están muy impactadas estas dos lagunas porque fueron muchos días el vertiente de combustible”, manifestó Moreno.
De las dos lagunas dañadas, Pemex ha extraído alrededor de 39 mil litros de diesel, durante una semana de trabajos de limpieza en la zona. La paraestatal informó que ya interpuso ante el Ministerio Público federal una denuncia en contra de quien resulte responsable.

Cazarecompensas buscan a Caro Quintero en México

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Nov 112013
 

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Estados Unidos le pone precio a la cabeza de Rafael Caro Quintero

Río Doce.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció a mediados de la semana pasada una recompensa por 5 millones de dólares a quien dé información que ayude a recapturar al narcotraficante Rafael Caro Quintero, liberado el pasado 9 de agosto de una cárcel de mediana seguridad de Jalisco.

De esta manera Caro Quintero se une a una lista de narcotraficantes sinaloenses por quienes Estados Unidos autoriza a la DEA a dar la más alta recompensa por la captura de un prófugo de la justicia, y cuya lista hasta hace poco era encabezaba por Joaquín el Chapo Guzmán, seguida de capos como Ismael el Mayo Zambada, Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, y Vicente Carrillo Fuentes, por quienes la DEA ofrece 5 millones de recompensa por cada uno.

Sin embargo, hasta ahora las recompensas han servido de nada en el caso de los grandes capos de las drogas sinaloenses, pues estos siguen operando como si en realidad nadie los estuviera buscando.

“Vamos a utilizar todas las herramientas posibles para que Rafael Caro Quintero enfrente a la justicia en nuestro país”, dijo la administradora de la DEA, Michelle M. Leonhart.

Este anuncio convertirá a Caro Quintero en uno de los narcotraficantes “más buscados” por Estados Unidos, incluso más que el propio Chapo Guzmán, toda vez que la DEA se ha movido con una rapidez inusitada para atrapar a quien fuera fundador del cártel de Guadalajara, aún cuando hay señalamientos recientes en donde se afirma que quienes ordenaron la muerte de Enrique Camarena en realidad fue la CIA.

“Es ridículo ese señalamiento”, han señalado en repetidas ocasiones la misma CIA y la DEA, el último de ellos Jack Lawn, administrador de la DEA, y uno de quienes encabezaron la Operación Leyenda, que buscaba aclarar el homicidio de Camarena.

En México, el entonces secretario de Gobernación cuando ocurriera el homicidio del agente de la DEA, Manuel Bartlett ha mantenido un oscuro silencio al respecto, y solo se limitó a observar que las autoridades mexicanas debían investigar el caso, puesto que se trataba de algo que había ocurrido en México.

Sin embargo, tras una entrevista que concediera a Carmen Aristegui, ya no ha vuelto a dar la cara a ningún otro medio de comunicación.

En el cartel donde se anuncia la recompensa a Caro Quintero, pueden leerse dos números telefónicos, uno para Estados Unidos, y el otro para México, Centroamérica y Sudamérica. En ambos casos se aclara que la llamada será confidencial.


Caza recompensas en Sinaloa

Para nadie es secreto que varios caza recompensas (bountyhunters) pudieran estar operando en Sinaloa, aunque nadie sabe quiénes son ni dónde viven. Sin embargo, hay antecedentes de varios caza recompensas que han cruzado la frontera de Estados Unidos para establecer el lugar exacto donde se encuentra un fugitivo, y posteriormente informarlo a las autoridades para que realicen el arresto.

Un caso muy sonado fue el de Jim Elliot, un caza recompensas originario de Utah, quien cruzó más de 120 kilómetros hacia el interior de México para atrapar a un par de fugitivos que eran requeridos por el Departamento de Justicia, y por quienes Estados Unidos ofrecía 100 mil dólares.

Según reportó un canal de televisión de Utah, Elliot contactó a las autoridades de ambos países, y como no podía cargar armas en México ni podía formar parte del arresto, simplemente se informó, y cuando descubrió que podía obtener la recompensa con solo dar la ubicación exacta de los sospechosos, acomodó todo para que las autoridades de ambos países estuvieran enteradas de lo que estaba ocurriendo.

“Yo los llamé primero para informarme, y les dije que había localizado a un fugitivo por quien se ofrecía una recompensa, y que les podía dar las coordenadas exactas donde se encontraba, y ellos me dijeron consíguenos eso y nosotros nos encargamos, y funcionó”, relató Elliot a un canal filial de la cadena Fox, en Utah.

Otro caso que causó roces internacionales entre México y Estados Unidos ocurrió en 1990, cuando se dice que varios caza recompensas entraron hasta Jalisco para atrapar al doctor Humberto Álvarez Machain, acusado de mantener con vida a Enrique Camarena cuando era torturado por gente de Caro Quintero, y por quien se cree, la DEA ofrecía 100 mil dólares por su captura.

Inexplicablemente, Álvarez Machain apareció entonces en El Paso Texas, resguardado por civiles de ese país, quienes inmediatamente lo entregaron a agentes federales. Esa “extradición ilegal” causó descontento diplomático y México demandó entonces una explicación que el Gobierno estadounidense nunca otorgó.

En México es ilegal que un civil arreste a un delincuente si no hay flagrancia, aunque la Procuraduría General del Distrito Federal tiene propuestas para crear caza recompensas civiles, y con ello desahogar cientos de miles de averiguaciones previas que no han sido cerradas.

Búsqueda infructuosa

De acuerdo con la PGR, hasta el momento no se tiene ninguna pista que indique que Rafael Caro Quintero será arrestado en breve.

“Se le está buscando en Sinaloa y en otros estados, pero no hay avances, no sabemos dónde está”, dijo Islas a Ríodoce.

La figura de la Interpol también parece estar buscando al capo, luego que recientemente emitiera una alerta migratoria en contra de él y de sus hijos.

Elaine Shannon, autora del libro Desperados, que sirvió como base para la miniserie La Historia de Camarena, dijo recientemente que el problema de México era el alto grado de corrupción que había entre las policías y que ello podría entorpecer la captura del capo.

“Ciertamente antes era peor el grado de corrupción, pero es algo que sin duda sigue”, dijo la escritora durante una audiencia realizada hace dos semanas en Nueva York.

En una visita reciente realizada al poblado de Santiago Los Caballeros, apenas siete kilómetros de La Noria, Badiraguato, de donde es originario Caro Quintero, la gente dijo no saber nada del capo, y “todo mundo” optó mejor por el silencio.

“Quién sabe… por acá no se sabe nada de él”, dijo un residente de ese pueblo de nombre don Pablo.

De ser capturado, Caro Quintero sería extraditado de inmediato a Estados Unidos donde enfrentaría cargos por homicidio, secuestro, tráfico de droga, en una corte federal del distrito Central de California en Los Ángeles.

Otorgan a Ríodoce premio PEN 2012 a la excelencia editorial

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Nov 112013
 

fuegotibioparaelperiodismo

Río Doce.- El semanario Ríodoce, junto con otros escritores, activistas, medios y periodistas de México, recibirán este mes el premio que otorga el organismo internacional Poetas, Ensayistas y Novelistas (PEN) a la Excelencia Periodística.

“PEN México ha decidido extender las siguientes distinciones públicas a comunicadores, escritores, emprendedores culturales y ciudadanos comprometidos que, frente a diversas formas de censura, discriminación y violencia, promueven la libertad, la convivencia solidaria y la paz”, reza el comunicado emitido este viernes.

Además de Ríodoce, también recibirá el premio “a la excelencia editorial” el portal de Internet Sin embargo. Premiados por su “excelencia periodística” serán los periodistas Carmen Aristegui, Héctor de Mauleón, Alejandro Brito y Daniela Rea Gómez.

En el rubro de Participación Cívica, el reconocimiento fue otorgado a la organización Fundar, y el Premio al Compromiso Creativo con la Justicia a Koulsy Lamko.

Aline Davidoff, presidenta de PEN en México, señaló que “le hemos otorgado a Ríodoce el Premio PEN por Excelencia Periodística en esta edición especial de nuestros premios dedicados al periodismo en nuestro país”, en una carta enviada a Ismael Bojórquez, director de este semanario.

Ríodoce recibió en 2011 el Premio Maria Moors Cabot que otorga cada año la Universidad de Columbia de Nueva York —que cuenta con una de las más prestigiadas escuelas de periodismo en el continente— a lo más destacado del ejercicio periodístico en el continente americano. Este semanario cumplirá en febrero próximo once años y se edita en Culiacán. Se distribuye en 10 de los 18 municipios de la entidad.

En septiembre de 2009, un grupo armado hizo explotar una granada de fragmentación en las instalaciones de este semanario. El ataque, perpetrado en sus anteriores oficinas, solo provocó daños materiales. Nunca fue aclarado.

El PEN surge en Inglaterra en 1921 “para promover la amistad y la cooperación entre los escritores del mundo”, reza en su sitio oficial de Internet.

“Hoy nuestra tarea es más importante que nunca por la enorme vulnerabilidad en la que existen los periodistas en México. Los invitamos a que nos acompañen y a que unan sus voces a la nuestra por la libertad de expresión y la comunidad del libre pensamiento”.

La Mesa Directiva está integrada, además de Davidoff, por el escritor sinaloense Élmer Mendoza, Alicia Quiñones, Catherine Austin y Rose Mary Espinoza. Entre sus miembros en México figuran Luis Miguel Aguilar, Betty y Chloe Aridjis, José Luis Cuevas, Marta Lamas, Elena Poniatowska y Paloma Díaz.

Octavio Paz, Eduardo Lizalde, Julieta Campos, Gabriel Zaid y Ramón Xirau han fungido como presidentes honorarios del PEN.

“Es un estímulo y un compromiso recibir este reconocimiento, y claro que esto eleva nuestra responsabilidad de seguir haciendo periodismo al servicio de los lectores, no del poder, de la ciudadanía, no de los partidos ni de la clase política, contra la impunidad, por el respeto a los derechos humanos, por las libertades, a pesar de que estamos en tiempos difíciles”, expresó Ismael Bojórquez, director fundador de Ríodoce.

En el 2011, el Diario de Juárez, que circula en la ciudad fronteriza del mismo nombre, en el estado de Chihuahua, recibió este reconocimiento.

Hombre de 78 años repele a navajazos a quienes lo querían “levantar”

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Oct 142013
 

Afirma que en defensa propia hirió con arma blanca a quien lo quería levantar

Río Doce.- Cruz Domínguez Arenas, de 78 años de edad, originario de Escuinapa, Sinaloa, asegura que dos secuestradores que pretendían levantarlo tumbaron la reja de su casa, allanaron su domicilio ubicado en calle Melchor Ocampo, les marcó el alto para que no dieran un paso más en su territorio, pero estos se le fueron encima y los embistió con un asador y una navaja.

“Le di unos piquetes con un asador y una navaja, entonces, uno de los dos secuestradores me dio una paliza, me pateó hasta que se llenó, porque el otro me tenía agarrado del pescuezo, pero como el otro andaba herido, se fueron corriendo de mi casa”, dijo a Ríodoce con el expediente judicial en mano.

Según el parte informativo 02/2011, integrado al expediente, eran alrededor de las 22:00 horas del 2 de enero de 2011 cuando Juan Ramón García Prado de 42 años y otro acompañante identificado como el Maistro, llegaron al Hospital General de Escuinapa en una camioneta Pick Up Chevrolet GMC color blanco con franja azul, calca TT93-059 del Estado de Sinaloa, sin placas de circulación, para que intervinieran quirúrgicamente a García Prado, porque había perdido mucha sangre, mientras su acople desapareció del nosocomio.

Cuando llegaron los policías municipales a detener a Domínguez Arenas, este ya se había lavado la sangre de su cuerpo salpicada de la herida de García Prado y la hoja metálica con cacha de madera color café, de la navaja tipo 007 ya estaba relampagueante de limpia, lista para lo que se ofreciera.

Cruz Domínguez Arenas se queja de que las autoridades encargadas de administrar justicia lo procesaron injustamente y hasta la fecha es acosado por el Ministerio Público y una jueza de Culiacán, que ahora le exigen que le pague diez mil pesos a Juan Ramón García Prado para no volverlo a procesar y el plazo para que los pague vence el lunes 14 de octubre.

“Con qué ojos divino tuerto, voy a darle diez mil pesos, si soy un anciano de 78 años que no estoy pensionado y sobrevivo de milagro con lo que me dan de 70 y Más”, comenta.

“Ahora el Ministerio Público —agrega—, el juez, la magistrada de Culiacán, dice que yo lo agredí en la calle, que yo salí a la calle, buscaron dos testigos que hubo unas señoras, ahí, se prestaron para atestiguar en falso y me volvieron a procesar”.

—¿Y el Maistro que huyó y al herido de navaja, por qué no los investigan? —se le pregunta a Cruz, que se define como un anciano perseguido por los plagiarios.

—Yo no sé qué palancas tan grandes tendrán los secuestradores, porque andan libres y me andan cazando, porque dijo el secuestrador que salió herido que se la tenía que pagar. “Me la va pagar apá”, le dijo a su papá, porque es mi vecino ahí. Y yo ya no hallo a que instancia ir, porque está todo cerrado en el Gobierno para mí; y está todo abierto para el secuestrador. Toda la ley en contra mía y de parte del secuestrador. Ya acudí a El Debate, a El Sol del Pacífico, al Noroeste, y a Primera Hora, y dijeron que no podían publicar lo mío porque era un asunto muy delicado, que no podía publicarse. ¿Qué voy hacer? No sé, es un asunto, que totalmente no hay a quién acudir aquí, porque es el Gobierno el que me está acosando.

—¿No sintió usted que posiblemente los diarios locales creyeron que usted está inventando la historia?

—No, porque les estoy presentando el juicio y les estoy dando los detalles, donde vienen todas las fotografías. No quisieron publicar, no sé, les prohibiría el Gobierno publicar mi historia, para que la gente no conozca. Se me olvidó traer la foto de hace tres o cuatro meses, cuando el gobernador del estado (Mario López Valdez) fue a Escuinapa.

—¿Habló usted con el gobernador del estado?

—El día que fue a Escuinapa, me le acerqué con todo respeto y le dije: “Oiga, me traen acosado”. Le conté por qué. Y el gobernador me respondió: “Ah, ¿se metieron a tu casa?, pero ¡hombre!, lo hubieras matado y te quitas de batallar”.

—¿Y usted qué le respondió a la máxima autoridad del estado?

—Me retaché pa’trás y me fui pa’mi casa. Había un montón de funcionarios y políticos, sin faltar Antonio Toledo Corro. Entonces que se arrima el presidente municipal, Juan Manuel Lerma, se le empalma y le dijo (al gobernador): “Él lo picó al muchacho con una varilla”. Y luego el alcalde dirigiéndose a mí, me dijo: “Ya me estás metiendo en broncas y no vas a dejar al gobernador en paz”.

—¿Y qué respondió usted al alcalde de Escuinapa?

—Le dije yo: “Entonces a la otra vez que vengan a secuestrarme voy a dejar que me lleven tranquilo y que me maten al cabo que ya soy un anciano de 78 años”.

Réquiem para Gabriel

Gabriel Ramos Rodríguez, de 77 años de edad, comunero de Santa Lucía, Concordia, Sinaloa, murió el viernes 20 de septiembre como consecuencia de una secuela de una golpiza que le propinaron tres hombres encapuchados que se metieron a su casa la madrugada del lunes 8 de julio pasado, para despojarlo de un rifle calibre 22 y aproximadamente 30 mil pesos.

Falleció en el Hospital General Martiniano Carvajal, después de ser trasladado del Seguro Social de Villa Unión para hacerle unos estudios, porque él tenía un coágulo de sangre molida en la cabeza desde que recibió aquella golpiza.

“Fue por la misma golpiza, le quedó un golpe en la cabeza que no se curó y de ahí le vino un coágulo de sangre”, dijo una sobrina del finado.

Gabriel Ramos Rodríguez era integrante de Contrasilencio Asociación Civil y su muerte se agrega a las de otras personas que lucharon contra el cacicazgo de abogados, políticos y líderes ejidatarios corruptos que impera en Santa Lucía, Concordia, para impedir que los comuneros les exijan cuentas claras, sobre las indemnizaciones de la Comisión Federal de Electricidad, respecto a la postería eléctrica que atraviesa la comunidad de San Miguel de El Carrizal.

Damnificados piden resultados, no burlas

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Oct 142013
 

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Para el Gobierno es como si no existiéramos, dicen vecinos de Valle Alto y Villas del Río

Río Doce.- Para Rosa María Delgado lo peor es sentirse salvado y no poder salir.

Ella y sus hijos subieron algunos muebles a la planta alta, pero no pudieron con todos. Esos fueron los que se salvaron. Y ellos, que salieron de ahí con el agua hasta el pecho, no se dieron cuenta de la gravedad hasta que los trasladaron a un lugar seguro, en una lancha de Protección Civil.

Fue entonces que Rosa María se supo atrapada, junto con sus hijos. Estaban afuera de su casa, ya para entonces anegada, pero incomunicados y sin poder salir del fraccionamiento Valle Alto. Entonces tomó conciencia de la hecatombe que había arrasado con todo lo de ella y sus vecinos.

“Estaba en shock. No me daba cuenta de lo que pasaba a mi alrededor”, recordó.

Y se puso a llorar.

Tres veces inundada

Diana Jiménez Sosa estaba con sus tres hijos, de dos, seis y diez años, en su casa, cuando las lluvias acumularon agua en su calle, Hacienda del Valle, luego de más de dos días de precipitaciones provocadas por el huracán. Esa mañana su esposo había salido a trabajar, sin saber lo que les esperaba.

Cuando él regresó porque temió lo peor, logró entrar a la vivienda pero ya no pudo salir de la misma forma. Ella evitó mover los muebles: una operación en el abdomen, ocho puntos de sutura y la oquedad de un tumor benigno de cinco centímetros que le extrajeron el 21 de agosto, se lo impidieron.

“Nosotros tenemos pérdida total. Un automóvil Corsa 2007, la cocina, recámara, comedor, lavadora, secadora, ropa, zapatos. Todo”.

Un documento que le entregó Fincamex en mayo de 2007, debido a las constantes inundaciones, tiene inscritas las expresiones: “Humedad en plafón oral, escurrimiento de agua por ventanas, puertas hinchadas por humedad. Se mete agua por puertas parte posterior y principal. No tiene tapadera registro (peligroso)”. Más abajo, con mayúsculas, el empleado que acudió a verificar los daños por las lluvias, puso: “¡Urge!”.

En otro documento firmado por personal de “servicio al cliente” y sin fecha, dice: “Se hace laguna enfrente de lote sobre vialidad”. Abajo, en comentarios extras, puede leerse: “Se inunda con cualquier lluvia”.

Y con todo lo malo, pero más por los esfuerzos, le gusta su casa y quiere quedarse.

“Estamos tristes. Yo estoy decepcionada porque me encanta mi casa. He batallado mucho para tenerla, pero eso de vivir como Bob Esponja, sin nadie que dé apoyo. Nomás no”.

Diez minutos de lluvia

En el sector donde vive Omar Camberos, por el circuito Villas de Guanajuato, los adultos de buena estatura, como él, tenían que brincar cada vez que pasaba un camión de volteo, porque el oleaje que producía amenazaba con alcanzar su cabeza. Así, de brinco en brinco, logró ponerse a salvo y ayudar a otros.

“Aquí no hay sistema de aguas pluviales y toda el agua que cae y que corre terminan convirtiendo la calle en un río. De hecho, aunque no haya huracán, como pasó con el huracán Manuel, basta con que llueva unos diez minutos seguidos, una lluvia más o menos fuerte, para que el agua entre a las casas y la calle se inunden”, manifestó.

Para él, la casa en la que vive como otras del sector, ya no tienen valor o disminuyeron en cerca de un 50 por ciento. Alrededor del 70 por ciento de los habitantes de este sector han abandonado sus viviendas y pusieron anuncios de venta o renta. Muchos de ellos quizá no regresen a habitarlas, a pesar de todo el esfuerzo que les ha costado adquirirlas –por montos no menores a los 450 mil pesos-, independientemente de su logran arrendarlas o deshacerse de ellas.

“Son cuadras completas de casas solas. Muchos ya pusieron los anuncios de se renta o se vende. La verdad es triste todo esto”, comentó.

Omar cuenta que el desarrollo habitacional construido junto al fraccionamiento, llamado Álamo Grande, bloqueó el paso de agua y evitó que ésta tuviera un cauce. Eso explica, asegura, que el agua se haya estancado o regresado a los fraccionamientos como Villas del Río y Valle Alto.

Ser y no existir

Rosa María Delgado vive por la calle Bosque del Valle número 4831. Ese día lluvioso estaban dos menores, una embarazada y dos adultos. Y lo recuerda todo y su voz tiembla: seis años ahí y la vida inundante y trepidante entró en uno de los recovecos desastrosos este septiembre. Pero lo peor no ha pasado. No para ella ni sus vecinos.

“Lo peor de todo es que no existimos para el gobierno. Van a Altata, a Navolato, Angostura, a apoyar a la gente damnificada. Ellos tenían poco y nosotros perdimos todo, pero no se enfocan a nosotros… perdimos todo pero sentimos que para el gobierno nosotros no existimos. Hasta ahorita no nos ha dado nada el gobierno: es como si acá no hubiera pasado nada”, lamentó.

Para los directivos de Fincamex, agregó, es más preocupante que esto se publique en los medios, y aunque no han resuelto los problemas que padecen, se mantienen las condiciones para que haya diálogo entre las partes.

Enfermos y en lucha

A Diana Jiménez Sosa se le infectó la operación. Si los muebles y paredes y pisos terminaron enlodados y reventados, llenos de hongos, si vientre con esa operación con más razón. Sus hijos y esposo con calentura, por infecciones estomacales.

Lo mismo pasó con Valentín Bazoco Ortiz y su esposa, con problemas de asma. Ambos tienen una cenaduría que se llama Los abuelos, por el bulevar Valle Alto, donde perdió todito. Ahora, muchos de los vecinos llaman a este fraccionamiento Valle Hondo, por las inundaciones. Y festejan la broma después del llanto.

“Fincamex debe respondernos por las inundaciones, por las pérdidas, pero no con burlas de vales de descuento. Y que intervengan, que asuman su responsabilidad, las dependencias de gobierno como Conagua, Ayuntamiento”, señaló.

Es el mismo llanto de los niños, que padecen sobresaltos cada vez que llueve. Y temen, así se los han dicho a sus padres, echarse a dormir y encontrarse con la muerte lluviosa al otro día. Es el trauma del huracán Manuel, pero también de la vulnerabilidad, la desesperación y el abandono.

“Si nosotros no podemos asimilarlo, un niño menos. No lo pueden superar. Por eso no se quieren dormir, temen dormir y que se muera uno en la noche”, tercia Rosa María.

Camberos aseguró que mientras haya posibilidades, disposición y los empresarios estén accesitos para resolver estos problemas a través del diálogo, no tomarán otras medidas.

“Si no lo resolvemos, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, pero todavía pensamos en resolver esto a través de la negociación”, sostuvo.

Ernesto Rubio dice adiós al PAN

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Oct 082013
 

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¡MI RINCÓN DE LOS PENSAMIENTOS Y REFLEXIONES!
PAN Sinaloa
DISENTIR CON LA FELICIDAD?
Act. Mast. ERNESTO RUBIO SEGUÍ
Culiacán 8 octubre 2013
“EL MUNDO VA MUY DEPRISA Y AQUÍ EN SINALOA ASÍ DEBEREMOS PONERNOS A TRABAJAR, PERO SIN OLVIDARNOS DE SER FELICES,Y LOGRAR TAMBIÉN HACER FELICES A OTROS MUCHOS QUE SUFREN Y LO MERECEN”
……………………………..
FELICIDAD, ¿DONDE ESTÁS?
MUCHAS SON LAS REFLEXIONES DE AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN INTERÉS POR CONSOLIDAR SU FELICIDAD. LEEN, CAMINAN Y CAMINAN PENSANDO QUE YA ENCONTRARON LA “”VERDADERA FELICIDAD””.

ACEPTEMOS QUE HAY UN TIEMPO PARA NACER Y OTRO PARA MORIR; HAY UN TIEMPO PARA REÍR Y OTRO PARA LLORAR; HAY UN TIEMPO PARA TRABAJAR Y OTRO PARA DESCANSAR.

Y ES ASÍ QUE LA FELICIDAD ESTÁ PRODUCIDA POR NOSOTROS MISMOS, DE NADIE MÁS, SOMOS NOSOTROS MISMOS LOS QUE DECIDIMOS SI PODEMOS LLEGAR A SER FELICES.

LA CONCLUSIÓN VERDADERA ES:
¡¡HAY QUE BUSCAR LA FELICIDAD PARA NOSOSTROS Y TAMBIÉN PARA AYUDAR A OTROS QUE CONSIGAN ESTA FELICIDAD!!””:
…………………………………………………………….
A todos mis amigos y compañeros, hoy he decidido dejar de hablar sobre el crítico problema de “LA POLÍTICA”. Aunque ustedes al estar leyendo pensarán que una u otra forma no dejo nunca ese mismo tema. Pero si buscamos en algún libro referente a este tema, se encontrarán que entre otras cosas LA POLÍTICA realmente busca PRIMORDIALMENTE la FELICIDAD DE todos los seres humanos.
Uno de nuestros grandes retos ante la vida debe de consistir en poder vivir cada momento intensamente, con oportunidad, valorando el tiempo de vida como el mayor recurso que tenemos para desarrollarnos en excelentes condiciones, COMO PERSONAS.
Desde que nacemos y somos pequeños, una de nuestras primeras experiencias, y la mas hermosa, es sentir “EL AMOR”, especialmente aquél que le profesamos a nuestros padres.
Muchos de los que están leyendo hemos sido testigos de que a la llegada de un hijo, la alegría y las muestras de amor son lo que más se hace presente en torno a él. Jamás seremos capaces de medir o evaluar el amor de nuestros padres hacia nosotros mismos. Y todos estarán de acuerdo que para este amor no importan desvelos ni sacrificios. Este es un “AMOR” que sólo conoce la palabra “DAR”.
Este AMOR DE LOS PADRES hacia los hijos es un amor que se manifiesta en la actitud de dar todo sin esperar nada a cambio. A diferencia de este amor, el que existe en una pareja incluye, dar al mismo tiempo que uno espera ser correspondido. Cuando sólo uno da y el otro no, existe el peligro de que se rompa la unión de la pareja. En cambio, ¡el amor de los padres está a prueba contra toda ingratitud de los hijos!.
Apreciemos todos nosotros, que son dignos también de admiración, los padres que tienen un hijo con algún problema congénito…..¡¡y que lejos de deprimirse o de buscar soluciones equivocadas ante ellos, se dedican totalmente a sacar adelante a ese hijo, sin importar desvelos ni el sacrificio de horas de descanso. Todo se hace con tal de ver al hijo valiéndose poco a poco por sí mismo.
Entonces debemos de pensar que es difícil encontrar una definición correcta de AMOR, porqué amor es DAR.
Cuando señalamos al principio de esta reflexión, pensábamos en lo qué más adelante y en forma reducida nos hemos expresado respecto del AMOR…….. ¡¡Esto es que “”la POLÍTICA PRIMORDIALMENTE BUSCA LA FELCIDAD DE LOS SERES HUMANOS!!””.
Así llegaríamos a la conclusión de que nuestro camino por esta vida debe de tener uno muy claro y firme, y este debe de ser: “”EL CAMINO QUE VA DEL EGOISMO A LA SOLIDARIDAD””.
Y tomemos muy en cuenta, que jamás será justificable, que nos dejemos llevar por el exceso del dinero, cuando en todo el mundo existen tantas personas cerca de nosotros que carecen de lo más elemental, no para ser felices, si no al menos para comer y para vivir, por lo tanto, esto tampoco es “MORAL”.
Concluyamos al pensar en “LA FELICIDAD”, que esta no puede ser posible sino actuamos en base a la “SOLIDARIDAD”,……… donde los ricos se preocupen por los pobres, de los trabajadores con mejores modos de trabajo, de los empresarios y los empleados, todos ellos pensando en que la:….. “SOLIDARIDAD” es una exigencia de orden “MORAL”.
Y es así que los “PARTIDOS POLÍTICOS”, cuando dejan de actuar con “CORRUPCIÓN”, tienen lo suficiente para razonar que, al menos en nuestro PARTIDO EL “”PAN””, deberíamos de actuar en la Filosofía original del “PAN”, la cual es evidente que en varios lugares los dirigentes no deben de pensar sólo en el “USUFRUCTO PERSONAL”, más bien de acuerdo en “AYUDAR A LOS DESPROTEGIDOS”
“CUANDO SE AYUDA AL PUEBLO, EL MISMO PARTIDO SE AYUDA A SI MISMO, Y HAY LA CERTEZA DE QUE TODOS CONOZCAN LA ¡¡FELICIDAD!!””
………………………………
Como siempre, la reflexión de un “panista”, en el cual por 3a. vez, los dirigentes actuales del “PAN”, les dió miedo que yo volviera a ser DIPUTADO……..¿que debo de hacer?, Y es que como conozco el problema de ellos. Pues ya no continuar aceptando el ¡¡DESPOTISMO de ellos!!.
ESTE ESCRITO RESULTA MI ÚLTIMA REFLEXIÓN PARA placer de los dirigentes del “PAN EN SINALOA”
CON MI AUTÉNTICA Y VERDADERA FELICIDAD DEMOSTRÉ MI FORMA DE ACTUAR EN TODOS MIS ESCRITOS, ENTONCES…..
¡¡ADIOS al PAN!!
Act. Mast. ERNESTO RUBIO SEGUI
Culiacán 8 octubre 2013

14 campesinos presos por protestar

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Sep 092013
 

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Retan a Malova en las puertas de la minera Paradox

Río Doce.- El Potrero de Cancio, Choix.- Ni con 14 de sus habitantes presos por tapar el camino a la mina Paradox y sin que los amedrente la amenaza gubernamental de que “quien lo reintente será procesado y castigado con toda la fuerza del Estado” e incluso sin temer al piquete de policías ministeriales que con vehículo artillado de por medio resguarda la vereda, el resto de la población mantiene su protesta contra la minera y su representante legal, María Hermila Gámez Rodríguez.

“Que escuche bien el gobernador Mario López Valdez: no nos vamos a mover, así nos traiga al Ejército, y si quiere seguir protegiendo a la mujer ladrona que continúe siendo su cómplice, pero a nosotros no nos mueve nadie”, afirmaron los manifestantes, que por el momento pidieron reservarse sus nombres para evitar ser identificados fácilmente por el primer inquisidor del Estado y réplica de Torquemada, Marco Antonio Higuera Gómez.

Considerando a los tres aludidos de la misma calaña e imputados como ladrones y “políticos enanos”, los manifestantes afirmaron que así envíen a todos los ministeriales juntos, ellos no se moverán.

“Que nos manden a todos los policías para detener a campesinos desarmados, sus jumer con riflitos en los techos, o sus carritos tigres, pero no nos vamos. Si vamos a ir a la cárcel por defender nuestro patrimonio, pues nos vamos, al fin regresamos de nuevo a bloquear. O esta vieja nos paga, o nos paga”.

Criticaron que el gobernador conceda mayor validez al dinero que a la legalidad.

“Si para él, tener dinero es ser mejor ciudadano, si falsificar documentos oficiales y robarse un yacimiento de mineral de hierro en complicidad con su procurador de Justicia es honesto, pues está podrido. Si ser campesino y defender sus derechos es ser delincuente, pues llenaremos las cárceles de Sinaloa. Aquí te vamos a esperar, cómplice de rateros”, dijeron los inconformes.

En la víspera del movimiento en contra de Paradox Global Resources S.A. de C.V. y María Hermila Márquez Rodríguez, el juez mixto de Choix dictó auto de formal prisión por despojo, delito considerado como grave, a 14 campesinos del ejido El Potrero de Cancio que bloquearon el único camino a la mina Paradox, a 13 les decretó libertad por falta de pruebas para ser procesados, cuatro quedaron en libertad por tener más de 70 años de edad e impedidos a ser sujetos de prisión preventiva y a uno se le declaró como detención ilegal y resolvió dos órdenes de aprehensión a personas que nunca bloquearon el camino.

Francisco López Leal, subprocurador de Justicia en la zona norte, dijo que en el caso se atendió una denuncia y las detenciones fueron en flagrancia.

Dijo que no se benefició a la minera ni a la particular, sino que se atendió una denuncia de hechos y cuando se investigaba detectaron la flagrancia del delito.

También afirmó ignorar si la mujer falsificó documentos para acreditar la posesión de la mina Paradox, pues ello no era materia de la querella, y desconocer si los campesinos reclaman un fraude.

“No tengo ningún dato de esos alegatos. Ellos dicen, pero nada más. No hay fechas, ni números de averiguaciones. Yo no tengo registrado nada de lo que ellos dicen, si existen, están en otro lado”.

Ramón Corrales Vega, presidente del Comisariado Ejidal del Potrero de Cancio, recibió un trato de delincuente en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de esta municipalidad por una mujer que dijo ser resolutora y actuar en turno de discal por el enfermizo titular. Esta le negó todo informe al representante legal del ejido sobre una averiguación por fraude en contra de Paradox y de Márquez Rodríguez. “No sé nada”, fueron las respuestas y casi lo obligó a abandonar la oficina pública.

Decepcionado por el trato y por la abierta protección a sus acusadas, él abandonó la dependencia. Conocido el hecho, la acción encendió de nuevo la indignación campesina contra el primer inquisidor del estado, Marco Antonio Higuera Gómez.

Los campesinos acusan a la minera y Márquez Rodríguez de haber falsificado dos actas de asamblea para agenciarse el lote Cuauhtémoc, en donde se encuentra un filón de 40 hectáreas de mineral de hierro mediante el aparcelamiento de tierras de uso común, y para cambiar a cesión de derechos definitiva el contrato de exploración de hierro y servidumbre de paso, ocupación de cesión de uso de suelo y derecho de explotación a cambio de dos dólares por tonelada métrica de extracción. Pero las averiguaciones previas no se encuentran por ningún lado.

Cuestionado sobre la ruin actuación de su gobierno en contra de los ejidatarios burlados, el gobernador Mario López Valdez lo justificó: “Nunca vinieron conmigo”.

Y luego pidió a “mis amigos reporteros”, ayudarle a no hacer escándalo con el caso”.

Más noche se los llevó a cenar a El Farallón, mientras 14 campesinos pobres están en la cárcel.

“Bety la Fea” había pagado sus delitos y no se le buscaba: su hermana Luz

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Sep 092013
 

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Río Doce/Culiacán Sinaloa.- Aquí es un delito apellidarse Carrillo Fuentes

Luz Bertila Carrillo Fuentes ataja:

—La PGR quiere presentar trabajo, por eso detuvieron a mi hermano. No es cierto que realizaron una labor de inteligencia. Él no tiene ningún delito, nomás apellidarse como se apellida.

Y narra la versión que tiene de la detención de Alberto Carrillo Fuentes, en Bucerías, Nayarit, quien fue presentado hace una semana por la PGR como el líder del Nuevo Cártel de Juárez:

—Mi hermano estuvo viendo a los federales cuando llegaron a catear el carro, lo revisaron, mientras mi hermano los observaba. Estaba sentado en una banca de una placita en Bucerías. Luego les dijo que el vehículo era de él. Y los policías le preguntaron que si por qué no había corrido. “Porque no tengo ningún delito”, les habría respondido.

Entrevistada en Navolato, Luz Bertila dice que tal parece que apellidarse Carrillo Fuentes es un delito. “Y no es un delito apellidarse Carrillo Fuentes, sino un privilegio”…

—¿Por qué un privilegio?

—Por lo que fue mi hermano —se refiere a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos…

—¿Y qué fue?

—Todo lo contrario a lo que dicen…

Luz Bertila tiene un negocio de pinturas en pleno centro de la ciudad. Ella lo atiende personalmente todos los días, a todas horas, con el apoyo de dos o tres empleados. Abierta, accede a platicar mientras acomoda papeles “para el contador”.

“Yo no tengo nada qué esconder, aquí me la llevo todos los días, trabajando para salir adelante”.

—Muchos pensarían que usted, hermana de Amado Carrillo, no tendría necesidad de trabajar…

—¿Por qué no? Si mi hermano Amado tuvo mucho dinero lo tuvo él, yo no, y si lo tuvo yo no sé dónde quedó.

Luz Bertila asegura que su hermano Alberto no tiene grandes propiedades en Navolato, si acaso su casa y algunas hectáreas de tierra, no más de 20. Casado con una mujer de ese municipio, se había ido a vivir con ella a Nayarit, hace no más de dos años.

“Iba y venía, mi madre está muy mala y todos la visitamos”.

De acuerdo con la PGR, policías federales siguieron los pasos de Alberto Carrillo Fuentes, presentado también como Betty la Fea, durante tres meses. Ya lo tenían ubicado, dijeron, pero querían “amarrar” información. Le tomaron fotografías y lo grabaron cuando salía de paseo o a comprar provisiones.

Hasta que el 31 de agosto lo arrestaron en una placita de Bucerías, casi a la orilla del mar.

Según la dependencia federal, Carrillo Fuentes habría adoptado el nombre de Armando Caballero Flores, con el cual se trató de identificar. Dijo la PGR que una vez ubicado, Alberto Carrillo Fuentes adoptó un bajo perfil, para despistar a las autoridades, pero gente de Navolato afirma a Ríodoce que en realidad el hermano de El Señor de los Cielos fue siempre de muy bajo perfil y que durante los años que vivió en Navolato, donde viven otros de sus hermanos y hermanas, nunca jugó un papel protagónico ni se le conocieron actividades ilícitas.

Aunque la propia PGR reconoció que Alberto Carrillo Fuentes no acostumbraba a usar armas ni a traer escoltas, dijo que al momento de su detención se le aseguraron dos rifles de asalto AK-47, una pistola, cargadores, cartuchos y dos kilogramos de cocaína.

La información oficial establece que el día de la detención, agentes federales se apostaron en el bulevar Jalisco-Puerto Vallarta y detuvieron el auto Grand Marquis dorado en el que supuestamente viajaba Carrillo Fuentes, quien no habría puesto resistencia.

Pero su hermana Luz Bertila asegura que Alberto se encontraba sentado en una banca de la plaza de Bucerías cuando los policías llegaron y empezaron a revisar el auto.

Según la PGR, los agentes le mostraron a Carrillo Fuentes una orden de presentación librada el 29 de enero de 2013 en contra de Armando Caballero Flores, a quien se le relaciona con tres averiguaciones previas.

Sin embargo, no han sido mencionadas hasta el momento acusaciones concretas contra el hermano de Amado Carrillo ni las averiguaciones con las cuales se le relaciona bajo el nombre de Armando Caballero Flores.

Salvo Vicente Carrillo Fuentes, a quien le atribuyen ser el sucesor de Amado, muerto el 7 de julio de 1997, todos los hermanos, hombres y mujeres de El Señor de los Cielos, viven o han vivido en Navolato.

Aurora Carrillo Fuentes, la menor de las mujeres, fue vista hace unos días haciendo fila en una tienda de Navolato para cambiar vales de uniformes escolares que otorga el Gobierno estatal.

Alicia, poco mayor que Aurora, siembra tierras en Navolato, cría ganado y estudia Agronomía en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La mayor de las mujeres vive también en el municipio, así como otro de los varones al que solo se le menciona como el Lapa. Y Luz Bertila.

Contra ninguno de ellos hay cargos ni de la Procuraduría estatal ni de la federal. O al menos se desconocen.

José Cruz, el menor de los hombres, fue levantado el 27 de octubre de 2008, en plena guerra entre los cárteles de la droga, por un agrupo de militares y policías municipales de Navolato que se lo llevó de su casa en presencia de su esposa María Elena Retamoza. Días después apareció muerto. Nunca se supo que hubiera cargos contra él.


Un informe de la PGR

De acuerdo con información publicada por la revista Proceso en mayo pasado, en documentos de la PGR se establece que Alberto Carrillo Fuentes es el nuevo jefe del cártel de Juárez, ahora denominado Nuevo Cártel de Juárez, debido a problemas de salud de Vicente Carrillo, el Viceroy.

De acuerdo con el reportaje publicado y que suscribe la reportera Anabel Hernández, en el grupo de mando se encuentran dos hijos de Amado Carrillo Fuentes, Julio César, el Gato, y Juan Carrillo Leyva, dos de los cuatro hijos que Amado Carrillo Fuentes tuvo con Candelaria Leyva, su primera esposa.

Según esto, en el proceso de reestructuración del viejo cártel, sus brazos armados —La Línea y Los Aztecas— se integraron a la estructura de mando y dejaron de ser organizaciones periféricas.

Dice el documento citado:

“Se presume que, ante el incremento de hostilidades con El Pacífico aunado a la deserción de varios de sus integrantes, el cártel de Juárez absorbió a su brazo armado como una estrategia para asegurar su status, en paralelo al reforzamiento de sus bases operativas. De esta manera, se advierte una transición tanto operativa como estratégica que a la postre sentaría las bases de la actual estructura Carrillo Fuentes-La Línea”.

“La pandilla de Los Aztecas permanece alineada a esta estructura delictiva sin que se adviertan escisiones que permitan avizorar descontento o falta de cohesión por parte de los nuevos líderes”, agrega.

Lo que refleja el documento de la PGR consultado por Proceso es que el NCJ es la suma de la vieja estructura del cártel de Juárez más los grupos de sicarios La Línea y Los Aztecas.

En esa reestructuración, escribe Proceso, Betty la Fea es el líder del nuevo cártel. El dirigente es uno de los trece hermanos de El Señor de los Cielos y hasta ahora ha mantenido un perfil muy bajo. Fuera de la organización poco o nada se sabe de él.

A diferencia de los nombres de sus hermanos Vicente y Cipriano, el de Alberto no se menciona en el expediente del llamado Maxiproceso (la mayor operación federal contra el narcotráfico en Ciudad Juárez, que tuvo lugar durante el sexenio de Ernesto Zedillo), pero sí aparece en las biografías públicas de Amado Carrillo Fuentes.

Sin embargo, su nombre aparece en un expediente criminal. Se trata de uno archivado en una corte del Distrito Sur de California en 1994. En él se asienta que se acusó a Alberto Carrillo Fuentes de dos cargos: importación de mariguana y posesión con intento de distribución de droga en Estados Unidos. Se señala que fue arrestado en abril de 1994 y se declaró inocente de los dos cargos.

Luego de negociar con la fiscalía llegó a un acuerdo y se declaró culpable del primer cargo, por el que recibió una sentencia de 24 meses de prisión y tres años de libertad condicionada. Habría concluido su condena en 1999, después de la muerte de El Señor de los Cielos.

Actualmente ni la DEA ni el FBI ni la PGR tienen boletinado a Betty la Fea. No está entre los más buscados ni se ofrece por él ninguna recompensa.

Esclavizan jornaleros en empacadoras hortícolas

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Sep 092013
 

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Río Doce.- Jornaleros agrícolas sufren condiciones de esclavitud y permanecen en las empacadoras hortícolas de Sinaloa cautivos, como si se tratara de campos de concentración, obligados a adquirir productos comestibles en tiendas de raya, y con alimentos y viviendas precarias e insalubres, sometidos por empresarios del ramo y una red de enganchadores, quienes incurren en trata de personas.

Los enganchadores o contratistas —que hacen las veces de intermediarios entre los jornaleros y los horticultores— son encabezados por integrantes de la familia Monterrubio Hernández, originarios de Hidalgo, quienes surten de mano de obra de esa entidad y de San Luis Potosí y Veracruz, y los someten a condiciones inhumanas, violentando sus derechos laborales, con complicidad de las autoridades locales y del Gobierno federal.

“De las 170 empresas que hay en Sinaloa que se dedican a la siembra de hortalizas, una buena parte para exportar al mercado de Estados Unidos, cerca de 30 no respetan los derechos laborales y prevalecen condiciones de esclavitud, con tiendas de raya propiedad de los empresarios o de los que concesionan, y son ellos los que se quedan con el dinero de los jornaleros”, dijo Crescencio Ramírez.

El dirigente de la Red Democrática de Pueblos Indígenas en la entidad manifestó que unos 25 mil jornaleros agrícolas reciben alrededor de mil 600 pesos para trasladarse de sus lugares de origen hasta Sinaloa para trabajar en los campos. Los apoyos son de la Secretaría de Desarrollo Social y los entregan las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, pero este no llega o les es entregado incompleto a los jornaleros.

“Sospechamos que se quedan con el dinero los enganchadores, que se aprovechan de la ignorancia de los indígenas de estados como Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas”, sostuvo Ramírez.

Anteriormente, agregó, la mayoría de jornaleros venía de Oaxaca y ahora son de Guerrero, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas —zona de influencia de los Monterrubio— y en menor medida de Oaxaca.

Los Monterrubio, esa mafia

“Son una mafia. Eso son”, dijo parca una funcionaria del Gobierno federal. Entre las autoridades de Sinaloa y de la Federación que tienen programas de atención a jornaleros, como Sedesol, mantienen el secreto y si lo dicen es en voz baja: los hermanos Monterrubio tienen poder y sus redes llegan a los altos niveles de todas las instituciones gubernamentales. Son intocables.

Las denuncias, así, en corto y sin el carácter público o de trámite administrativo o penal, han llegado a Enrique Evangelista, director del Servicio Nacional del Empleo, quien ha tenido detalles de las operaciones irregulares de los Monterrubio en esta y otras entidades, y funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que han encabezado giras por Sinaloa. Pero nadie ha hecho nada.

Datos extraoficiales indican que arropados por la Alianza de Comunidades Indígenas de la Región Huasteca, los Monterrubio tienen una red de alrededor de 50 enganchadores que operan en las zonas de contratación y en las regiones de cultivo agrícola, sobre todo de hortalizas.

“Son agricultores, horticultores locales, muy poderosos, los que tienen trato con esta familia de los Monterrubio, que viene de Hidalgo pero opera en varios estados del país, como San Luis Potosí, los que incurren en lo que muchos llaman trata de personas y esclavismo”, reveló un funcionario de la Secretaría del Trabajo, quien pidió el anonimato.

Entre las firmas agrícolas que cuentan con los servicios de los Monterrubio están Agrícola Nazario, ubicada cerca de la comunidad El Limón de los Ramos, al norte de esta ciudad capital; Agrícola Espinoza Pablos (EPSA), cuyo dueño es Gonzalo Espinoza Pablos; dueños del campo El Sol, a pocos metros de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Agrícola Beltrán Beltrán, propietarios del campo Talí, y Valores Hortícolas, y Agrícola Nueva Yamel, cuyo dueño es Luis Felícimo Hernández, todas en este municipio de Culiacán.

En algunas de estas empacadoras de tomate, pepino y chile, el desayuno que dan a los jornaleros consiste en pan con café y la comida es caldo de papa o lentejas. Muchas veces en platos que no han sido lavados o permanecen a la intemperie, igual que la comida; los brotes de infecciones estomacales y otros padecimientos son constantes en las temporadas de siembra y muchos de los trabajadores son atendidos en clínicas del IMSS ubicadas en Costa Rica y Eldorado, que pertenecen a esta capital.

Los horticultores contratan a los enganchadores y estos les pagan a los jornaleros, pero no cada semana, como tradicionalmente se hacía, sino cada dos meses —cuando finaliza el contrato— o al final de la zafra, para mantenerlos cautivos. De esta manera, evitan contraer responsabilidades laborales con los empleados, las cuales son asumidas por los enganchadores, pero estos no las otorgan.

“Están coludidos personal del Servicio Nacional del Empleo de Sinaloa y estados como Hidalgo”, comentó el funcionario.

En la Agrícola El Poni, ubicada al norte de esta ciudad capital, hubo inconformidad de parte de los jornaleros y tres de ellos, menores, se les escaparon y denunciaron malos tratos en mayo de 2009. Posteriormente, un grupo armado se llevó a cerca de cien jornaleros, quienes luego fueron liberados.

“No soportamos más, ya estuvo bueno, se llevan a los hombres cada semana y hacen lo que les da la gana con ellos, ya estuvo bueno”, se quejó en ese entonces un afectado.

Eslabones criminales

Con alrededor de 20 años metidos en el negocio de enganche de jornaleros y presencia en estados como Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y otros, los Monterrubio, liderados por Margarito Monterrubio, han sido vinculados con homicidios y negligencia criminal en algunas regiones, en perjuicio de los jornaleros, algunos de ellos menores de edad.

En marzo de 2005, de acuerdo con versiones extraoficiales, fueron vinculados con la muerte de Alberto Hernández, un joven huasteco de 17 años, quien perdió la vida debido a un supuesto contacto con plaguicidas, en Nayarit. De acuerdo con el expediente DH/114/2005 de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit, el joven fue sometido a condiciones inhumanas de trabajo.

Fuentes cercanas a las indagatorias señalaron que en julio de 1998, José Monterrubio, miembro de este clan, fue acusado por la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas, de ser el autor intelectual del asesinato del indígena Lucio Morales Hernández. La fiscalía estatal inició por esto la averiguación previa 558/98.

Bioparques de Occidente

Debido a los malos tratos y condiciones laborales de esclavitud, la empresa Bioparques del Occidente, propiedad de inversionistas sinaloenses y con sede en Culiacán, es investigada por los delitos de trata de personas y privación ilegal de la libertad, en perjuicio de 42 familias, 191 hombres, 45 mujeres y 39 menores, de los cuales 24 tienen algún grado de desnutrición, en San Gabriel, Jalisco.

Este esquema de contratación de jornaleros es el mismo que aplican los Monterrubio, aunque se desconoce si tuvieron alguna relación con el caso de Bioparques, que fue multada por estas irregularidades por un monto de 8.5 millones de pesos. En Sinaloa, un jornalero gana entre 100 y 120 pesos diarios, si logra cortar la cosecha en cuatro surcos de unos 200 metros cada uno.

El surco suele ser pagado a 25 pesos y la cubeta llena de tomate a 1.75 pesos, lo que significa que el trabajador debe acumular en un jornal de ocho horas unas 80 cubetas, “pa’que le salga pa’comer”.

Guadalupe así le hace. Es originaria de Oaxaca, tiene alrededor de 40 años y 28 de jornalera, pero debe vender dulces, churros y papitas en la calle para completar el gasto y dar de comer a sus cuatro hijos, de quienes es padre y madre desde mediados del año pasado.

“No nos dan tiempo para comer cuando uno anda en el campo y encima quieren prohibirme que venda chicles y verdolagas, si con los 120 pesos diarios no me alcanza, necesito unos 200 pesos en total para hacerla, porque es injusto como lo tratan a uno y es injusto lo que nos pagan”, manifestó.


Enganchadores locales

En la entidad operan enganchadores locales. Los transportan en camionetas de redilas y de todos tamaños, y en cada viaje trasladan entre 30 y 50 jornaleros de las comunidades aledañas a los campos y las empacadoras hortícolas, bajo un esquema de cautiverio y en detrimento de los trabajadores.

“El enganchador local o camionetero lo que hace es entenderse directamente con el agricultor y a él le cobra todo, y entonces el enganchador es quien le paga al jornalero, lo que desobliga a las empresas de sus responsabilidades laborales, en términos de salarios, prestaciones, etcétera”, precisó Crescencio Ramírez.

Para operar con este esquema, agregó, cuentan con el respaldo y la complicidad de sindicatos de jornaleros. Señaló que les dan agua, refrescos y comida, pero se los descuentan del salario y “si faltan un día los corren sin ningún tipo de consideración”.

Los privilegios del sur

Ramírez denunció que muchos jornaleros trabajan en el sur, donde la siembra de hortalizas ha tenido cierto auge, lo que es aprovechado por los agricultores para violar sus derechos laborales. Dijo que suman cerca de 12 mil jornaleros en Rosario y Escuinapa, involucrados en la siembra de chile y tomate.

“Son pequeños empresarios, pero como saben que la vigilancia de las autoridades federales y estatales se concentra en el centro de Sinaloa, pues aprovechan y hay muchos abusos y violaciones de los derechos laborales”, sostuvo.

Desplazados por no ser narcos

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Sep 022013
 

destinoeldestierro

El éxodo del miedo les cambia a desplazados el paraíso por el infierno

Destino: el destierro

Río Doce.- “Nuestro delito fue no pertenecer a ningún grupo delictivo”, dice resignada Emilia. Hace cuentas y se le acaban los dedos y la memoria, pero sus convicciones inyectan vitaminas y se aviva y parece que un ejército de hormigas trabaja por dentro. Termina y hace un gesto como quien resuelve el acertijo. Y asegura: “No son 600 las personas desplazadas por la violencia en Ocurahui, San José de los Hornos y otras comunidades de los alrededores, en la zona serrana del municipio de Sinaloa, sino cerca de 2 mil 400”.

“Ocurahui era un lugar hermoso. Enclavado en la sierra de Sinaloa donde los pinos se alzan majestuosos y el agua corre libre por sus arroyos. Teníamos unas cien viviendas nada más ahí, de gente pacífica y trabajadora cuyo delito fue no pertenecer a ningún grupo delictivo”, cuenta con una añoranza que hace que le bailen los lentes, a sus poco más de sesenta años.

Es como una sentencia colectiva de muerte. De un lado o de otro, no importa. No hace falta estar enlistado en alguno de esos cárteles, el de Sinaloa, que lidera Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, o de las células de los Beltrán Leyva que operan en la región. Todos los que habitan la zona están sentenciados a muerte y conforman una invisible lista negra en la que ya, automáticamente, por el solo hecho de vivir en esas montañas, se han ganado la lotería del destierro.

No vale que hayan sido ganaderos o en los últimos meses antes de que explotara la violencia generada por los cárteles de las drogas, se hayan dedicado al comercio. Tampoco si sembraron amapola o mariguana o heredaron ranchos y mansiones de cacicazgos posrevolucionarios. No. Mujeres, niños, jóvenes inocentes y adultos que antes eran victimarios. En esa serranía todos son víctimas. Y pocos, muy pocos, siguen victimando.

La lista que algunos conocen hablan de por lo menos 30 personas muertas de 2011 a la fecha, pero la mayoría de los occisos corresponden al 2012. Hay por lo menos tres menores de edad y tres mujeres asesinadas brutalmente, a balazos o a golpes, y en algunos casos frente a sus hijos.

El otro saldo, el que nadie cuenta, es el de las familias separadas: los desplazamientos unieron a unos que compartieron pequeños cuartos —de más de veinte personas en una sola vivienda— y separaron a los padres, en casos, en su mayoría, de divorcios de facto. Los pedazos de familias quedaron en el trayecto de las montañas a los cerros más bajos y al monte, de las poblaciones cercanas a las ciudades. Dentro de un solo municipio y más allá del estado. Rompecabezas de lazos sanguíneos de los que solo quedan los restos. Y la sangre. Y algunos recuerdos.

Radiografía maldita

Los Beltrán Leyva, con una presencia de muchos años en la región, estaban ubicados en la comunidad de Sierrita de Germán. Del otro lado, San José de los Hornos, era tierra de Guzmán Loera, el Chapo. Para muchos, los problemas empezaron —o al menos se reflejaron— cuando hombres armados sacaron de su vivienda, frente a sus hijos y esposa, a Jaime Acosta, el 24 de septiembre de 2011. Al día siguiente apareció muerto en las cercanías de El Pilar, con huellas de tortura y lesiones de bala. No fueron los hombres por él, a pesar de que los gritos se escuchaban desde lejos, igual que las ráfagas que trajo el viento. Acudieron por el cadáver las mujeres, en grupo.

Versiones de testigos indican que alrededor de una semana después llegó un comando que se identificó como los cuidadores y gente del cártel de Sinaloa, quienes, supuestamente, iban a defender a los habitantes de la región de ataques de los Beltrán Leyva.

“Traían armas grandes y andaban camuflageados, andaban por los alrededores de Ocurahui y otras comunidades. Ellos mandaron el mensaje de que eran cuidadores y que no tuviéramos miedo, que nos iban a cuidar de los Beltrán Leyva”, señaló uno de los habitantes de la región que optó por refugiarse en otro pueblo y quien pidió mantener el anonimato.

Poco les duró el gusto a las familias de la región. Los cuidadores se convirtieron en una amenaza y luego en homicidas: el 25 de octubre hombres armados y uniformados asesinaron en su domicilio a Martín Parra Barraza y con eso sus familiares fueron de los primeros en abandonar el inmueble ante la posibilidad de sufrir la misma suerte.

Pedazos de historias y sangre

“Desde temprano se miró al grupo de armados que lo esperaban a que volviera de su trabajo para darle muerte”, dijo uno de los desplazados de la sierra de Sinaloa. Es la lista negra. Todos están muertos pero no lo saben y viven de tiempo prestado, minutos, horas, días extra que nadie, solo ese encapuchado que representa la jefatura y el verdadero poder, les concedió: esperan la firma del cañón humeante del Kalashnikov. Así lo esperaron ahí. Sin esconderse, a la vista de todos. A su regreso de aquella jornada laboral, ese 10 de enero de 2012, Raúl Pérez Bejarano encontró la muerte en Ocurahui.

“Su cuerpo fue levantado hasta otro día por sus familiares, para darle sepultura en otra comunidad”.

Al día siguiente, contó otro de los desplazados, unos dormían y otros miraban la televisión. Eso hacían cuando un rafagazo de fusil automático los regresó a todos a la realidad. Todos dejaron sus cosas, ropa, comida y aparatos electrodomésticos encendidos, y salieron huyendo hacia el monte.

“Todos corrimos al monte a escondernos. Ya era de noche y nomás se escuchaban los gritos desgarradores, un llanto fuerte, de un pequeño. Al amanecer vieron salir de una vivienda a otro pequeño de apenas unos seis años”.

El niño cargaba a su hermana, todavía más pequeña. Gritó y gritó, pero nadie se animaba a acercarse. Les decía que adentro de su casa, en el patio, estaban tirados y sin vida su papá y su mamá. Cuando los pobladores por fin se animaron a salir, con el sol atisbando en el caserío y las veredas, encontraron a los padres de los niños que entre sollozos pedían auxilio, y a otra persona que no fue identificada. Todos ellos ultimados a balazos.

Los sobrevivientes cuentan que todos empezaron a gritar y a buscar automóvil para abandonar el lugar. Corrían despavoridos, tratando de asirse uno a otro, sabiendo que no había muchas salidas y que la muerte ya no rondaba, convivía con ellos y se sentaba a la mesa.

“Sus cuerpos quedaron ahí, boca abajo y acribillados, mientras la gente corría de un lado a otro buscando carro para salir con su familia, entre gritos se escuchaba a una mujer que decía ‘vámonos antes de que lleguen los Beltrán Leyva’. Así fue que todos los habitantes salieron de ahí con lo que traían puesto, tratando solo de salvar sus vidas y las de sus familias”.

Versiones extraoficiales identificaron a los occisos como María Maximiliana Román Zayas, Sergio Camargo Leyva y Servando Martínez Torres.

“El día 14 de enero sucedió lo que tanto se temía: llegaron los Beltrán Leyva a Ocurahui, saqueando y quemando casas en medio de una fuerte balacera, sin que los cuidadores pudieran hacer nada para evitarlo, mucho menos hacerles frente”, señaló José, otro de los sobrevivientes.

Recordó que el 8 de febrero, ante la indiferencia del Gobierno municipal, cuyo alcalde, Saúl Rubio, había sido enterado de todo esto por los afectados, decidieron denunciar los atentados ante el gobernador Mario López Valdez: “Recuerdo que se le solicitó ayuda humanitaria y apoyo del Ejército para que restablecieran el orden y protegieran a las familias que quisieran regresar. Pero nada pasó”.

El 7 de marzo de ese año fue ultimada a balazos María de la Cruz Arredondo y su hijo de 16 años, en la comunidad de Quintero, mientras dormían. Luego de esto, el 10 de marzo reaparecen los Beltrán Leyva y llegan a la comunidad de Los Laureles, donde incendian 26 de 28 viviendas que hay en el lugar. Los agresores matan además a perros, gallinas, becerros y cuanto animal se les atraviesa, lo que provoca que los vecinos huyan y busquen refugio en Surutato, municipio de Badiraguato.

Mientras, los cuidadores —pistoleros del cártel de Sinaloa— ocupan las comunidades de Las Tapias y Las Mesas de los Parra, se apoderan de los vehículos y queman algunas viviendas.

El 16 de marzo es levantado en Sierrita de los Germán, Felipe Bórquez Avilés. Su cadáver fue encontrado cerca de Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, el 19. Mientras era velado, sus familiares reciben la noticia de que ha sido asesinado Getrudis Bórquez Vega, padre de Felipe. Los homicidas no permiten a parientes recuperar el cadáver y esto provoca la desbandada de muchos habitantes, la mayoría familiares de los occisos.

Getrudis, de acuerdo con versiones de los lugareños, era de los más viejos y respetados habitantes de Sierrita de los Germán y durante años había sido generoso con muchos, incluidos delincuentes de los Beltrán Leyva, a quienes hoy se les atribuye haberlo ejecutado a él, su hijo y un empleado, cuya identidad se desconoce.

El 7 de abril es asesinado Manuel Gámez Morales, hermano del comisario de Ocurahui. El homicidio fue en Surutato, donde estaba refugiado. En el ataque, dentro de una vivienda que ocupaban provisionalmente, fue muerta también su esposa.

“Ese mismo mes, no recuerdo qué día, pero poquito después de estos asesinatos, son desalojados los habitantes de Casa Grande, La Ciruela y Los Sapotes de los Barraza, donde varias viviendas son incendiadas por los pistoleros, quienes nos acusaron a todos de pasarles información a los de la Sierrita de los Germán, a los Beltrán Leyva, pues”.

En octubre, fue ultimado a balazos y quemado con todo y camión Emilio Soto Domínguez, de la comunidad de El Pinito. En noviembre mataron a balazos a Abel Barraza Meléndrez, quien al parecer se había unido a los delincuentes y fueron ellos mismos los que lo asesinaron.

En febrero de 2013 la misma suerte corren dos vecinos de la Sierrita de los Germán, cuando trabajaban en un plantío: Santiago Pérez Lugo y Ramón Lugo Acosta. El 13 de marzo mueren Teodoro Salmón Azueres y Bladimir Guadalupe Salmón Galaviz, padre e hijo. Teodoro fue señalado como uno de los jefes de los Beltrán Leyva en la zona de Ocurahui y sus alrededores. Ambos murieron en un enfrentamiento con militares en el municipio de Guasave.

Cuentan los que lo conocieron y que fueron testigos de todo tipo de tropelías y abusos, que no festejaron estos asesinatos porque no tuvieron dinero.

Fuego o destierro

Fue el 12 de enero de 2012 cuando células de los Beltrán Leyva ocuparon La Ciénega de los Parra y corrieron a las mujeres. Los homicidas sometieron a los hombres y los obligaron a seguir sus órdenes.

“Un testigo que vio todo desde lo alto, porque es un pueblo rodeado de cerros, vio a hombres vestidos todos de negro y tenían a los hombres apuntando con sus rifles, boca abajo”, señaló José.

Otra célula de este grupo delictivo fue a El Potrero de los Bernal por los hombres, para que se incorporaran a las tareas ilícitas, pero muchos de los vecinos “ya sabían lo que había pasado en otros lugares como Ocurahui, de los asesinatos y las casas quemadas, pero los hombres les decían que iban por ellos, por los que vivían ahí, y que si no se les unían que se salieran de sus comunidades. Todos esos que se quedaron fueron obligados a quemar casas en los pueblos cercanos y los otros mejor se fueron al monte”.

Los sobrevivientes, agregó José, caminaron durante días hasta que llegaron a Surutato, a buscar refugio. Entre los desplazados iban ancianos y niños, mujeres embarazadas y varios enfermos. “Fue una tragedia horrible, oiga”.

En el poblado El Limón los hombres que vivían ahí vieron que a lo lejos se acercaban grupos de pistoleros y se fueron.

¿Dónde están los militares?

Emilia se pregunta y voltea a todos lados. Al techo que tiene como cielo cuando el azul nuboso se lo niega haber sido sacada violentamente por esos grupos armados. Voltea a la pared, a su interlocutor, y a sus vecinas que también fueron desplazadas. Nadie contesta. Una de ellas se encoje de hombros y enchueca la boca.

“¿Dónde está el Ejército? Fueron a Choix cuando hubo enfrentamientos y muchos muertos. Los sacaban en camionetas y los metían a zanjas para que no los encontraran. Ahí se llegó el Ejército, pero ¿por qué no llega a Sinaloa, a Ocurahui, San José de los Hornos, Sierrita de los Germán? Pues no sabemos, no nos lo explicamos ni lo entendemos. Solo sabemos que nadie mete las manos, que no hay gobierno más que el de ellos, los narcos, y que estamos solos”, señaló.

En Choix, recordó, dijeron que eran pleitos entre familias “pero puras mentiras, que por tierras, todo esto no es cierto. Fue pleito entre grupos de delincuentes y allá sí mandaron al Ejército”.

Insistió en que no solo debe intervenir la milicia, sino instalar un cuartel en la región, como lo hizo en Surutato y otras zonas conflictivas de la entidad.

Único enfrentamiento

El único enfrentamiento directo que ha habido entre ambos grupos delictivos, del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, fue en la zona alteña de Sinaloa. Las huestes del Chapo Guzmán sufrieron dos muertes y cuatro sus enemigos. Entre los occiso están Marcial Bórquez Germán, de alrededor de 34 años, de los Beltrán Leyva.

“Han dicho que hubo muertos en enfrentamientos, pero no es cierto. Los narcos de ambos grupos han entrado a estas comunidades y los han asesinado. Son ejecuciones, nomás”, cuenta uno de estos vecinos que ha sobrevivido a las balas, el fuego y los desplazamientos.

Del lado del cártel de Sinaloa, los occisos fueron identificados como Guillermo Soto Domínguez y Abel Barraza Herrera, del grupo de los llamados cuidadores. La refriega fue en Ocurahui, en diciembre de 2012 y Abel Barraza es decapitado y su cabeza tomada como trofeo por los sicarios. Los cuatro muertos que pertenecían a la banda de los Beltrán Leyva son también, en respuesta, decapitados.

Estos cuatro cadáveres fueron dejados en el lugar y algunas de las fotos expuestas en las redes sociales. Los homicidas no permitieron que se los llevaran.

Entre el delito y el delito

Emilia no sabe qué es peor: pertenecer a un grupo delictivo o no enrolarse en actividades ilícitas. No sabe y lo sabe. Y de sobra. Los que se involucraron con un cártel u otro fueron igualmente abatidos a tiros y el resto tuvieron que huir. Entre los narcotraficantes y la desolación y el destierro, no hay puntos intermedios puesto que no hay militares ni gobierno, tampoco salvación.

Ahora ella está ahí, en una ciudad cercana al municipio de Sinaloa, pero lejos, muy lejos de recuperar sus esperanzas.

“Los cuidadores nos iban a proteger y terminaron matando a la gente del lugar, y los otros que quedaron vivos fueron asesinados o desterrados por los narcos del bando contrario. ¿Y uno qué? Uno trabaja, vive de a poco, al día, apenas. Sin deberla ni temerla, pero con el miedo oiga, con un miedo a todo: a regresar, a quedarse aquí, a salir o quedarse dentro. Al Ejército y la Policía. A todo. Y con este miedo, pues no hay vida”.